Jael Montserrat Uribe Palmeros es hallada sin vida en el Ajusco; “ahora viene la pesadilla institucional”, dice su madre
Jael Montserrat Uribe Palmeros desapareció el 24 de julio de 2020 en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. A cuatro años y medio de su desaparición, segmentos óseos que coinciden con su perfil genético fueron hallados en el Ajusco.
Su madre, Jacqueline Palmeros, quien fue notificada por la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, sobre este hallazgo, que se dio durante la cuarta brigada regional Ajusco 2024, organizada e impulsada por el colectivo capitalino Una luz en el camino, subrayó que encontrar a su hija es una promesa cumplida, pero un camino que no termina mientras no haya verdad y justicia.
Después de sostener una reunión en la Fiscalía capitalina, Jacqueline Palmeros dio un mensaje de agradecimiento a colectivos y familiares, acompañada por otras integrantes del colectivo Una luz en el camino, que colocaron una ofrenda de velas y pétalos en la acera.
“Tuvimos varios hallazgos de restos óseos en la zona denominada El llano del vidrio. El 17 de enero pasado en una reunión llevada a cabo en esta institución, a cargo de la fiscal Bertha Alcalde, me informaron que dichos restos pertenecían a mi hija Jael Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida desde el 24 de julio de 2020 en la Ciudad de México. Hoy sabemos que existe un 99.99% de compatibilidad con nuestros perfiles genéticos”, señaló afuera de la fiscalía capitalina.
🔴#Ahora | La madre de Jael Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida en 2020 en la Ciudad de México, da un mensaje de agradecimiento a familiares y colectivos afuera de la @FiscaliaCDMX, tras dar a conocer el hallazgo de su hija sin vida en el Ajusco.
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En entrevista, añadió que desafortunadamente no se tiene la totalidad de su cuerpo, por lo que se está convocando a nuevas jornadas de búsqueda el próximo 27, 28 y 29 de enero, para tratar de llevar a Montse a casa.
“El caso de Montse estaba ya en un proceso jurídico, ante el cual nuestro sistema fallido dejó libres a dos personas involucradas en este caso. Obviamente la exigencia de verdad y de justicia ahora será mayor por la localización de los restos de mi hija”, añadió Palmeros.
Además, esperó que se obtengan resultados positivos en la próxima búsqueda, que reunirá a colectivos de la Ciudad de México, del Estado de México, la comisión de búsqueda, la fiscalía y todas las autoridades correspondientes para poder llegar a darle una digna sepultura a Jael Montserrat.
“Recordemos que la jueza Belén Bolaños mencionó en su momento un posible feminicidio, que revictimizó totalmente a mi hija y a mi familia y a mi persona, justamente teniendo algo tan delicado en sus manos, cómo fue posible que dejó libres a estas personas. Eso es una pregunta que nos hacemos como familia y exigimos una pronta respuesta por parte de las autoridades”, pidió.
Aunque hoy sabe que su hija Montse ya está descansando, Jacqueline sostiene que falta un camino largo por recorrer.
“Esto es apenas el principio de otra pesadilla y ahora viene la pesadilla institucional”, lamentó.
“Hoy una vez más le demostramos a la Fiscalía que las familias los encontramos, que solo las familias buscando con el amor y el derecho somos quienes traemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, esposas, hermanos a casa”, subrayó Jacqueline Palmeros.
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Aún no se garantiza la justicia para Jael Montserrat
Esto porque el hallazgo aún no garantiza verdad y justicia para Jael Montserrat, además de que su madre acusó que los protocolos de notificación siguen sin ser manejados de manera adecuada por las autoridades.
“Tristemente seguimos con la falta de empatía por parte del Incifo. Cuando se localizaron los restos, en primera instancia llegaron a Tlalpan, donde ellos a su vez mandan todo al Incifo, pero tuvieron una negatividad para perfilar; solicitamos a la Fiscalía que se hiciera cargo de ese perfil”, relató la madre de Jael Montserrat.
Fue ante esa presión que se dio el trabajo de identificación. Sin embargo, se violentaron los procesos de identificación digna, señaló, pues ella tenía una mesa de trabajo habitual, no sabía de lo que se trataría, no le pidieron que acudiera acompañada ni había un psicólogo presente.
“Siguen sin seguir los protocolos de notificación; seguimos con las mismas fallas institucionales a pesar de que se las estamos poniendo sobre la mesa”, sostuvo Palmeros.
“Hoy una vez más le demostramos a la Fiscalía que las familias los encontramos, que solo las familias buscando con el amor y el derecho somos quienes traemos a nuestras hijas, nuestros hijos, esposas, hermanos a casa. No tengo palabras para todas las muestras de cariño que he recibido de parte de todos los colectivos. Monse esta próxima a regresar a casa”, adelantó su mamá luego de ser recibida en medio de consignas como “No estás sola”, “Monse, promesa cumplida” y “Todo el colectivo contigo”, acompañada por otro de sus hijos.
“Gracias a las madres buscadoras que estuvieron con mi mamá codo a codo, apoyando; a todas aquellas que no tenían miedo de no guardar silencio, todas aquellas que luchan por buscar a su familiar, que sean muy fuertes, cuídense mucho, sabemos que vivimos en un mundo donde dependemos de nosotros mismos, no tenemos confianza en las personas que dicen cuidar de nosotros”, señaló el hermano de Monse momentos antes de que en el lugar se lanzaran pétalos y se celebrara una misa.
En julio de 2024, Jaqueline Palmeros había acusado, en una conferencia en el Centro Pro, que dos personas imputadas como presuntas responsables fueron liberadas por la jueza Belem Bolaños Martínez bajo el argumento de que se trató de un feminicidio y no una desaparición cometida por particulares agravada, como se investigaba el hecho.
Montse era la mayor de sus hijos y la única mujer. Desapareció entre la alcaldía Iztacalco e Iztapalapa, en Eje 5 y La Viga, el 24 de julio de 2020 cuando tenía 21 años de edad. Le sobreviven dos hijos.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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