“Ten cuidado con lo que haces, o te vas a meter en problemas graves. ¿Quién te crees que eres para bajar a esos afganos del avión?”.

Gabriela, de 31 años, denuncia que esta fue la amenaza que le profirió uno de sus superiores en el Instituto Nacional de Migración (INM), después de comunicarse con la delegación del Instituto en el Aeropuerto de Cancún para conocer la situación de una pareja de afganos que habían llegado al país para pedir asilo y que estaban por ser deportados. 

Pero ello, denuncia la exfuncionaria, le supuso la reprimenda y amenaza de un superior, y meses de acoso y hostigamiento laboral hasta que finalmente se produjo el despido que la ha dejado sin seguro médico y desamparada ante la enfermedad renal grave que padece. 

“Solo cumplí con la ley mexicana y con los mecanismos internacionales de protección de migrantes, y me despidieron, aunque sabían que al quitarme el seguro médico me estaban dejando al borde de la muerte”, denuncia Gabriela, que interpuso quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Secretaría de la Función Pública.

“Tenía miedo de ir a trabajar”

Gabriela no se llama así. Pero pide que se le modifique su nombre porque quiere proteger su intimidad ante la enfermedad renal que padece. 

Precisamente, por su perfil y por su experiencia en el tema de refugiados y protección internacional, arrancó su nueva etapa en el INM como subdirectora del Programa de Repatriación Humana, que es el área encargada de atender y recibir a las personas mexicanas deportadas. 

Todo iba bien, cuenta Gabriela, hasta que en junio de 2019 Tonatiuh Guillén renunció al cargo, y el presidente López Obrador designó como nuevo comisionado a Francisco Garduño, quien era el jefe de las cárceles mexicanas. 

“Cuando llegó el nuevo director del Programa de Repatriación Humana, Octavio Tapia, que es gente del nuevo comisionado, comenzaron los actos de hostigamiento laboral en mi contra. Al principio eran muy sutiles, pero poco después se volvieron insostenibles. Eran gritos, manoteos, comentarios sexistas, y desprecio a mi trabajo y al del resto del equipo. Se volvió un ambiente laboral muy feo”, expone Gabriela. 

Ante esta situación, la exfuncionaria dice que acudió con la directora general de Protección al Migrante y Vinculación, Ruth Villanueva Castilleja, para solicitarle un cambio de área. Para sustentar su petición, le presentó audios de los maltratos que grabó y un peritaje en psicología en el que quedaba asentado que padecía “estrés postraumático” debido al “mobbing laboral”.

“Estaba en una situación muy difícil. No podía dormir y tenía miedo de ir a trabajar”, dice la exfuncionaria. 

Tras una primera negativa, Gabriela fue finalmente reasignada en junio de 2020 a la Dirección de Asuntos Internacionales, que entre sus tareas está la de dar seguimiento a la relación con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

A pesar del cambio, la exfuncionaria asegura que las cosas no mejoraron mucho. Aún seguía recibiendo encargos de su anterior jefe, sus responsabilidades aumentaron porque atendía tareas de dos áreas, y la relación con la directora general “se había fracturado” tras una primera negativa a reubicarla. Pero todo empeoró mucho más para ella cuando el 14 de octubre del año pasado una pareja de afganos llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en busca de asilo. 

La situación con la pareja afgana

Nilo, embarazada de siete meses, y su esposo Zabbih, llegaron a México con la intención de pedir refugio. Vivían en Kabul, Afganistán, cuando la toma de la capital del país de nueva cuenta en manos de la dictadura talibán les obligó a tomar la decisión drástica de huir casi con lo puesto. 

No fueron, desde luego, los únicos. Las terribles imágenes de personas desesperadas trepándose a los aviones que sacaban a las tropas estadounidenses después de 20 años de ocupación dieron la vuelta al mundo, y llevaron a múltiples gobiernos, incluido el de México, a dar la bienvenida públicamente a aquellas personas que buscaban huir de los fundamentalistas. 

El miércoles 13 de octubre, Nilo y Zabbih aterrizaron en Ciudad de México, donde les esperaba su amiga Daniela Vaca, a quien habían conocido en una universidad china. Sin embargo, después de un día encerrados en la estación migratoria del aeropuerto capitalino, ambos fueron expulsados sin opción a solicitar refugio, con el argumento del INM de que la pareja había tratado entrar al país como turistas y no como refugiados. 

Del aeropuerto capitalino fueron trasladados al de Cancún. Ahí hicieron una breve escala, en la que el ACNUR trató de interceder por ellos antes de su deportación exprés a Turquía.  

Y aquí es donde nuevamente entra en la historia Gabriela. 

De acuerdo con las conversaciones registradas en Whatsapp, que este medio pudo constatar, Gabriela recibió ese 14 de octubre un mensaje a las 12:21 horas en el que un Oficial del ACNUR le comenta la situación de los afganos. 

Cinco minutos más tarde, Gabriela se comunicó con su directora de área, también por Whatsapp, para informarle del caso, y le instruyó que solicitara más información al personal de las delegaciones del INM en ambos aeropuertos. 

En este punto, la exfuncionaria explica que su área no sabía por qué el INM había rechazado el ingreso de estas personas, solo sabían lo que les había expuesto el ACNUR. Y que, por eso, como parte de sus atribuciones, lo que hizo fue preguntar a las delegaciones del INM en los aeropuertos para informar después a su directora de la situación. 

“Es decir, yo no podía decir: ‘oigan, bajen a estas personas del avión’. Pero como integrante de la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, sí podía checar que se estuvieran cumpliendo todos los protocolos de protección. Y si no se estaban cumpliendo adecuadamente, entonces reportarlo a mi directora inmediata para que esta lo comunicara a la Directora General y evitar que se violentaran los derechos humanos de una familia, en la que, además, la esposa estaba embarazada de siete meses”. 

A las 12:34, Gabriela supo que la pareja ya se encontraba en Cancún. Entonces, escribió un nuevo Whatsapp al funcionario del INM encargado de la Terminal 4 del Aeropuerto de Cancún, y este le respondió que la delegada del INM en dicho aeropuerto ya estaba atendiendo el tema con un representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

A las 13:08, Gabriela habló con la delegada del INM, quien le dijo que había platicado con el representante de la Comar, y “le había solicitado bajar a las personas del avión” puesto que estaban solicitando refugio. 

Sin embargo, Gabriela cuenta que la delegada le respondió a la Comar “que estaba imposibilitada” para hacer eso, pues necesitaba la autorización del Director General de Control y Verificación del INM. Como resultado, la pareja fue deportada y el asunto se mediatizó de inmediato, hasta el punto de que la Cancillería mexicana tuvo que intervenir para traerlos de regreso tan solo un par de días más tarde para evitar un conflicto mayor. 

A las 13:23 de ese 14 de octubre, Gabriela refiere que recibió una llamada a su oficina de Héctor Leoncio Martínez Castuera, el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM. 

“Me llamó gritándome y diciéndome que quién era yo para dar instrucciones a los colegas del aeropuerto para que bajaran del avión a los afganos que se iban a deportar”, expone la mujer, que dice que trató de explicarle que ella no había dado instrucción alguna, que tan solo estaba solicitando información a petición de su directora de área. 

“Pero no sirvió de nada. Me amenazó diciéndome que tuviera mucho cuidado porque podía meterme en problemas graves”, denuncia Gabriela, que acto seguido, como a las tres horas de la llamada, asegura que le informaron que el comisionado Francisco Garduño había solicitado su renuncia inmediata por este suceso. 

Y en este punto, es donde la mujer cuenta que empezó otra odisea. 

“No les importa que pueda morir”

Tras el altercado con sus superiores por el tema de la pareja afgana y después de un par de meses tratando de comunicar su situación médica al comisionado Francisco Garduño, el Instituto la despidió. 

Pero, antes de eso, Gabriela denuncia que volvió a ser víctima de acoso laboral. Apenas una semana después del suceso con los afganos, la mujer fue ingresada el 23 de octubre en el Hospital Bicentenario de Tultitlán, en el Estado de México, con un diagnóstico de “peritonitis grave” que puso en riesgo su vida como consecuencia de la insuficiencia renal que padece.

La mujer estuvo internada y sin acudir a su puesto de trabajo del 25 al 29 de octubre. Y, aunque asegura que comunicó “inmediatamente” su situación médica a su jefa directa en el Instituto, Ruth Villanueva, solicitó al área administrativa del INM que se le aplicara “el bloqueo” de los salarios correspondientes a esa quincena por considerar que se trataba de “faltas injustificadas”. 

La exfuncionaria expone que mandó a su representante legal para que platicara con la directora general Ruth Villanueva, a quien le expuso que Gabriela no había cometido ninguna irregularidad en el tema de los afganos, y que, además, su situación de salud era delicada y que necesitaba el empleo para mantener el seguro médico del ISSSTE. 

“De no ser por mi estado de salud y porque necesito el seguro médico, hubiera aceptado renunciar cuando me lo pidieron, aunque no cometí ninguna falta”, asegura Gabriela, que como último intento para evitar perder la red de protección del seguro mandó una carta al comisionado Francisco Garduño, así como una tarjeta informativa explicando su proceder en el tema de los afganos. 

Y también mandó una carta al presidente López Obrador, con 6 anexos de documentación, también en poder de este medio, que fue recibida por la oficina del mandatario el pasado 5 de enero. 

Sin embargo, hasta la fecha, nadie le ha dado una respuesta, por lo que la ya exfuncionaria interpuso quejas ante la CNDH (que abrió el expediente CNDH/6/2022/623/R), el Conapred (expediente Q43-22), y la Secretaría de la Función Pública (queja 496/2022), y, además, contempla recurrir a demandas administrativas y penales en contra del Instituto y de los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en actos de hostigamiento y acoso laboral. 

“Lo que más me molesta de esta situación es que, sin pestañear siquiera, me quitaron el trabajo que, además, hacía bien. No les importó lo más mínimo que, al quedarme sin el seguro del ISSSTE, yo me pueda morir. Es lo que más me molesta. Porque desde su posición de poder, de que se sienten protegidos, y de que son los jefes, pueden pasar por encima de todo el mundo sin que nadie les diga nada”, concluye Gabriela.