Conflicto en Sisal: pobladores se enfrentan a autoridades para detener expansión turística sin control en Yucatán
El pequeño pueblo de Sisal, un puerto de apenas 2 mil personas ubicado en Yucatán, al sureste de México, libra una fuerte crisis socioambiental. Cerca del 15 % de sus habitantes se organizaron para tomar al que consideran el último terreno costero otorgado a proyectos inmobiliarios y turísticos, y destinarlo a viviendas. Este reclamo les valió un enfrentamiento físico y legal con autoridades, quienes los acusan de talar 2.3 hectáreas de manglar, una vegetación protegida a nivel federal y que es clave para la protección ante tormentas y huracanes, así como para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Este conflicto en el municipio de Hunucmá ha revelado los impactos del turismo y el desarrollo inmobiliario sin control que en los últimos años han desplazado a poblaciones locales cada vez más lejos de la costa.
“El impacto en Sisal no es de ahora, son las consecuencias de las diferentes etapas de los gobiernos de todos niveles. Nos hicieron creer que la promoción de proyectos turísticos nos iba a favorecer”, dice Felipe Hernández, pescador de 74 años que lleva toda su vida en Sisal.
Hernández sostiene que la población local está cansada de la expansión de las inmobiliarias y el turismo en sus territorios, especialmente desde diciembre de 2020, cuando autoridades federales declararon a la localidad como Pueblo Mágico, una categoría creada por la Secretaría de Turismo a nivel federal para promocionar destinos alternativos.
“Somos el primer puerto de Yucatán, no somos pueblo mágico, eso se lo pusieron para buscar plusvalía a los terrenos que están concesionados”, insiste el pescador.
Una investigación hecha por académicas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) concuerda con Hernández, pues detectó que las obras y solicitudes de permisos ambientales se dispararon a partir de este decreto.
“Nos vienen a hablar de un desarrollo para el pueblo de Sisal, pero nos dimos cuenta de que realmente el desarrollo no era para nosotros porque empiezan a salir inmobiliarias a explotar áreas protegidas, ahí sí hay devastación de mangle”, señala Alan Hernández, hijo de Felipe y quien también se integró al grupo de pobladores que desde 2017 denunció tala de manglar en las zonas donde las inmobiliarias construyeron sus proyectos.
“Fuimos a los lugares, hicimos grabaciones. Le mandamos al Gobierno evidencia de lo que estaba pasando en este tema, pero nadie nos hizo caso”, relata.
Solo entre enero de 2014 y abril de 2022, la investigación identificó 90 proyectos que suman 2 mil hectáreas y donde se venden más de 30 mil terrenos, tanto en la zona costera como en el interior de la localidad.
Crecimiento urbano en medio de humedales de Sisal
Además de la costa, Sisal está rodeado por dos áreas naturales declaradas como sitios de importancia internacional Ramsar: la Reserva Estatal El Palmar (REEP), al oeste, de 47 mil 931 hectáreas; y la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán (RECM), de 54 mil 776 hectáreas. En ambas regiones hay manglares, dunas costeras y cuerpos de agua.
La mayor pérdida de manglar en estas reservas ocurrió entre 1979 y 2005, cuando perdieron más de 500 hectáreas de manglar, de acuerdo con datos del monitoreo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
El monitoreo más reciente arroja que entre 2015 y 2020, la zona perdió poco más de 50 hectáreas de manglar. En este periodo, la urbanización en Sisal también cambió, pues de las 1468 viviendas registradas para 2020, el 59 % estaban deshabitadas o era de uso temporal, de acuerdo con el estudio del Cinvestav.
El mismo documento señala que este aumento de infraestructura genera una sobrecarga en los ecosistemas con la demanda de servicios, como la obtención de agua y electricidad. En el caso de Sisal, el agua dulce proviene de un cenote –cuerpo de agua subterráneo–, cuya distribución no llega a todas las viviendas de la localidad.
“Siempre hemos tenido problemas con el agua potable. El agua potable viene de a unos 5 kilómetros de Sisal. Las bombas siempre están fallando, siempre tenemos este problema”, cuenta Alan Hernández sobre las fallas en el acceso al agua desde que creció la población.
La investigación del Cinvestav señala la responsabilidad de autoridades de Yucatán, al hacer cambios administrativos que hicieron compatible el suelo de las áreas naturales con actividades de turismo, vivienda unifamiliar y desarrollo inmobiliario.
El estudio señala que los primeros proyectos turísticos que se instalaron en la zona obtuvieron permisos ambientales tras modificaciones al área de la Reserva de El Palmar y al Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa de Yucatán.
Estas son las irregularidades denunciadas por los pobladores, quienes también han visto afectado su acceso a las playas.
“Hemos tenido problemas con los canadienses (el principal grupo extranjero que vive o vacaciona en Sisal). Inclusive hay privatización de la playa, donde los pescadores están jalando su red y sale gente armada que no nos deja acercarnos”, cuenta Hernández sobre la mayor dificultad para pescar en Sisal.
“Ya no tenemos a dónde ir”
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y federales, los pobladores de Sisal acordaron tomar un área de cerca de dos kilómetros de costa y 150 metros de profundidad, cerca del muelle principal.
En este terreno, reconocen, talaron vegetación secundaria, pero niegan haber dañado manglares, pues sostienen que no crecen en la franja costera, sino al interior de las áreas naturales.
“Las autoridades recorrieron el área donde devastamos y les pedimos que nos enseñaran dónde está el mangle, que nos desmintieran y no lo hicieron”, sostiene Alan Hernández, quien advierte que la única opción para resolver el conflicto es ceder ese espacio.
Su padre incluso reta a que cualquier científico pruebe que en la zona de devastación haya manglares.
“Ya no tenemos a donde ir, ya nos cortaron de lado a lado. Tenemos el derecho de que no nos quiten la tierra que nos pertenece”, señala.
Hernández asegura que la vegetación removida por los pobladores era principalmente plantas pequeñas y bajas, como el caimito (Chrysophyllum cainito) o el chelem (Agave angustifolia).
Mongabay Latam consultó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre la vegetación removida en la zona. La dependencia sostuvo que en las actas levantadas por los inspectores federales los días 25 y 26 de febrero se detectó la presencia de mangle de botoncillo (Conocarpus erectus) en la zona de conflicto, así como vegetación de duna y matorral costero, en forma de árboles y arbustos, así como plántulas emergentes
El conflicto territorial escaló el pasado 11 de marzo, cuando fuerzas de seguridad pública se enfrentaron con los pobladores que habían tomado las tierras costeras. Felipe Hernández sostiene que los policías del estado golpearon a varias personas, incluyendo a su hija y a su esposa.
A partir de ese momento se iniciaron mesas de diálogo entre el gobierno de Yucatán, pobladores de Sisal, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para llegar a acuerdos.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, sostuvo que la investigación se mantiene por tratarse de destrucción de manglares, un delito federal, “sea de quien sea la tierra”.
Durante acciones de restauración de manglar, Bárcena dijo que a nivel nacional México ha perdido 15 % de este tipo de bosques, y en el caso de Yucatán cerca del 8 %.
Por su parte, la Profepa dijo a Mongabay Latam que la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra “abierta y en proceso, independientemente de que se pretenda la reparación del daño en la zona”.
Los pobladores señalan que las reuniones han servido de poco, pues señalan que el único ofrecimiento es reubicarlos en áreas cercanas a la ciénaga y alejarlos de la costa.
En esas reuniones, el comisario ejidal de Sisal, Irineo Novelo Esquivel, le dijo al gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, que su propuesta no era bien recibida por los casi 300 pobladores organizados.
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“A nosotros no nos interesa movernos de Sisal, nosotros queremos esas tierras porque son las que nos pertenecen. No queremos ir al monte o a la selva”, dice Alan, al hablar del rechazo de pobladores a la propuesta del gobierno de Yucatán.
Su padre coincide y no se ve en otro lugar que no sea la costa de Sisal. “Nos propusieron, a cambio de dejar estos terrenos, unas hectáreas y unas casitas, pero la respuesta es no, queremos nuestras tierras en el puerto”.
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Las adopciones internacionales en Corea del Sur comenzaron en la década de 1950 con el pretexto de rescatar a los huérfanos de guerra; sin embargo, ante la alta demanda, organizaciones consideran que se creó una “industria” por lo que muchos menores llevados al exterior pudieron ser víctimas de desaparición forzada.
“Tienes un nuevo hermano, ¿verdad? Tu mamá dice que ya no te necesita porque ahora tiene un bebé. Así que, ven conmigo”.
Esas fueron las palabras que una mujer le dijo a Kyung-ha, de 6 años, mientras la pequeña jugaba frente a su casa en Corea del Sur. Kyung-ha siguió a la mujer hasta un tren y se quedó dormida. Cuando despertó, había llegado a la última estación. La mujer había desaparecido.
Perdida y confundida, Kyung-ha fue a una comisaría cercana y pidió ayuda para encontrar a su madre. En su lugar, la enviaron a un orfanato en la ciudad de Jecheon. Unos siete meses después, fue adoptada por una familia en Virginia, Estados Unidos.
Así fue como Shin Kyung-ha fue separada de su familia en 1975, desapareciendo de su hogar en la ciudad de Cheongju, en la provincia surcoreana de Chungcheongbuk-do.
Su madre, Han Tae-soon, quien ahora tiene 73 años, nunca pudo dormir en paz a causa de la desaparición de su hija. Visitaba comisarías a diario y llegó a viajar hasta tres horas de ida y tres de vuelta para repartir folletos y participar de programas de televisión y radio.
Han Tae-soon hacía todo lo posible por encontrar a su hija.
Tras 44 años de búsqueda, Han finalmente encontró en 2019 a su hija, que vivía en Estados Unidos, gracias a las pruebas de ADN y a la ayuda de 325Kamra, una organización que conecta a las personas adoptadas con sus familias biológicas.
Sin embargo, el reencuentro no fue del todo feliz.
“¿Por qué robarías a la hija de otra persona y la enviarías a Estados Unidos? Mi hija creía que la habían abandonado, sin saber que su madre la había buscado toda la vida. Mi salud está destrozada por haberla buscado durante 44 años, pero ¿quién me ha pedido disculpas por esos años? Nadie”, dice Han a BBC News Corea.
Pasaron cuatro décadas desde la desaparición de su hija hasta de que Han Tae-soon conoció la verdad de la adopción.
Los niños enviados al exterior
Esta historia no es exclusiva de Han.
Un informe publicado hace unos días por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur, una entidad independiente, reveló que muchos niños enviados en adopción a países como Estados Unidos, Dinamarca y Suecia entre las décadas de 1960 y 1990 sufrieron violaciones de derechos humanos en el proceso.
El informe reveló que sus identidades originales y su información familiar fueron distorsionadas o falsificadas, y que no se tomaron las medidas de protección adecuadas tras su envío al extranjero.
La comisión examinó los registros de adopción de 367 niños adoptados en 11 países y reconoció a 56 adoptados como víctimas de violaciones de los derechos humanos.
“Muchas familias han perdido a sus hijos debido a las adopciones ilegales en Corea del Sur en el exterior“, dice Cho Min-ho, representante de la Coalición por los Derechos del Niño, quien ayuda a las personas adoptadas en el exterior a encontrar sus raíces.
Cho asesoró a más de 100 familias afectadas por este problema.
De “desaparecidos” a “huérfanos”
Kim Do-hyun, director de Root House, un refugio para personas adoptadas en el exterior, califica este caso de “desaparición forzada” y responsabiliza al gobierno surcoreano.
“Los padres no perdieron a sus hijos. Sus hijos fueron desaparecidos de manera forzosa. Tanto los niños como los padres son víctimas”, declaró a la BBC.
Kim afirma que durante las décadas de 1970 y 1980, el gobierno surcoreano creó huérfanos para satisfacer la demanda de adopciones internacionales.
El director de Root House dice que los niños eran vendidos como mercancía en la industria de la adopción, mientras que los padres cargaban con la culpa de por vida por haber perdido a sus hijos.
Lee Kyung-eun, doctora en Derecho Internacional por la Universidad Nacional de Seúl, afirma: “Hasta que se implementó la Ley de Adopción Especial en 2012, el número de registros de huérfanos emitidos para niños abandonados era notablemente similar al número de niños adoptados internacionalmente”.
“Esto plantea interrogantes sobre si la adopción internacional fue realmente un proceso para encontrar hogares a los niños huérfanos que necesitaban familias o si fue la manera para crear huérfanos con fines de adopción internacional”, agrega.
El registro de huérfanos hace referencia a la creación de una identidad para un niño abandonado, en la que se le asigna un apellido y orígenes familiares sin ninguna información parental.
Noh Hye-ryeon, profesor honorario de la Universidad de Soongsil y antiguo miembro de Holt Children’s Services, la agencia de adopción más grande de Corea del Sur, especula con que “los niños fueron declarados huérfanos falsamente para facilitar el proceso de adopción, porque en ese momento era difícil enviar a niños con padres para su adopción”.
Sin embargo, Boo Cheong-ha, expresidente de la agencia Holt en la década de 1970, niega haber creado huérfanos ilegalmente para su adopción internacional.
“En la década de 1970, el 90% de los niños eran abandonados y los niños con padres no eran enviados para su adopción internacional”, afirma Boo.
170.000 niños afectados
Las adopciones internacionales en Corea del Sur comenzaron en la década de 1950 con el pretexto de rescatar a los huérfanos de guerra y a los hijos que los soldados extranjeros tuvieron con mujeres coreanas.
Con el rápido crecimiento económico de Corea del Sur, el número de niños enviados al extranjero para su adopción alcanzó su punto máximo en la década de 1980. Solo en 1985, más de 8.800 niños fueron adoptados internacionalmente, lo que representa aproximadamente 13 de cada 1.000 recién nacidos.
Las cifras muestran que, desde la década de 1950, Corea del Sur ha enviado más niños al extranjero para su adopción que cualquier otro país, con al menos 170.000 niños adoptados en el extranjero para 2022.
Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese año, “más del 60% de los padres adoptivos recibieron información incorrecta sobre el significado y el impacto de la adopción”.
Estos padres en ningún momento dieron su consentimiento para la adopción y no abandonaron a sus hijos.
Un acuerdo con el Estado
Tras la guerra de Corea, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo y pocas familias estaban dispuestas a adoptar niños.
El gobierno surcoreano inició entonces un programa de adopción transnacional gestionado por agencias privadas, a las que se les otorgaron importantes poderes mediante leyes especiales de adopción.
Sin embargo, según el informe, existía una “falla sistémica en la supervisión y la gestión”, lo que condujo a numerosas omisiones por parte de estas agencias.
El informe señala que las agencias extranjeras exigían un número determinado de niños cada mes y que las agencias surcoreanas cumplían, “facilitando adopciones internacionales a gran escala con una mínima supervisión del proceso”.
Al no existir una regulación gubernamental sobre las tarifas, las agencias coreanas cobraban grandes cantidades y exigían “donaciones”, lo que convirtió las adopciones en una “industria con fines de lucro”.
Además, otras omisiones incluyen adopciones realizadas sin el debido consentimiento de las madres biológicas y una evaluación inadecuada de los padres adoptivos.
Identidades falsas
Las agencias también inventaron informes que presentaban a los niños como si hubieran sido abandonados y puestos en adopción, dándoles intencionalmente identidades falsas.
Debido a que muchos niños adoptados tenían identidades falsas en su documentación, ahora tienen dificultades para obtener información sobre sus familias biológicas y carecen de protección legal adecuada, según dice el informe.
La comisión ha recomendado al Estado que presente una disculpa oficial y cumpla con las normas internacionales sobre adopciones transnacionales.
Shin Pil-sik, investigadora de adopciones internacionales y estudios de la mujer en la Universidad de Seokyeong, dice que si bien el Estado creó los procedimientos institucionales para las adopciones internacionales, los gobiernos de aquella época permitieron que las agencias de adopción llevaran a cabo el proceso.
Shin afirma que esto ha dado lugar a una prolongada “relación de culpabilización” entre ambos.
“El gobierno era el capitán y las agencias de adopción remaban el bote”, sintetiza.
Shin explica que el gobierno de esa época intervino en las políticas de adopción internacional estableciendo cuotas sobre el número de niños que podían ser adoptados en el exterior cada año o suspendiendo por completo la adopción en ciertos países.
Sin embargo, esta participación en las políticas no se extendió a la supervisión y gestión de las prácticas ilegales de las agencias privadas, que eran las que gestionaban el proceso de adopción.
El Ministerio de Salud y Bienestar surcoreano respondió a la BBC News sobre los problemas del pasado vinculados a las adopciones internacionales y la responsabilidad del Estado: “Reconocemos profundamente el contexto histórico y social en el que se llevaron a cabo las adopciones internacionales y seguimos esforzándonos por fortalecer la responsabilidad del Estado en materia de adopción”.
Los niños como exportación
Corea del Sur sigue siendo el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que continúa enviando niños para la adopción internacional.
En 2022, se ubicó como el tercer mayor exportador de niños a nivel mundial.
Según datos recopilados por el investigador Peter Selman, a pesar de que muchos países detuvieron las adopciones internacionales debido a la guerra de Ucrania, Corea del Sur envió el tercer mayor número de niños al extranjero, detrás de Colombia e India.
Han, quien encontró a su hija desaparecida después de 44 años, presentó una demanda contra el Estado el año pasado, lo que puso de manifiesto por primera vez el problema de la adopción ilegal de niños desaparecidos.
El Ministerio de Salud y Bienestar respondió: “Nos solidarizamos profundamente con quienes han estado separados de sus familias durante tanto tiempo y estamos profundamente consternados por su situación”.
Muchos de los adoptados siguen vivos hoy en día y la mayoría de ellos ha alcanzado la mediana edad.
“Muchos de los padres que se vieron obligados a dar a sus hijos en adopción aún no se han encontrado con ellos. Para estos padres, esta podría ser su última oportunidad. Para estos padres, esta podría ser su última oportunidad. Si no lo hacen ahora, podría ser demasiado tarde”, dice Han Bun-young, una de las personas adoptadas.
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