Entrenadores, atletas, instituciones: dónde nace la violencia que se vive en el deporte en México
En México, el 56 % de los deportistas han experimentado al menos una vez violencia psicológica o sexual por parte de sus entrenadores, revela la encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano.
Pero no solo eso, pues de acuerdo con los datos preliminares de este estudio en el que participó una muestra de 2 mil 264 atletas, dos de cada diez deportistas también han sido violentados psicológicamente por sus propios compañeros de equipo o disciplina.
“Muchas veces hablamos de violencia, pero no de tasas reales de violencia porque no tenemos un indicador real de nuestro país”, subrayó Jeanette M. López-Walle, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y líder del proyecto.
“Cada vez vemos más que (esta violencia) se visibiliza en programas, en películas, en series y demás, pero no hay un conteo real por lo que es necesario hacerlo”, agregó.
Si se observa a detalle los primeros datos obtenidos de esta encuesta —la primera en su tipo en el país— se advierte que el 30.9 % de los entrevistados dijeron haber sido víctimas de violencia psicológica por parte de sus entrenadores; el 25.7 % de violencia sexual y el 9.2 % de violencia física.
Ahora, si se revisan los resultados de estas violencias entre los compañeros de equipo o disciplina se advierte que el 23.2 % de los entrevistados señaló haber sido violentado psicológicamente; el 6.5 %, víctima de violencia física y el 3.9 %, víctima de violencia sexual.
“Hicimos dos grandes distinciones entre deporte individual y deporte en conjunto y (encontramos) que donde hay más posibilidades de violencia sexual es en el individual (…) te estoy hablando de un 54.9 % (de mayor posibilidad)… uno de los datos más relevantes, estadísticamente, desde mi perspectiva”, expuso la académica.
Aunque el levantamiento de datos continúa, pues se trata de un proyecto a tres años, la investigadora sostuvo que estos primeros resultados muestran la necesidad y urgencia de atender esta problemática a través de no solo campañas de concientización, sino también de programas, políticas públicas y adecuaciones legislativas.
En agosto pasado, Animal Político dio a conocer el llamado que hicieron deportistas de la colectiva #NiUnaAtletaMás a las autoridades para que actúen y legislen al respecto.
Y es que el hecho de que la violencia deportiva no esté contemplada en el Código Penal ha resultado en casos como el de Iztayana Gress, quien denunció discriminación y violencia psicológica por parte de su entrenador, pero cuando fue a denunciar, la carpeta de investigación que abrió la fiscalía capitalina fue por el delito de violencia familiar.
Un esfuerzo de siete países
La encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano emplea una batería de cuestionarios entre ellos el Violence Toward Athletes Questionnaire (VTAQ), un instrumento que ya se ha aplicado en Canadá y Bélgica —pioneros en la medición de la violencia deportiva— y que evalúa tres dimensiones: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica que puede ser generada por los entrenadores, la principal figura de autoridad en el deporte, o bien, por los propios compañeros de equipo.
La violencia instrumental, aquella que más se ha normalizado y que incluye acciones como forzar a un atleta a tomar un medicamento o que compita cuando está contraindicado médicamente, es una dimensión que no se contempla en el cuestionario de origen, pero que se sumó al estudio encabezado por López-Walle.
“De nuestros primeros resultados podemos decir que esta violencia instrumental se ha entendido tanto como violencia física como psicológica. Entonces, independientemente de que la literatura maneje los cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual e instrumental, en México estamos vinculando la instrumental tanto en psicológico como en el físico”, especificó.
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Actualmente esta encuesta se levanta paralelamente en otros siete países (Inglaterra, España, Noruega, Brasil, Sudáfrica, Taiwán y Australia) con el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI). En el caso de México, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a través del programa Ciencia de Frontera, financia al equipo que realiza este estudio.
“Creo que por eso ha tenido eco este proyecto tanto a nivel del Comité Olímpico Internacional y la Secihti (porque) lo que no se mide, no se mejora”, sostuvo la investigadora.
“Que la Secihti apoye estos proyectos nos emociona mucho porque tiene que ver con la violencia, pero en el marco del deporte, la actividad física y el ejercicio (…), pues desafortunadamente muchas veces el deporte no se ve como un área de conocimiento prioritaria”, agregó.
Más violencia en el sur del país
En esta primera etapa del estudio la muestra fue de 2 mil 264 deportistas con una edad promedio de 21 años.
Se trató de atletas quienes en un 68.1 % practican deportes en conjunto y el 31.2 % individuales. El 49.3 % compite a nivel nacional, el 37.7 % a nivel local o recreativo y el 13 % internacionalmente.
El cuestionario se aplicó en línea a través de universidades estatales y, a fin de obtener una radiografía precisa, el país se dividió en ocho regiones.
Aunque la violencia deportiva no es exclusiva de una disciplina o zona geográfica, los resultados preliminares mostraron que las regiones del sur del país concentran la mayor prevalencia contra los deportistas, mientras que el norte del país es donde comparativamente se detectó una tasa menor.
Será en la continuación de este proyecto que se puedan perfilar las razones por las que los atletas del sur reportan una mayor prevalencia con respecto de los deportistas que viven en la parte norte del país.
Además, se buscará apoyo de las autoridades para que esta batería de cuestionarios también pueda ser aplicada a través del Comité Olímpico Mexicano y la muestra de deportistas de alto rendimiento sea mayor.
Alistan modificaciones legislativas
En entrevista, Paola Longoria, presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y raquetbolista profesional, adelantó que desde la comisión que preside se está trabajando en proponer modificaciones legislativas a fin de que los deportistas en México no vuelvan a callar casos de violencia por miedo a sus entrenadores o a perder sus becas.
“En todos los rubros, de alguna u otra manera, las mujeres somos las más violentadas y a veces uno tiene que callar. En su momento, como atleta, he tenido la oportunidad de platicar con muchas amigas que han tenido que callar… hombres y mujeres porque la violencia no solo es hacia las mujeres”, compartió la legisladora.
Recordó casos en los que hay amenazas de los presidentes de las federaciones o de las asociaciones en las que les dicen a los deportistas que si ventilan los casos no participarán en las competencias, aunque sean los mejores en su disciplina y tengan años preparándose para ello.
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Longoria explicó que ha promovido una iniciativa para establecer la obligación de crear protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia en el deporte incluyendo lo referente al acoso, el hostigamiento, la discriminación y el racismo.
“Además de reconocer el derecho de las víctimas a recibir atención médica, psicológica y jurídica de manera gratuita”, subrayó.
“Estamos tratando, desde mi trinchera, de blindar a los atletas para que no sufran este tipo de violencia cuando están haciendo deporte, que debe ser una actividad en la que los atletas se sientan seguros, que sientan orgullo; en la que haya disciplina, esfuerzo y dedicación, no temor”, agregó Longoria.
Tener una discapacidad potencia riesgo de ser violentado
De la muestra de 2 mil 264 deportistas que participaron en el primer levantamiento de esta encuesta, solo el 1.2 % fueron deportistas con discapacidad.
Y aunque la muestra fue pequeña, los investigadores lograron confirmar que ser deportista con discapacidad incrementa significativamente el riesgo de ser violentado principalmente por sus entrenadores.
“Es muy importante acceder cada vez más a los deportes que practican personas con discapacidad, porque desafortunadamente los resultados que vemos ahorita es que tener alguna discapacidad es un factor de riesgo, pues potencia el hecho de ser violentado en un 77.9 %”, alertó López-Walle.
La investigadora informó que en los siguientes levantamientos de datos se convocará a más deportistas con discapacidad a que participen, a fin de obtener una radiografía más completa y con base en ello plantear estrategias para la erradicación de estas violencias.
Por su parte, Paola Longoria, presidenta de la comisión de Deporte en San Lázaro, informó que ya entabló comunicación con Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), para trabajar en conjunto en otras iniciativas legislativas, pero también para conocer las historias de los deportistas y poder ayudarlos.
“Me comentaba la misma directora ‘es que diputada, muchos no quieren hablar por miedo de que haya represalias’, entonces les digo, ‘no, este es el momento de hacer esta unidad juntos para trabajar y que ellos estén más cuidados, más blindados y poder cerrar todos estos canales de violencia que si no se atienden el miedo se normaliza’”, compartió.
Algunas propuestas
Para atender y erradicar la violencia en el deporte se requiere, en primera instancia, de llegar a acuerdos institucionales y terminar con los esfuerzos aislados. Por ejemplo, los códigos de ética de cada institución, que no están armonizados.
“Tiene que haber estrategias a nivel sociocultural y mediático, pero también campañas educativas, trabajo con las familias y los medios de comunicación que a veces son ellos los que llegan a alentar ciertas conductas”, detalló Jeanette M. López-Walle.
Otras líneas de acción deben estar orientadas al impulso de proyectos comunitarios a nivel formativo y pedagógico, integrar la educación en los valores deportivos y contar con diseños curriculares transversales.
“Es decir, incluir ética, equidad de género y resolución de conflictos tanto en programas de educación física, entrenamiento, ciencias del deporte y todo este tipo de formaciones que se le da a los entrenadores (…) además de hacer evaluación continua que nos permitirá contar con parámetros para ver si vamos para arriba o para abajo”, abundó la académica.
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El ataque de hombres armados a una escuela católica en Nigeria se produjo en medio de un aumento de los secuestros por parte de grupos armados.
El secuestro de decenas de niños en un internado católico en Nigeria causó desolación entre los padres de los menores, que vieron con impotencia cómo un grupo de hombres armados se llevaba a sus hijos.
Theo contó a la BBC que el pasado viernes se despertó por el ruido que hicieron los hombres armados al pasar por delante de su casa con los niños que habían secuestrado en la escuela St Mary’s, en la aldea de Papiri, en el estado de Níger.
“Los llevaban a pie, como los pastores controlan a sus rebaños. Algunos niños se caían y los hombres les daban patadas y les ordenaban que se levantaran”, aseguró.
“Los hombres armados iban en unas 50 motocicletas mientras los controlaban”, dijo el padre, cuyo nombre real hemos reservado por su seguridad.
En declaraciones a la BBC desde el dormitorio donde estaba su hijo, Theo dijo que no pudo impedir el secuestro.
“Tenía ganas de ir [a ayudar], pero lo pensé mejor. Aunque hubiera ido, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada”, declaró a la BBC, y añadió que llamó a la policía, pero que cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde.
La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) informó que 303 estudiantes y 12 trabajadores fueron secuestrados en la escuela, mientras que 50 menores lograron evitar ser llevados y ya pudieron reunirse con sus familias.
La escuela está dirigida por el presidente de la sección de Níger de la ACN, el obispo Bulus Bawa Yohanna, quien ha compartido con la BBC una lista de los secuestrados.
Sin embargo, la policía afirmó que solo tenía constancia de que unos pocos niños hubieran desaparecido la noche del secuestro.
El gobernador del estado, Umar Bago, declaró a los medios locales que el número de estudiantes secuestrados había sido exagerado y que era “muy, muy inferior” a 303.
Culpó a las autoridades escolares por abrir el centro a pesar de las amenazas de hombres armados desconocidos hace cuatro años y, de nuevo, hace dos meses.
“Las escuelas de esa zona llevan cuatro años cerradas. Me sorprendió saber que la escuela seguía abierta”, afirmó Bago.
También insistió en que el ataque era solo un “susto” y que todos los estudiantes serían rescatados tarde o temprano.
“El gobierno no presta atención”
El obispo Yohanna dijo que no se han desplegado fuerzas de seguridad en la comunidad desde los secuestros.
Junto con otros padres, Theo ha estado acampando frente a la escuela, molesto por la poca respuesta del gobierno.
“Nuestros hijos han sido secuestrados, pero el gobierno no parece prestarle atención!, dijo Theo.
Se sentía frustrado porque el gobernador del estado no había visitado la escuela y solo había ido a una comunidad cercana para hablar con las fuerzas de seguridad y los líderes locales.
“Hemos llegado a la conclusión de que al gobierno no le preocupamos, sentimos que no formamos parte del país, que nos han abandonado”.
El dolor que sienten los padres de los niños que siguen desaparecidos es más que evidente. “Estoy triste, toda mi vida está llena de tristeza”, dijo una madre cuyo hijo se encontraba entre los niños secuestrados.
“Es mi único hijo, es mi primogénito, ¡por favor, ayúdennos!”, pidió.
Otro padre llamado Lucas le contó a la BBC que dos de sus hijos habían sido secuestrados, pero que el más pequeño, un niño de 6 años, tuvo suerte y logró evitar caer en manos de los secuestradores.
“Cuando lo vi, me emocioné mucho. Lo llamé por su nombre, se dio la vuelta y corrió hacia mí. Lo abracé y lo estreché contra mí”, recuerda.
La parte norte de Níger, donde se encuentra Papiri, se ha convertido recientemente en un punto problemático de secuestros en los que se piden rescates.
El pago de esos rescates ha sido prohibido en un intento de cortar el suministro de dinero a las bandas criminales, pero con pocos resultados.
El equipo de la BBC recorrió unos 500 km hasta Papiri desde Minna, la capital del estado de Níger, en medio de varias alertas de peligro en determinadas rutas. Durante algunos tramos, la policía escoltó al equipo.
Muchos achacan la actual crisis al tamaño del estado. En términos de superficie, Níger es el estado más grande de Nigeria, y es más grande que países europeos como Dinamarca y Países Bajos.
También tiene muchos bosques, que las bandas criminales utilizan como campamentos y rutas para conectar con otros estados de Nigeria, así como con países vecinos.
El secuestro en la escuela de Papiri es el tercero que se produce en Nigeria en una semana.
El lunes pasado, más de 20 alumnas, que según la BBC son musulmanas, fueron secuestradas en un internado del estado de Kebbi, fronterizo con Níger.
También se produjo un ataque a una iglesia más al sur, en el estado de Kwara, en el que murieron dos personas y decenas de fieles fueron secuestrados.
La amenaza de EE.UU.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, canceló su viaje a la cumbre del G20, celebrada en Sudáfrica el pasado fin de semana, para hacer frente a la crisis.
El domingo publicó en las redes sociales que los 38 fieles secuestrados en el estado de Kwara habían sido rescatados, según fuentes externas.
“Quiero dejar claro que no voy a ceder. Todos los nigerianos, en todos los estados, tienen derecho a la seguridad, y bajo mi mandato, vamos a garantizar la seguridad de esta nación y proteger a nuestro pueblo”, afirmó Tinubu.
La oleada de secuestros ha obligado al cierre de muchos internados en toda Nigeria, y los padres se han apresurado a recoger a sus hijos.
El gobierno está bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a principios de este mes que enviaría tropas a Nigeria “con las armas en alto” si “se sigue permitiendo el asesinato de cristianos” por parte de militantes islamistas.
El gobierno nigeriano ha afirmado que las acusaciones de persecución de los cristianos son “una grave tergiversación de la realidad”, ya que “los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina, tanto musulmanes como cristianos y personas sin religión”.
Si bien algunos secuestros son perpetrados por grupos militantes islamistas, muchos otros son llevados a cabo por bandas criminales con el fin de obtener un rescate, lo que pone de relieve la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país.
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