Madre buscadora se ampara contra eliminación del registro de su hijo desaparecido, pero descubre que no fue incluido
Juan Alejandro Polanco Pinales fue secuestrado y desapareció el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros, Tamaulipas, cuando tenía 33 años. Por temor, siete meses después, su madre, Alejandrina, promovió una denuncia penal en un ministerio público de Ciudad Victoria. Desde entonces sigue en busca de su hijo.
Cuando se enteró del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los resultados que estaba arrojando en el sentido de que la cifra de personas desaparecidas se reduciría –como se anunció en la conferencia mañanera del 14 de diciembre–, asesorada por una abogada decidió promover un amparo para que, por ningún motivo, su hijo fuera removido del registro.
Hace unos días, sin embargo, en su respuesta al juez, la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló que Juan Alejandro no está en la estadística: “Esta Comisión Nacional realizó una búsqueda exhaustiva en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), en la cual se revisó en la totalidad de la base de datos el nombre referido y de acuerdo a los resultados se confirma que dicho nombre no aparece en ningún registro vigente o histórico”, se lee en el documento enviado por la CNB.
“Mi hijo no está en la lista de desaparecidos”
Ahí mismo se detalla que ese escrito se elaboró en respuesta al oficio 35504/2023, fechado el 18 de diciembre de 2023, relativo al juicio de amparo 1394/2023, en donde se solicita que en caso de que el registro de Juan Alejandro hubiera sido borrado, eliminado o modificado del RNPDNO, fuera reintegrado.
“Con los amparos para que no desaparezcan de la lista de desaparecidos a nuestros familiares, hay una licenciada que nos asesora, entonces nos manda aquí al edificio del Poder Judicial. Vine yo, y me llegó otra notificación anoche (21 de diciembre), y ahí es donde yo me entero de que mi hijo no está en la lista de los desaparecidos. Cómo no va a estar en lista; mi hijo no aparece. Cómo están trabajando: desde el 2020 que mi hijo está desaparecido, la denuncia se puso en el 21”, reclama Alejandrina.
Aún más difícil le resulta creerlo después de todo lo que ha hecho ante las autoridades, que incluso han recabado muestras de ADN de ella y de los hijos de Juan Alejandro. Además, Alejandrina acude con frecuencia a las instalaciones de la fiscalía estatal para ver los catálogos de personas halladas fallecidas, igual que a la fiscalía antisecuestros. Tiene, incluso, copia de la denuncia. Ha asistido a todas las diligencias de búsqueda.
“Para el país, mi hijo no está desaparecido, y para sus hijos y para su madre, sí”, resume Alejandrina. “Yo he andado en trámites, en todo, en búsquedas, y no había surgido nada que yo sospechara que no estuviera, que no lo hayan registrado, o que lo hayan borrado, porque no sabemos cuál es la realidad”.
Qué respondió la autoridad a madre buscadora sobre que no registraron a su hijo
Cuando se enteró de que su hijo no estaba, incluso cuestionó al personal de la fiscalía estatal que elaboró la ficha de búsqueda, y le contestaron que haberla hecho no significaba que su hijo estuviera registrado. En tanto, en la fiscalía antisecuestros responsabilizaron a la dirección de víctimas. Sin embargo, el RNPDNO se alimenta en al menos un 90% de los registros que hacen las 33 fiscalías y las 33 comisiones estatales de búsqueda.
“Entonces, ¿quién lo va a registrar? Y hasta después de tres años yo enterarme de esto; si está uno con el dolor que no duerme, te estás acabando ya en vida, está uno muerto en vida, y luego que salgan con esto…. ¿Entonces si encontraron un cuerpo por ahí, si encontraron algo, mi hijo qué…? Como no lo están buscando, entonces va a la fosa común. No está siendo buscado, y sí hay denuncia, han venido a tomar muestras de ADN y uno se las ha proporcionado nuevamente”, señala.
“¿Qué no va una cosa con otra, o qué? ¿No hay información, no se reúne la misma información, no va todo donde mismo?”, cuestiona. Insiste en que no se explica dónde está el error; luego, ella misma responde: “El error es que las autoridades no trabajan. Ese es el error, es el error más grande que tenemos en el país”.
Alejandrina ni siquiera cree en que las autoridades anden “casa por casa”, porque no ha sabido de alguien que lo haya vivido. En su caso, es ella quien busca y ha promovido todos los trámites. Hoy, saber que su hijo no está en el registro le hace pensar que también tendría que ser ella quien lo encontrara, porque de otra forma no se enteraría. Nadie le ha sabido decir a quién le correspondería registrarlo.
Para ella, solo significa más desgaste físico y emocional, angustia y desesperación, porque ni siquiera tiene la certeza de que será identificado en caso de que haya fallecido: “Yo quiero andar en todo, porque yo sí quiero que mi hijo aparezca. Si Dios me quiere entregar sus restos, lo que sea. No se me hace justo que las personas, que tus hijos, tus familiares, queden regados por donde quiera, se los coman los animales, los tengan ahí sepultados y uno no sabe ni dónde, pisando arriba de ellos y no sabes dónde están. No se me hace justo”, remarca.
El censo de AMLO sobre los desaparecidos en México
A principios de este año, el Gobierno federal echó a andar una estrategia de búsqueda generalizada, que contempla el cruce de diversas bases de datos con el RNPDNO para obtener indicios de vida, que luego fueron a verificar “casa por casa” y por teléfono servidores de la nación, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que no es una autoridad buscadora.
En diciembre, presentaron los resultados de ese censo mediante categorías inexistentes en la ley, y pidieron a las familias –pese a que corresponde al Estado– completar la información de al menos 36 mil registros “sin indicios para la búsqueda” y de 26 mil “sin datos suficientes para identificar a la persona”. Pero Esther anduvo más de 10 años sola en su búsqueda, ignorada por las autoridades, y también sola se valió mucho antes de la metodología que hoy presumen las autoridades. Te puede interesar: Gobierno busca maquillar cifras de personas desaparecidas con censo hecho por servidores de la nación
Esther encontró a su hija por una base de datos, mientras las autoridades la ignoraban
La hija de Esther desapareció en el 2003 en Tijuana, hace casi 21 años, cuando tenía 16. Un año antes, se había ido con un hombre, y al poco tiempo la habían encontrado. Después de eso, él tenía ya una orden de restricción, pero volvió a buscarla. A instancias de él, empezó a consumir sustancias. Un día, se salió de la graduación de uno de sus hermanos para ir por una cámara, y no regresó.
Su mamá promovió una denuncia en el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes, cuando todavía se llamaba así, para pedirles la dirección donde ya la habían encontrado una vez. Recibió como única respuesta la afirmación de que no eran niñeras. En el 2004 fue a denunciar de nuevo, y entonces le reclamaron por qué no había ido antes.
“Te hacen sentir culpable de lo que está pasando y no saben ni siquiera cómo tratar a la gente, son groseros, déspotas y prepotentes”, relata. “Nunca la buscaron, nunca les hablaron por teléfono a las personas que eran testigos, que yo les di sus nombres y sus números, nunca la fueron a buscar al lugar que yo les había dicho que podría estar y nunca me quisieron dar la dirección de donde la habían encontrado”.
Madre buscadora encuentra a su hija con vida, pero sin apoyo de autoridades, dice
Esther recuerda que ella pasó muchos años recurriendo sola a las autoridades, más o menos de 2004 a 2017, antes de pertenecer a un colectivo. También recorría las colonias sola buscándola. En CAPEA únicamente la hacían esperar y la cambiaban de agente con frecuencia. Cada vez, era empezar de nuevo. Ella se daba cuenta de que no la buscaban porque en 2016 pudo tener acceso al expediente, y le pareció una burla. Ninguna diligencia tenía relación alguna con su hija.
En 2017 se unió al colectivo Una nación buscándote, donde Angélica, una de las fundadoras, comenzó a acercarla a derechos humanos y a la unidad de víctimas. A partir de entonces, pudo acceder a abogadas y a terapia, pero pasaron 18 años sin que ninguna autoridad encontrara algún indicio, o a su hija. A mediados de 2020, una amiga de ella y su profesora empezaron a buscar en las bases de datos digitales de diversas instituciones.
El nombre de su hija finalmente apareció en una base de datos de Liconsa, en Rosamorada, Nayarit. La primera vez que iba a buscarla –una vez que completó dinero para los boletos–, para comprobar que no fuera un homónimo, no pudo completar el viaje porque su esposo falleció.
Cerca de una semana después, le hablaron de la fiscalía con la confirmación de que su hija estaba en La Boquita, luego de que ella misma les había contado del indicio de Nayarit. Al mismo tiempo, eso coincidió con el contacto que uno de sus hermanos logró tener con ella vía redes sociales.
“Si nosotros no les hubiéramos dicho lo que había encontrado Valeria, ellos no hubieran sabido dónde estaba. Todo fue gracias a lo que nosotros encontramos, que fue por lo que ellos se movieron. Si no hubiéramos encontrado esa información, yo todavía no la encontrara a ella”, relata Esther.
Más tarde supo que tras su desaparición, su hija había estado cerca de ocho meses en la colonia donde fue localizada la primera vez, pero nadie le proporcionó la información. Ahora, hace cerca de cuatro meses que la hija de Esther está en un centro de reclusión, por un delito que cometió el hombre con el que estaba, asegura su mamá.
El censo “casa por casa” de AMLO
Ahora que el presidente López Obrador instruyó el censo “casa por casa” a partir de la misma metodología a la que Esther tuvo que recurrir sin ayuda de las autoridades, y que se han presentado los primeros resultados, ella lo califica simplemente como “una mentira”.
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“Conozco a mucha gente que anda buscando a sus familiares y no los encuentra, y cada día son más. Al menos aquí en Tijuana la violencia está a todo lo que da, hay muchísimos desaparecidos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, y no hacen nada por buscarlos. Siguen con el mismo método: les dan largas, vas y te victimizan más, te hacen sentir culpable, son prepotentes cuando vas a poner una denuncia.
“No ha cambiado en nada la fiscalía. Son más jóvenes y todo lo que tú quieras, y son diferentes caras, pero es el mismo método. No se interesan”, concluye Esther. Tras su experiencia, lo único que espera ahora de las autoridades es que busquen de verdad, que hagan su trabajo y hagan bien las cuentas. En su colectivo, ella es la única que ha encontrado a su hija con vida; fallecidos, recuerda a por lo menos cuatro.
“Que digan la verdad, ¿cuántos desaparecidos hay en cada estado? Porque no van para abajo, van para arriba”, afirma.
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La BBC visita la frontera entre China y Myanmar, donde una guerra hace estragos a las puertas de la potencia asiática.
“Un pueblo, dos países” solía ser el lema de Yinjing en el extremo suroeste de China.
Un viejo cartel turístico presume de una frontera con Myanmar formada únicamente por “vallas de bambú, zanjas y surcos de tierra”, una señal de la fluida relación económica que Pekín había tratado de construir con su vecino.
Ahora, la frontera que visitó la BBC está marcada por una alta valla metálica que atraviesa el condado de Ruili, en la provincia de Yunnan. En algunos puntos, está rematada por alambre de púas y cámaras de vigilancia, atraviesa campos de arroz y divide calles que antes estaban unidas.
Las duras medidas de confinamiento impuestas por China durante la pandemia obligaron inicialmente a la separación, pero desde entonces ésta se ha consolidado debido a la guerra civil en Myanmar, desencadenada por un sangriento golpe de Estado en 2021.
El régimen militar ahora está luchando por el control de amplias zonas del país, incluido el estado de Shan, a lo largo de la frontera con China, donde ha sufrido algunas de sus mayores pérdidas.
Esta crisis a las puertas de China –comparten una frontera de casi 2.000 kilómetros– está resultando costosa para el país asiático, que ha invertido millones de dólares en Myanmar para construir un crucial corredor comercial.
El ambicioso plan pretende conectar el suroeste de China, que no tiene salida al mar, con el océano Índico a través de Myanmar, pero el corredor se ha convertido en un campo de batalla entre los rebeldes de Myanmar y el ejército de ese país.
Advertencia
Pekín tiene influencia sobre ambas partes, pero el alto al fuego que negoció en enero se vino abajo.
Ahora ha recurrido a ejercicios militares a lo largo de la frontera y a palabras severas. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha sido el último diplomático en visitar la capital de Myanmar, Nay Pyi Taw, y se cree que ha lanzado una advertencia al gobernante del país, Min Aung Hlaing.
Los conflictos no son nuevos en el empobrecido Shan. El estado más grande de Myanmar es una de las principales fuentes de opio y metanfetaminas del mundo. A su vez, ha sido hogar de ejércitos étnicos opuestos al gobierno centralizado desde hace tiempo.
Pero las vibrantes zonas económicas creadas por la inversión china lograron prosperar… hasta que se desató la guerra civil.
Un altavoz advierte ahora a los habitantes de Ruili de que no se acerquen demasiado a la valla metálica, pero eso no impide que un turista chino meta el brazo entre los barrotes para hacerse una selfie.
Dos niñas con camisetas de Disney gritan a través de los barrotes: “¡Eh abuelo, hola, mira para acá!”, mientras lamen unas bolas de helado rosa. El anciano que arrastra los pies descalzos al otro lado apenas levanta la vista antes de darse la vuelta.
Refugio en Ruili
“Los birmanos viven como perros”, dice Li Mianzhen. Su puesto de la esquina vende alimentos y bebidas de Myanmar -como té con leche- en un pequeño mercado a pocos pasos del puesto de control fronterizo de la ciudad de Ruili.
Li, quien luce como de unos 60 años, solía vender ropa china a lo largo de la frontera en Muse, una gran fuente de comercio con China. Pero dice que ya casi nadie en su pueblo tiene suficiente dinero.
La junta militar de Myanmar sigue controlando la ciudad, uno de sus últimos reductos en el estado de Shan. Pero las fuerzas rebeldes han tomado otros pasos fronterizos y una zona comercial clave en el camino a Muse.
La situación ha desesperado a la gente, dice Li. Sabe de algunos que han cruzado la frontera con el objetivo de ganar tan sólo 10 yuanes -no mucho más de un dólar- para poder regresar a Myanmar y “alimentar a sus familias”.
La guerra ha restringido gravemente los viajes dentro y fuera de Myanmar, y la mayoría de los relatos proceden ahora de quienes han huido o han encontrado la forma de cruzar las fronteras, como Li.
Imposibilitados de conseguir los permisos de trabajo que les permitirían entrar en China, la familia de Li está atrapada en Mandalay, mientras las fuerzas rebeldes se acercan a la segunda ciudad más grande de Myanmar.
“Siento que me muero de ansiedad”, dice Li. “Esta guerra nos ha traído tantas desgracias. ¿En qué momento acabará todo esto?”.
Zin Aung (nombre que ha sido cambiado), de 31 años, está entre los que lograron salir. Él trabaja en un parque industrial a las afueras de Ruili, que produce ropa, electrónica y piezas de vehículos que se envían a todo el mundo.
Trabajadores como él son reclutados en grandes cantidades desde Myanmar y son trasladados por firmas respaldadas por el gobierno chino que están ávidas de mano de obra barata. Se calcula que ganan unos 2.400 yuanes (US$450 dólares) al mes, lo que es menos que sus colegas chinos.
“Todo el mundo tiene que huir”
“No tenemos nada que hacer en Myanmar a causa de la guerra”, dice Zin Aung. “Todo es caro. El arroz, el aceite de cocina. Se combate intensamente en todas partes. Todo el mundo tiene que huir”.
Sus padres son demasiado mayores para huir, así que él lo hizo. Envía dinero a casa siempre que puede.
Los hombres viven y trabajan en los pocos kilómetros cuadrados del complejo gestionado por el gobierno en Ruili. Zin Aung dice que es un santuario, comparado con lo que dejaron atrás: “La situación en Myanmar no es buena, por eso nos refugiamos aquí”.
Aung también escapó al reclutamiento obligatorio, que el ejército de Myanmar ha estado haciendo cumplir para compensar las deserciones y las pérdidas en el campo de batalla.
Una tarde, cuando el cielo se teñía de escarlata, Zin Aung corría descalzo por el barro hasta un campo empapado por la temporada de lluvias, preparado para otro tipo de batalla: un feroz partido de fútbol.
Birmanos, chinos y el dialecto local de Yunnan se mezclaban mientras los espectadores reaccionaban a cada pase, patada y tiro. Esto es algo cotidiano en su nuevo hogar temporal, una liberación tras un turno de 12 horas en la cadena de montaje.
Muchos de los trabajadores proceden de Lashio, la ciudad más grande del estado de Shan, y de Laukkaing, hogar de familias criminales apoyadas por la junta. Laukkaing cayó en manos de las fuerzas rebeldes en enero y Lashio fue cercada, en una campaña que ha cambiado el curso de la guerra y la participación de China en ella.
Pekín en apuros
Ambas ciudades se encuentran a lo largo del preciado corredor comercial chino y el alto el fuego negociado por Pekín dejó Lashio en manos de la junta. Pero en las últimas semanas, las fuerzas rebeldes han penetrado en la ciudad, convirtiéndose en su mayor victoria hasta la fecha. El ejército ha respondido con bombardeos y ataques de aviones no tripulados, restringiendo las redes de internet y de telefonía móvil.
“La caída de Lashio es una de las derrotas más humillantes en la historia del ejército”, afirma Richard Horsey, asesor en Myanmar del International Crisis Group.
“La única razón por la que los grupos rebeldes no presionaron en Muse es que probablemente temían que eso molestara a China”, afirma Horsey. “Luchar allí habría afectado a las inversiones que China espera reiniciar desde hace meses. El régimen ha perdido el control de casi todo el norte del estado de Shan, con la excepción de la región de Muse, que está justo al lado de Ruili”.
Ruili y Muse, ambas designadas zonas especiales de comercio, son cruciales para la ruta comercial de 1.700 km financiada por Pekín, conocida como el Corredor Económico China-Myanmar. La ruta también apoya las inversiones chinas en energía, infraestructuras y minería de tierras raras, que son cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos.
Pero su núcleo es una línea ferroviaria que conectará Kunming -capital de la provincia de Yunnan- con Kyaukphyu, un puerto de aguas profundas que los chinos están construyendo en la costa occidental de Myanmar.
Este puerto, situado en el golfo de Bengala, permitirá a las industrias de Ruili y sus alrededores acceder al océano Índico y, por ende, a los mercados mundiales. El puerto es también el punto de partida de oleoductos y gasoductos que transportarán energía a través de Myanmar hasta Yunnan.
Pero estos planes están ahora en peligro.
El Presidente Xi Jinping llevaba años cultivando los lazos con su vecino rico en recursos, cuando la líder electa del país, Aung San Suu Kyi, fue obligada a abandonar el poder.
Xi se negó a condenar el golpe y siguió vendiendo armas al ejército. Sin embargo, tampoco reconoció a Min Aung Hlaing como Jefe de Estado, ni le ha invitado a China.
Tres años después, la guerra ha matado a miles y desplazado a millones de personas, pero no se vislumbra el final.
Obligado a luchar en nuevos frentes, el ejército ha perdido desde entonces entre la mitad y dos tercios de Myanmar en favor de una oposición dividida.
Pekín se encuentra en un punto muerto. “No le gusta esta situación” y considera “incompetente” al jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, afirma Horsey. “Están presionando para que se celebren elecciones, no porque necesariamente quieran volver a un régimen democrático, sino más bien porque piensan que es una forma de volver a cómo eran las cosas”.
El régimen de Myanmar sospecha que Pekín juega a dos bandas: mantiene la apariencia de apoyar a la junta mientras sigue manteniendo una relación con los ejércitos étnicos del estado de Shan.
Los analistas señalan que muchos de los grupos rebeldes están utilizando armas chinas. Las últimas batallas son también un resurgimiento de la campaña lanzada el año pasado por tres grupos étnicos que se autodenominaron Alianza de la Hermandad. Se cree que la alianza no habría hecho su jugada sin la aprobación tácita de Pekín.
Sus logros en el campo de batalla supusieron el fin de conocidas familias mafiosas cuyos centros de estafa habían atrapado a miles de trabajadores chinos. Pekín, frustrada desde hace tiempo por el aumento de la ilegalidad en su frontera, valoró su caída, así como de las decenas de miles de sospechosos entregados por las fuerzas rebeldes.
Para Pekín, el peor escenario posible es que la guerra civil se prolongue durante años. Pero también temería un colapso del régimen militar, que podría presagiar un mayor caos.
Aún no está claro cómo reaccionará China ante uno u otro escenario; lo que tampoco está claro es qué más puede hacer Pekín, más allá de presionar a ambas partes para que acepten entablar conversaciones de paz.
Planes en pausa
Esta compleja situación es evidente en Ruili, con kilómetros de tiendas cerradas. Una ciudad que antes se benefició de su situación fronteriza sufre ahora las consecuencias de su proximidad a Myanmar.
Golpeados por algunos de los confinamientos más estrictos de China durante la pandemia, los comercios de la zona sufrieron un nuevo golpe al no reactivarse el tráfico y el comercio transfronterizos.
También dependen de la mano de obra del otro lado, que según varios agentes que ayudan a los trabajadores birmanos a encontrar empleo, se ha detenido. Dicen que China ha endurecido sus restricciones a la contratación de trabajadores del otro lado de la frontera y que también ha deportado a cientos de personas acusadas de estar trabajando ilegalmente.
El propietario de una pequeña fábrica, que no quiso ser identificado, dijo a la BBC que las deportaciones significaban que su “negocio no va a ninguna parte… y no hay nada que yo pueda cambiar”.
La plaza junto al puesto de control está llena de jóvenes trabajadores, entre ellos madres con sus bebés, que esperan a la sombra. Muestran su documentación para asegurarse de que tienen lo necesario para conseguir un empleo. Los que lo consiguen reciben un pase que les permite trabajar hasta una semana o ir y venir entre los dos países, como Li.
“Espero que algunas buenas personas puedan decir a todas las partes que dejen de pelearse”, dice Li. “Si no hay nadie en el mundo que nos defienda, es realmente trágico”.
Li sostiene que a menudo su entorno le asegura que los combates no estallarán demasiado cerca de China. Pero no está convencida: “Nadie puede predecir el futuro”.
Por ahora, Ruili es una opción más segura para ella y Zin Aung. Entienden que su futuro está en manos chinas, al igual que los chinos.
“Tu país está en guerra”, le dice un turista chino a un vendedor de jade de Myanmar con el que regatea precios en el mercado. “Tú sólo toma lo que yo te doy”.
