Espionaje sin control: desde fiscalías hasta gobiernos estatales, Pemex, Guardia Nacional usaron herramientas de vigilancia
Para entender mejor
En México, desde las fiscalías hasta gobiernos estatales e incluso instituciones como Petróleos Mexicanos y la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional han adquirido y utilizado herramientas de intervención de comunicaciones, extracción de información de dispositivos, geolocalización, y hasta antenas falsas para espiar a ciudadanos, pese a que no tienen facultades legales o no contaron con orden judicial para ello.
Así lo revela el informe “El Estado de la Vigilancia” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que incluye el diagnóstico de la vigilancia en las comunicaciones en el país realizada desde 2012 y hasta 2023, de acuerdo con registros oficiales de las adquisiciones y hallazgos de equipos intervenidos, sobre todo de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.
De acuerdo con datos publicados por el Poder Judicial de la Federación, existe una clara tendencia al alza en la resolución de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas por parte de jueces federales en los últimos años.
Mientras en 2017, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los jueces recibieron mil 756 solicitudes para intervenir comunicaciones, en 2018, el año de la transición, hubo 5 mil 881 y para 2023 registraron 10 mil 626, lo que representa un crecimiento de 80% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, existe evidencia de que las autoridades utilizan las herramientas de vigilancia aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.
Por ejemplo, si bien la Guardia Nacional reportó haber solicitado la autorización para la intervención de comunicaciones privadas 92 veces en el año 2020, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por R3D, la Guardia Nacional reportó haber intervenido las comunicaciones privadas de 289 líneas telefónicas (3.14 líneas por solicitud).
Además, aunque instituciones como las Fiscalías tienen la obligación de reportar las solicitudes de intervención de las comunicaciones, en 2020, la Fiscalía General de Chihuahua reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber realizado 524 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. Pero en respuesta a solicitudes de información, dijo haber realizado 601.
Sobre el acceso a datos conservados y geolocalización a empresas de telecomunicaciones, R3D advierte que “existen otros indicios de un mayor subregistro derivado del abuso del mecanismo excepcional contemplado en el artículo 303 del CNPP, para solicitar directamente el acceso a datos conservados a las empresas de telecomunicaciones sin control judicial previo y sujeto a la ratificación posterior por parte de la autoridad judicial federal”.
A partir de los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, entre 2016 y 2019, las autoridades admiten que al menos el 57.3% de las solicitudes reportadas fueron realizadas sin control judicial previo, de las cuales el 76.7% fueron realizadas invocando las causales de excepción a las que se refiere el artículo 303 del CNPP y de ellas, el 39.5% no fueron ratificadas total o parcialmente.
Entre los abusos que se han documentado, se encuentra evidencia revelada por The New York Times en noviembre de 2023 sobre cómo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.
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La Fiscalía solicitó esta información a la empresa de telecomunicaciones Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones e invocando las causales de excepción de la autorización judicial previa a las que se refiere el artículo 303 del CNPP.
Sin embargo, R3D sostiene que se trata de un “modus operandi”, toda vez que también le ocurrió a la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.
“A partir de estos casos se ha apreciado un modus operandi en el que las fiscalías abren una investigación o usan una existente y, con base en ‘información anónima’, solicitan a las empresas de telecomunicaciones que les den información de números que no guardan relación con algún delito. De esta forma se utilizan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves con la intención de eludir la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, señala el informe.
La organización R3D documentó en “El estado de la Vigilancia” que en México se han usado herramientas como FinFisher de Gamma International, Galileo de Hacking Team, Pegasus de NSO Group y Reign de Quadream para infectar equipos y acceder a toda la información del usuario.
También han utilizado herramientas de extracción forense e incluso antenas falsas y geolocalización basada en la explotación de vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones.
En 2013 y 2015, una investigación de Citizen Lab –laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto– reveló evidencia sobre la presencia de servidores de comando y control de FinFisher en 32 países, incluyendo en México.
Sobre Galileo de Hacking Team, gracias a una gran cantidad de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team fueron filtrados al público el 5 de julio de 2015, se demostró que la empresa de software de espionaje había vendido sus productos a gobiernos de países bajo graves crisis de derechos humanos, tales como Baréin, Sudán o Uzbekistán. De un total de 35 naciones.
En México, los gobiernos locales mencionados con relaciones comerciales con Hacking Team se encuentran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán; así como dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otro ejemplo es Pegasus de NSO Group, una compañía israelí que asegura dedicarse a “proveer a gobiernos autorizados con tecnología que los ayude a combatir el terror y el crimen; la compañía vende solo a agencias gubernamentales autorizadas, y cumple cabalmente con estrictas leyes y regulaciones de control de exportaciones”
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El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.
El espionaje continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 y 2022, toda vez que existe evidencia de que la Sedena adquirió un software a la empresa autorizada para la venta del software en México, con el que accedió a la comunicación celular del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.
También se realiza vigilancia masiva con antenas falsas, aunque México no tenga un marco legal de regulación. Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información pública realizadas por R3D, se ha documentado la compra de antenas falsas por parte de diversas autoridades como las Procuradurías de Baja California, de la Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Puebla.
Además, documentos internos de la SEDENA revelan la adquisición y uso de antenas falsas de marca Verint, Modelo Engage Pi2, también denominado por el Ejército como “Sistema GSM Pasivo”.
Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita. en 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por el spyware Pegasus, principalmente personas defensoras de derechos humanos y periodistas, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable.
“La Fiscalía, entre otras deficiencias, se ha negado a realizar actos esenciales de investigación, ha obstruido y fragmentado las investigaciones, ha hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas y les ha negado copia de los expedientes”, afirma el informe.
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Respecto a la más reciente investigación sobre el abuso de Pegasus por parte del Ejército entre 2019 y 2022, la Fiscalía no ha logrado ningún avance en más de dos años. Ni siquiera ha podido obtener los contratos en los que el Ejército obtuvo licencias para operar Pegasus.
Esto porque la Sedena se ha negado a hacer públicos los contratos con NSO Group para la adquisición de Pegasus u otros sistemas de vigilancia, como prometió públicamente el presidente López Obrador, a pesar de las numerosas pruebas y documentos que muestran el número y las fechas de los contratos, así como los pagos realizados por la institución.
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El arquitecto de las políticas más radicales sobre migración del nuevo presidente de Estados Unidos también ha diseñado la estrategia para aplicarlas con eficacia y sin concesiones.
Si hay un cerebro principal detrás de las políticas migratorias más radicales del presidente Donald Trump, es Stephen Miller.
A sus 39 años, este republicano de ideología ultraconservadora que ya diseñó algunas de las medidas más extremas del primer gobierno de Trump -como la separación de familias migrantes- ahora ha aumentado su poder e influencia en la Casa Blanca con los cargos de subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional.
El mismo día en que asumió su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que llevan la marca de Miller, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur.
Estas medidas reflejan el enfoque nacionalista de línea dura que ha promovido desde los inicios del trumpismo este “halcón” republicano, muy activo a la hora de defender sus propuestas en medios de comunicación.
“Usaremos todo el poder de las fuerzas federales bajo el mando y dirección del presidente Trump para salvar a este país de esta ocupación”, declaró este miércoles a la cadena Fox News.
Te contamos quién es Stephen Miller, considerado una de las figuras más radicales, temidas e influyentes de la Casa Blanca.
Su escalada al poder
Nacido en 1985 en el seno de una familia judía de Santa Mónica (California), Miller mostró desde muy joven un marcado interés por la política, influenciado por figuras y medios con posiciones conservadoras.
A los 16 años escribió una carta a un periódico local criticando la falta de patriotismo en su instituto, posicionándose como un activista conservador que, entre otras cosas, exigía a los estudiantes latinos que hablasen solo inglés en clase.
Su formación política se consolidó en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias Políticas en 2007 y protagonizó un episodio que, según expertos, daría un temprano impulso a su carrera.
Miller se erigió como un vocal defensor de un grupo de jugadores del equipo universitario de lacrosse acusados de violación que finalmente probaron su inocencia, en un caso que alcanzó cierta relevancia mediática.
Fue en este periodo cuando empezó a vincularse con figuras controvertidas como Richard Spencer, un conocido supremacista blanco, si bien el asesor republicano negó que tuvieran una relación cercana.
Tras graduarse, trabajó como asesor de comunicaciones para congresistas republicanos y en 2009 se puso al servicio del entonces senador Jeff Sessions, conocido por sus posturas de línea dura en inmigración.
Bajo la tutela de Sessions, Miller jugó un rol clave en la oposición al proyecto de reforma migratoria bipartidista en 2013, consolidando su reputación como detractor de las políticas de fronteras abiertas.
En 2016 se unió a la campaña presidencial de Donald Trump como asesor de políticas y redactor de discursos.
Se atribuye a Miller el tono nacionalista y antiinmigración de las alocuciones de Trump, como el discurso inaugural de 2017, así como el diseño de dos de las medidas más polémicas de su primer gobierno: el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.
Según el periódico especializado Politico, fue su capacidad para interpretar y amplificar la visión de Trump lo que lo consolidó como una figura indispensable dentro de su primer gobierno entre 2017 y 2021.
Desde entonces, Miller es conocido por su enfoque radical sobre inmigración y su habilidad para transformar ideas extremas en políticas concretas.
Según The New York Times, el asesor republicano ha perfeccionado su estrategia operando con secretismo y evitando oposiciones internas, lo que le ha permitido aplicar con éxito algunas de las medidas más radicales del trumpismo.
Su estrategia
Para su segundo mandato, Donald Trump ha confiado a Stephen Miller un poder más amplio sobre la agenda migratoria, convirtiéndolo en la principal figura decisoria junto al nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan.
Desde su puesto como subdirector de política y asesor de seguridad nacional, Miller ha liderado la redacción de una avalancha de órdenes ejecutivas para poner en marcha la agenda migratoria de Trump, que prometió acabar con el flujo de inmigrantes irregulares y deportar a aquellos que ya estén en suelo estadounidense.
Una de estas órdenes fue eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que niega un derecho histórico garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución y que ya ha sido impugnada en los tribunales.
También reinstauró el Título 42, que permite cerrar la frontera con México en nombre de la salud pública, y declaró la emergencia nacional en la frontera sur, según expertos para justificar una militarización sin precedentes de los operativos de deportación.
Anuló, además, solicitudes de asilo pendientes, denegó la entrada al país a más refugiados e incluyó la designación de los carteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Miller es el cerebro de lo que algunos expertos han llamado una “estrategia de saturación”: inundar a la oposición y a los medios con un flujo constante de acciones ejecutivas y medidas para desbordar la capacidad de respuesta y maximizar su efectividad.
Politico destaca que el asesor ha trabajado con abogados externos, sin recurrir al Departamento de Justicia como suele ser habitual en su cargo, para blindar las nuevas políticas y garantizar que se lleven a la práctica con el menor número posible de obstáculos legales.
Este enfoque reflejaría las lecciones que Miller aprendió durante el primer mandato de Trump, cuando medidas como el veto migratorio enfrentaron bloqueos judiciales.
Además de su trabajo interno, Miller ha establecido relaciones estratégicas con figuras influyentes fuera del gobierno, como el empresario Elon Musk, que recientemente ha endurecido su postura sobre la inmigración.
El nuevo asesor de seguridad nacional de Trump también creó la organización de juristas conservadores America First Legal, que promueve litigios y campañas mediáticas contra instituciones y organizaciones a las que acusan de amparar o fomentar la inmigración ilegal.
Así, Stephen Miller no solo es el arquitecto de las políticas más radicales del trumpismo, sino también el estratega que ha perfeccionado las tácticas y herramientas para aplicarlas con eficacia.
Lealtad absoluta a Trump
Desde sus inicios en la campaña presidencial de 2016, Stephen Miller ha demostrado una lealtad inquebrantable a Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus aliados más cercanos e incondicionales.
Miller se unió al equipo de Trump cuando este aún era considerado una apuesta improbable para la Casa Blanca y redactó algunos de sus primeros discursos, donde moldeó y amplificó con éxito su tono populista y nacionalista.
En el primer mandato de Trump, Miller evitó involucrarse en las disputas internas que marcaron la Casa Blanca, manteniendo buenas relaciones tanto con los elementos moderados como con los más radicales del gobierno, según The New York Times.
Sin embargo, nunca defendió a un aliado si caía en desgracia con Trump, como fue el caso de Jeff Sessions, su antiguo mentor y jefe en el Senado.
Cuando en 2017 Sessions renunció a su cargo de fiscal general tras perder el favor del entonces presidente, Miller no dudó en priorizar su lealtad al líder y se distanció del que había sido su benefactor.
Esa fidelidad absoluta también se refleja en su disposición a seguir las órdenes de Trump sin cuestionarlas, especialmente en público.
Según Politico, el estratega de 39 años nunca contradice al presidente, incluso en reuniones privadas, y se alinea rápidamente con cualquier decisión que tome Trump, lo que le ha permitido sobrevivir a múltiples cambios de gabinete durante el primer gobierno y enfrentamientos internos en el partido.
Por supuesto, Miller ha respaldado en todo momento la más que cuestionable teoría de que las elecciones que Joe Biden ganó a Trump en 2020 fueron fraudulentas.
Una figura divisiva
Las políticas diseñadas por Stephen Miller, tanto en el primer como en el segundo mandato de Donald Trump, generan fuertes divisiones en la política y la sociedad estadounidenses.
Para sus detractores, incluidos legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos, su agenda asesta un ataque directo a los principios fundamentales de Estados Unidos y a las comunidades más vulnerables.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) o el Southern Poverty Law Center las describen como extremas y discriminatorias.
Analistas consultados por The New York Times advierten que las políticas promovidas por Miller podrían transformar la manera en que Estados Unidos gestiona la inmigración, cerrando puertas históricamente abiertas a refugiados y solicitantes de asilo.
Sus críticos también creen que las posibles deportaciones y la militarización de la frontera podrían tensar las relaciones con países vecinos, como México, y generar nuevas crisis humanitarias.
Para los simpatizantes del trumpismo, sin embargo, es un estratega visionario que ha redefinido las políticas migratorias con un enfoque nacionalista y de línea dura que ayudará a proteger la seguridad y el bienestar de los estadounidenses.
A falta de conocer los efectos definitivos de su legado, millones de migrantes ya están sintiendo de una o de otra manera el impacto de las políticas diseñadas e impulsadas por Miller, que prometen seguir siendo objeto de controversia y disputas en los próximos 4 años.
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