Tan solo en 2021, alrededor de 50 países exportaron a México 175 mil 586 toneladas de residuos plásticos, lo que representa un alza de 35.7% en comparación a las que el país recibió en 2020, denuncian colectivos ambientalistas agrupados en la plataforma Colonialismo de la basura plástica en México.
Los colectivos advierten que esta práctica, el colonialismo de la basura, consiste en que naciones desarrolladas envíen sus desechos a otras con menor desarrollo donde las regulaciones son más laxas. Con ello, se desentienden de su tratamiento y de a quiénes pueden afectar esos materiales.
A pesar de esto y de sus potenciales daños, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) minimiza la situación, bajo el argumento de que esos residuos son reciclados, reutilizados o enviados a coprocesamiento.
En 2020, la plataforma registró que se exportaron a México 129 mil 385 toneladas de desechos plásticos, lo que representó un aumento de 64.7% respecto del año previo (78 mil 538 toneladas en 2019).
De los países que envían sus residuos a México, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Otras naciones involucradas son Canadá, Chile, Italia, Alemania y Brasil.
En cuanto a los materiales exportados, los más reportados fueron el tereftalato de polietileno (PET) o recortes de PET, algo que es utilizado principalmente en la elaboración de envases, tejidos, películas y electrónica, entre otras áreas. El envío de este material se cuadruplicó en 2020.
Los colectivos encargados de esta plataforma son Colectiva Malditos Plásticos, Geocomunes, Geografía Septentrional, No Es Basura, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Break Free From Plastic, Academia Mexicana de Derecho Ambiental y Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes.
Animal Político consultó a la Semarnat y la Profepa sobre el aumento en el ingreso de plásticos al país denunciado por los colectivos, a lo que ambas dependencias federales aseguraron que todo ese material es manejado de forma sustentable.
Importación de residuos plásticos
La importación de desechos plásticos está regulada por la Semarnat. Según la normatividad, solo se permite cuando los países de origen no tienen capacidad suficiente que garantice un manejo ambientalmente adecuado.
La autorización que emite la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) señala que solo se permitirá la entrada de residuos para cuyo manejo se tenga la infraestructura suficiente para evitar contaminación de atmósfera, suelo o agua, y que cumplan con la premisa de valorización que prevé la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos.
Cuestionada al respecto, la Profepa señaló que el aumento del envío de plásticos detectado en 2021 “se debió a la viabilidad de recuperar el valor remanente que tienen los desechos plásticos, a través de su reincorporación a procesos productivos tales como el reciclaje o su reutilización, que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final”.
También resaltó que se deben aplicar criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.
En septiembre de 2022, la Semarnat informó a través de un comunicado sobre las regulaciones a importadores de residuos plásticos con la entrada en vigor de la Enmienda BC-14/12 del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación.
La propia secretaría señaló a este medio que “el manejo de los residuos plásticos no peligrosos es de competencia estatal, incluidas las autorizaciones de reciclaje. En el caso de los residuos peligrosos la cantidad que se autoriza a importar tiene como límite máximo la capacidad anual de reciclado de la empresa”.
“El destino es únicamente el reciclaje. En nuestro marco regulatorio solo se permite la importación de residuos plásticos peligrosos para reciclaje o reutilización y la importación de residuos plásticos no peligrosos para reciclaje o co-procesamiento (…) Las autorizaciones de importación de residuos plásticos no peligrosos que ha expedido la DGGIMAR señalan como objeto el reciclaje, no se han recibido solicitudes de importación de residuos peligrosos y no peligrosos con un destino distinto”, agregó.
Sin embargo, las organizaciones cuestionan que la normatividad en efecto se cumpla y que esté garantizada una gestión responsable de todos esos residuos.
Animal Político pidió a la Semarnat las plantas recicladoras a las que supuestamente son enviados estos desechos para su tratamiento, pero al cierre de este texto no había tenido respuesta.
ONG advierten injusticia ambiental
Las organizaciones y los colectivos que documentaron el problema señalan que, aunque se puede conocer cuáles son las empresas importadoras y exportadoras de basura, esto no resulta suficiente para saber hacia dónde van tales desechos plásticos o en qué procesos de reciclaje, disposición final, tiraderos, quema o coprocesamiento son incorporados. “Las autoridades ambientales y de economía no lo detallan”, advierten en su investigación.
Entre 2015 y agosto de 2022, hubo 231 empresas distintas que importaron desechos plásticos; muchas de estas compañías son filiales de la misma matriz, alertan las asociaciones, que acusan al gobierno de México de promover la importación de basura plástica.
“Esto lo hace cuando la Semarnat decide no regular las importaciones de plásticos ‘que se presumen no peligrosos’, siendo una de las fracciones de la (fracción arancelaria) 3915 de mayor preocupación (…) ya que no son susceptibles de un reciclaje limpio y mucha va a incineración y quema en hornos cementeros (coprocesamiento)”, afirman.
Ante esto, urgen a poner un alto a las importaciones de basura plástica, que consideran un problema de injusticia socioambiental.
La OCDE señala que 91% de los plásticos acumulados en el mundo terminan en rellenos sanitarios o vertederos y terminan siendo filtrados a la naturaleza dentro de estos espacios, en los mares o, en su defecto, incinerados provocando afectaciones en la salud tanto para el ecosistema como las comunidades.
Piden reforzar el Convenio de Basilea
Cuando China decidió cerrar fronteras y prohibir la importación de 24 categorías de residuos sólidos como plástico, papel y textiles para mejorar su economía y apostar por un manejo efectivo de sus propios residuos, la ONU alertó sobre cambios considerables sobre el movimiento fronterizo de residuos.
Esta decisión trajo preocupaciones para las nuevas rutas de envío de desechos plásticos a países con infraestructura limitada para reciclar y tratar los residuos de los países que más basura generan.
México es parte del Convenio de Basilea y ratificó la Enmienda sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación el 13 de agosto de 2020.
El documento lo firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de se trata de un instrumento “congruente con el eje general Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual prevé el impulso de un desarrollo sostenible, como factor indispensable del bienestar (…) para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico”.
El Plan de Desarrollo 2029-2024, en el apartado sobre “Desarrollo sostenible”, señala que este se impulsará desde el Ejecutivo federal con sus políticas y programas que subsanen las injusticias sociales e impulsen el crecimiento económico sin que provoquen afectaciones a la convivencia pacífica ni el entorno.
Sin embargo, con la creciente exportación de residuos plásticos al país, los colectivos de la plataforma Colonialismo de la basura plástica en México advierten que, pese a estar en el Convenio de Basilea, el país no comprueba el destino final y de tratamiento de estos residuos.
“Una vez que estos desechos plásticos entran a México, no hay una fiscalización y seguimiento por parte de la autoridad ambiental sobre qué tipo de tratamiento reciben ni dónde se gestionan. Una de las hipótesis que seguimos investigando es que terminan en tiraderos y su uso como combustible en hornos cementeros”, advierten.
La incineración de residuos solo puede darse cuando en el país no exista “alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental”. Hacerlo fuera de ese marco es una acción que amerita sanción de la Profepa.
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