Entrenadores, atletas, instituciones: dónde nace la violencia que se vive en el deporte en México
En México, el 56 % de los deportistas han experimentado al menos una vez violencia psicológica o sexual por parte de sus entrenadores, revela la encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano.
Pero no solo eso, pues de acuerdo con los datos preliminares de este estudio en el que participó una muestra de 2 mil 264 atletas, dos de cada diez deportistas también han sido violentados psicológicamente por sus propios compañeros de equipo o disciplina.
“Muchas veces hablamos de violencia, pero no de tasas reales de violencia porque no tenemos un indicador real de nuestro país”, subrayó Jeanette M. López-Walle, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y líder del proyecto.
“Cada vez vemos más que (esta violencia) se visibiliza en programas, en películas, en series y demás, pero no hay un conteo real por lo que es necesario hacerlo”, agregó.
Si se observa a detalle los primeros datos obtenidos de esta encuesta —la primera en su tipo en el país— se advierte que el 30.9 % de los entrevistados dijeron haber sido víctimas de violencia psicológica por parte de sus entrenadores; el 25.7 % de violencia sexual y el 9.2 % de violencia física.
Ahora, si se revisan los resultados de estas violencias entre los compañeros de equipo o disciplina se advierte que el 23.2 % de los entrevistados señaló haber sido violentado psicológicamente; el 6.5 %, víctima de violencia física y el 3.9 %, víctima de violencia sexual.
“Hicimos dos grandes distinciones entre deporte individual y deporte en conjunto y (encontramos) que donde hay más posibilidades de violencia sexual es en el individual (…) te estoy hablando de un 54.9 % (de mayor posibilidad)… uno de los datos más relevantes, estadísticamente, desde mi perspectiva”, expuso la académica.
Aunque el levantamiento de datos continúa, pues se trata de un proyecto a tres años, la investigadora sostuvo que estos primeros resultados muestran la necesidad y urgencia de atender esta problemática a través de no solo campañas de concientización, sino también de programas, políticas públicas y adecuaciones legislativas.
En agosto pasado, Animal Político dio a conocer el llamado que hicieron deportistas de la colectiva #NiUnaAtletaMás a las autoridades para que actúen y legislen al respecto.
Y es que el hecho de que la violencia deportiva no esté contemplada en el Código Penal ha resultado en casos como el de Iztayana Gress, quien denunció discriminación y violencia psicológica por parte de su entrenador, pero cuando fue a denunciar, la carpeta de investigación que abrió la fiscalía capitalina fue por el delito de violencia familiar.
Un esfuerzo de siete países
La encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano emplea una batería de cuestionarios entre ellos el Violence Toward Athletes Questionnaire (VTAQ), un instrumento que ya se ha aplicado en Canadá y Bélgica —pioneros en la medición de la violencia deportiva— y que evalúa tres dimensiones: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica que puede ser generada por los entrenadores, la principal figura de autoridad en el deporte, o bien, por los propios compañeros de equipo.
La violencia instrumental, aquella que más se ha normalizado y que incluye acciones como forzar a un atleta a tomar un medicamento o que compita cuando está contraindicado médicamente, es una dimensión que no se contempla en el cuestionario de origen, pero que se sumó al estudio encabezado por López-Walle.
“De nuestros primeros resultados podemos decir que esta violencia instrumental se ha entendido tanto como violencia física como psicológica. Entonces, independientemente de que la literatura maneje los cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual e instrumental, en México estamos vinculando la instrumental tanto en psicológico como en el físico”, especificó.
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Actualmente esta encuesta se levanta paralelamente en otros siete países (Inglaterra, España, Noruega, Brasil, Sudáfrica, Taiwán y Australia) con el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI). En el caso de México, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a través del programa Ciencia de Frontera, financia al equipo que realiza este estudio.
“Creo que por eso ha tenido eco este proyecto tanto a nivel del Comité Olímpico Internacional y la Secihti (porque) lo que no se mide, no se mejora”, sostuvo la investigadora.
“Que la Secihti apoye estos proyectos nos emociona mucho porque tiene que ver con la violencia, pero en el marco del deporte, la actividad física y el ejercicio (…), pues desafortunadamente muchas veces el deporte no se ve como un área de conocimiento prioritaria”, agregó.
Más violencia en el sur del país
En esta primera etapa del estudio la muestra fue de 2 mil 264 deportistas con una edad promedio de 21 años.
Se trató de atletas quienes en un 68.1 % practican deportes en conjunto y el 31.2 % individuales. El 49.3 % compite a nivel nacional, el 37.7 % a nivel local o recreativo y el 13 % internacionalmente.
El cuestionario se aplicó en línea a través de universidades estatales y, a fin de obtener una radiografía precisa, el país se dividió en ocho regiones.
Aunque la violencia deportiva no es exclusiva de una disciplina o zona geográfica, los resultados preliminares mostraron que las regiones del sur del país concentran la mayor prevalencia contra los deportistas, mientras que el norte del país es donde comparativamente se detectó una tasa menor.
Será en la continuación de este proyecto que se puedan perfilar las razones por las que los atletas del sur reportan una mayor prevalencia con respecto de los deportistas que viven en la parte norte del país.
Además, se buscará apoyo de las autoridades para que esta batería de cuestionarios también pueda ser aplicada a través del Comité Olímpico Mexicano y la muestra de deportistas de alto rendimiento sea mayor.
Alistan modificaciones legislativas
En entrevista, Paola Longoria, presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y raquetbolista profesional, adelantó que desde la comisión que preside se está trabajando en proponer modificaciones legislativas a fin de que los deportistas en México no vuelvan a callar casos de violencia por miedo a sus entrenadores o a perder sus becas.
“En todos los rubros, de alguna u otra manera, las mujeres somos las más violentadas y a veces uno tiene que callar. En su momento, como atleta, he tenido la oportunidad de platicar con muchas amigas que han tenido que callar… hombres y mujeres porque la violencia no solo es hacia las mujeres”, compartió la legisladora.
Recordó casos en los que hay amenazas de los presidentes de las federaciones o de las asociaciones en las que les dicen a los deportistas que si ventilan los casos no participarán en las competencias, aunque sean los mejores en su disciplina y tengan años preparándose para ello.
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Longoria explicó que ha promovido una iniciativa para establecer la obligación de crear protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia en el deporte incluyendo lo referente al acoso, el hostigamiento, la discriminación y el racismo.
“Además de reconocer el derecho de las víctimas a recibir atención médica, psicológica y jurídica de manera gratuita”, subrayó.
“Estamos tratando, desde mi trinchera, de blindar a los atletas para que no sufran este tipo de violencia cuando están haciendo deporte, que debe ser una actividad en la que los atletas se sientan seguros, que sientan orgullo; en la que haya disciplina, esfuerzo y dedicación, no temor”, agregó Longoria.
Tener una discapacidad potencia riesgo de ser violentado
De la muestra de 2 mil 264 deportistas que participaron en el primer levantamiento de esta encuesta, solo el 1.2 % fueron deportistas con discapacidad.
Y aunque la muestra fue pequeña, los investigadores lograron confirmar que ser deportista con discapacidad incrementa significativamente el riesgo de ser violentado principalmente por sus entrenadores.
“Es muy importante acceder cada vez más a los deportes que practican personas con discapacidad, porque desafortunadamente los resultados que vemos ahorita es que tener alguna discapacidad es un factor de riesgo, pues potencia el hecho de ser violentado en un 77.9 %”, alertó López-Walle.
La investigadora informó que en los siguientes levantamientos de datos se convocará a más deportistas con discapacidad a que participen, a fin de obtener una radiografía más completa y con base en ello plantear estrategias para la erradicación de estas violencias.
Por su parte, Paola Longoria, presidenta de la comisión de Deporte en San Lázaro, informó que ya entabló comunicación con Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), para trabajar en conjunto en otras iniciativas legislativas, pero también para conocer las historias de los deportistas y poder ayudarlos.
“Me comentaba la misma directora ‘es que diputada, muchos no quieren hablar por miedo de que haya represalias’, entonces les digo, ‘no, este es el momento de hacer esta unidad juntos para trabajar y que ellos estén más cuidados, más blindados y poder cerrar todos estos canales de violencia que si no se atienden el miedo se normaliza’”, compartió.
Algunas propuestas
Para atender y erradicar la violencia en el deporte se requiere, en primera instancia, de llegar a acuerdos institucionales y terminar con los esfuerzos aislados. Por ejemplo, los códigos de ética de cada institución, que no están armonizados.
“Tiene que haber estrategias a nivel sociocultural y mediático, pero también campañas educativas, trabajo con las familias y los medios de comunicación que a veces son ellos los que llegan a alentar ciertas conductas”, detalló Jeanette M. López-Walle.
Otras líneas de acción deben estar orientadas al impulso de proyectos comunitarios a nivel formativo y pedagógico, integrar la educación en los valores deportivos y contar con diseños curriculares transversales.
“Es decir, incluir ética, equidad de género y resolución de conflictos tanto en programas de educación física, entrenamiento, ciencias del deporte y todo este tipo de formaciones que se le da a los entrenadores (…) además de hacer evaluación continua que nos permitirá contar con parámetros para ver si vamos para arriba o para abajo”, abundó la académica.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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