Mecanismo para la Verdad denuncia al Ejército por obstruir y mutilar información sobre violaciones a derechos humanos
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) denunció al Ejército por la obstaculización de la información vinculada a violaciones a los derechos humanos que es resguardada en archivos militares.
A través de un comunicado, el Mecanismo detalla que el 4 de julio de 2022 comenzaron la investigación lo cual se tenía “en una colaboración entre la Comisión y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Sin embargo, el Mecanismo señala que a medida que avanzó la investigación, se vivió una obstrucción activa “en la que se incumplió la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad“.
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Denuncia del Mecanismo de la Verdad contra el Ejército
El Mecanismo narra que, a lo largo de un año de labores de investigación se enfrentó a diversos hechos de negación y obstaculización al intentar revisar algunos documentos, situación que señala, fue incrementando con el paso del tiempo.
“Las negativas no solo se multiplicaron sino que incluso personal militar—que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando—ocultó información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”, detalla el comunicado.
Ante dicho panorama, el Mecanismo decidió retirar al equipo de investigadores del archivo hasta finales de septiembre, “mientras no se modifiquen las condiciones antes señaladas”.
Sedena perpetua la impunidad: Mecanismo de la Verdad
Al no permitir el acceso a la información, el Mecanismo considera que “la Sedena perpetúa el ciclo de impunidad, opacidad e injusticia respecto a las violaciones graves a derechos humanos del periodo 1965-1990 de las que fue responsable”.
Además, el Mecanismo destaca que la Sedena transgrede las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y la memoria e incumple la Ley General de Archivos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Víctimas, en el Acuerdo por el que se establecen diversas Acciones de transferencia de documento históricos y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que respalda el intercambio de información entre homólogos dentro de la Administración pública.
Por último, el Mecanismo destaca que la obstaculización en la investigación “es muestra fehaciente de factores de persistencia en las estructuras del Estado que tienden los hilos del pasado hasta el presente”.
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El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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