Luto por las leyes pesqueras: Oceana México protesta frente al Senado por reforma que tome en cuenta a pescadores
Frente al Senado mexicano cuatro ataúdes de cartón fueron colocados en protesta de leyes justas para el sector pesquero. Con la imagen de cuatro especies de pescado comerciales en deterioro, integrantes de la organización Oceana México llamaron a las y los legisladores para tener leyes justas e incluir a las y los pescadores en las decisiones.
Los ataúdes colocados frente al Senado fueron acompañados con la imagen de especies de pescados como: mero, atún aleta azul, huachinango y róbalo, que actualmente se encuentran en deterioro.
Con la leyenda “sin leyes justas, la pesca muere”, los manifestantes advirtieron del abandono al sector pesquero en décadas.
Oceana México es una organización dedicada a la defensa de los océanos y las comunidades pesqueras en el país.
La manifestación pacífica frente al Senado fue una representación simbólica de la muerte que el sector pesquero ha padecido. Por ello, la acción de esta mañana es un llamado urgente para que las y los legisladores tomen esta oportunidad para revertir ese rezago con reformas que beneficien a las y los pescadores.
Nancy Gocher Padilla, campañista en Oceana México, señaló que esta acción afuera del Senado es un llamado para las y los legisladores como una oportunidad histórica para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura.
“Hacemos un llamado a las y los legisladores para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura y así, obligar a la Conapesca para que recupere especies pesqueras que están en peligro o en deterioro”, dijo Gocher Padilla en entrevista para Animal Político.
Conapesca debe actuar
En México la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) es la encargada de velar y regular la pesca y acuicultura del país. Sin embargo, en los últimos años, el país se encuentra frente a grandes desafíos para el sector.
Cifras presentadas por Oceana estiman que 40% de la pesca es ilegal; mientras que el 34% de las pesquerías están en deterioro.
De acuerdo con la organización, la Carta Nacional Pesquera y el presupuesto de las instituciones clave para el sector pesquero, como la Conapesca y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas), se ha reducido en un 24% y 32% respectivamente de 2018 a 2024.
La Carta Nacional Pesquera es un documento en el que se indican las estrategias y acciones que se deben seguir para regular la pesca en México.
Hasta el 2023, en dicho documento se habían publicado 51 fichas pesqueras de las principales especies marinas, costeras y de aguas continentales de importancia comercial, en las que se consideran cambios sustanciales a las condiciones de la pesquería, el estatus de las poblaciones o la normatividad que regula su aprovechamiento.
Oceana denuncia que desde el 2007, año en que se creó la Ley General de Pesca y Acuacultura, no han existido reformas sustantivas que mejoren las condiciones de los más de dos millones de personas que dependen de la pesca.
“De la nueva Conapesca se espera colaboración y que puedan tejer estrategias a mediano y largo plazo para que [pescadores y pescadoras] sigan teniendo pesca y así, seguir teniendo un sustento”, señaló Gocher Padilla.
Sin pescadores, no hay leyes
Como parte de las acciones que la organización ha emprendido por el sector pesquero se encuentra la demanda contra el Congreso de la Unión por omisión legislativa, la cual presentaron en el años 2022.
El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por posibles violaciones a los derechos fundamentales a un medio ambiente sano y a la alimentación. Ante esto, grupos de pescadores y pescadoras, al igual que organizaciones respaldaron esta acción y se sumaron a la demanda de una ley que proteja las pesquerías.
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Hasta ahora, la resolución del juicio continúa pendiente.
Gocher Padilla señaló que los pescadores esperan que se les escuche y se trabaje de la mano con ellos y esperan que ninguna decisión al rededor de la pesca se tome sin consultar antes al sector pesquero
“Ellas y ellos lo que quieren es ser parte de esta reforma de recuperación pesquera porque sufren cuando las especies pesqueras están en deterioro y dejan de existir ya que tienen que ir más lejos, pescan menos y los ingresos se ven disminuidos”, añadió.
En México las herramientas que regulan y protegen la pesca en el país son la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas, Reglamento de la Ley de Pesca.
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Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Ciudadanos sin voto en Puerto Rico
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
Cuál es la situación actual en Puerto Rico
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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