“Este año se va a lograr”: Ley Trasciende, la lucha de Samara por legalizar la eutanasia en México
2026 será el año en que México regule la muerte digna. La predicción es de Samara Martínez, la paciente con una enfermedad terminal que se ha convertido en el rostro de la Ley Trasciende, iniciativa que busca legalizar la eutanasia en el país.
Desde hace meses, Samara Martínez es la principal voz del debate sobre la muerte digna en México. Su activismo es un llamado a la acción legislativa con base en la empatía. A diferencia de los intentos previos para legislar sobre el tema desde 2002, como señala ella misma, esta iniciativa surge directamente de quien vive con una enfermedad sin cura.
“Yo estoy segura, no me preguntes cómo, sólo estoy segura, de que se va a lograr porque he visto el trabajo, he visto el apoyo, he visto la apertura”, destaca en entrevista.
La Ley Trasciende no es una propuesta diseñada desde “el privilegio de tener salud”, dice la propia Samara Martínez. Es una discusión promovida por una persona que a sus 30 años de edad, y durante más de una década, ha afrontado trasplantes, hospitalizaciones constantes y que cada día se somete 10 horas a una diálisis peritoneal para continuar con vida.
“Es la primera vez que un paciente alza la voz ante la necesidad de decir: ‘oigan, me voy a morir porque me queda tanto tiempo de vida y no quiero morir como he visto morir a muchos de mis compañeros’, y eso cambia el discurso narrativo totalmente, porque ya no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad”.
Periodista, investigadora y activista, Samara Martínez fundó el primer grupo de apoyo emocional para personas con enfermedades crónicas y sus familias en Chihuahua, llamado Hemodiálogos, por lo que fue reconocida con el Premio Estatal de la Juventud.
La joven, que padece insuficiencia renal y lupus, destaca que es la primera persona en México que como paciente terminal habla de la eutanasia de manera pública y con claridad, en plenitud de sus capacidades mentales.
Trabajo con legisladores
Como parte de su activismo que lleva al menos tres años, Samara Martínez se ha entrevistado con legisladores de distintos partidos políticos para empujar la reforma a la Ley General de Salud y lograr que pacientes que enfrenten una enfermedad en etapa terminal o crónico degenerativa discapacitante, sin posibilidad de cura, puedan decidir sobre el final de sus vidas.
El 19 de noviembre de 2025, fue ingresada de manera formal en el Senado la iniciativa de la Ley Trasciende, redactada por Samara Martínez y respaldada por integrantes de cinco de los seis grupos parlamentarios —sólo el PAN se mantuvo al margen—. En un acto público, senadores se comprometieron a empujar la reforma.
Paralelamente, legisladores de ambas Cámaras le han manifestado a Samara su compromiso para impulsar la iniciativa. Entre ellos se encuentran José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado; Pedro Zenteno, su homólogo en la Cámara de Diputados; y el coordinador morenista en San Lázaro Ricardo Monreal.
El compromiso de los legisladores es que a partir de febrero, cuando inicie el siguiente periodo, se dé pie a un parlamento abierto en el que participen especialistas de los campos médico, bioético y tanatológico para nutrir la propuesta. Con los ajustes hechos, a partir de septiembre se iniciaría el debate y eventual votación de la iniciativa en el pleno del Senado.
La activista destaca la importancia de que su propuesta no quede estancada en la burocracia legislativa, más allá de si es aprobada: “Yo preferiría, te soy muy honesta, que llegue y se vote, aunque se vote en contra, a que se quede en la congeladora.”
Respaldo ciudadano y estigma social
El movimiento que encabeza Samara Martínez tiene un respaldo de más de 140 mil firmas en el portal Change.org.
El apoyo, recuerda Samara Martínez, va más allá de esa plataforma. En la Segunda Encuesta Nacional de Opinión realizada por la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, siete de cada 10 personas están a favor de que si un paciente se encuentra en la fase terminal de su enfermedad con un sufrimiento que ya no se puede evitar pueda adelantar su muerte y que las leyes deberían ser modificadas para ello.
“Cuando una enfermedad incurable llega a tu vida y ves que va avanzando y que se va deteriorando el cuerpo, sí o sí lo piensas. No lo dices en voz alta porque obviamente el estigma social, la parte religiosa, obviamente, también en nuestro país pesa muchísimo y hay muchos factores sociales que te hacen quedarte callado…”.
“¿No te gustaría tener ese derecho?”
“Yo te preguntaría, espero que no, pero: ¿si a ti o si a alguno de tus familiares te llega a pasar que ya hiciste todo y no hay más que vivir conectado a una máquina a sabiendas que no te da vida, solo te prolonga y probablemente eso te terminará matando, no te gustaría tener el derecho? Pero eso no lo entiendes hasta que no lo vives”, cuestiona la activista.
Samara Martínez finaliza con una pregunta directa a los legisladores: “¿Qué les hace falta para legislar a favor de la autonomía humana?Cuando algo les urge, tú sabes en cuánto puede pasar una ley. En semanas. En mi cabeza… no me cabe la idea de por qué esto no debe ser de urgencia cuando en el momento en que tú y yo estamos hablando hay alguien que está sufriendo y probablemente muriendo en un hospital“.
De qué va la Ley Trasciende
La propuesta de la reforma es derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud que prohibe la eutanasia y la clasifica como “homicidio por piedad”, con lo cual impide a las personas ejercer su autonomía sobre el final de su vida
El principal cambio jurídico es la derogación del artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que hoy prohíbe la eutanasia, bajo el concepto de “homicidio por piedad”, y remite a las sanciones del Código Penal Federal.
La iniciativa propone añadir el término “eutanasia” a la Ley General de Salud, para establecer definiciones, principios, requisitos y procedimientos y regular oficialmente el acceso a una muerte digna, con características específicas.
¿Quiénes podrían solicitar la eutanasia?
Ser mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales al momento de la solicitud, tener un diagnóstico confirmado por dos médicos de una enfermedad terminal o un padecimiento crónico-degenerativo discapacitante y amenazante para la salud sin posibilidad de cura.
La persona solicitante deberá haber recibido información completa sobre su diagnóstico, así como las alternativas terapéuticas y opciones de cuidados paliativos disponibles. Su voluntad deberá ser formalizada por escrito ante un notario público, ante quien se deberá confirmar la solicitud cinco días después.
Sigue leyendo: Ley Trasciende: ¿qué busca la iniciativa ciudadana sobre la legalización de la eutanasia en México?
En escenarios como el de enfermedades mentales degenerativas, como el Alzheimer, la iniciativa propone que una persona, en pleno uso de sus facultades, pueda designar a un “gestor de voluntad anticipada”, quien quedaría facultada para realizar los trámites correspondientes si el solicitante pierde la capacidad de decidir por sí mismo en el futuro.
La Ley Trasciende reconoce el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico que no desee participar en el procedimiento, pero las instituciones de salud públicas deberán contar con personal no objetor disponible para atender la voluntad del solicitante en máximo dos días.
Relacionado
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
