La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) harán examen de admisión en línea en conjunto para ingresar a sus bachilleratos tras la eliminación de la prueba de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).
El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, explicó que ambas instituciones realizarán un preregistro en línea donde cada alumno podrá seleccionar la institución a la que desea aplicar.
Además, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad del examen en línea, se tomarán los datos biométricos de los aspirantes. También, se hará uso de inteligencia artificial y se dará atención personalizada a aquellas personas con discapacidad que lo requieran.
La convocatoria y los resultados se publicarán de forma conjunta entre las dos instituciones, aunque aún no hay fechas publicadas.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció que incrementará en al menos mil 500 lugares en bachillerato para el ciclo escolar 2025-2026.
🔴El rector de la @UNAM_MX, Leonardo Lomelí Vanegas detalló que la máxima casa de estudios incrementará su oferta en 1500 lugares para el ciclo escolar 2025-2026, esto implica los 9 planteles de prepa y los cinco correspondientes al CCH. pic.twitter.com/tYUVDQHqyQ
— Animal Político (@Pajaropolitico) February 3, 2025
La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que estas instituciones deben hacer examen por sus estatutos internos. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que las y los alumnos que deseen aplicar a un bachillerato de la UNAM o el IPN tienen su lugar asegurado en alguna institución pública.
Delgado informó que el ingreso a educación media se hará por medio de un registro en línea en una plataforma única para todos los bachilleratos, ya sea Conalep, DGETI, Colegio de Bachilleres o cualquier otro.
Las y los jóvenes egresados de secundaria podrán seleccionar hasta 10 opciones de bachilleratos a las que podrán ser asignados dependiendo de su ubicación.
De acuerdo con el titular de la SEP, la convocatoria para ingreso bachillerato en 2025 se publicará el próximo 14 de febrero. Aunque, no será hasta marzo que quienes egresen de secundaria podrán registrar sus opciones.
🔴Tras eliminación de examen de #Comipems, @mario_delgado, titular de la @SEP_mx informa que a partir del 14 de febrero se publicará una convocatoria para las y los estudiantes de tercero de secundaria para acceder a alguno de los planteles de educación media superior. pic.twitter.com/K0VrLGKIMF
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Las únicas escuelas que no estarán disponibles en la nueva plataforma única de registro serán aquellas vinculadas a la UNAM y IPN. Es decir, los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y los 16 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT).
Durante conferencia de prensa, la subsecretaria de Educación Media Superior recordó que se está trabajando en dos planes de estudio únicos para bachillerato, uno para la opción general y otra para la técnica.
Esta unificación se hace con el objetivo de que sin importar el bachillerato en el que estudie un alumno, este reciba la misma educación. Además, al finalizar sus estudios cada estudiante recibirá un certificado único de bachillerato nacional.
En el caso de los estudio técnicos o tecnológicos además del certificado general recibirán uno avalado por alguna universidad, como el IPN, la UNAM, UAM o el Tecnológico Nacional de México, esto dependerá de la institución que haya avalado los planes de estudio que curse el alumno.
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Durante su participación, el rector general de la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM) señaló que el 24 % de sus egresados provienen del Colegio de Bachilleres. Por ello, anunció que se está trabajando para establecer un pase reglamentado para los alumnos de esta institución.
El rector señaló que este pase sería para aquellos que cuenten con un promedio destacado, sin detallar algún número preciso. Con esto las y los alumnos de los bachilleres podrían ingresar a cualquiera de las cinco unidades universitarias con las que cuenta la UAM, es decir, aquellas ubicadas en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.
El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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