En plena tercera ola de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó la compra de monitores de signos vitales para pacientes con coronavirus a la razón social Minaric S.A. de C.V., que forma parte de un grupo empresarial que fue multado e inhabilitado durante 4 años por incumplimiento de contratos con el gobierno.
El pasado 20 de julio, el IMSS emitió el fallo de la licitación LA-050GYR0R040-E14-2021 y adjudicó un contrato a favor de Minaric para la compra de 2 mil 180 monitores de signos vitales por un monto de 96 millones 439 mil 858 pesos, IVA incluido.
Minaric pertenece a la familia que controla Medica D S.A. de C.V., empresa que fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 20 de octubre de 2020 con una multa económica de 1.9 millones de pesos y una inhabilitación de 3 años y 9 meses.
Desde esa fecha y hasta el 20 de julio de 2024, Medica D está inhabilitada para celebrar contratos con el gobierno “por sí misma o a través de interpósita persona”, lo que incluye a las razones sociales vinculadas a la empresa.
El motivo de la inhabilitación de Medica D fue que ésta incumplió el año pasado un contrato con el ISSSTE para la entrega de 60 ventiladores para atender a pacientes con COVID grave, en un momento en que el país atravesaba la primera ola de la enfermedad, con la cifra de contagios y muertes al alza.
El administrador único de Minaric S.A. de C.V. es Alexei Pichardo Luna, quien a su vez es director de Tecnología de Medica D, empresa en la que su hermano Carlos Norberto ha sido socio y representante legal.
Ambas compañías pertenecen a Medi Care Group, del que Pichardo Luna es director general, y han compartido domicilio fiscal en Lago Peypus 231, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
En la nueva licitación en la que el IMSS adjudicó el contrato por 96.4 millones de pesos para la adquisición de monitores de signos vitales, la institución pasó por alto que Minaric, si bien presentó la oferta más económica, le vendió aparatos fabricados por Medica D, precisamente la empresa inhabilitada.
Empresarios que participaron en la licitación afirmaron a este medio que, en una reunión exploratoria entre posibles proveedores y el titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica del IMSS, Luis Fernando Tagliabue Rodríguez, el representante de Minaric reconoció que sólo tenía disponibilidad de 350 monitores para entrega inmediata, y no los 2 mil 180 aparatos requeridos por la institución.
Aún así, a pesar de no contar con la capacidad de producción y de la sanción impuesta por la SFP, esa razón social resultó adjudicada en la licitación.
Al responder una solicitud de información enviada por este medio, el IMSS defendió la legalidad de la adjudicación al asegurar que, con base en la documentación que le entregó Minaric, no se advierte que Medica D tenga participación accionaria directamente en la empresa ganadora, a pesar de que ambas compañías pertenecen a dos hermanos y han compartido domicilio fiscal.
Además, el IMSS reconoció que, en efecto, Minaric le venderá aparatos fabricados por la razón social inhabilitada. [Insertar respuesta del IMSS]
Animal Político ya había revelado el nexo entre Medica D y Minaric y su práctica de simular que no están relacionadas. En la investigación se dio a conocer que, en abril de 2020, al inicio de la pandemia en México, ambas empresas simularon competencia y participaron en una licitación del IMSS-Sinaloa como si fueran rivales. Medica D ganó un contrato de 38.9 millones de pesos para surtir ventiladores Covid a seis hospitales generales de Sinaloa, pero, al final, el proveedor incumplió la entrega, lo que obligó al IMSS a reponer el procedimiento de compra y a retrasar la adquisición de equipos vitales para atender a pacientes con COVID.
Además de Minaric y Medica D, Pichardo Luna, de 57 años, tiene participación en las empresas Medi Care Group S.A. de C.V., en la que ha sido director y representante legal, y Medi Core S.A. de C.V., en la que es administrador único. Esta última razón social también fue multada e inhabilitada en 2017 por haber proporcionado información falsa en un procedimiento de compra; la sanción ya fue levantada.
Pichardo Luna también ha ocupado un puesto directivo en la corporación china Shenzhen Norran Mattel Technology Co. LTD, que fabrica y exporta ventiladores respiratorios, monitores de signos vitales y otros equipos médicos.
El IMSS adjudicó a Minaric S.A. de C.V. otros contratos en el periodo en que la sanción a Medica D ya había entrado a en vigor.
El 27 de noviembre de 2020, un mes después de la inhabilitación, el IMSS CDMX-Sur emitió el fallo de la licitación LA-050GYR0R025-E500-2020, en el que adjudicó a Minaric un contrato por 1 millón 384 mil 075 pesos para la adquisición de una central de monitoreo de signos vitales para múltiples camas, que sería destinada al Hospital General de Zona No. 47.
Luego, el 22 de diciembre de ese año, el IMSS-Sinaloa (la misma institución compradora a la que Médica D incumplió la entrega de ventiladores Covid meses antes) le adjudicó a Minaric un contrato para el arrendamiento de equipo médico por entre 2.4 y 6 millones de pesos, como parte de la licitación LA-050GYR0R029-E682-2020.
Tres semanas después de su inhabilitación, el 12 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó a Minaric S.A. de C.V. el contrato DN-10/SASM-501/P/2020 para la compra de 48 monitores de signos vitales por un monto de 3 millones 605 mil 010 pesos. La adjudicación fue resultado de una licitación pública.
Los aparatos, que son marca “Medica D”, serían destinados a seis Hospitales Militares de Zona de Oaxaca, Estado de México, Durango, Jalisco y Baja California Sur, así como al Heroico Colegio Militar.
Este medio envió a la dirección de Comunicación Social de la Sedena una solicitud de réplica respecto de esta adjudicación. La institución respondió en sentido semejante al IMSS: que Minaric, por sí misma, no está en el listado de proveedores sancionados y que cumplió con la documentación técnica y económica.
“Se consultó el directorio de proveedores y contratistas sancionados en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública, sin haberse registrado que Minaric S.A. de C.V. se encuentra inhabilitada. La empresa antes mencionada cumplió legal, técnica y económicamente con los requisitos, por lo que se esta Dependencia no contó con ningún impedimento legal para formalizar el contrato correspondiente, respecto al proceso de licitación indicado”, aclaró la Sedena.
Los albergues en la frontera mexicana viven una situación inédita con la ausencia de migrantes. Pero eso no quiere decir que la migración se haya detenido.
Hubo momentos, hace no mucho, en que el piso del albergue Embajadores de Dios, en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, casi no se podía ver: los colchones, carpas y camas de migrantes forraban el espacio.
Hoy, en cambio, el recinto se ve inmenso, la mitad de las camas disponibles están sin tender y en una esquina hay arrejuntados un puñado de colchones azules para los días de emergencia.
Pareciera que estos no son días de emergencia en una ciudad que no conoce la calma en materia migratoria.
Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que el considera una “invasión”— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.
“En este momento no hay llegadas importantes a México”, dice Silvia Garduño, portavoz en México de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Pero sabemos que las causas de salida se mantienen”.
Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.
Acá hay 44 espacios dedicados a la recepción y atención de migrantes y ninguno, según activistas que los recorren a diario, tiene ahora más de la mitad de ocupación.
BBC Mundo visitó cinco de ellos y en todos —más que la fila usual para usar el baño, las tomas eléctricas abarrotadas de celulares o el sonido de los niños jugando y corriendo— lo que encontramos fue silencio, carpas vacías, comedores desolados.
Según cifras de Acnur, el 90% de la población migrante en la ciudad está hoy por fuera de los albergues.
La situación se replica en las otras ciudades fronterizas como Tijuana.
Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.
Las causas de la migración —la violencia, la pobreza o la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— están vigentes o incluso han empeorado con el cierre de la cooperación internacional estadounidense decretado por el gobierno de Trump.
El deseo y, para la gente perseguida, la necesidad de migrar hacia Estados Unidos es imposible de detener, señalan los expertos.
“La esperanza de migrar puede con todo”, dice Judith Cabrera, directora de Border Line Crisis Center, un albergue en Tijuana.
Cabrera se reúne con BBC Mundo una mañana fría y nublada en la que unas horas antes se había visto con un grupo de migrantes colombianas que fueron estafadas dos veces a cuenta de su obsesión por cruzar.
Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.
“Las montaron en un carro, las pasearon por toda la ciudad y al final las dejaron donde las habían recogido”, señala Cabrera.
Luego, lo mismo: unos traficantes les prometieron el cruce por US$2.300. “Y claro, al ser más lana (dinero), ellas pensaron que era más certero, pero qué va, otra vez las estafaron”.
Cabrera se lamenta: “No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo”.
Y concluye: “Trump está desalentando la migración y eso es caldo gordo para los traficantes (favorece)”.
Los migrantes que no están intentando cruzar ilegalmente pueden estar esperando en el lugar donde están a ver cuándo surge una nueva oportunidad.
Trump cerró los sistemas de atención migratoria, como el CBP One, que permitía pedir una cita para pedir asilo antes de entrar en EE.UU. La apuesta de muchos —270.000 se quedaron varados por las cancelaciones— es que lo vuelva a abrir o cree algún mecanismo similar, lo que parece improbable.
“La decisión de quedarse donde están nunca es definitiva”, dice María de Lourdes Madrano, directora de Centro 32, una organización que apoya a los migrantes en los albergues.
“Siempre creen que al día siguiente pueden abrir y solucionarse la situación, y creen que alejarse de la frontera reduce la posibilidad… Porque, después de tanto lo que costó llegar acá, se piensa que irse es como renunciar al sueño”.
“Los albergues están vacíos, pero los colegios están llenos de extranjeros”, asegura, en referencia a los niños cuyos padres migrantes han decidido asentarse en Tijuana, así sea transitoriamente.
Wilker Hernández tiene 23 años; es oriundo del estado Mérida, en Venezuela, y lleva un año intentando cruzar a Estados Unidos, donde está una parte de su familia, mientras la otra sigue en su país. Tenía la cita para presentar documentos el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Se la cancelaron.
Y desde entonces ha ido adaptándose a la idea de que su destino bien puede ser este: Tijuana, una ciudad que tiene la migración en su ADN, de la que se dice que “hay oportunidades para todos”, que reporta la tasa de desempleo más baja de México.
“Estamos como en un limbo de que no sabemos qué va a suceder”, dice Hernández, quien ha conseguido un trabajo como obrero en un albergue, Embajadores de Dios, donde están construyendo viviendas formales fuera de la zona de carpas.
El barrio que le rodea, conocido como el Cañón del Alacrán, ha vivido en los últimos dos años un boom de construcción de asentamientos relativamente formales de grupos migrantes que han decidido prolongar su estancia en Tijuana.
“Aún estoy indeciso, si intentar cruzar o devolverme”, añade. “Por ahora estoy trabajando porque qué más (…) Trump cerró la frontera, está sacando a todos los latinos, es un poco complicado, estamos acá y no sabemos qué hacer”.
El discurso de Trump ha calado entre los migrantes. Eso los puede poner en mayor riesgo ante las mafias y los coyotes, pero en todo caso reduce su esperanza de una mejor vida, una vida posible, en Estados Unidos.
El mandatario prometió una “deportación masiva” de personas indocumentadas que, aunque lejos de ser masiva, sí tiene un impacto disuasorio.
Cabrera, la activista tijuanense, lo pone así: “Más que una deportación masiva, lo que estamos viendo es una deportación mediática, y eso claro que tienen sus efectos, sobre el camino y la salud mental del migrante”.
En los albergues casi no hay migrantes, pero la situación del migrante es ahora más difícil.
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