Por omisiones de la Defensoría Pública, juzgado desecha amparo de mujeres del Cefereso 16 que buscaban atención psicológica
Un juez desechó un amparo con el que 42 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos buscaban atención médica psicológica después de que se registraron presuntos suicidios cometidos dentro del penal.
La resolución de Salvador Flores Martínez, juez sexto de distrito en el Estado de Morelos, determinó que hubo omisiones por parte del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), entre ellas, que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP no presentó “peticiones administrativas”.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, dichas peticiones son un mecanismo de control a través del cual las personas privadas de su libertad, sus familiares o sus defensores públicos pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria las omisiones que, a su vez, hayan cometido respecto a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos, cosa que el IFDP no hizo.
¿Qué ocurrió en el Cefereso 16 de Morelos?
En octubre de 2023, Animal Político y la organización CEA Justicia Social presentaron El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos donde se detalla cómo una intoxicación masiva en el Cefereso 16 exhibió graves violaciones a derechos humanos de las internas y con ello el traslado de cientos de ellas -ordenado desde el Gobierno Federal- desde otros estados del país para llenar esta cárcel privada, alejándolas de sus familias y defensa legal.
Un mes después, en noviembre de 2023, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre 8 supuestos suicidios de mujeres privadas de la libertad ocurridos dentro del Cefereso 16, mejor conocido como “CPS Femeninos de Morelos”.
A través de una nota informativa, la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez informó que la Fiscalía General del Estado de Morelos ya se encargaba de las investigaciones para determinar la causa de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, días después, el IFDP pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los supuestos suicidios ocurridos en el Cefereso 16 como feminicidios, pues señaló que al ser hechos violentos cometidos dentro de una cárcel exclusiva para mujeres se debían indagar los fallecimientos bajo el protocolo de este delito.
Según el organismo, la petición se dio luego de que el 28 de noviembre realizaron una visita al penal para documentar las condiciones en las que se encuentran las mujeres, principalmente en temas de salud mental, día en el que ocurrió un caso más de presunto suicidio.
Dos meses después, el 9 de enero de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que mencionó que 13 mujeres fueron las que cometieron suicidio dentro del Cefereso 16 de Morelos, mismas que no recibieron atención psicológica previa.
Además, concluyó que hubo una “inadecuada” investigación en los casos por parte de la Fiscalía de Morelos, por lo que los casos pasaron a la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer avances.
¿Por qué el juez desechó el amparo?
El 1 de diciembre de 2023, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura interpuso una demanda de amparo en favor de 42 mujeres del Cefereso 16 reclamando la actuación omisa y las fallas en la operación, supervisión, coordinación y diseño institucional que a su consideración han impactado en la falta de atención médica, psicológica y psiquiátrica, con perspectiva psicosocial, para las internas de dicho penal.
Sin embargo, en su resolución, el juez Flores Martínez señaló que entre las fallas del IFDP también se encuentran que utilizó la expresión “la omisión de garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la salud” de las internas, lo que al parecer del juez se trató de expresiones “calificativas” por parte de la Secretaría Técnica, pero no a “dichos actos y omisiones en particular”.
Sobre las llamadas “peticiones administrativas”, que pueden tramitarse con carácter de no urgentes y urgentes, el juez concluyó que no se encontró “constancia o manifestación” de la que se pudiera concluir que la Secretaría Técnica promoviera dicho mecanismo de control ante la autoridad penitenciaria, por lo que determinó desechar la demanda de amparo promovida por dicho órgano.
“El citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de la libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotarse dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida”, señala la sentencia.
Animal Político buscó al IFDP e informó que impugnarán la resolución del juez ante un Tribunal Colegiado, quien resolverá si confirma la resolución o la revoca.
CEA pide atención médica y legal para las internas
La organización CEA Justicia Social presentó una solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar al Estado mexicano atención médica, asistencia legal y supervisión internacional para las reclusas.
La atención médica es con el objetivo de garantizar servicios médicos generales y especializados, suficientes, continuos y permanentes para las mujeres privadas de libertad; la asistencia legal para pedir presencia continua de las personas defensoras públicas del IFDP en el penal para la prestación de servicios legales a la totalidad de las mujeres.
Mientras que la supervisión internacional es para que el Estado invite y facilite a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México el ingreso al penal, en cualquier momento y con la mayor libertad posible, para documentar las condiciones de internamiento de las internas.
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Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
“Nos han quitado a todos los hombres”
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Siete años por deserción
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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