En su cuarto año, AMLO despliega a 46% más militares y guardias para contener a migrantes; detenciones llegan a 345 mil
Durante el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre septiembre de 2021 y junio pasado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional participaron en operativos de “contención” que derivaron en la detención de 345 mil 584 personas migrantes indocumentadas, una cifra récord que supone casi 200 mil migrantes interceptados más que durante el tercer año del presidente, así como un alza de 126%.
De acuerdo con estadísticas publicadas ayer en el Cuarto Informe presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la dependencia militar más activa en tareas de control migratorio: 256 mil 325 migrantes fueron interceptados, de los cuales 218 mil 402, el 85%, fueron detenidos en algún punto de la frontera sur.
Esta cifra significa que, en el cuarto año de López Obrador, el Ejército participó en operativos que supusieron la detención de 166 mil 610 migrantes más que el año previo, un 184% al alza.
Tanto la Sedena como la Marina y la Guardia Nacional no hablan en el informe de “detenciones” como tal, sino de operaciones “de rescate” en coordinación con elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), que por ley son los únicos facultados para detener a personas que transiten por el país sin documentos.
Sin embargo, organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como activistas y defensores de migrantes, refieren que en realidad el gobierno mexicano lleva al menos desde 2015 —cuando la administración de Enrique Peña Nieto puso en marcha el Plan Frontera Sur— utilizando a soldados y policías para detener migrantes indocumentados y deportarlos.
En cuanto a la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad participó en la detención de 60 mil 861 migrantes sin documentos, 9 mil 216 más que el año previo. La Marina informó que detuvo a 28 mil 668 migrantes, 160% más que en el tercer año de López Obrador.
En total, las tres instituciones reportaron haber participado en operativos que derivaron en la detención de 345 mil 584 personas migrantes. Este dato no concuerda con lo reportado por el propio INM: para el periodo septiembre 2021-junio 2022, el instituto informó que detuvo a 309 mil 430 migrantes, es decir, 36 mil 154 menos de lo reportado por Ejército, Marina y Guardia Nacional.
Por otra parte, de acuerdo con el Cuarto Informe presidencial, el número de elementos de la Guardia Nacional destinados a tareas de control migratorio casi se cuadruplicó este último año: de 2 mil 386 elementos desplegados por el país la cifra escaló a 9 mil 445 elementos, casi 300% al alza.
El número de soldados del Ejército también aumentó ligeramente en 2.5%: de 13 mil 663 militares pasó a 14 mil 013.
En cuanto a la Marina, se pasó de 16 mil 049 elementos a 23 mil 458, 46% más.
En total, de acuerdo con el Cuarto Informe, en el país hay desplegados 46 mil 916 elementos militares y de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio, 14 mil 818 más que en el tercer año presidencial, otro 46% más.
Durante el cuarto año de López Obrador, también aumentó el número de migrantes que solicitaron la condición de refugiado en México: de 68 mil 706 personas que lo pidieron se pasó a 111 mil 964, 73% más.
No obstante, en el informe no se precisó a cuántas de esas personas se les concedió finalmente el refugio, y a cuántas se les denegó o su proceso sigue en trámite.
Son detenciones
Animal Político publicó el pasado 17 de diciembre un reportaje sobre cómo el gobierno de López Obrador militarizó la detención de migrantes, puesto que en el 82% de las capturas habían participado soldados y policías, según datos del Tercer Informe.
En ese entonces, y a preguntas de este medio por transparencia, Sedena, Marina y la Guardia Nacional precisaron en sus respuestas que su tarea se limita a brindar “seguridad perimetral” a los agentes del INM en los operativos de contención, puesto que esta instancia es la única facultada para detener a una persona por transitar sin documentos. Por ello, ninguna de estas corporaciones habló de “detenciones”, sino de “rescates” y operativos humanitarios.
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, aseguró en entrevista para ese reportaje que, en la práctica, los soldados hacen mucho más que establecer un perímetro de seguridad.
“Quien hace la detención, en términos administrativos, es el INM. Pero, en términos prácticos, quienes hacen los operativos para detener migrantes, quienes los persiguen y los suben en las camionetas detenidos son directamente la Guardia Nacional o el Ejército”, aseguró.
En Tenosique, en la frontera sur mexicana con Guatemala, fray Gabriel Romero, director de la Casa del Migrante La 72, también corroboró esta forma de operar.
“El INM y la Guardia Nacional trabajan a la par. La detención formal la hace el instituto, pero el operativo lo hace la Guardia Nacional”, dijo Romero, que detalló que entre Tenosique y Villahermosa, en un trayecto de apenas 200 kilómetros, contabilizaron al menos ocho retenes del INM y la Guardia. “Hablan de rescates, pero es obvio que son detenciones”, enfatizó.
En Tapachula, otra de las principales puertas de entrada de la migración de Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha documentado sobre el terreno que en los operativos conjuntos la Guardia Nacional emplea “tácticas castrenses” para “encapsular” y detener migrantes.
“Aunque en el papel sea un cuerpo de policía civil, todos sabemos que la Guardia Nacional tiene un corte militar. Y eso lo vemos claramente en las tácticas que utilizan”, expuso Yuriria Salvador, integrante del Fray Matías.
Además, dicho centro señaló que la Guardia Nacional está teniendo un papel muy notorio también en las estaciones y en los centros de detención provisionales, como en Huixtla y Huehuetán, en Chiapas.
“Hemos hecho visitas donde vemos que no hay ni un elemento del INM, que son los que deben tener a cargo a las personas migrantes, sino que está la Guardia Nacional y agentes de seguridad privada”, denunció la activista.
“Es muy visible que la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo armado del INM y en el ejecutor de una política migratoria que está basada en la contención y en la detención de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y en la militarización del instituto”, subrayó.
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El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
¿Quién presentó la demanda?
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
¿Cuál ha sido la reacción?
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
¿Qué pasa ahora?
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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