Desde el pasado mes de noviembre, en todo México está prohibido por la ley que un menor de 18 años se case. Esto es así gracias a la reforma al Código Civil de Chihuahua, recién aprobada en comisión de su Congreso local, que permitió la homologación de la edad mínima para contrar matrimonio en el país.

Sin embargo, todavía hay cinco estados que plantean excepciones a la regla: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora. La ONU y todas las organizaciones defensoras de la infancia han pedido por años que se eliminen las “dispensas” que en dichos estados aún permiten la unión civil a niños y adolescentes. A contracorriente de esta demanda, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha puesto una nueva carta sobre la mesa y exige que permanezca esta posibilidad. Argumentan que la prohibición no evita que los jóvenes se unan y, en cambio, sí los deja desprotegidos de derechos como la seguridad social.

En un informe presentado este miércoles, GIRE asegura que el matrimonio de adolescentes en México va a la baja, mientras que cada vez hay más uniones libres o informales: en 1993 se registraron 120 mil 866 matrimonios en los que un contrayente fue menor de edad y para 2015 esa cifra se redujo a 22 mil 057, es decir, decreció 81.76 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y los índices de nupcialidad en México, ambos del Instituto de Estadística (INEGI).

El problema entonces es que los jóvenes realizan su deseo de vivir en pareja, pero sin los beneficios legales y fiscales del matrimonio. Entre estos, la posibilidad de ser beneficiario del cónyuge en servicios de salud, de heredar en caso de fallecimiento de la pareja y, para los extranjeros, la posibilidad de adquirir la nacionalidad mexicana al casarse con un adolescente de este país.

“GIRE siempre se ha manifestado a favor de que se eleve la edad del matrimonio a 18, no queremos que nadie se case antes de los 18, pero decirle a los adolescentes que no lo pueden hacer bajo ninguna circunstancia es contrario a lo que la ONU ha dicho durante años: que los chavos tienen voz, pueden tener una madurez y un desarrollo que les permita tomar decisiones, entre ellas el casarse”, explicó Regina Tamés, directora de GIRE a Animal Político.

Por tanto, la eliminación de dispensas no tiene un efecto importante para evitar estas uniones, de acuerdo con el informe de GIRE, sino por el contrario, puede contribuir a fomentarlas al no permitir ninguna otra posibilidad a los jóvenes que desean unirse o ya llevan una vida en común con sus parejas. Esta postura va a contracorriente de la de Naciones Unidas, Save the Children, Plan Internacional, Redim y decenas de organizaciones que rechazan el matrimonio entre menores al considerarlo una práctica “nociva” que condena a los jóvenes a la deserción escolar, los embarazos precoces y la pobreza.

“La relación comúnmente atribuida entre embarazo adolescente, deserción escolar y matrimonio no refleja la situación del país, ni las respuestas integrales que pueden llevarse a cabo si se busca atender estos fenómenos”, responde GIRE en su informe. Argumenta que el principal motivo por el que las jóvenes abandonan la escuela no es el matrimonio sino la falta de recursos, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 de INEGI, e incluso afirma que las adolescentes casadas presentan menores índices de embarazo que las solteras y las que viven en unión libre.

De entre las casadas, la mayoría de las de 12 asiste a la escuela, pero este porcentaje va bajando conforme avanza su edad: de las de 14 sólo la mitad estudia y de las de 16 sólo 15 % va a la escuela, según datos de la Encuesta Intercensal de 2015 citados por GIRE.

Las cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que concentra a las instituciones encargadas de la protección a la niñez, no son tan optimistas respecto al matrimonio entre menores. Asegura que aunque la población de 12 a 17 años -tanto en condición de casada como en unión libre- disminuyó entre 2010 y 2015, en algunas entidades se han incrementado en el mismo periodo. Varias de ellas contemplan dispensas en sus códigos civiles, como Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Sonora. En esta última entidad creció incluso el número de uniones formales, al pasar de 1,222 en 2010 a 1,429 en 2015.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refiere que durante el periodo 2008-2016 hasta 26 % de la población femenina mexicana se había casado antes de los 18 años, mientras que el Fondo para la Infancia (UNICEF) condena estas prácticas “que violan los derechos de la infancia, particularmente los de las adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad”.

“Tanto el gobierno como la ONU están manipulando la información”, sentenció Regina Tamés y argumentó que los matrimonios y las uniones informales son distintas figuras y por tanto, no deben ser sumados sus índices, además de que las dispensas prohíben el matrimonio, no la unión libre.

“Están poniendo en esta medida unas expectativas de solución que son falsas: los chavos igual no terminan la escuela porque tienen que trabajar, no pueden entrar a la universidad porque no hay cupo, o no consiguen empleo que tenga salarios dignos; no hay acceso a información para educación sexual y por eso se embarazan. Lo que dice la ONU de que esto se va a bajar si prohibimos absolutamente el matrimonio es una mentira, es una manipulación a la sociedad y es lo que nos preocupa”, expresó la directora de GIRE. Animal Político solicitó la postura de SIPINNA y de su titular, Ricardo Bucio, pero no estuvo disponible para responder al señalamiento.

Otras organizaciones defensoras de la infancia y de las mujeres también han condenado las excepciones a la prohibición del matrimonio infantil, como la británica Save the Children, que advierte que las dispensas han servido en México, históricamente, para sustituir o indultar delitos sexuales cometidos contra mujeres, así como para “preservar la honra” de la familia del menor cuando hay un embarazo de por medio.

“El matrimonio a temprana edad, bajo el amparo de las dispensas, obstaculiza el ejercicio de derechos como la educación, la salud, el desarrollo, entre otros; y perpetúa situaciones de precariedad y violencia contra la mujer”, señala la organización en un reporte y sustenta su preocupación en números: afirma que los hogares con adolescentes casados tienen condiciones más precarias, toda vez que el 19 % de los casados hasta 2015 no contaba con servicios básicos (agua, luz y drenaje), 16 % vivía en condiciones de hacinamiento y 5% sufría insuficiencia alimentaria.

Respetar su derecho a decidir

GIRE pide que se mantenga la prohibición al matrimonio antes de los 18 años, pero exige que permanezcan las dispensas para permitir que los jóvenes que así lo decidan –porque ya tienen un hijo, porque es su deseo vivir con su pareja o por cualquier razón- puedan hacerlo con la autorización de la figura facultada para otorgar la excepción, según el Código Civil local. En Baja California y Guerrero, por ejemplo, los presidentes municipales pueden otorgar dispensas, y en Tabasco esta facultad la tiene incluso el gobernador.

No obstante, casi todos los estados donde hay excepciones exigen para otorgarla la autorización de quien ejerce la patria potestad del menor, por lo que la libertad de los adolescentes para decidir casarse queda limitada, de cualquier manera.

La Organización de Estados Americanos confirma que la unión libre es más común que el matrimonio entre los jóvenes, sin embargo, rechaza que su voluntad de casarse sea suficiente para otorgarles una dispensa, pues el consentimiento “no puede ser libre y pleno cuando una de las partes involucradas no tiene la madurez para tomar una decisión informada”.

“Entonces lo que es incongruente con la cultura de la ONU: nos piden que los dejemos participar políticamente, que den su opinión, pero cuando se trata de una decisión íntima como es decidir pasar la vida con alguien o tener relaciones con alguien, ahí sí ya no nos gusta que no sean los adultos los que tomen sus decisiones”, expresó la abogada Tamés.

GIRE argumenta que eliminar las dispensas obstaculiza el acceso de los menores a derechos relacionados con el matrimonio que les podrían conferir mayor protección en ciertas circunstancias, como una herencia, migración, declaraciones fiscales y seguridad social; sin embargo, Save the Children asegura que no existe evidencia empírica que demuestre que el matrimonio permite acceder a más derechos en el caso de personas menores de 18 años.

Aguascalientes: el precedente

El debate sobre eliminar o conservar las dispensas alcanzó la esfera de la Suprema Corte. La Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes presentó ante la máxima tribuna un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de las dispensas y el establecimiento de la edad mínima para casarse en los 18 años, bajo el argumento de que viola el derecho de los adolescentes a decidir, y que deja desprotegidos a los hijos de la pareja, cuando los hay. La Corte deberá pronunciarse al respecto y para poner sobre la mesa más información que le sirva. Save the Children presentó el recurso legal conocido como amicus curiae para explicar por qué no debe echarse para atrás esta modificación legal, ya que de hacerlo, la Corte estaría sentando un precedente para que más estados impugnen la prohibición del matrimonio infantil.

El amicus fue presentado a principios de este año junto con otras organizaciones defensoras de la infancia y de los derechos humanos, como Oxfam, Redim (Red por los Derechos de la Infancia) y Adivac, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas.

En contraparte, GIRE adelantó que va a adherirse a la postura de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, exigiendo que permanezcan las dispensas para otorgar a los adolescentes una posibilidad de unirse legalmente si ese es su deseo o su necesidad.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.