Javier Cruz trabajaba en una empresa que renta vehículos, y como parte de sus labores le pidieron acudir a recuperar una camioneta que no había sido devuelta, lo que le costó a él y a su hijo ser detenidos y condenados a 40 años de cárcel en el Estado de México, acusados de extorsión.

Cuando acudió al sitio en el que se encontraba la camioneta de acuerdo con un dispositivo de geolocalización, Javier se encontró con que esta había sido vendida a una persona que dijo desconocer que se trataba de un vehículo rentado.

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Los siguientes días, Javier le escribió por WhatsApp que seguía a la espera de la devolución de la tarjeta de circulación, incluso le ofreció pagar por el envío en paquetería o en un taxi, hasta que el hombre que compró la camioneta lo citó para entregarla, pero en lugar de esto lo detuvieron bajo la acusación de extorsionar a esta persona.

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Los abogados Víctor Manuel Briyan Márquez y Víctor Manuel Santiago Castro detallaron que, como prueba contra Javier y Alejandro, se presentó la conversación que habían tenido con el comprador de la camioneta, aunque en ella aparecen mensajes enviados de manera posterior a la detención, cuando el teléfono celular del que salieron ya se encontraba en poder de los policías. 

“La víctima entregó la Suburban sin papeles, por lo que quedó en contacto por teléfono con el señor Javier, con la finalidad de devolver la tarjeta de circulación, e incluso le dijo que podía apoyarlo con los datos de la persona que supuestamente había rentado la camioneta y se la vendió, para que pudiera denunciar el fraude”, explicaron.

“Los últimos mensajes que el señor intercambió con esta persona fueron muy cordiales, y él no volvió a tener su teléfono celular desde el momento en que es detenido. Es cuando el dispositivo se encuentra bajo custodia de la policía de investigación que desde ese número se envían nuevos mensajes agresivos y fuera de contexto a la víctima, diciendo que Javier pertenece al Cártel de Jalisco y que va a pasar por la tarjeta de circulación y 10 mil pesos, y si no le va a hacer daño a él y a su familia”, agregaron los defensores.

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En los mensajes enviados después de la detención, el comprador de la camioneta dijo que tenía 3 mil pesos y Javier le respondió “ok”, aunque los abogados de Javier afirman que, mediante un peritaje particular, se demostró que esta conversación por medios electrónicos se había dado cuando el teléfono celular del detenido ya se encontraba en custodia de las autoridades.

“Al momento en que le quitaron el teléfono al señor Javier, este no fue embalado ni sujeto a una cadena de custodia, y aunque se presentó una pericial en informática forense para revisar que se manipuló el dispositivo de nuestro representado, la jueza que llevó el caso se mostró cerrada ante estas evidencias”, apuntaron.

Por ello, en agosto pasado Javier y su hijo fueron condenados a 40 años de prisión, decisión que apelarán para que se revise su caso. Mientras, continuarán encarcelados en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán, entre amparos para que al menos se garantice su atención médica, ya que Alejandro requiere apoyo por una cirugía que tuvo previo a su detención.

Lidia Gómez, esposa de Javier, contó que fue por las complicaciones médicas que ha tenido Alejandro que se enteraron de que ambos estaban detenidos: “por un accidente él tiene clavos en una pierna, y como tenían que hacerle curaciones lo llevaron a enfermería, donde él aprovechó para pedir el favor a un policía que le dejara avisar a su familia en dónde los tenían”. 

El abogado de los inculpados insistió en que, en este caso, es preciso que las autoridades investiguen el fraude que se cometió en contra de la persona que compró la camioneta sin saber que esta era rentada, un delito que no cometieron Javier ni Alejandro.

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¿Quiénes son las personas enjuiciadas por extorsión en México?

Los abogados de Javier y Alejandro señalaron que, en este caso, al igual que en otros que se han documentado en el Estado de México, como el de Alma –quien fue condenada a 40 años de cárcel por una supuesta extorsión, por cobrar una tanda a una vecina–, los sentenciados son personas con pocos recursos para acceder a una defensa adecuada, y son sometidos a juicios en los que no se da apertura para que se tomen en cuenta las evidencias que presentan a su favor.

De acuerdo con el Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 –último año del que se cuenta con datos disponibles– el Ministerio Público presentó ante un juez a mil 973 personas acusadas por el delito de extorsión, y de ellas, los juzgados encontraron elementos para iniciar el proceso en contra de 311, mientras que el resto fue liberado.

De las 311 personas contra quienes se inició juicio, 5 no sabían leer ni escribir, 44 no tenían ningún grado de estudios, 59 sólo estudiaron hasta preescolar o primaria, 46 llegaron a la secundaria, 19 a la preparatoria y 28 contaban con una carrera técnica. Once más manifestaron haber cursado la licenciatura y 4 contaban con un doctorado.

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En cuanto a sus ocupaciones, 3 trabajaban como directivos o jefes; 18 eran profesionistas técnicos; 5 desempeñaban actividades administrativas; 33 realizaban labores de venta o comercio; 4 eran vigilantes y 14 se desempeñaban en el sector agrícola, ganadero, forestal o de pesca.

Otros 2 enjuiciados se dedicaban a realizar artesanías, 3 operaban maquinaria industrial, 12 se desempeñaban en labores de apoyo y dos personas indicaron que no contaban con una ocupación.

Acerca del tipo de sentencia que tuvieron, 15 fueron condenados por extorsión, 2 fueron absueltos, en un caso se determinó el sobreseimiento, en uno más el delito prescribió y en 4 de ellos se otorgó el perdón del ofendido.

Para los abogados, el que la mayoría de las personas condenadas de quienes existen datos sobre su perfil socioeconómico tengan una baja educación o empleos precarios es un reflejo de que “el sistema sigue juzgando desde una perspectiva de culpabilidad y no desde la presunción de inocencia, lo que afecta a las personas más pobres”.

“A cualquiera le puede pasar que un conflicto o una pelea con alguna persona pueda terminar en este tipo de acusaciones, que alguien con un poco de dinero consiga que las autoridades lo incriminen por delitos que no cometieron, y no les importa que pueden arruinarles la vida, como en estos casos”, expresaron.

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Javier y Alejandro impugnaron la sentencia en su contra, por lo que actualmente se encuentran a la espera de que se lleven a cabo las diligencias para desahogar este proceso, tiempo que pasarán dentro de prisión.