
2026 será el año en que México regule la muerte digna. La predicción es de Samara Martínez, la paciente con una enfermedad terminal que se ha convertido en el rostro de la Ley Trasciende, iniciativa que busca legalizar la eutanasia en el país.
Desde hace meses, Samara Martínez es la principal voz del debate sobre la muerte digna en México. Su activismo es un llamado a la acción legislativa con base en la empatía. A diferencia de los intentos previos para legislar sobre el tema desde 2002, como señala ella misma, esta iniciativa surge directamente de quien vive con una enfermedad sin cura.

“Yo estoy segura, no me preguntes cómo, sólo estoy segura, de que se va a lograr porque he visto el trabajo, he visto el apoyo, he visto la apertura”, destaca en entrevista.
La Ley Trasciende no es una propuesta diseñada desde “el privilegio de tener salud”, dice la propia Samara Martínez. Es una discusión promovida por una persona que a sus 30 años de edad, y durante más de una década, ha afrontado trasplantes, hospitalizaciones constantes y que cada día se somete 10 horas a una diálisis peritoneal para continuar con vida.
“Es la primera vez que un paciente alza la voz ante la necesidad de decir: ‘oigan, me voy a morir porque me queda tanto tiempo de vida y no quiero morir como he visto morir a muchos de mis compañeros’, y eso cambia el discurso narrativo totalmente, porque ya no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad”.
Periodista, investigadora y activista, Samara Martínez fundó el primer grupo de apoyo emocional para personas con enfermedades crónicas y sus familias en Chihuahua, llamado Hemodiálogos, por lo que fue reconocida con el Premio Estatal de la Juventud.
La joven, que padece insuficiencia renal y lupus, destaca que es la primera persona en México que como paciente terminal habla de la eutanasia de manera pública y con claridad, en plenitud de sus capacidades mentales.

Como parte de su activismo que lleva al menos tres años, Samara Martínez se ha entrevistado con legisladores de distintos partidos políticos para empujar la reforma a la Ley General de Salud y lograr que pacientes que enfrenten una enfermedad en etapa terminal o crónico degenerativa discapacitante, sin posibilidad de cura, puedan decidir sobre el final de sus vidas.
El 19 de noviembre de 2025, fue ingresada de manera formal en el Senado la iniciativa de la Ley Trasciende, redactada por Samara Martínez y respaldada por integrantes de cinco de los seis grupos parlamentarios —sólo el PAN se mantuvo al margen—. En un acto público, senadores se comprometieron a empujar la reforma.
Paralelamente, legisladores de ambas Cámaras le han manifestado a Samara su compromiso para impulsar la iniciativa. Entre ellos se encuentran José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado; Pedro Zenteno, su homólogo en la Cámara de Diputados; y el coordinador morenista en San Lázaro Ricardo Monreal.
El compromiso de los legisladores es que a partir de febrero, cuando inicie el siguiente periodo, se dé pie a un parlamento abierto en el que participen especialistas de los campos médico, bioético y tanatológico para nutrir la propuesta. Con los ajustes hechos, a partir de septiembre se iniciaría el debate y eventual votación de la iniciativa en el pleno del Senado.
La activista destaca la importancia de que su propuesta no quede estancada en la burocracia legislativa, más allá de si es aprobada: “Yo preferiría, te soy muy honesta, que llegue y se vote, aunque se vote en contra, a que se quede en la congeladora.”

El movimiento que encabeza Samara Martínez tiene un respaldo de más de 140 mil firmas en el portal Change.org.
El apoyo, recuerda Samara Martínez, va más allá de esa plataforma. En la Segunda Encuesta Nacional de Opinión realizada por la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, siete de cada 10 personas están a favor de que si un paciente se encuentra en la fase terminal de su enfermedad con un sufrimiento que ya no se puede evitar pueda adelantar su muerte y que las leyes deberían ser modificadas para ello.
“Cuando una enfermedad incurable llega a tu vida y ves que va avanzando y que se va deteriorando el cuerpo, sí o sí lo piensas. No lo dices en voz alta porque obviamente el estigma social, la parte religiosa, obviamente, también en nuestro país pesa muchísimo y hay muchos factores sociales que te hacen quedarte callado…”.
“Yo te preguntaría, espero que no, pero: ¿si a ti o si a alguno de tus familiares te llega a pasar que ya hiciste todo y no hay más que vivir conectado a una máquina a sabiendas que no te da vida, solo te prolonga y probablemente eso te terminará matando, no te gustaría tener el derecho? Pero eso no lo entiendes hasta que no lo vives”, cuestiona la activista.
Samara Martínez finaliza con una pregunta directa a los legisladores: “¿Qué les hace falta para legislar a favor de la autonomía humana?Cuando algo les urge, tú sabes en cuánto puede pasar una ley. En semanas. En mi cabeza… no me cabe la idea de por qué esto no debe ser de urgencia cuando en el momento en que tú y yo estamos hablando hay alguien que está sufriendo y probablemente muriendo en un hospital“.

La propuesta de la reforma es derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud que prohibe la eutanasia y la clasifica como “homicidio por piedad”, con lo cual impide a las personas ejercer su autonomía sobre el final de su vida
El principal cambio jurídico es la derogación del artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que hoy prohíbe la eutanasia, bajo el concepto de “homicidio por piedad”, y remite a las sanciones del Código Penal Federal.
La iniciativa propone añadir el término “eutanasia” a la Ley General de Salud, para establecer definiciones, principios, requisitos y procedimientos y regular oficialmente el acceso a una muerte digna, con características específicas.
Ser mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales al momento de la solicitud, tener un diagnóstico confirmado por dos médicos de una enfermedad terminal o un padecimiento crónico-degenerativo discapacitante y amenazante para la salud sin posibilidad de cura.
La persona solicitante deberá haber recibido información completa sobre su diagnóstico, así como las alternativas terapéuticas y opciones de cuidados paliativos disponibles. Su voluntad deberá ser formalizada por escrito ante un notario público, ante quien se deberá confirmar la solicitud cinco días después.
Sigue leyendo: Ley Trasciende: ¿qué busca la iniciativa ciudadana sobre la legalización de la eutanasia en México?
En escenarios como el de enfermedades mentales degenerativas, como el Alzheimer, la iniciativa propone que una persona, en pleno uso de sus facultades, pueda designar a un “gestor de voluntad anticipada”, quien quedaría facultada para realizar los trámites correspondientes si el solicitante pierde la capacidad de decidir por sí mismo en el futuro.
La Ley Trasciende reconoce el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico que no desee participar en el procedimiento, pero las instituciones de salud públicas deberán contar con personal no objetor disponible para atender la voluntad del solicitante en máximo dos días.

El presidente de EU afirmó que las empresas petroleras de su país invertirán miles de millones en la producción petrolera venezolana, pero el dinero no es el único problema que tendrán.
Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. “administrará” el país hasta que haya una transición “segura”.
El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.
Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la “muy dañada” infraestructura petrolera y “empezarán a generar dinero para el país”.
Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que costará miles de millones y tomará hasta una década para lograr una producción significativa de petróleo.
Así que, ¿podrá realmente EE.UU. tomar control de las reservas de petróleo de Venezuela? Y ¿funcionará el plan de Trump?
Con aproximadamente 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo.
Pero la cantidad de crudo que el país produce actualmente es diminuta en comparación con esta riqueza.
La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el otrora presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro reforzaron su control sobre la empresa estatal PDVSA, lo que provocó un éxodo de su personal más capacitado.
Aunque varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han contraído significativamente a medida que Washington amplió las sanciones e interceptó las exportaciones de crudo con miras a restringir el acceso de Maduro a una fuente económica clave.
Las sanciones -primero aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por supuestas violaciones de derechos humanos- también han dejado a Venezuela descontentada de inversiones y repuestos necesarios para esta industria.
“El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura”, comenta Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec (empresa Anglo-Sudafricana bancaria y de gestión de patrimonio internacional).
En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía.
Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.
Las reservas del país están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”. Es difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina.
En anticipación de los ataques y captura de Maduro, EE.UU. también incautó dos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados.
Homayoun Falakshahi, principal analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, indica que los obstáculos clave para las empresas de petróleo que esperan explotar las reservas venezolanas son legales y políticos.
En conversación con la BBC, el analista dijo que quienes esperan perforar en Venezuela tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que no será posible hasta que haya un sucesor de Maduro en funciones.
Para Falakshahi, las empresas estarían entonces arriesgando miles de millones de inversiones en la estabilidad de un futuro gobierno venezolano.
“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, concluyó.
Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.
Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares -y potencialmente una década- para restablecer la producción anterior de Venezuela.
Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, señaló que los planes de Trump tendrían un impacto limitado en el suministro global y, por ende, en el precio del crudo.
Opinó que hay “una enorme cantidad de obstáculos que librar y el plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo” que los precios del crudo en 2026 verían muy poco cambio.
Shearing vaticinó que las firmas no invertirían hasta que un gobierno estable estuviera instalado en Venezuela, y los proyectos no tendrían rendimiento por “muchos, muchos años”:
“El problema siempre han sido las décadas de inversión insuficiente, el mal manejo y los altos costos de extracción”.
El analista añadió que aunque el país regresara a los niveles anteriores de producción de unos tres millones de barriles diarios, todavía continuaría por debajo de los 10 principales productores mundiales.
Además, Shearing resaltó la alta producción de los países de la OPEP+, diciendo que el mundo actualmente “no está sufriendo de una escasez de petróleo”.
El antiguo director ejecutivo de BP (British Petroleum) John Browne comentó a BBC News que la reactivación de la industria petrolera de Venezuela era un “proyecto a muy largo plazo”.
“La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear todos los recursos, particularmente el material y el personal, toma muchísimo tiempo”.
Mientras que podría haber un “alza rápida” de alguna producción, Browne indicó que el volumen podría de hecho disminuir mientras la industria se reorganiza.
Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022, a pesar de las sanciones de EE.UU.
La compañía, actualmente responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano, informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y está cumpliendo “con todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Las otras grandes firmas petroleras han mantenido silencio público de sus planes hasta ahora, y sólo Chevron ha abordado la situación.
Pero Falakshahi piensa que los jefes de las petroleras estarán conversando internamente sobre si tomar provecho de la oportunidad.
“El apetito de ir a alguna parte esta vinculado a dos factores principales, la situación política y los recursos sobre el terreno”, expresó.
A pesar de la enormemente incierta situación política, Falakshahi concluyó que “la ganancia potencial podría considerarse demasiado grande de eludir”.
John Browne sostuvo que las compañías querrán involucrarse porque “tener opciones de negocio en diferentes partes del mundo es algo bueno”.
“Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía… vas a querer involucrarte muy rápidamente”.
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