Seis años sin datos sobre consumo de drogas; en 2024 se prevén primeros resultados de encuesta nacional
Luego de seis años sin información directa de las personas usuarias, y tras el registro de un fuerte incremento en el consumo de metanfetaminas en los últimos 10 años, los primeros resultados de la nueva encuesta sobre consumo de sustancias legales e ilegales en el país se harán públicos en marzo de 2024, y se prevé que aporten datos más específicos sobre la prevalencia de esta sustancia.
El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, mediante la estadística de las personas que solicitan tratamiento, ha documentado un aumento en el consumo de metanfetaminas –a diferencia de las últimas versiones de la encuesta, que mostraban mayor consumo de marihuana–, por lo que se espera que el nuevo ejercicio aporte información sobre cómo se accede a estas sustancias, por su rápida fabricación y abaratamiento.
Según Nadia Robles, directora del Observatorio y coordinadora de la encuesta, podrá explorarse con mayor precisión qué ocurre con diversas sustancias, así como identificar las diferencias dependiendo de las regiones del país: por ejemplo, en el sur el alcohol continúa siendo una de las principales sustancias, mientras que en el centro y el norte crece el uso de metanfetaminas.
“Nos permitirá, de manera muy específica, no sólo reafirmar y reconducir políticas a nivel nacional, sino que también los estados tomen decisiones con base en los resultados que van teniendo por cada entidad”, aseguró Robles en entrevista.
El levantamiento de la encuesta estará a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), mientras que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) contribuyó en el muestreo.
De acuerdo con los datos del Observatorio, las metanfetaminas son la principal sustancia de demanda de tratamiento en 21 entidades, con un crecimiento consistente desde 2013. El 46% de los casos de atención corresponden a estas y el año pasado cerró con un total de 167 mil casos, por lo que muy posiblemente presentará incrementos importantes en la encuesta, adelantó la funcionaria.
Seis años después
La última encuesta realizada para recabar estadísticas sobre consumo de sustancias se realizó en 2017, bajo la denominación Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat). Desde entonces, no existen datos similares que reflejen los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales. Esta y versiones anteriores se enfrentaron a críticas en torno a preguntas problemáticas para reflejar la incidencia real del consumo, así como otras tendientes a estigmatizar usuarios.
Aunque la nueva encuesta comparte en buena medida el diseño metodológico y similitud en las preguntas para poder comparar, Robles señaló que las diferencias en relación con las versiones anteriores –las primeras dos de 2008 y 2011– son que esta vez se visibilizará a la población de más de 65 años, pues el rango será de 12 a 75, debido a que el consumo en adultos mayores permanece invisibilizado.
Otro elemento, agregó, es que se incluirán preguntas relacionadas con el estado de salud mental de las personas y sobre factores como las actividades físicas, artísticas y de entretenimiento como elementos centrales para cambiar el contexto psicosocial de las personas, y que llegan a ser útiles para retrasar o evitar el consumo de sustancias.
El Conahcyt, que no ha tenido participación en ejercicios similares anteriormente, colabora en esta encuesta mediante el diseño muestral para determinar exactamente qué localidades visitar, qué áreas geoestadísticas y los hogares que se contemplarán de manera aleatoria. Según Robles, esto permitirá que las personas entrevistadas puedan generar una representación de toda la población.
“También nos están apoyando con la infraestructura tecnológica para, por ejemplo, contar con una aplicación offline que pueda ser utilizada por nuestro personal al momento de hacer las entrevistas. Esa básicamente es su participación. Algo que es bastante virtuoso de esta encuesta es que hemos unido el expertise en distintas áreas, y lo que buscamos con esto es dejar una infraestructura para hacer encuestas de manera periódica, y que no se tengan que esperar muchos años, porque son altamente costosas”, dice.
La primera etapa de levantamiento de la nueva encuesta comenzará en la última semana de octubre y durará hasta la primera semana de diciembre, pues la población suele modificar su consumo de alcohol por la temporada decembrina, lo que genera un pico epidemiológico que podría alterar los resultados. De esta manera, durante las últimas semanas de diciembre y todo enero se suspenderá el levantamiento, para retomarlo a partir de febrero.
Los encuestadores visitarán 30 mil hogares en 905 localidades. “Esperamos que en esta primera etapa tengamos un avance muy considerable, porque empezamos con zonas urbanas y urbanas altas, que son las zonas metropolitanas de todos los estados, para finalizar con las zonas rurales. Estimamos que, dependiendo del avance del operativo, podamos tener los primeros datos en marzo, abril del próximo año”, asegura Robles.
En ese momento se presentaría una primera salida con un resumen ejecutivo que contendrá los datos más relevantes y posteriormente se generarán informes específicos de temáticas particulares, por ejemplo “barreras y facilitadores de acceso a tratamiento”, que se está trabajando con la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Piden participar en encuesta de consumo, pero verificar identificación del personal
La directora del Observatorio también pidió a la población confiar en el ejercicio y abrir la puerta a las personas encuestadoras, quienes tendrán que presentarse con uniforme y chaleco, e identificarse con credencial y una tablet.
“Tenemos identificados todos los municipios que vamos a visitar, le pedimos a la gente que confíe y que si da información, sea una información veraz, y que la persona está debidamente identificada dentro de los servicios de salud”, dijo.
Para este propósito, las personas podrán verificar la participación de quien los entreviste en la Línea de la Vida, que es el 800 900 11 2000. En el momento en que el personal llegue a la encuesta, quien lo desee podrá hablar a ese teléfono para confirmar que es un trabajador de la salud autorizado.
Lo más importante para la Conasama es revisar tres elementos: chaleco, dispositivo electrónico y credencial. La identificación debe acreditarle como parte del sector salud, y específicamente del operativo de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023, el chaleco debe tener los distintivos de Conasama y la Secretaría de Salud en colores guinda y negro.
“Siempre van a venir en grupos, se van a venir acompañando por seguridad también de nuestra brigada, y van a tocar. Nunca van a pasar a los domicilios, siempre van a pedir estar en la puerta y que ahí les contesten. La entrevista en realidad dura poco, 40 minutos cuando mucho, entonces es algo que se puede contestar fácilmente”, concluyó.
El cuestionario inicia con preguntas genéricas para identificar características sociodemográficas y después sobre el uso de sustancias legales, como tabaco y alcohol, para posteriormente abordar las médicas y las ilícitas. Después, incluye una sección sobre las actividades de la persona y factores de riesgo, así como solicitudes previas de tratamiento. Finalmente, se expondrán las preguntas correspondientes a condiciones de salud mental. Si el resultado arroja que la persona requiere atención urgente, el personal podrá intervenir en el momento para hacer recomendaciones.
Relacionado
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
