“Hay personas que sí pueden ir por sus hijos, o que tienen a los abuelos que van a recogerlos, pero hay quienes no tenemos esas opciones. Tampoco puedo dejar de trabajar. Si así a penas vamos”. Lucía resume así lo que está pasando en su familia tras la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. 

No está muy enterada de las razones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el programa que había venido funcionando desde 2006 y que incluía un horario extendido para alumnos de planteles públicos, pero sí tiene claro el impacto: su hija no se ha incorporado a clases presenciales porque no hay quién pueda recogerla a las 12:30 de la tarde. 

“Yo trato de enseñarle en las tardes. Comemos y nos ponemos a hacer tarea. 

Tengo que buscar en Google para yo poder entenderle a los temas y luego explicarle a ella, pero hay algunos que no entiendo y lo dejamos”, dice en entrevista telefónica. 

“Me costó mucho trabajo que entraran las dos a esa escuela, porque no todas tenían ese horario, pero además de que nos ayudaba, también tenían clases d inglés, de computación”. 

Aunque algunas entidades como Puebla, Michoacán, Querétaro o la Ciudad de México advirtieron que sostendrán el programa de Escuelas de Tiempo Completo con recursos propios, la decisión corresponderá a cada estado y su posibilidad presupuestal. Situación que antes estaba resuelta puesto que los recursos eran federales. En Baja California Sur, por ejemplo, donde vive Lucía, no han anunciado algo así. De hecho, la secretaria de Educación de la entidad, Alicia Meza, aseguró que los recursos se utilizarán para la infraestructura escolar, como lo ha sostenido el presidente.  

Pero por lo pronto, la brecha entre el aprendizaje y los servicios que recibe sigue ampliándose con respecto a estudiantes de escuelas privadas. 

Liliana Gutiérrez, madre de dos estudiantes de primaria también en La Paz, Baja California, explica que en el Instituto Bilingüe del Valle mantienen un esquema híbrido, en el que asisten a clases dos semanas a clases en un horario extendido de 7:45 a 2:45 y una semana tienen clases virtuales en casa. Considera que si bien la pandemia trajo retos para la enseñanza en general, las brechas entre la educación pública y privada siguen ampliándose. 

Mariana es abogada y sus hijos han estado en escuelas públicas desde el kínder, asegura que “nunca había sentido tanto abandono, tanto desprecio. Es como si nos dijeran, rásquense por sus propias uñas”. Hace unos días le informaron en la secundaria Heriberto Jara Corona que dejarían de tener jornada ampliada y los estudiantes saldrían a las 13:40 horas. 

Su hija, de primero de secundaria, tendría que regresar sola, pero “lo que quiero evitar es que ella ande sola. Es peligroso. No pienso de ninguna manera arriesgarla, pero sí me resulta complicado porque a veces tengo audiencias a las 2 de la tarde. Me parte todo, no alcanzaría a trabajar ni a regresar por ella”, dice. 

“Muchas familias estamos reconfigurándonos después de la pandemia. En mi casa murió mi cuñada y dejó a dos niños pequeños. Nos hemos organizado para llevar a los niños a la escuela, hacer tareas. No es que solo nos encarguemos de nuestros hijos, sino de otros que nos están necesitando”. 

“Nadie nos ha preguntado nuestra opinión ni la manera en que nos están afectando en reducir el horario. Además parecer que el mensaje para las mujeres es que ‘no vas a trabajar, te vas a seguir quedando en casa. Si no tienes un hijo tienes que cuidar de él o de un enfermo o ser la que limpia’. Una decisión como esta nos afecta mucho en lo profesional. Yo quiero seguir ejerciendo mi carrera y prácticamente nos ponen trabas para que no lo hagamos”. 

El programa de Escuelas de Tiempo Completo tenía 12 años de operación. Inició en el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo en la administración de Enrique Peña Nieto, pero a partir de 2019, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzaron los recortes presupuestales. Primero de 50% menos y luego de asignarle cero pesos. 

El presupuesto que se destinaba a este, ahora está en el programa de la actual administración La Escuela es Nuestra dedicado solo a mejorar la infraestructura de los planteles. El dinero es entregado a los comités escolares, integrados por padres de familia y maestros, quienes deciden qué obra hacer y se tienen que hacer cargo de las contrataciones y comprobaciones del gasto. Eso, según ha dicho el presidente López Obrador, para evitar a los “intermediarios”, para que el dinero llegue directo, como reiteró este lunes.  

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el programa tiene deficiencias y ni siquiera hay certeza de que el dinero público realmente esté cumpliendo el objetivo de mejorar la infraestructura de las escuelas porque 1 de cada 2 pesos no ha tenido comprobación del gasto. 

De los 537 millones de pesos auditados en 2019, la mitad no se sabe en qué se invirtieron, pues las escuelas solo entregaron notas de remisión, en otros planteles se denunciaron robos o que las tesoreras no entregaron los recursos, entre otras irregularidades. 

El programa de Escuelas de Tiempo Completo beneficiaban a más de 3 millones de alumnos de educación básica con clases en horario extendido y alimentación, sobre todo entre las zonas más marginadas del país.

En la revisión al programa realizada por el Coneval en 2018, a 12 años de su creación, se analizaron los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto de aprendizaje de matemáticas y lengua, y se concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.  

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.