“Somos amenazadas, somos perseguidas por buscar”: madres buscadoras enfrentan riesgos, criminalización y discursos revictimizantes
Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.
De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.
A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.
“Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.
El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.
En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.
A estas se añaden acciones para la obtención ilegal de información, inteligencia, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación: delitos contra el honor y la imagen pública de las personas buscadoras; vulneración y exposición de datos personales e información sensible, así como agresiones en el entorno digital y mediático.
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“13 amenazas de muerte solo por buscar”
María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.
“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala.
En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.
Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.
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“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene.
La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización.
“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.
Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.
“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica.
Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.
Un clima de revictimización y criminalización
Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.
En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.
Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.
Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.
Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.
Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio?”.
Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.
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Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.
Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.
“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.
Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.
“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.
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En la cima de la guerra comercial, el presidente Trump y el primer ministro Mark Carney acordaron esta semana sentarse a “renegociar exhaustivamente” la relación de sus países.
“La geografía nos hizo vecinos, la historia amigos, la economía socios y la necesidad nos volvió aliados”.
Las palabras las pronunció el 17 de mayo de 1961 el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el Parlamento canadiense.
Apenas llevaba cuatro meses en el cargo y sabía que su liderazgo, y el del país que representaba, necesitaban un impulso, sumidos como estaban en plena Guerra Fría con el bloque comunista soviético.
Así que en Ottawa, Kennedy aprovechó para hacer un guiño a la relación bilateral y establecer una agenda global conjunta.
“Está claro que en una época en la que nuevas fuerzas están afirmando su poder en el mundo y la forma política del hemisferio está cambiando rápidamente, nada es más importante que la unidad de EE.UU. y Canadá”, añadió para rematar su discurso, ante la mirada de aprobación del primer ministro canadiense John Diefenbaker.
Pero mucho ha llovido desde entonces, y lo que se escucha hoy de los líderes de ambos países no puede estar más en las antípodas de aquel ambiente de concordia.
“La antigua relación que teníamos con EE.UU., basada en la integración cada vez mayor de nuestras economías y en una estrecha cooperación en materia de seguridad y militar, ha terminado“, zanjó este jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney.
El presidente del país vecino, Donald Trump, acababa de anunciar unos aranceles del 25% a la importación de automóviles, algo que cayó como una bomba en una Canadá en plena campaña electoral hacia los comicios del 28 de abril.
Fue el colofón de una serie de medidas y desplantes que comenzaron con llamar al anterior primer ministro, Justin Trudeau, el “gobernador del 51º estado” estadounidense y siguió con de una guerra comercial abierta.
Ambos jefes de gobierno conversaron este viernes por teléfono en un primer intento por limar asperezas, una llamada que los dos describieron como “productiva” y en la que acordaron sentarse a “renegociar exhaustivamente” tras las elecciones canadienses.
Pero Carney, que además de primer ministro es candidato del Partido Liberal en estas elecciones, no se desdijo y dejó claro que este es el inicio de una nueva era en la relación entre dos países vecinos que han sido amigos y aliados durante generaciones.
A continuación, cuatro datos que reflejan la complejidad del vínculo entre estas dos naciones.
1. Dos siglos de paz y uno como “mejores amigos”
Los territorios que hoy constituyen Estados Unidos y Canadá no siempre fueron aliados.
Durante la Guerra de la Independencia de EE.UU. (1775-1783), cuando 13 colonias británicas del actual territorio estadounidense se rebelaron y lucharon por independizarse de la Corona, las canadienses rechazaron las invitaciones para unirse a la revuelta.
Al estallar de nuevo las hostilidades entre EE.UU. y Reino Unido en la guerra de 1812, las tropas estadounidenses invadieron los territorios canadienses bajo dominio británico esperando ser recibidas como libertadoras, solo para encontrar una respuesta armada. Un episodio que —según coinciden expertos— contribuyó en gran medida al surgimiento del sentido de identidad canadiense.
“Desde el final de la guerra de 1812 no ha habido encuentros oficiales abiertamente hostiles, en parte porque muchos estadounidenses tendían a creer que los canadienses se unirían a la república”, escribe Robert Bothwell, profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Toronto, en un informe publicado en 2019.
“Al no ocurrir, EE.UU. aceptó a un Canadá independiente pero amigable como un vecino permanente, útil y deseable”, prosigue el especialista en el texto, centrado en los últimos 200 años de relación entre Canadá y EE.UU.
Sin embargo, aunque los vecinos establecieron relaciones diplomáticas en 1927, fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando se estrechó la cooperación canadiense-estadounidense.
Desde entonces, hubo acontecimientos que pusieron a prueba esa amistad, como la guerra de Vietnam, la represión de las protestas del movimiento por los derechos civiles en los estados sureños y la invasión de Irak encabezada por EE.UU. en 2003, a la que Canadá se opuso con firmeza.
Pero en general ha estado marcado por gestos de cooperación y solidaridad, como la respuesta canadiense a los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU.
Unos 7.000 pasajeros que iban a bordo de decenas de vuelos desviados tras los atentados fueron recibidos en Gander, una comunidad de apenas 11.000 habitantes de la isla de Terranova.
A ese espíritu de colaboración hizo referencia el 8 de febrero Justin Trudeau, ya como primer ministro saliente, en un emotivo mensaje a la nación después de que Trump firmara una orden ejecutiva que establecía un 25% de aranceles a todo producto importado de Canadá.
“Desde las playas de Normandía hasta las montañas de la península coreana, desde los campos de Flandes hasta las calles de Kandahar, hemos luchado y muerto junto a ti durante tus horas más oscuras”, dijo.
2. Una frontera de 8.800 km
La frontera entre Canadá y EE.UU. constituye el límite territorial internacional más largo del mundo, una línea recta imaginaria trazada a lo largo del paralelo 49.
Sumando porciones de los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, además de los Grandes Lagos, mide un total de 8.891 kilómetros.
Fue el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 el que le dio origen, el mismo que puso fin a la guerra de la Independencia de EE.UU. Pero numerosos acuerdos posteriores han ido conformándola tal como es en la actualidad.
Separa a 13 estados de EE.UU. de siete provincias canadienses y un territorio, y varias comunidades indígenas se extienden a un lado y otro.
Y agencias de ambos países estiman que al día la cruzan alrededor de 400.000 personas y bienes y servicios por un valor de US$2.500 millones.
Es una frontera no militarizada, cuidada únicamente por elementos civiles, y de forma mucho menos activa que el muy patrullado confín entre EE.UU. y México.
Aunque ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, en diciembre de 2024 el gobierno de Canadá anunció una inversión de US$1.300 millones en personal, equipamiento y nueva tecnología para reforzar la vigilancia.
“El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a EE.UU. por sus ridículas fronteras abiertas”, había advertido ya el republicano en su red Truth Social tras ganar las elecciones en noviembre.
“¡Este arancel permanecerá en efecto hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros Ilegales detengan esta Invasión a nuestro país! Tanto México como Canadá tienen el poder para resolver fácilmente este problema latente desde hace mucho tiempo”, zanjó.
Mientras, el gobierno canadiense sostiene que la guerra arancelaria tiene más bien propósito geopolítico. “La excusa del fentanilo es ficticia”, subrayó Trudeau a principios de marzo, antes de que Carney lo relevara en el cargo.
“Trump quiere que la economía canadiense colapse para anexionarnos”, espetó.
Aunque la administración Trump acuse a las agencias canadienses de no hacer lo suficiente para impedir el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha contribuido con más de medio millón de muertes por sobredosis en EE.UU. desde 2012, las cifras muestran una realidad mucho más matizada.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), el año pasado se interceptaron alrededor de 43 libras de fentanilo provenientes de Canadá, mientras que las autoridades canadienses incautaron alrededor de 11 libras llegadas del sur durante el mismo período.
3. US$1 billón en comercio bilateral
Según datos del gobierno canadiense, el comercio bilateral alcanza el billón de dólares anual, mientras casi US$2.500 millones en bienes y servicios que cruzan la frontera común a diario.
Estados Unidos vende más productos a Canadá que a cualquier otro país, lo que convierte a Canadá en el principal cliente de 32 estados estadounidenses.
Asimismo, EE.UU. es el principal inversor en Canadá; representa el 46% del total de inversión extranjera directa, según el más reciente Informe sobre el Clima de Inversión del Departamento de Estado.
En 2024, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Canadá se situó en US$452.000 millones, mientras que la inversión extranjera directa canadiense en EE.UU. alcanzó los US$672.000 millones de dólares.
Asimismo, casi una cuarta parte del petróleo que EE.UU. consume cada día proviene de su vecino del norte, y solo la provincia de Alberta exporta 4,3 millones de barriles al día.
Según la Administración de Información Energética estadounidense., EE. UU. consume alrededor de 20 millones de barriles al día, mientras que a nivel nacional produce alrededor de 13,2 millones.
“No necesitamos su energía. No necesitamos su petróleo y gas”, dijo en enero Trump. “No necesitamos nada de lo que tienen”.
Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, el comercio entre Canadá y Estados Unidos se ha regido por una sucesión de acuerdos de libre comercio.
El más reciente es el T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020 y del que forma parte también México.
“Hay cosas que podemos hacer, no solo para trabajar juntos con Estados Unidos, sino para generar más capacidad de acción para Canadá”, dijo el exministro de Finanzas canadiense Bill Morneau (2015-2020), en una conferencia titulada “Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá en una época de tumultuosa política norteamericana” ofrecida en la Universidad de Yale el mes pasado.
“El desafío es mantener la cabeza fría frente a un diálogo degradante y francamente ofensivo, y hacerlo de una manera que reconozca la relación positiva y muy beneficiosa a largo plazo entre nuestros dos países”.
4. US$95.000 millones anuales en energía
Canadá es un exportador neto de electricidad a EE.UU. y las redes energéticas de ambos países mantienen una alta interdependencia.
Sus redes eléctricas se fusionan en un sistema “complejo y altamente interconectado” en el que las principales empresas canadienses del sector cuentan con filiales y divisiones comerciales en Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de ese país (EIA, por sus siglas en inglés).
Ambas naciones intercambian energía por valor de US$95.000 millones anuales y en algunos estados este comercio llega a representar entre el 5% y el 15% de su PIB, según una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
EE.UU. importó 33,2 millones de megavatios-hora (MWh) de electricidad en 2024, de los cuales 27,2 millones provinieron de Canadá y el resto de México.
Aunque esta cifra representa menos del 1% del consumo total de electricidad estadounidense, su impacto es significativo en ciertos estados, especialmente los fronterizos con su vecino del norte.
Es por eso que la electricidad ha sido también foco de tensión en la guerra comercial entre ambos países.
El gobernador de Ontario, Doug Ford, eliminó el 11 de marzo el recargo del 25% que un día antes había impuesto a la electricidad que esta provincia canadiense vende a tres estados de EE.UU.
Horas después, el presidente Trump, retiró su amenaza de elevar del 25% al 50% el arancel sobre el acero y el aluminio canadienses.
En cualquier caso, el comercio energético entre ambos países no es unidireccional: Canadá también importa electricidad estadounidense, especialmente en los últimos dos años en los que la sequía ha reducido la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas canadienses.
Pero la lista de conexiones e interdependencias no acaba ahí.
Ambos países también cooperan en defensa, a través de distintos foros e instrumentos bilaterales y multilaterales, aunque un funcionario de alto rango del gobierno le confirmó recientemente a la agencia AP que su país inició negociaciones con la Unión Europea con el objetivo de reducir su dependencia de EE.UU. en esa materia.
Como buenos vecinos, tienen una historia común de migraciones, con grandes movimientos en ambas direcciones desde 1750 hasta bien entrado el siglo XXI.
Sus habitantes comparten, en gran parte, lengua, y sus identidades se han ido definiendo por momentos en contraposición a la nación vecina.
“De todos los países, Canadá ha sido históricamente el que más se ha parecido a Estados Unidos, en términos de cultura, geografía, economía, sociedad, política, ideología y, especialmente, historia”, escribe Bothwell, el profesor de la Universidad de Toronto en su informe.
“Una cultura compartida —literaria, social, legal y política— es un factor crucial en las relaciones entre canadienses y estadounidenses. Y la geografía es, al menos, igual de importante”, prosigue.
“Ninguna idea estadounidense, buena o mala, desde el liberalismo hasta el populismo, deja de encontrar eco en Canadá. Lo fuerte o lo suave que suene el eco marca la diferencia”, concluye.
O como más célebremente describió la relación entre vecinos el ex primer ministro Pierre Trudeau:
“Vivir a tu lado es en cierto modo como dormir con un elefante. No importa cuán amigable y ecuánime sea la bestia, si es que puedo llamarla así, uno se ve afectado por cada contracción, por cada gruñido”.
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