Iglesia católica pide a Congreso de CDMX evaluar iniciativa para eliminar delito del aborto del Código Penal
La iglesia católica hizo un llamado a legisladores y legisladoras del Congreso de la Ciudad de México para que evalúen las implicaciones de la iniciativa que busca eliminar el delito del aborto del Código Penal local y rechacen “una violación” en materia de humanismo.
El pasado jueves 10 de octubre, la diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, presentó a nombre propio y de compañeras y compañeros de otros grupos parlamentarios con excepción del legisladores del PAN, un proyecto de decreto para eliminar el delito del aborto del Código Penal para que ninguna mujer sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo.
La propuesta busca reformar algunos artículos para eliminar los plazos que se establecen en el Código Penal respecto al aborto así como el delito de aborto voluntario, práctica que actualmente no se considera delito durante las primeras 12 semanas de gestación, según explicó a Animal Político Rebeca Ramos, directora ejecutiva de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
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¿Qué dijo la iglesia católica sobre la iniciativa para eliminar el aborto en CDMX?
A través de su editorial Desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que la propuesta, a la cual se refirió como preocupante al ser firmada por diputados y diputadas de casi todos los partidos político, tiene cinco aristas que deberían ser consideradas.
La institución indicó que la primera de ellas es que “la despenalización del aborto hasta el nacimiento violaría el principio de proporcionalidad y la protección progresiva del derecho a la vida”, los cuales se encuentran en la Constitución mexicana y en la jurisprudencia del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un segundo punto dijo que las mujeres más afectadas serían aquellas en situación de vulnerabilidad económica y pobreza, pues se enfrentarían a mayores riesgos de presión, violencia y exclusión de políticas públicas que aborden “sus necesidades reales”, como son el acceso a servicios de salud de calidad y apoyo económico.
La Arquidiócesis también llamó a los legisladores del Congreso capitalino a considerar que los abortos tardíos tienen mayores riesgos de complicaciones físicas.
Sin mencionar el nombre de autores, la institución señaló que “estudios indican que los abortos realizados después de la 20 semanas aumentan drásticamente la mortalidad materna”.
Asimismo, la Arquidiócesis apuntó que “como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, México tiene la obligación de proteger la vida desde el momento de concepción y la iniciativa en materia de despenalización del aborto iría en contra de esos compromisos y estándares internacionales respecto a derechos humanos.
En un quinto y último punto, la institución dijo que el aborto hasta el nacimiento “contravendría los principios bioéticos de no maleficencia y justicia, ignorando la capacidad neurológica avanzada del feto en etapas tardías para sentir dolor”.
De esta manera, según señaló, se le otorgarían los derechos éticos que requieren protección especial.
La iglesia católica dijo que al haber razones “jurídicas, éticas y científicas” lo único que impulsaría una iniciativa “de este tipo” sería la ideología que no se apega a la razón, a la ciencia y a los derechos humanos, “la cual busca satisfacer solo una visión de la vida”.
Por último, pidieron a legisladores y legisladoras locales que revisen con seriedad las implicaciones de la iniciativa planteada y “rechacen una violación tan serie en materia de humanismo”.
Despenalización del aborto en México
En México, 15 entidades han despenalizado el aborto en las primeras semanas de gestación. El estado más reciente que discutió el tema fue Michoacán, cuyo Congreso aprobó el pasado 10 de octubre diversas reformas al Código Penal estatal.
Además de Michoacán, las otras 14 entidades son: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla y Jalisco.
En el caso de Sinaloa, desde marzo de 2022, el aborto voluntario está permitido hasta las 13 semanas de gestación a diferencia de otros estados donde sólo es hasta 12.
Mientras que en Guerrero se reformó el Código Penal local para permitir el aborto voluntario en cualquier momento del embarazo sin que sea considerado como un delito, aunque aún se puede perseguir a quien auxilie a abortar en embarazos con más de doce semanas de gestación.
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