Fracking y extracción de minerales pétreos, los temas que se excluyeron de la reforma a la Ley de Aguas
Para entender mejor
Las y los legisladores federales avalaron en lo general el proyecto que expide la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en medio de protestas tanto del sector agrícola como del minero sobre el destino del agua para ambas actividades.
Pese a las discusiones que surgieron en torno del acceso y el uso del agua, coaliciones y organizaciones —como la Colectiva Cambiémosla Ya y la Alianza Mexicana Contra el Fracking— alertaron sobre la nula mención que diputados y senadores hicieron del uso del agua para fracking y la extracción de materiales pétreos de los ríos.
En un comunicado conjunto las organizaciones recordaron que la Ley de Aguas Nacionales (LAN), previa a la actual reforma, prohíbe a las empresas mineras realizar descargas de aguas residuales altamente tóxicas en los cuerpos de agua, aunque hayan sido tratadas.
Organizaciones y colectivos se mostraban preocupadas de que durante las discusiones en la Cámara de Diputados, el sector minero pretendiera eliminar esa restricción que se encuentra estipulada en el artículo 118 de la LAN.
Beatriz Olivera, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la Colectiva Cambiémosla Ya, así como directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera) afirmó que es “muy preocupante” que en la discusión sobre garantizar el derecho humano al agua no haya una sola mención de la palabra fracking y de la amenaza que hay al agua con esta técnica.
Olivera recordó los 100 compromisos de campaña que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al pueblo de México, entre ellos, prohibir el fracking.
“Esperamos que, al menos, en esta Ley de Aguas Nacionales se prohibiera el uso de agua para fracking, pero no hay una sola mención. Nos preocupa porque se pretende mantener el tema en la oscuridad: decir que no habrá fracking, pero no hay nada que lo garantice”, condenó Beatriz Olivera en entrevista con Animal Político.
Ante la falta de una prohibición oficial y legal de esta técnica que requiere de entre 9 a 29 millones de litros de líquido por pozo y la amenaza latente para contaminar cuerpos subterráneos de agua, Olivera señaló otra de las preocupaciones en torno de la reforma de la Ley de Aguas Nacionales: el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Nos preocupa también porque en agosto pasado se dio a conocer el Plan Estratégico de Pemex que contempla la extracción de hidrocarburos de lo que ahora llaman ‘yacimientos de geología compleja’. En realidad, son yacimientos de origen no convencional de los que tradicionalmente se han extraído hidrocarburos mediante fracking. La forma en la que ahora los llaman simula el término fracking”, explicó.
¿Qué papel juega el agua para el fracking?
El fracking se refiere a la fracturación de rocas mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos con el propósito de extraer principalmente gas y petróleo de los yacimientos de hidrocarburos.
Olivera explicó que esa perforación se realiza mediante la inyección de una mezcla de poco más de 700 sustancias con agua en el subsuelo para perforar la lutita y romperla hasta obtener el gas que se encuentra atrapado en la roca.
En un artículo, la Alianza Mexicana Contra el Fracking explica que los hidrocarburos de lutitas o shale se refieren al petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas.
Esas formaciones rocosas se sitúan en el subsuelo y suelen encontrarse a profundidades de entre mil y cinco mil metros.
El uso de la fracturación hidráulica para obtener combustibles fósiles genera una serie de problemas relacionados con el agua, la salud de las personas e impacta en la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) contribuyendo al calentamiento global.
La alianza menciona que en el proceso de obtención del gas el 90 % de las emisiones de GEI es metano (CH4). También emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles.
Respecto del agua, el fracking amenaza con una disminución severa en la disponibilidad de agua y contaminación inminente del líquido.
De los 750 tipos diferentes de productos químicos identificados en los fluidos de fracturación analizados, según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, se encontraron sustancias de gran toxicidad, como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
“Nos preocupa porque el agua sigue siendo la base para el fracking, por más que nos digan que ahora se hace con geles u otras sustancias. Son técnicas que todavía no están en el mercado. Eso no se hace a nivel comercial, se hará a nivel prototipo, pero a nivel comercial se sigue usando agua”, explicó.
Olivera enfatizó en la preocupación que eso representa para México ya que, en la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales, no hubo un candado para el uso de agua y su prohibición para el fracking, en el sentido de que se tiene que garantizar el derecho humano.
Sin discutir la extracción de material pétreo
La extracción de minerales pétreos de los ríos fue otro de los temas que no discutieron las y los legisladores sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
“Ese tema ni siquiera se tocó, no se le movió una coma. Toda la parte de los materiales para construcción, como la grava y la arena, se extraen de los ríos y hay un impacto local”, denunció Beatriz Olivera.
La también directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera), recordó que existen muchos ríos en una situación de crisis porque se ha extraído arena y grava de su cauce.
“En virtud de eso es que no se le da al problema su verdadera dimensión. Tampoco se menciona, ni se establece una prohibición o una restricción. No hay absolutamente nada en el Artículo 113 de la Ley de Aguas, al que no se le movió una sola coma y también nos preocupa”, añade.
Olivera subrayó que es sustancial tanto la extracción de minerales pétreos como el tema del fracking para garantizar el derecho humano al agua. La experta mencionó el caso del Río San Rodrigo ubicado en Piedras Negras, Coahuila. La situación de ese caudal les permitió conocer la problemática en torno de la extracción de minerales pétreos y el impacto socioambiental que ocasiona.
Este caso, comentó, ejemplifica lo que pasa con otros ríos en México en los que caciques y empresas locales se dedican a fabricar productos con los minerales pétreos para tener productos destinados a la construcción: ante una débil vigilancia en el sitio extraen, a diestra y siniestra, materiales de los ríos.
“Eso repercute en que los ríos se secan, se dañan severamente, se dañan sus cauces. El río queda erosionado y comienza a faltar agua a nivel local en comunidades que viven de ellos. Y no solamente va a faltar agua, también afecta toda la dinámica local”, añadió.
Olivera señaló que tanto las actividades turísticas como la pesca y el comercio en temporada vacacional o días festivos ya no tienen lugar porque secaron a los ríos.
“Es una problemática local replicada en muchos ríos del país para abastecer inmobiliarias. Hay que tocar los temas escabrosos y es lo que está haciendo falta en esta discusión”, advirtió.
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La directora de la organización Engenera adelantó que de no lograrse una prohibición de los usos de agua para fracking se mantendrán vigilantes para empujar una nueva discusión sobre esta práctica.
Actualmente, se tiene una iniciativa para prohibir el fracking que presentaron en la Cámara de Diputados cuatro legisladores. “No se ha discutido, pero yo invitaría a la población a que nos ayude para que sea discutida y la presidenta [Claudia Sheinbaum] cumpla su compromiso”, invitó.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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