El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí admitió, el pasado 22 de abril, el amparo 610/2025-VII promovido por 27 niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de mujeres privadas de las libertad que fueron trasladadas del Centro de Reinserción Social número 1 La Pila, en la capital del estado, al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en la Huasteca potosina, a más de 300 kilómetros de sus familias. 

La separación de sus madres, que son las únicas cuidadoras y cabezas de familia, afectó las vidas de los 27 menores de edad. Todas y todos los firmantes presentan rasgos de estrés y/o depresión infantil: se volvieron más retraídos, irritables y bajaron su rendimiento académico; los adolescentes también presentan conductas disruptivas que preocupan a sus abuelas o tías cuidadoras. La jueza, además de admitir el amparo, concedió la suspensión provisional para que las 19 madres sean regresadas de forma inmediata al penal en la capital del estado y, de esa forma, poder restituir los derechos y subsanar un poco del daño provocado a los hijos e hijas de las internas.

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Susana —cuyo nombre fue cambiado por seguridad— no ve a su mamá desde julio de 2024. Con la noticia de la suspensión, la adolescente de 13 años se sentía feliz y orgullosa e incluso su abuela le agradeció a ella y a sus dos hermanas, de 11 y 9 años, por su valentía, “muchas gracias, hijas, porque el sentir de ustedes nos ayudó mucho para que tu mami pueda regresar”, recuerda.

El amparo reclamaba un acuerdo interno de la SSPC emitido el 4 de septiembre de 2023, donde se ordenó la reorganización del sistema penitenciario a través de la reubicación de las mujeres privadas de la libertad al penal de Xolol, un lugar lejano en medio de la selva huasteca, sin servicios básicos, trabajo ni atención médica, donde se les somete a climas extremos. 

“Ese acuerdo es ilegal e inconstitucional porque la Secretaría no tiene atribuciones relacionadas con la ejecución penal, por lo tanto, no puede emitir estas disposiciones que afectan a la generalidad de mujeres privadas de libertad en San Luis Potosí y de sus hijas e hijos”, explica el equipo jurídico que apoyó el amparo.

Para la doctora Roxana Villaseñor, especialista en derechos de las niñas, niños y adolescentes, los traslados generalizados transgreden el interés superior de la niñez y la adolescencia, que es un principio rector y vinculante.

“Cuando hay niñas o niños de por medio, el Estado debe de considerar todas las medidas que les afectan y, en este caso, no hubo ni un estudio contextual y tampoco hablamos de una ponderación de derechos. Entonces, es una toma de decisión completamente arbitraria”.  

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Para la jueza, el argumento no tuvo el peso suficiente para no cumplir con los traslados de las madres, pues es responsabilidad del Estado brindar las medidas de seguridad suficientes para no arriesgar el bienestar de las internas y sus hijas e hijos. Por lo tanto, el 29 de abril resolvió la suspensión definitiva, señalando que se debía trasladar a las 19 internas de forma inmediata. 

La especialista explica que la decisión de la jueza es una medida que garantiza y restituye los derechos de las hijas e hijos de las internas, donde se les permitió dar su opinión y fueron escuchados. “Fue tomada en cuenta la información que ellos pudieran tener, que también es uno de los derechos que garantiza la Convención sobre los Derechos de los Niños. En cambio, la decisión del Estado fue masiva, despersonalizada y, me atrevo a decir, que entra en un trato cruel e inhumano para con las infancias y para con las mujeres porque están rompiendo un vínculo materno filial”.  

El pasado domingo 4 de mayo, una riña en el área varonil por el supuesto intento de formar un autogobierno terminó en motín, con un saldo de dos muertos y cinco heridos. Al igual que en los incidentes pasados, el área femenil no se vio afectada. “Las encierran en las estancias y no escucharon nada”, narra la familiar de una de las internas. Actualmente hay más de 90 mujeres en la Pila.    

Sin poder ver a mamá

A la mamá de Susana se la llevaron de forma sorpresiva. Mientras las tres niñas se preparaban para visitarla aquel sábado de julio de 2024, recibieron una llamada avisándoles que la habían trasladado al penal de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, en pleno corazón de la Huasteca potosina. “Ni siquiera dejaron que mis niñas se despidieran de ella, se la llevaron sin notificarnos”, cuenta la abuela.  

Para la familia de Susana es prácticamente imposible pagar un viaje hasta Tancanhuitz. La abuela es trabajadora de la maquila y, desde el 2018 que aprehendieron a su hija, se quedó a cargo de sus tres nietas. Ella no puede gastar 2 mil pesos por persona para viajar a Xolol, la familia depende de los camiones que brinda el gobierno o la organización civil Perteneces, quienes han ayudado con la mayoría de los viajes.  

Desde septiembre de 2023, que se realizaron los primeros traslados, el Estado, a través del DIF, ha gestionado únicamente cinco viajes al Xolol, dando dos camiones por viaje, que son insuficientes para que todas las hijas e hijos visiten a sus mamás. Mediáticamente, el gobierno estatal justifica la decisión de los traslados de mujeres declarando que se apoya a las familias con viajes. En la Pila, los y las menores de edad acostumbraban a visitar a mamá una o dos veces por semana, el Estado no ha sido constante en la programación de los viajes que, si bien les va, los organiza cada dos meses.        

“Yo no he podido ir a verla porque a mi abuela le dan sólo dos lugares y somos cuatro personas que queremos ir”, relata Susana. Sus dos hermanas menores han viajado junto a su abuela en tres ocasiones. Los viajes han sido complicados, la hermanita pequeña, de 9 años, ha viajado en las piernas de su abuela las 10 horas que dura el trayecto de ida y vuelta. 

De los 27 menores de edad amparados, 10 no han visto a su mamá desde que fueron trasladadas: dos tienen desde septiembre de 2023, tres desde julio de 2024, dos desde noviembre de 2024 y tres más desde enero de 2025. Solo cuatro niños han viajado siete veces a ver a sus mamás, que llevaban recluidas 18 meses en el penal de la Huasteca, desde septiembre de 2023.

“Hay una percepción estigmatizante acerca de las personas privadas de la libertad. La cuestión punitiva es la privación de la libertad, pero no la restricción de otros derechos. Por parte del Estado se consideran a los derechos como privilegios, y no lo son. Aquí, estamos viendo cómo están restringiendo el derecho a la unidad familiar y constituye una forma de criminalización indirecta hacia la infancia”, explica la Dra. Villaseñor. 

“Mis niñas quieren ver a su mamá, pero no quieren pasar por todo lo que implica ir a verla”, comentó la abuela de Susana. 

Para ir a Xolol, las niñas comienzan el viaje desde la 4 de la mañana que salen de su casa; el camión parte de la capital del estado a las 5 de la mañana y llegan entre 10 y 11 a las instalaciones del penal, donde se forman por una o dos horas junto a la reja de entrada, justo donde pega el sol del mediodía. A las 12 del día las dejan entrar con sus mamás. Pasadas las 3 de la tarde les piden que se retiren de Xolol y una hora después, como a las 4, viajan de regreso a la capital. Las hermanas y la abuela de Susana llegan a su casa pasadas las 9 de la noche. 

Más de 10 horas de viaje, entre 2 y 3 horas de espera, para poder ver, platicar y acompañar a sus mamás por solo 3 horas. 

Las reglas de entrada en Xolol también son más rígidas, rayando en lo absurdo, comentan las familias. “Yo llevo comida para que podamos comer con mi hija, pero cuando me revisan siempre me dice ‘¿por qué tanta comida?’ Y no nos dejan pasarla. Acá en La Pila llegábamos a las 10 de la mañana, llevaba para almorzar y comer con ella porque nos despedíamos a las 3 de la tarde”, recuerda la abuela.  

Cuando su mamá estaba cerca, Susanas y sus hermanas llevaban las tareas escolares que no entendían para que su madre, que es muy buena en matemáticas y álgebra, pudiera ayudarlas. Las niñas llevaron sus tareas en la primera visita que hicieron en Xolol, pero no las dejaron pasar los cuadernos ni los lápices. “Eso también es una forma fuerte de estar, entre mis niñas y su mamá, pero hasta eso les quitan”, reclamó la abuela. 

La convivencia con su mamá también ha cambiado drásticamente. Susana, por ejemplo, evitó tomar sus llamadas cuando recién la trasladaron, fue difícil para ella comprender que su mamá no se alejó ni la dejó, que su traslado fue una decisión del Estado. Para sus hermanas, ver a mamá las ha impactado. Antes no se daban cuenta del sufrimiento que le provoca estar encerrada y alejada de ellas, pero su salud mental se ha deteriorado desde que está en Xolol, ahora la ven llorar, la escuchan quejarse y la ven mal físicamente.  

Las afectaciones en los hijos e hijas de las internas trasladadas a Xolol 

Desde que se llevaron a la mamá de Susana, las tres niñas han bajado su rendimiento escolar. “No tienen la capacidad de estar pensando en la escuela cuando también están pensando en su mamá. Ellas están mal emocionalmente”, explica la abuela. 

La adolescente es callada y reservada, sin embargo, desde que dejó de ver a su mamá, su abuela la nota ensimismada; ha sido más difícil comunicarse con ella y saber cómo se siente. Esto la preocupa porque Susana, desde que arrestaron a su mamá, ha sido su apoyo en el cuidado de sus hermanitas, mientras ella trabaja. Esto provoca culpa en la abuela, “le estoy truncando su niñez”, comenta. Sin embargo, el desgaste y la rebeldía de Susana ha sido más notoria desde que no ve a su mamá. 

Cuando sucedió el traslado, Susana se negaba a hablar por teléfono con su mamá. Fue difícil para la adolescente asimilar que la separación no era su culpa. El equipo legal explica que muchos de los menores de edad que firmaron el amparo comparten ese mismo sentimiento, sobre todo los más chiquitos, que no comprenden por qué su mamá está tan lejos o no pueden verla cada semana, como lo hacían antes. 

“La necesito porque mi corazoncito ha sufrido mucho (…). Yo he sufrido mucho. Me da lastima porque los demás niños sí tienen mamá, y yo no tengo mamá porque ella está en un lugar peor, muy feo, no quiero que esté. No me gusta que ella sufra como yo sufro”, explica una niña pequeña en unos audios integrados en el amparo.  

Los niños, niñas y adolescentes que visitan a sus mamás en Xolol se percatan de las malas condiciones en las que viven y el deterioro de salud mental a las que el Estado las ha sometido, generándoles preocupación y contribuyendo a su depresión y ansiedad, señalan las y los abogados que acompañan a los menores de edad en el amparo. 

Susana sabe que la distancia y el no poder ver a su mamá las ha afectado a ella y a sus hermanas. “Yo soy consciente que mi mamá, tal vez, cometió una falta y ahorita lo está pagando, pero nosotras no tenemos la culpa. ¿Por qué nosotras también tenemos que pagar al no verla?”, reclama la adolescente de 13 años.

Las penas trascendentes son inconstitucionales; es decir, la pena impuesta a una persona no puede trascender a su familia y mucho menos a sus hijos o hijas, que es lo que estamos viendo con la separación y las consecuencias de los traslados en los menores de edad.

“Les podrás mejorar las instalaciones, ponerles agua, luz y todo, pero la distancia para sus hijos siempre va a ser la misma. La distancia para sus hijos nunca va a cambiar. Lo único que están provocando es que sus hijos se alejen de ellas y eso no es justo, es cruel”, comenta la abuela de Susana.

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“Ahora es momento de preguntar ¿cuáles van a ser las medidas que van a tomar (el gobierno) para intentar reparar esta situación? ¿Cómo van a restituir el vínculo madre, hija e hijos? El Estado se debe replantear la necesidad de crear, creo yo, un penal femenil en la capital”, cuestiona y opina la doctora Roxana Villaseñor

Susana, sus hermanas y su abuela llevaban tres semanas esperando el traslado. Cada que se acercaba el fin de semana, desde que les avisaron de la suspensión, las niñas se imaginaban que podrían visitar a su mamá en La Pila, podrían almorzar y comer con ella, platicarle cómo les ha ido en la escuela y, quizá, que su mamá les compre un elote o unas papitas. Ellas y los niños, niñas y adolescentes podrán hacerlo ahora que regresaron a sus mamás a la capital.  

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