Marx Arriaga pide a maestros no presentar evaluación de Mejoredu, diagnóstico educativo creado por el gobierno de AMLO
Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Comisión Nacional para Mejora Continua (Mejoredu), ya que señaló que ésta va en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.
A través de su cuenta de la red social X, el funcionario pidió a los docentes que “resistan” negándose a la evaluación de carácter voluntario y que “no permitan que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto”, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por la actual administración, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.
En respuesta a los comentarios de Marx Arriaga, Mejoredu indicó que sus evaluaciones –que muestran los aprendizajes con los que inician el ciclo escolar los estudiantes de educación básica– responden a lo previsto en el artículo 3° de la Constitución y su Ley Reglamentaria, y apuntó que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.
Mejoredu y las pruebas diagnósticas
Con su creación en 2019, Mejoredu diseñó e implementó un nuevo Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral, (MEDFI), mismo que no tiene un carácter punitivo, de tal modo que “no lesione la dignidad de estudiantes y docentes”, tal como señala el documento descriptivo de esta metodología.
Este modelo evalúa las áreas de lectura, matemáticas, formación cívica y ética, así como otros campos formativos con el fin de aportar información diagnóstica sistematizada por escuela, a nivel estatal y nacional sobre los aprendizajes de los estudiantes, y este año tomó en cuenta los elementos que propone la Nueva Escuela Mexicana.
Según el organismo, el diseño de este año de la evaluación diagnóstica se realizó por un grupo de trabajo “en el que se contó con la participación de diseñadores del plan de estudios, especialistas en formación continua y en diseño curricular, docentes y asesores técnico-pedagógico de preescolar, primaria y secundaria de 19 entidades federativas, así como funcionarios de las diversas áreas de la SEP”.
Mejoredu reconoció que la aplicación de sus pruebas diagnósticas es voluntaria, tal como se establece en los lineamientos correspondientes, y afirmó que esto es así porque “confiamos en su autonomía de gestión y en el compromiso tanto de las autoridades educativas de las entidades, como de los docentes, supervisores, directivos y apoyos técnico-pedagógicos”.
“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”, expresó el organismo.
Actualmente, México sólo cuenta con dos evaluaciones educativas, la de Mejoredu y la prueba PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque en ambos casos la SEP, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, han minimizado sus resultados, calificando estos ejercicios como “neoliberales”.
A pesar de que Mejoredu fue creada durante la actual administración, este es uno de los siete organismos autónomos que busca eliminar la reforma impulsada por el presidente López Obrador, porque supuestamente realiza actividades duplicadas.
Sin embargo, Mejoredu ha asegurado que las funciones que realiza de evaluación y mejora continua de la educación no se encuentran contempladas actualmente por la SEP.
Los resultados de la última evaluación diagnóstica de Mejoredu
De acuerdo con el diagnóstico sobre aprendizajes del ciclo escolar 2022-2023 de la Mejoredu, la generación de niños y jóvenes que actualmente estudian la primaria y la secundaria carecen de dominio sobre conceptos como justicia, democracia y apego a la legalidad.
En la materia de civismo, los temas con menor comprensión fueron la participación de manera honesta e informada en decisiones colectivas, la libertad de expresión, la organización ciudadana, la importancia de cumplir con las leyes y la diferencia entre situaciones justas e injustas.
En el ámbito de lectura, la evaluación de Mejoredu mostró que el aprendizaje con menor puntaje fue el análisis de estructura de textos, seguido de la integración de información e inferencias.
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En matemáticas se observó una tendencia a la baja de los aprendizajes conforme los estudiantes avanzan en grado escolar.
Por temas evaluados en matemáticas, los que tuvieron menor puntuación fueron “forma, espacio y puntaje” y “número, álgebra y variación“.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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