Después de 10 días y tras desobedecer dos órdenes judiciales, el INM libera a familia retenida en el AICM
El Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvo retenidos a una madre y a sus tres hijos de 7, 9 y 11 años de edad durante 10 días en condiciones inhumanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China, luego de negarles su derecho a solicitar asilo
Durante ese periodo, además, se negó dos veces a acatar la resolución de un juez que ordenó su liberación el 14 de noviembre con una subsecuente ratificación el pasado jueves 21. Aun cuando el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) acudió con dichos documentos en mano la noche del pasado viernes a la terminal aérea, el INM había decidido interponer un nuevo recurso para oponerse a la orden del juez y solo hasta este sábado alrededor de las 10 de la noche, inesperadamente decidió liberarles.
Todo inició cuando el 13 de noviembre el papá de los niños, solicitante de asilo que radica en Estados Unidos, se comunicó con el Imumi para pedir ayuda jurídica, tras enterarse de que su familia había aterrizado a las 3 de la madrugada de ese día y por la tarde aún no había salido de ahí. Su esposa se había comunicado con él para decirle que no les dejarían entrar a México.
Aunque resultaba sumamente complicado lograr frenar el rechazo aéreo –porque la retención de familias extranjeras por días en aeropuertos es una práctica habitual del INM–, la organización promovió un amparo y logró una resolución muy positiva del juez, que respaldó el argumento de que el Poder Judicial debía proteger prioritariamente a los niños y a la madre frente a cualquiera de las figuras aplicables por el INM.
“Los jueces no compran el argumento así normalmente, pero en esta ocasión sí; el juez dijo ‘efectivamente, la familia no debe abandonar bajo ninguna figura el territorio mexicano hasta que se determine cuál es la situación”, relata en entrevista Lorena Cano, abogada del Imumi, quien resume que la demanda de amparo fue admitida el mismo 13 y notificada al día siguiente.
Sin embargo, cuando la demanda llegó al INM, se detuvo la deportación, pero la propia dependencia federal promovió un recurso de queja en contra de la determinación judicial, lo que paralizó la situación y terminó por alargar la estancia para la familia en el aeropuerto en condiciones poco ideales.
La misma Cano describe que aunque el Instituto argumenta que no son estaciones migratorias, y las llama “segunda revisión”, son habitaciones similares a una sala de espera, de tamaño mediano, pero solamente con una puerta y custodiados totalmente por policías auxiliares con bancas de lámina y literas al fondo con colchonetas y cobijas sucias.
“Ahí todo el tiempo les ponen aire acondicionado súper potente, esto ya lo hemos sabido en otros casos, no apagan las luces prácticamente nunca; todo esto son condiciones torturantes, de acuerdo a la legislación internacional, y además en México y a nivel interamericano está prohibida la detención migratoria para niñez”, subraya la abogada.
No es la primera vez que el INM reproduce estas prácticas en aeropuertos de México. Animal Político ha documentado ampliamente diversos casos de devoluciones arbitrarias y detenciones durante días, en condiciones de incomunicación e insalubridad. Además, en esta nota se dio cuenta del incremento de estas acciones.
Violaciones al derecho de las infancias
Luego de la primera orden del juez y la consecuente queja del INM, el juzgador volvió a publicar el jueves 21 de noviembre la ratificación de un acuerdo en el que reiteró la orden al Instituto de liberar a la familia y les giró medidas de apremio, una especie de advertencia antes de proceder a multarlos.
“En el acuerdo también les dijo que recordaran que desacatar una orden judicial puede implicar arresto e inhabilitación de los servidores públicos, entonces a mí me parece que el juez actuó de muy buena manera, y por el otro lado, la familia cumplió 10 días, y son niños chiquitos. Ellos no querían regresar, ser devueltos, pero ya estaban desesperados”, señala.
La familia, subraya, no había podido solicitar asilo porque la detención se los impidió, contrario a lo que establece la legislación mexicana. La noche del viernes el Imumi acudió directamente al aeropuerto a cuestionar por qué no había sido liberada, si el juez ya lo había requerido dos veces. Los funcionarios se negaron de nuevo bajo el argumento de que estaban en proceso de contestar nuevamente a la orden del juez.
Incluso, habían advertido que la familia permanecería en el AICM todo el fin de semana, pero luego decidieron liberarlos el sábado por la noche. Aunque la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes ya estaba enterada del caso, e incluso se ingresó también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nadie podía hacer nada hasta que Migración tomara la decisión, “arbitraria como siempre –remarca Cano–”, de liberarlos.
La queja ante la CNDH, que sigue en proceso, se derivó de que la madre de los niños pudo comentarle al papá que uno de sus hijos tenía úlceras aftosas en la boca, y al pedir apoyo al personal de Migración, se lo negaron bajo el argumento de que no había médicos ahí, ni era posible comprar medicamentos. “Eso es parte de la estrategia torturante del Instituto Nacional de Migración para que las personas desistan de sus procesos”, reclama Cano.
Desde un principio –remarca– los niños debían haber estado bajo custodia de la procuraduría federal de protección a la niñez, canalizados al DIF a un centro de asistencia, para que de manera digna esperaran su resolución, proceso administrativo o solicitud de asilo.
La segunda negativa del INM
El viernes por la noche, ante la segunda negativa del INM, el Imumi también envió una comunicación urgente al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, para explorar si las medidas internacionales podían destrabar el caso, pues al parecer, toda estrategia jurídica nacional era insuficiente para el Instituto. Sin embargo, de haber retenido a la familia hasta el lunes, la dependencia enfrentaba una posible multa por no cumplir en tiempo las órdenes del juez.
La abogada reitera que tanto la Ley de Migración como la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político vigentes en México establecen el derecho de todas las personas a solicitar y recibir el asilo, así como la prohibición a las autoridades de devolver o expulsar a cualquier persona que muestre intenciones de solicitar asilo en frontera.
Ante la insistencia del INM de operar de la misma manera con las segundas revisiones en aeropuertos, Cano apunta la urgencia, con la administración que empieza, de depurar a su personal corrupto, pues también han tenido conocimiento de que piden dinero para autorizar la entrada, condicionando rechazos arbitrarios.
“La otra cuestión importante es el actuar arbitrario. El Instituto Nacional de Migración tiene basta regulación, lineamientos, protocolos; todo eso debería seguirse al pie de la letra y no nada más tomar decisiones aleatorias o arbitrarias que perjudican gravemente los derechos de las personas. Si no hay corrupción y si se disminuye sustancialmente el actuar arbitrario, las cosas serían totalmente distintas”, señala Cano.
Pese a que el INM siempre argumenta –añade– que estos casos se deben a alertas migratorias o posibles casos de tráfico, en ninguno de los que ha litigado el Imumi se ha demostrado ningún antecedente penal, intención delictiva o amenaza a la seguridad nacional, sino que por el contrario, se ha tratado de rechazos arbitrarios.
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El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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