Espionaje sin control: desde fiscalías hasta gobiernos estatales, Pemex, Guardia Nacional usaron herramientas de vigilancia
Para entender mejor
En México, desde las fiscalías hasta gobiernos estatales e incluso instituciones como Petróleos Mexicanos y la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional han adquirido y utilizado herramientas de intervención de comunicaciones, extracción de información de dispositivos, geolocalización, y hasta antenas falsas para espiar a ciudadanos, pese a que no tienen facultades legales o no contaron con orden judicial para ello.
Así lo revela el informe “El Estado de la Vigilancia” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que incluye el diagnóstico de la vigilancia en las comunicaciones en el país realizada desde 2012 y hasta 2023, de acuerdo con registros oficiales de las adquisiciones y hallazgos de equipos intervenidos, sobre todo de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.
De acuerdo con datos publicados por el Poder Judicial de la Federación, existe una clara tendencia al alza en la resolución de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas por parte de jueces federales en los últimos años.
Mientras en 2017, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los jueces recibieron mil 756 solicitudes para intervenir comunicaciones, en 2018, el año de la transición, hubo 5 mil 881 y para 2023 registraron 10 mil 626, lo que representa un crecimiento de 80% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, existe evidencia de que las autoridades utilizan las herramientas de vigilancia aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.
Por ejemplo, si bien la Guardia Nacional reportó haber solicitado la autorización para la intervención de comunicaciones privadas 92 veces en el año 2020, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por R3D, la Guardia Nacional reportó haber intervenido las comunicaciones privadas de 289 líneas telefónicas (3.14 líneas por solicitud).
Además, aunque instituciones como las Fiscalías tienen la obligación de reportar las solicitudes de intervención de las comunicaciones, en 2020, la Fiscalía General de Chihuahua reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber realizado 524 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. Pero en respuesta a solicitudes de información, dijo haber realizado 601.
Sobre el acceso a datos conservados y geolocalización a empresas de telecomunicaciones, R3D advierte que “existen otros indicios de un mayor subregistro derivado del abuso del mecanismo excepcional contemplado en el artículo 303 del CNPP, para solicitar directamente el acceso a datos conservados a las empresas de telecomunicaciones sin control judicial previo y sujeto a la ratificación posterior por parte de la autoridad judicial federal”.
A partir de los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, entre 2016 y 2019, las autoridades admiten que al menos el 57.3% de las solicitudes reportadas fueron realizadas sin control judicial previo, de las cuales el 76.7% fueron realizadas invocando las causales de excepción a las que se refiere el artículo 303 del CNPP y de ellas, el 39.5% no fueron ratificadas total o parcialmente.
Entre los abusos que se han documentado, se encuentra evidencia revelada por The New York Times en noviembre de 2023 sobre cómo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.
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La Fiscalía solicitó esta información a la empresa de telecomunicaciones Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones e invocando las causales de excepción de la autorización judicial previa a las que se refiere el artículo 303 del CNPP.
Sin embargo, R3D sostiene que se trata de un “modus operandi”, toda vez que también le ocurrió a la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.
“A partir de estos casos se ha apreciado un modus operandi en el que las fiscalías abren una investigación o usan una existente y, con base en ‘información anónima’, solicitan a las empresas de telecomunicaciones que les den información de números que no guardan relación con algún delito. De esta forma se utilizan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves con la intención de eludir la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, señala el informe.
La organización R3D documentó en “El estado de la Vigilancia” que en México se han usado herramientas como FinFisher de Gamma International, Galileo de Hacking Team, Pegasus de NSO Group y Reign de Quadream para infectar equipos y acceder a toda la información del usuario.
También han utilizado herramientas de extracción forense e incluso antenas falsas y geolocalización basada en la explotación de vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones.
En 2013 y 2015, una investigación de Citizen Lab –laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto– reveló evidencia sobre la presencia de servidores de comando y control de FinFisher en 32 países, incluyendo en México.
Sobre Galileo de Hacking Team, gracias a una gran cantidad de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team fueron filtrados al público el 5 de julio de 2015, se demostró que la empresa de software de espionaje había vendido sus productos a gobiernos de países bajo graves crisis de derechos humanos, tales como Baréin, Sudán o Uzbekistán. De un total de 35 naciones.
En México, los gobiernos locales mencionados con relaciones comerciales con Hacking Team se encuentran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán; así como dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otro ejemplo es Pegasus de NSO Group, una compañía israelí que asegura dedicarse a “proveer a gobiernos autorizados con tecnología que los ayude a combatir el terror y el crimen; la compañía vende solo a agencias gubernamentales autorizadas, y cumple cabalmente con estrictas leyes y regulaciones de control de exportaciones”
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El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.
El espionaje continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 y 2022, toda vez que existe evidencia de que la Sedena adquirió un software a la empresa autorizada para la venta del software en México, con el que accedió a la comunicación celular del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.
También se realiza vigilancia masiva con antenas falsas, aunque México no tenga un marco legal de regulación. Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información pública realizadas por R3D, se ha documentado la compra de antenas falsas por parte de diversas autoridades como las Procuradurías de Baja California, de la Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Puebla.
Además, documentos internos de la SEDENA revelan la adquisición y uso de antenas falsas de marca Verint, Modelo Engage Pi2, también denominado por el Ejército como “Sistema GSM Pasivo”.
Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita. en 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por el spyware Pegasus, principalmente personas defensoras de derechos humanos y periodistas, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable.
“La Fiscalía, entre otras deficiencias, se ha negado a realizar actos esenciales de investigación, ha obstruido y fragmentado las investigaciones, ha hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas y les ha negado copia de los expedientes”, afirma el informe.
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Respecto a la más reciente investigación sobre el abuso de Pegasus por parte del Ejército entre 2019 y 2022, la Fiscalía no ha logrado ningún avance en más de dos años. Ni siquiera ha podido obtener los contratos en los que el Ejército obtuvo licencias para operar Pegasus.
Esto porque la Sedena se ha negado a hacer públicos los contratos con NSO Group para la adquisición de Pegasus u otros sistemas de vigilancia, como prometió públicamente el presidente López Obrador, a pesar de las numerosas pruebas y documentos que muestran el número y las fechas de los contratos, así como los pagos realizados por la institución.
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Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
“Hay miedo”
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
“Una comunidad vibrante”
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
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