IFT ordena a Telmex y Telcel vender teléfonos desbloqueados y sin contratos forzosos; América Móvil impugnará decisión
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó nuevas medidas e impuso a Telcel y Telmex que son subsidiarias de América Móvil, la entrega de equipos terminales desbloqueados, además de evitar condicionamientos para la obtención de servicios. Además, eliminar plazos forzosos para la contratación de telefonía e internet.
En su vigésima sexta Sesión Ordinaria, el Pleno del Instituto indicó que estas medidas regulatorias son para promover una mayor competencia en beneficio de las personas usuarias.
“Con el fin de incentivar la competencia en el sector de telecomunicaciones, se reforzó el acceso a los servicios mayoristas y a canales de distribución, así como los mecanismos de supervisión y verificación al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT). Esta es la tercera revisión de las medidas asimétricas que realiza el IFT desde que fueron impuestas al AEPT, y cuyo objetivo es contar con una regulación más eficiente y efectiva que tome en cuenta las condiciones actuales en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones”, precisó en un comunicado.
Añadió que el órgano regulador realizó una revisión de dichas medidas para eliminar posibles barreras, evitar prácticas anticompetitivas en los mercados de telefonía e internet móviles y fijos, teniendo como prioridad que los usuarios tengan más y mejores servicios a menor precio.
“La modificación y nuevas medidas asimétricas que debe cumplir el AEPT son resultado de un exhaustivo análisis en el que se consideró el impacto en la competencia de las obligaciones impuestas desde 2014, y para lo cual se llevó a cabo un proceso de Consulta Pública sobre la efectividad en términos de competencia del 4 de enero al 30 de marzo del 2023”, destacó el IFT.
Buscan fortalecer ejes para generar mayor equilibrio
En su tercera revisión que realizó en su sesión, el IFT aseguró que busca una mejor competitividad en los mercados como: la libre elección de las personas usuarias sobre su operador de telecomunicaciones, el acceso a los servicios mayoristas, el acceso a canales de distribución y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y verificación.
“En la revisión de medidas se realizaron modificaciones en la regulación que protegen a los usuarios finales, fortalecen la prestación de los servicios mayoristas en favor de la competencia y se mejoran los mecanismos de monitoreo del IFT”, añadió,
Puntos de la resolución
El órgano precisó nueve puntos que debe tomar a consideración América Móvil para garantizar a los usuarios una mejor rentabilidad de sus productos.
Desbloqueo de equipos terminales: El AEPT deberá entregar todos sus equipos terminales desbloqueados, sin distinción, entre los segmentos de prepago o pospago.
“Con esta medida las personas usuarias no tendrán que adquirir un equipo adicional cuando quieran cambiar de operador, lo que les permite elegir libremente a su proveedor de servicios de telecomunicaciones sin tener que asumir trámites adicionales como solicitar el desbloqueo”, sentenció.
Prohibición de condicionamientos: El AEPT no podrá condicionar o asociar el otorgamiento de bonificaciones, descuentos o beneficios de ninguna forma, entre el precio de comercialización de los equipos terminales u otros cargos considerados en el contrato de compra-venta con la provisión de los servicios de telecomunicaciones del usuario final.
Eliminación de plazos forzosos: Prohibió al AEPT establecer plazos forzosos o plazos mínimos en los contratos de servicios de telecomunicaciones.
“Esta medida permite que las personas usuarias que deseen cambiar de proveedor puedan hacerlo en el momento en el que lo decidan y sin necesidad de esperar a la conclusión de algún plazo. No obstante, las personas morales que requieran contratar sus servicios de telecomunicaciones móviles con un plazo de permanencia podrán solicitarlo de esta forma al AEPT”, explicó.
Eliminación de las estrategias de recuperación de usuarios por portabilidad: El AEPT no podrá contactar a los usuarios finales que decidieron separarse de su red durante los siguientes 60 días naturales a partir de la ejecución de la portabilidad.
“Con esta medida se garantiza el ejercicio de este derecho por el cual las personas usuarias se pueden cambiar de operador conservando su mismo número telefónico, y permite que las personas usuarias cuenten con un plazo razonable para experimentar los servicios de telecomunicaciones que les brinda su nuevo proveedor”, comentó
Replicabilidad económica: El Instituto podrá implementar pruebas de replicabilidad a ofertas a nivel individual de servicios de telecomunicaciones móviles, a fin de prevenir potenciales estrategias que impidan a sus competidores contratar los servicios mayoristas o replicar de manera rentable las tarifas minoristas del AEPT, así como las afectaciones de mediano y largo plazo que esas prácticas pueden tener sobre los competidores del AEPT.
“Dichas pruebas se establecen con la finalidad de que las tarifas al público, lanzadas por el AEPT, puedan ser replicadas por los operadores móviles y con ello equiparar las ofertas minoristas del AEPT haciendo uso de los servicios mayoristas regulados, en combinación con los costos minoristas y de red”, puntualizó.
Servicios Mayoristas: El AEPT deberá prestar el Servicio Mayorista de Usuario Visitante a los concesionarios que lo soliciten por un nuevo periodo de hasta 5 años, lo que permite garantiza la continuidad de los servicios a los usuarios finales.
“Se incorporaron medidas que contemplan la posibilidad de cambiar el esquema regulatorio de tarifas mayoristas para el acceso y uso compartido de torres o sitios”.
Transparencia en contrataciones públicas: exhortó el organismo a entregar al IFT información periódica sobre los procesos de contrataciones públicas que le hayan sido adjudicados, de manera directa o indirecta a través de una empresa relacionada.
“Esta información permitirá al IFT monitorear las condiciones otorgadas respecto de los servicios de telecomunicaciones móviles y fijos que presta, y en seguimiento a las obligaciones establecidas en la regulación de preponderancia”, pidió el organismo.
Canales de distribución: El AEPT no podrá implementar estrategias contractuales o comerciales que limiten el acceso de sus competidores a los canales de distribución de los servicios de telecomunicaciones móviles y equipos terminales, así como la venta de tarjetas SIM y recargas de tiempo aire.
“Con estas medidas se previenen prácticas que puedan impedir el acceso efectivo de los competidores a puntos de venta y distribución, lo que favorece la competencia en el segmento móvil”.
Sistema Electrónico de Gestión (SEG): De acuerdo con el IFT, el SEG es un sistema que funge como instrumento de comunicación para la provisión de los servicios mayoristas y para la consulta de información tanto por parte de los operadores como del Instituto.
“Se fortalecen las medidas que permiten al Instituto consultar la información relacionada con las solicitudes y reportes de los servicios mayoristas, así como sobre las solicitudes relacionadas con trabajos especiales. El acceso a información a través del SEG dotará al Instituto de más elementos y con mayor fiabilidad, lo que facilitará que el regulador pueda dar un seguimiento más puntual al cumplimiento de obligaciones por parte del AEPT”.
Impugnará América Móvil resolución de IFT
En tanto, la empresa de Carlos Slim impugnará la resolución del IFT, ya que estas medidas obedecen a competidores que no son comprometidos con el desarrollo del sector.
“(El IFT) No considera los profundos cambios ocurridos a más de 10 años de la imposición de medidas asimétricas, ni se sustenta en una evaluación integral de la competencia existente en los diferentes mercados que conforman el sector de telecomunicaciones. (…). En nuestro país que buscan mantener subsidios y privilegios regulatorios del IFT para suplir las inversiones productivas requeridas para competir eficazmente”, argumentó.
En un comunicado, aclaró que la resolución notificada determina adicionar y modificar ciertas medidas asimétricas, tanto en servicios móviles como en servicios fijos, siendo las principales:
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Roaming Nacional: Continuar prestando el servicio mayorista por un periodo de 5 años, exclusivamente en aquellas zonas en las que los concesionarios solicitantes no cuenten con infraestructura o no presten el servicio móvil.
Precisó que el servicio se prestará bajo bases tarifarias a ser negociadas libremente entre las partes, salvo en casos de desacuerdo donde el IFT resolverá las tarifas aplicables.
Usuarios Finales: (a) Entregar la totalidad de los equipos terminales desbloqueados; (b) se prohíbe establecer plazos forzosos o plazos mínimos en los contratos de servicios de telecomunicaciones (esta prohibición no es aplicable a los denominados “clientes corporativos”); y (c) se prohíbe condicionar o asociar el otorgamiento de bonificaciones, descuentos o beneficios, de forma cruzada o vinculada, entre el contrato de compraventa de equipos terminales y el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones.
Canales de Distribución: (a) Incluir ciertas obligaciones de no hacer en los contratos que se celebren con los principales puntos de distribución de terceros para la comercialización de servicios de telecomunicaciones, equipos terminales, tarjetas SIM y recargas de tiempo aire; y (b) entregar periódicamente al IFT diversa información relacionada con dichos contratos, finalizó.
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Analizamos las similares estrategias de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, calificados como regímenes autoritarios por países y organismos internacionales.
Nicolás Maduro vio cómo en 2024 se erosionó su relación con Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, entre otros, por los resultados de las elecciones de julio, en las que fue declarado vencedor pese a que nunca se mostraron las actas oficiales de la votación.
No le falló, sin embargo, un fiel aliado: Daniel Ortega.
“No hay vuelta atrás, no hay paso atrás, Nicolás es el presidente legítimo”, dijo el mandatario de Nicaragua, cuya legitimidad internacional es tan discutida como la de Maduro.
El año que termina profundizó la relación entre ambos países y al mismo tiempo los parecidos sobre cómo ambos gobiernos refuerzan su poder y se enfrentan a la disidencia.
Venezuela y Nicaragua, aliados ideológicos junto a Cuba con llamados gobiernos revolucionarios de izquierdas, son considerados regímenes autoritarios por organismos internacionales y países occidentales y han sido en los últimos años importantes focos de crisis política y social en América Latina.
“Ambos están entre los gobiernos más represivos de la región y utilizan prácticas y políticas de represión similares, incluyendo detenciones arbitrarias sin debido proceso, torturas, y la censura generalizada”, le dice a BBC Mundo el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
Paralelismos
Ortega acaba de promover una reforma de la Constitución para concentrar todos los poderes del Estado en su figura y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que pasará a ser “copresidenta”.
Maduro, por su parte, renovó su mandato tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por buena parte de las democracias del mundo.
Las actas oficiales publicadas por la oposición mostraban un claro triunfo de Edmundo González, el desconocido diplomático que sustituyó a la popular líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse.
A la inestabilidad derivada del proceso siguieron denuncias de arrestos arbitrarios, juicios irregulares, torturas y la anulación de pasaportes a críticos del gobierno, entre otras medidas.
González, acusado por la Fiscalía venezolana -próxima al gobierno- de “instigación a la insurrección”, tuvo que exiliarse en España, mientras que Machado ha sido acusada de “traición a la patria” y permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Algo parecido sucedió en Nicaragua en 2023, cuando el Ejecutivo expulsó a Estados Unidos a 316 opositores que mantenía presos y les retiró la nacionalidad.
Antes, en 2021, Ortega había sido elegido por quinta vez como presidente con 75% de los votos en unos comicios en los que prácticamente no tuvo rivales, después de que la Justicia -controlada por el oficialismo- ordenara el encarcelamiento de siete precandidatos además de 32 líderes opositores y empresarios.
Los acusaban, como ahora pasa en Venezuela, de “conspiración y traición a la patria”.
Ambos países padecen, además, un pronunciado éxodo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos, que ofrece protección especial a sus solicitantes de asilo.
Expertos señalan que, desde el modo en que enfrentan la disidencia hasta cómo operan sus procesos electorales, Nicaragua y Venezuela exhiben numerosos paralelismos que se han reforzado este 2024.
Si bien tanto en Venezuela como en Nicaragua se realizan elecciones, “los dos gobiernos lograron desmantelar de forma similar los frenos y contrapesos propios de la democracia, cooptando el poder judicial y en la práctica anulando el ejercicio libre del derecho al voto“, indica Pappier.
Los estándares internacionales no se cumplen, explican analistas, lo que ha servido para consolidar a ambos gobiernos.
“Probablemente Maduro le preguntó a Ortega sobre los procedimientos que ha utilizado y sigue utilizando para suprimir o inhibir, por un lado, la formación de una voluntad mayoritaria de cambio que amenace su régimen político, y por otro lado, cómo garantizar la estabilidad de su gobierno”, afirma el politólogo venezolano John Magdaleno.
Según él, “las inhabilitaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en parte del repertorio de procedimientos que las autocracias del siglo XXI implementan para evitar cualquier cambio político”.
Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aseguran que esas medidas son decisiones legales tomadas por órganos independientes a la presidencia y obedecen a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.
Exilio y cancelación de pasaportes
Otras de las medidas utilizadas por ambas administraciones para neutralizar a opositores políticos. son el exilio y la cancelación de pasaportes.
Aunque lo han hecho de forma diferente y el caso de Nicaragua es más extremo.
En 2023, Managua desterró en dos tandas a 316 opositores, entre ellos líderes políticos opositores como Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez e intelectuales como la escritora Gioconda Belli o Sergio Ramírez.
Los despojó de sus bienes, sus pasaportes y la nacionalidad nicaragüense tras una resolución judicial que los condenaba “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
En Venezuela, las denuncias sobre anulación de pasaportes se multiplicaron en los últimos meses tras las elecciones del 28 de julio.
Algunos de los afectados, como el dirigente político Andrés Caleca residen en el país, por lo que la medida les impide salir legalmente, mientras otros están en el exilio y, en ese caso, se les veta el regreso.
De acuerdo a analistas, al bloquear la movilidad de los disidentes dentro y fuera del país el gobierno busca, por un lado, evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y, por otro, prevenir que los exiliados regresen para agitar la oposición interna.
El caso más notable ahora es el de Edmundo González, refugiado en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.
“El exilio de figuras de la oposición en Nicaragua fue el resultado de un acuerdo con los EE. UU. y sirvió para aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega neutralizando a los alborotadores. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, explica a BBC Mundo Michael Paarlberg, investigador del centro de estudios Institute for Policy Studies y profesor de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos.
Sin embargo, remarca una diferencia fundamental entre ambos: mientras en Venezuela aún hay una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha eliminado cualquier atisbo de resistencia.
“El gobierno de Ortega sigue un enfoque más totalitario al reprimir a toda la sociedad civil, las organizaciones religiosas y la oposición, mientras desmoviliza a la población mediante la promesa de cierto grado de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer”, apunta.
“Represión” y “traición a la patria”
Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de emplear sus sistemas judiciales y Fuerzas Armadas para perseguir a opositores y disidentes.
“Los dos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia y a la oposición”, le dice a BBC Mundo el politólogo John Magdaleno.
Ambos gobiernos defienden la imparcialidad de su sistema judicial y alegan que sus acciones contra opositores buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.
Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela ha habido centenares de detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organismos locales e internaciones que defienden el debido proceso.
También se han denunciado desapariciones, torturas y ha habido varias muertes de disidentes que estaban en custodia policial.
Para Amnistía Internacional, el control del poder Ejecutivo sobre el sistema Judicial y la Fiscalía se traduce en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos con escasas garantías para la defensa y sentencias determinadas de antemano.
Otras organizaciones como HRW (Human Rights Watch) señalan que en ambos países se han instrumentalizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para combatir las protestas.
Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y enjuiciamientos que, de otra manera, no contarían con un respaldo legal claro.
El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras de la oposición y líderes sociales bajo los cargos de terrorismo y conspiración.
Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, precandidatos a la presidencia en 2021, a quienes se imputó el cargo de conspiración en procesos judiciales que, según Amnistía Internacional, estuvieron plagados de irregularidades, como la ausencia de una defensa adecuada o el veto a observadores internacionales.
Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, “ambos gobiernos emplean el exilio forzado, la persecución judicial, normalmente por delitos vagos y abstractos como ‘traición a la patria’ o ‘terrorismo’, para amedrentar a críticos”, apunta el representante regional de HRW, Juan Pappier.
En Venezuela, la traición a la patria se basa en el artículo 130 de la Constitución, que obliga a sus ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
El gobierno venezolano suele usarla para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones atribuye conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.
Entre los que han sido afectados están Juan Guaidó, Leopoldo López, y María Corina Machado, además de los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Esta figura legal ha sido aún más recurrente en Nicaragua.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que solicite sanciones extranjeras o “incite la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua”.
El gobierno usó esta figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, a quienes consideró agentes al servicio de intereses extranjeros.
Más recientemente, Ortega acusó de “traición a la patria” a su hermano menor Humberto, que murió en septiembre de 2024 tras meses de arresto domiciliario por calificar como “dictatorial” al gobierno que lideran su hermano y su cuñada, Rosario Murillo.
Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su mayor aliado político e ideológico: Cuba.
“La inteligencia cubana aún tiene mucha influencia y, al menos en Venezuela, se le atribuye haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier tipo de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo la administración pública, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, asegura John Magdaleno.
El experto destaca que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, y se aproxima más a una autocracia cerrada”.
No obstante, advierte, “en Venezuela también se empiezan a ver señales de avance en esa dirección”.
En términos similares se expresa el subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier.
“Mientras el gobierno de Maduro se turna entre estrategias de represión más dura y generalizada y otras más selectivas, al menos desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de forma generalizada, brutal y constante”, sentencia.
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