Después de 10 días y tras desobedecer dos órdenes judiciales, el INM libera a familia retenida en el AICM
El Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvo retenidos a una madre y a sus tres hijos de 7, 9 y 11 años de edad durante 10 días en condiciones inhumanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China, luego de negarles su derecho a solicitar asilo
Durante ese periodo, además, se negó dos veces a acatar la resolución de un juez que ordenó su liberación el 14 de noviembre con una subsecuente ratificación el pasado jueves 21. Aun cuando el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) acudió con dichos documentos en mano la noche del pasado viernes a la terminal aérea, el INM había decidido interponer un nuevo recurso para oponerse a la orden del juez y solo hasta este sábado alrededor de las 10 de la noche, inesperadamente decidió liberarles.
Todo inició cuando el 13 de noviembre el papá de los niños, solicitante de asilo que radica en Estados Unidos, se comunicó con el Imumi para pedir ayuda jurídica, tras enterarse de que su familia había aterrizado a las 3 de la madrugada de ese día y por la tarde aún no había salido de ahí. Su esposa se había comunicado con él para decirle que no les dejarían entrar a México.
Aunque resultaba sumamente complicado lograr frenar el rechazo aéreo –porque la retención de familias extranjeras por días en aeropuertos es una práctica habitual del INM–, la organización promovió un amparo y logró una resolución muy positiva del juez, que respaldó el argumento de que el Poder Judicial debía proteger prioritariamente a los niños y a la madre frente a cualquiera de las figuras aplicables por el INM.
“Los jueces no compran el argumento así normalmente, pero en esta ocasión sí; el juez dijo ‘efectivamente, la familia no debe abandonar bajo ninguna figura el territorio mexicano hasta que se determine cuál es la situación”, relata en entrevista Lorena Cano, abogada del Imumi, quien resume que la demanda de amparo fue admitida el mismo 13 y notificada al día siguiente.
Sin embargo, cuando la demanda llegó al INM, se detuvo la deportación, pero la propia dependencia federal promovió un recurso de queja en contra de la determinación judicial, lo que paralizó la situación y terminó por alargar la estancia para la familia en el aeropuerto en condiciones poco ideales.
La misma Cano describe que aunque el Instituto argumenta que no son estaciones migratorias, y las llama “segunda revisión”, son habitaciones similares a una sala de espera, de tamaño mediano, pero solamente con una puerta y custodiados totalmente por policías auxiliares con bancas de lámina y literas al fondo con colchonetas y cobijas sucias.
“Ahí todo el tiempo les ponen aire acondicionado súper potente, esto ya lo hemos sabido en otros casos, no apagan las luces prácticamente nunca; todo esto son condiciones torturantes, de acuerdo a la legislación internacional, y además en México y a nivel interamericano está prohibida la detención migratoria para niñez”, subraya la abogada.
No es la primera vez que el INM reproduce estas prácticas en aeropuertos de México. Animal Político ha documentado ampliamente diversos casos de devoluciones arbitrarias y detenciones durante días, en condiciones de incomunicación e insalubridad. Además, en esta nota se dio cuenta del incremento de estas acciones.
Violaciones al derecho de las infancias
Luego de la primera orden del juez y la consecuente queja del INM, el juzgador volvió a publicar el jueves 21 de noviembre la ratificación de un acuerdo en el que reiteró la orden al Instituto de liberar a la familia y les giró medidas de apremio, una especie de advertencia antes de proceder a multarlos.
“En el acuerdo también les dijo que recordaran que desacatar una orden judicial puede implicar arresto e inhabilitación de los servidores públicos, entonces a mí me parece que el juez actuó de muy buena manera, y por el otro lado, la familia cumplió 10 días, y son niños chiquitos. Ellos no querían regresar, ser devueltos, pero ya estaban desesperados”, señala.
La familia, subraya, no había podido solicitar asilo porque la detención se los impidió, contrario a lo que establece la legislación mexicana. La noche del viernes el Imumi acudió directamente al aeropuerto a cuestionar por qué no había sido liberada, si el juez ya lo había requerido dos veces. Los funcionarios se negaron de nuevo bajo el argumento de que estaban en proceso de contestar nuevamente a la orden del juez.
Incluso, habían advertido que la familia permanecería en el AICM todo el fin de semana, pero luego decidieron liberarlos el sábado por la noche. Aunque la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes ya estaba enterada del caso, e incluso se ingresó también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nadie podía hacer nada hasta que Migración tomara la decisión, “arbitraria como siempre –remarca Cano–”, de liberarlos.
La queja ante la CNDH, que sigue en proceso, se derivó de que la madre de los niños pudo comentarle al papá que uno de sus hijos tenía úlceras aftosas en la boca, y al pedir apoyo al personal de Migración, se lo negaron bajo el argumento de que no había médicos ahí, ni era posible comprar medicamentos. “Eso es parte de la estrategia torturante del Instituto Nacional de Migración para que las personas desistan de sus procesos”, reclama Cano.
Desde un principio –remarca– los niños debían haber estado bajo custodia de la procuraduría federal de protección a la niñez, canalizados al DIF a un centro de asistencia, para que de manera digna esperaran su resolución, proceso administrativo o solicitud de asilo.
La segunda negativa del INM
El viernes por la noche, ante la segunda negativa del INM, el Imumi también envió una comunicación urgente al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, para explorar si las medidas internacionales podían destrabar el caso, pues al parecer, toda estrategia jurídica nacional era insuficiente para el Instituto. Sin embargo, de haber retenido a la familia hasta el lunes, la dependencia enfrentaba una posible multa por no cumplir en tiempo las órdenes del juez.
La abogada reitera que tanto la Ley de Migración como la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político vigentes en México establecen el derecho de todas las personas a solicitar y recibir el asilo, así como la prohibición a las autoridades de devolver o expulsar a cualquier persona que muestre intenciones de solicitar asilo en frontera.
Ante la insistencia del INM de operar de la misma manera con las segundas revisiones en aeropuertos, Cano apunta la urgencia, con la administración que empieza, de depurar a su personal corrupto, pues también han tenido conocimiento de que piden dinero para autorizar la entrada, condicionando rechazos arbitrarios.
“La otra cuestión importante es el actuar arbitrario. El Instituto Nacional de Migración tiene basta regulación, lineamientos, protocolos; todo eso debería seguirse al pie de la letra y no nada más tomar decisiones aleatorias o arbitrarias que perjudican gravemente los derechos de las personas. Si no hay corrupción y si se disminuye sustancialmente el actuar arbitrario, las cosas serían totalmente distintas”, señala Cano.
Pese a que el INM siempre argumenta –añade– que estos casos se deben a alertas migratorias o posibles casos de tráfico, en ninguno de los que ha litigado el Imumi se ha demostrado ningún antecedente penal, intención delictiva o amenaza a la seguridad nacional, sino que por el contrario, se ha tratado de rechazos arbitrarios.
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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