Juan Collado, el abogado de priistas, empresarios y exfuncionarios señalados por corrupción
Este 9 de julio autoridades federales confirmaron la detención de Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de larga trayectoria que ha defendido a personajes de la política mexicana señalados por actos de corrupción, y a quien se le investiga por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El abogado fue capturado después de haberse encontrado con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los personajes cercanos a Collado.
En junio de 2018, el diario Reforma dio a conocer que el líder sindical construía una mansión de 6.4 millones de dólares en Acapulco, Guerrero. En respuesta, Romero Deschamps reconoció que visitaba la propiedad, que en ese entonces estaba en ampliación, pero que el propietario era Juan Collado.
“Si bien es cierto que he acudido al inmueble de referencia en diversas ocasiones, inclusive en compañía de otras personas, esto ha sido a invitación del Lic. Juan Ramón Collado Mocelo quien es el propietario del citado inmueble”, señaló al diario.
Hijo del jurista José Ramón Collado Amieva, heredó la cadena de casas de empeño Prenda Oro, detalló el semanario Proceso.
La boda que reunió a sus clientes
Collado, quien egresó en 1991 de la carrera de derecho en la Universidad Panamericana, de acuerdo con la página de información judicial Búho Legal, cuenta en su historial con clientes como el expresidente Enrique Peña Nieto, de quien llevó su divorcio con la actriz Angélica Rivera, según la revista Quién.
De hecho, el vínculo es también personal, pues el exmandatario fue invitado a la boda de María del Mar Collado, hija del abogado, con Gonzalo Zabala en Jajalpa, Estado de México.
Peña Nieto fue retratado junto con su pareja, Tania Ruiz Eichelmann, así como con Raúl Salinas de Gortari, el gobernador Alfredo del Mazo, Romero Deschamps y exfuncionarios públicos.
Al evento incluso acudieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hecho que provocó acusaciones de conflicto de interés, pues ambos participaban en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general del PRI condenado por el desvío de recursos públicos.
El gobierno de Chihuahua, quien se confrontó con la administración federal por el caso, acusó “conflicto de intereses”, tras la publicación de las fotografías de la boda a la que acudió Peña Nieto, y quien fue encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
Collado y Asociados
Junto con su hermano Antonio, Juan es socio del despacho Collado & Asociados, el cual ha estado cercano a la familia Salinas de Gortari.
En 2005, Collado fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, cuando fue acusado del asesinato del exsubprocurador de PGR Mario Ruiz Massieu, así como por lavado de dinero; al final del proceso fue absuelto.
Un año antes, el abogado defendió al empresario Carlos Ahumada, dueño del Grupo Quart, quien fue encarcelado por fraude genérico en 2004, luego de que se dieron a conocer dos videos en los que entregó fajos de billetes al entonces secretario particular de López Obrador, René Bejarano.
También llevó la defensa de Eduardo Fernández, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para enfrentar el cargo de lavado de dinero, de acuerdo con Reforma.
En 2001, el abogado representó al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien nueve años después fue encarcelado y sentenciado por lavado de dinero y delitos contra la salud.
En enero de 2017, el exmandatario estatal fue repatriado de Estados Unidos, para cumplir una sentencia de 22 años impuesta por un juez federal por delitos contra la salud; hoy permanece en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde es atendido por problemas de salud.
Villanueva Madrid fue acusado de brindar protección a Alcides Ramón Magaña, el Metro, quien era señalado como presunto dirigente de un grupo criminal de Cancún y operador de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
Incluso, el exgobernador pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para obtener la libertad, tras 18 años de reclusión.
De acuerdo con Proceso, también asesoró temporalmente a los exgobernadores priistas Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y a Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, quienes actualmente están en prisión.
Según la revista Clase, Juan Collado ha estado casado en tres ocasiones; primero con María del Mar Dot Bohigas, con quien tuvo dos hijos: Juan Collado y Mar Collado.
Posteriormente contrajo matrimonio con la actriz Leticia Calderón, con quien tuvo dos hijos más: Luciano y Carlos; actualmente está casado con la actriz Yadhira Carrillo.
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Los expertos señalan que el nacimiento de nuevas islas en el Amazonas requiere una reevaluación de las fronteras entre Colombia y Perú.
“El gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia”.
La frase la escribió este martes el presidente colombiano Gustavo Petro en X y de inmediato sorprendió a Perú.
“Hemos leído con sorpresa estos escritos que se le atribuyen a Gustavo Petro. Lamentamos esto porque claramente el presidente no ha sido debidamente informado en estos asuntos”, le dice a BBC Mundo el canciller de Perú Elmer Schialer.
Con “estos asuntos”, Schialer se refiere a la soberanía sobre la isla de Santa Rosa.
Esta es una pequeña formación en medio del río Amazonas, emergida en la segunda mitad del siglo XX y habitada por alrededor de 3.000 personas, que Lima considera suya en un reclamo que Colombia disputa.
Como Santa Rosa, varias islas han emergido en los últimos años en la frontera colombo-peruana, definida desde hace un siglo por el cauce más profundo del Amazonas.
Expertos internacionalistas consultados por BBC Mundo concuerdan en que son “islas de nadie” al menos hasta que ambos países no reevalúen binacionalmente sus dominios, ya que cuando Colombia y Perú definieron sus límites estas formaciones no existían.
El pasado mes de junio, el Congreso peruano aprobó “la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto” en la isla Santa Rosa.
Este martes, además de expresar su rechazo frente a ello, el presidente Petro anunció que trasladaría la conmemoración de la Batalla de Boyacá, clave para la independencia de Colombia en el siglo XIX, a Leticia, la capital amazónica colombiana situada a pocos metros de la isla en disputa.
Frontera viva
En 1922, Colombia y Perú firmaron un tratado fronterizo en el cual definieron sus límites en el Amazonas.
“Se dividió el trazado del río entre los dos Estados no por la mitad, sino por el mejor surco navegable, el más profundo”, le explica a BBC Mundo Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Colombia.
Aquel tratado, según el historiador colombiano Felipe Arias Escobar, creó rechazo en ambos lados, dando lugar a la guerra colombo-peruana de 1932 que acabó con la ratificación del acuerdo firmado en 1922.
“Es un conflicto al servicio del nacionalismo que en su momento sirvió para afianzar la identidad nacional”, le dice Arias Escobar, de la Universidad Pontificia Javeriana, a BBC Mundo.
Perú y Colombia comparten 116 kilómetros de río Amazonas.
“Cuando se firmó el tratado, frente a Leticia, solo existían dos islas, la de Ronda y otra que ha crecido y se ha expandido, Chinería”, complementa para BBC Mundo Santiago Duque, profesor de limnología por la Universidad Nacional de Colombia.
Es decir, la frontera entre Colombia y Perú es una frontera viva, cambiante, que ambos países deben revisar cada cierto tiempo.
El problema es que llevan años sin hacerlo.
Mientras, la frontera cambió, con bultos de sedimento provenientes de los Andes y arrastrados por el río que se convirtieron en nuevos territorios que aún está por definir a qué país pertenecen.
Arévalo defiende que la postura más lógica es que una comisión binacional se reactive para la inspección de la frontera y que “ni Perú ni nadie saque una ley que diga unilateralmente que una isla es suya”.
“Es el momento para que los países se sienten a revisar la nueva situación geográfica y tomen decisiones. Hay más de siete islas nuevas, entre ellas Santa Rosa”, añade Duque.
Qué dicen Perú y Colombia
Perú defiende que la circunscripción de Santa Rosa se encuentra bajo su soberanía y juridiscción.
“El pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada al Perú en 1929”, dijo el gobierno peruano en un comunicado emitido este martes.
En la misma línea se pronunció el canciller de Perú, quien defiende que aunque se mueva el surco más profundo del río Amazonas “no significa que se mueva la frontera”.
“Una de las islas que se le asignó a Perú fue Chinería y, por los años 50, el río escinde una parte que luego se llamó isla Santa Rosa. No nació ni surgió, sino que formaba parte de Chinería”, le afirma Schialer a BBC Mundo.
“Lo que pasa es que ese surco del río luego se secó y se reintegró a Chinería. No solamente Santa Rosa fue peruana, sino que sigue siendo peruana”, añade el canciller.
Desde 1970, dice el diplomático, se fueron construyendo una escuela, una oficina de migración y otra de administración de aduana sin que “nunca dijeran nada los colombianos”.
“No debemos preguntar a una nación amiga lo que podemos hacer o no en nuestro territorio”, resume Schialer.
La Cancillería de Colombia, sin embargo, anunció este martes que ha presentado contundentes notas de protesta al gobierno peruano para solicitar la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera colombo-peruana (COMPERIF).
Según este ministerio, “con el fin de que, basados en una metodología de asignación, se decida sobre la soberanía de las islas surgidas en el curso del río Amazonas después de 1929”.
“Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de islas y ha reiterado la posición de que la ‘Isla de Santa Rosa’ no ha sido asignada al Perú”, dice el comunicado.
Petro, por su parte, dice que Perú está cometiendo una acción “unilateral y violatoria” que puede “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”.
El presidente colombiano argumentó que “han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”.
“El gobierno usará, antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”, añadió.
El problema de Leticia
Leticia está ante un desafío mayúsculo.
A causa de la sedimentación, la deforestación y el cambio climático, el Amazonas frente a la ciudad está perdiendo caudal y desviándose hacia territorio peruano.
Un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional alertó recientemente sobre el riesgo de que Colombia pueda perder su conexión fluvial más importante.
“Un modelo desarrollado por la Armada Nacional anticipaba desde hace varios años que, para 2030, el río Amazonas podría dejar de pasar frente a Leticia durante la mayor parte del año (…) Hoy el modelo es una realidad”, dice el estudio.
“Si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico; son culturales, económicas y territoriales”, se pronunció al respecto la profesora Lilian Posada García, involucrada con las investigaciones.
Petro teme que las acciones de Perú en Santa Rosa y Chinería, de algún modo, “hagan desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”, según expresó en X.
Al preguntarle por esta preocupación, el canciller de Perú le aseguró a BBC Mundo que utilizarían las vías diplomáticas y de colaboración entre los países para, “efectivamente, ayudar al pueblo”.
Las alertas de los expertos
A menudo, diversos analistas tildan de “maniobras de distracción” o “intentos de imponer la agenda” varias de las declaraciones o jugadas de Petro, sin que necesariamente indiquen un objetivo más allá del efecto mediático.
Sin embargo, Sandra Borda, experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia, le dice a BBC Mundo que “ya desde el año pasado había gente en la Cancillería alertando a Petro sobre esta situación”.
“Desconozco por qué decide sacar el tema ahora, porque es un asunto serio. Colombia corre el riesgo de que Leticia quede sin acceso al río, lo cual, estratégicamente, es fatal para el país”, dice la especialista.
En julio de 2024, el entonces director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, señaló que la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera amazónica, “no pertenecería al Perú” y “estaría ocupada irregularmente”, tras lo cual desconoció la autoridad del alcalde de Santa Rosa, el peruano Iván Yovera.
Por esa razón, el gobierno de Perú protestó ante el encargado de Negocios de Colombia en Lima y reafirmó “los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa”.
El entonces ministro peruano de Exteriores, Javier González-Olaechea, dio por cerrada la discusión el 15 de julio de 2024 al manifestar su “satisfacción” por la respuesta del gobierno de Colombia a la protesta que emitió su país.
Gustavo Petro y su contraparte peruana, Dina Boluarte, han sufrido importantes idas y venidas.
Tras la destitución de Pedro Castillo del gobierno peruano y la llegada de Boluarte en 2022 como presidenta constitucional hasta el fin del mandato en 2026, Petro criticó la legitimidad de la nueva presidenta, lo cual originó un conflicto diplomático que desembocó en la retirada mutua de sus embajadores en ambos países.
Desde entonces las relaciones han mejorado, pero esta última controversia amenaza con reinflamarlas.
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