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La policía de Javier Duarte nos arruinó la vida: exigen investigación contra exgobernador por desapariciones
La policía de Javier Duarte nos arruinó la vida: exigen investigación contra exgobernador por desapariciones
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La policía de Javier Duarte nos arruinó la vida: exigen investigación contra exgobernador por desapariciones

“La orden fue llevar a mi hijo a El Lencero. Ahí lo fueron a entregar y nunca más volví a saber de él”, dice Carmen, madre de uno de los jóvenes desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte.
19 de febrero, 2018
Por: Manu Ureste

 

 

 

 

“Tengo tanto dolor en mi cuerpo, que ya ni odio siento en contra de los policías”, dice la señora Carmen a los pocos minutos de arrancar la conversación telefónica.

Ella es madre de Hugo Murrieta; uno de los 124 casos que la Fiscalía de Veracruz investiga por la desaparición forzada de al menos 202 víctimas, en 52 municipios de la entidad, durante la pasada administración del exmandatario Javier Duarte.

De esas 202 víctimas, al menos 15 fueron desaparecidas por policías en El Lencero, la academia de policía estatal ubicada en Xalapa.

Se trata de 15 casos por los que el pasado 8 de febrero la Fiscalía ejecutó el operativo ‘Tiro de Gracia’, a partir del cual cumplimentó 19 órdenes de aprehensión contra exmandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, incluido el exjefe de la policía Arturo Bermúdez Zurita.

Pero Carmen recuerda que esas 15 víctimas no son las únicas: su hijo también desapareció en El Lencero a manos de la policía de Javier Duarte.

“La orden era llevarlo a El Lencero”

Eran las cuatro de la tarde de un 16 de abril de 2013, relata la mujer de 57 años tras respirar hondo para templar los nervios y la voz trémula.

Hugo, un muchacho de 22 años alto y de complexión atlética por su afición al futbol y a patinar en el parque, estaba a punto de entregar el taxi a su relevo para volver a casa y echar una mano a su madre en una pequeña fonda donde venden chiles rellenos.

Pero Hugo no llegó a entregar el taxi, trabajo que alternaba con ‘meserear’ los fines de semana para completar la quincena. Según dijeron varios testigos a Carmen, incluido un familiar directo, tres patrullas de la Policía Estatal detuvieron la unidad de Hugo en pleno centro del ‘pueblo mágico’ de Coatepec, frente al palacio municipal.

Al ver la escena, el familiar que atestiguó los hechos quiso bajarse de otro taxi en el que venía viajando. Pero el chofer se lo prohibió por temor a meterse en problemas y que se los llevaran a ellos también.

“En aquel entonces, la policía estatal en Coatepec era terrible –lamenta Carmen-. Ellos eran la ley en el pueblo y no podías ni mirarlos un segundo a la cara porque enseguida se iban contra ti y te amenazaban”.

Tras la detención, la mujer inicia una búsqueda desesperada. El primer punto que visitó fue el cuartel de policía San José, en Xalapa, pero allí no halló noticias. De vuelta a Coatepec, un taxista le dijo temeroso y entre susurros que la policía tenía a su hijo en una gasolinera que está en la carretera que va hacia Pacho Viejo.

Allí, una persona le confirmó que sí, que la policía tuvo retenido a un taxi con el número de unidad que manejaba Hugo y que posteriormente se lo llevaron en dirección hacia esa localidad.

Otro testigo le aseguró a Carmen que los policías metieron a Hugo en unos cañaverales y le dieron una paliza para dejarlo tirado. Sin embargo, el comandante de los elementos policiacos recibió una llamada telefónica y se lo llevaron con todo y taxi para entregarlo a otros policías.

“La orden fue llevar a mi hijo a El Lencero –dice tajante Carmen-. Ahí lo fueron a entregar y nunca más volví a saber de él”.

Buscaban drogas, encontraron una patineta

Al igual que en los 15 casos ya documentados por la Fiscalía, en los que de acuerdo con la investigación los elementos estatales detenían ilegalmente a jóvenes acusándolos de ser ‘halcones’ e informantes de ‘Los Zetas’, al día siguiente de poner la denuncia por la desaparición de Hugo, agentes de la entonces Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) fueron a catear su domicilio en busca de ‘pruebas’ que lo incriminaran con el tráfico de drogas.

“Registraron la casa entera y el cuarto de mi hijo –cuenta Carmen-. Si mi hijo hubiera pertenecido a algo malo, hubieran encontrado drogas, armas, lujos, o algo así. Pero lo único que encontraron fueron unos dibujos colgados en la pared y una patineta”.

Cinco años después, la veracruzana sigue viviendo como puede de la venta de comida en su pequeño negocio, donde su hijo la ayudaba a salir adelante.

Pero ahora todo es distinto. Sus días transcurren entre visitas al psiquiatra, medicamentos para la depresión y los nervios, y mantener viva la esperanza de encontrar con vida a Hugo.

Para mantener esa esperanza, Carmen lleva varios años como integrante del colectivo ‘Enlaces Xalapa’ en el que, como muchas otras madres y familiares de víctimas de desaparición, organizan brigadas para rastrear fosas clandestinas en el estado y viajes a las diferentes fiscalías para presionar a las autoridades en la búsqueda de sus seres queridos.

Carmen insiste notablemente cansada desde el otro lado de la llamada telefónica que no odia a los policías que se llevaron a su hijo. Aunque enfatiza que ha aprendido a no tener miedo de mirarlos de frente cuando les exige respuestas.

“La policía de Javier Duarte me arruinó la vida, porque ya no volveré a ser la misma hasta que tenga de vuelta a mi hijo. No pido justicia –dice aguantando la rabia-. De eso ya se encargará Dios. Lo único que pido es que me digan dónde dejaron a mi hijo y qué fue lo que hicieron con él”.

Lee aquí el caso por caso de cómo la policía de Javier Duarte desapareció a 15 jóvenes

El caso Tierra Blanca, estancado

Otro de los casos más representativos de desaparición forzada a manos de policías en el Veracruz de Javier Duarte fue el de los cinco jóvenes que desaparecieron, un 16 de enero de 2016, en el municipio de Tierra Blanca.

José Benítez de la O, Bernardo Arróniz, Susana Tapia, Mario Orozco, y Alfredo González, regresaban a Playa Vicente de un fin de semana en el puerto de Veracruz, cuando fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal en Tierra Blanca, y posteriormente entregados a integrantes de un grupo del crimen organizado, según la investigación ministerial.

En febrero de 2016, los restos de dos de los cinco jóvenes fueron hallados en el rancho El Limón, donde además se encontraron casi tres mil fragmentos pertenecientes a otros cientos de cuerpos en el predio, localizado en el municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz.

De los otros tres jóvenes no se supo el paradero, aunque familiares indicaron a Animal Político que las autoridades veracruzanas ya los dieron oficialmente por fallecidos.

Por este caso, se presentaron 21 personas, 13 civiles y ocho policías estatales, como presuntos responsables de la desaparición de los cinco jóvenes.

No obstante, estas detenciones no son suficiente para los familiares.

“Nuestro caso sigue estancado”, dice tajante en entrevista con Animal Político José, familiar de José Benítez de la O, joven de 24 años que era estudiante de mecánica automotriz en la escuela Rudolph Diesel, en Puebla.

Que investiguen a Duarte

José explica que por este caso interpusieron una demanda por desaparición forzada “contra toda la cadena de mando”, incluido el exjefe de policía Arturo Bermúdez, quien fue detenido en febrero de 2017 por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Nuestra demanda llega hasta Bermúdez. Pero si tú miras la cadena de mando, también debería investigarse al exgobernador Duarte, porque la responsabilidad de la policía termina en él”, subraya José.

Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, quien fue desaparecido por la policía en el municipio veracruzano de Medellín el 2 de enero de 2015, coincide en la exigencia.

“Detener a 19 policías es un paso”, admite también en entrevista. “Pero es un paso muy pequeño en un estado donde la policía ha desaparecido a cientos de personas, si no es que a miles”.

“Hay que recordar que el exgobernador Javier Duarte no está hoy detenido ni investigado por estas desapariciones, aunque él era mayor responsable de qué pasaba en el estado –recalca Sánchez-. No es posible que no supiera que su propia gente de confianza, como Bermúdez Zurita, estaba secuestrando, torturando y desapareciendo a tantas personas”.

Miles de desaparecidos

Cabe precisar que las investigaciones por desaparición forzada de 202 personas se refieren únicamente a los casos en los que intervinieron policías del Estado.

En cuanto a las desapariciones del fueron común y federal –en las que no hay elementos que indiquen la participación de la policía- suman 726 casos entre enero de 2014 y diciembre de 2017, según cifras oficiales.

Sin embargo, la fiscalía de Veracruz señaló que esta cifra está muy alejada de la realidad, ya que durante la administración de Duarte se “maquillaron” las estadísticas de desaparecidos.

El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, dijo el 29 de enero en una comparecencia en el Congreso Estatal, que hasta la revisión de 2016 se contabilizaban 3 mil 600 personas reportadas como desaparecidas, aunque matizó que “no se trata de denuncias nuevas, pues solo se transparentaron cifras reales que la pasada autoridad no reportó”.

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Imagen BBC
Cómo el indulto de Trump al expresidente de Honduras plantea “una incoherencia” con su mensaje contra el narcotráfico en América
7 minutos de lectura

El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.

03 de diciembre, 2025
Por: BBC News Mundo
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Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.

Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.

La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.

“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.

Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.

El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.

Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.

Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.

Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.

“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.

“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.

“En sus narices”

Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.

De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.

Juan Orlando Hernández esposado y rodeado de policías en Honduras
Getty Images
Hernández fue extraditado a EE.UU. tras dejar el poder en 2022 para ser juzgado por conspiración para narcotráfico.

Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.

El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.

Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.

Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.

La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.

Juan Orlando Hernández sonríe frente a militares siendo presidente de Honduras en 2019.
AFP via Getty Images
Hernández fue señalado por los fiscales de EE.UU. como el líder de un “narcoestado” en América Latina.

En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.

Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.

“Un mensaje horrible”

Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.

En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.

“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.

Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.

 El destructor lanzamisiles guiados clase Arleigh Burke USS Stockdale en las costas de Puerto Rico.
Getty Images
Con buques de guerra y aviones de combate, Trump mantiene una presencia militar extraordinaria en el Caribe para lo que define como acciones antinarcóticos.

Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.

Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.

“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.

Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.

“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.

Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.

Trump en la Casa Blanca junto a Marco Rubio y Pete Hegseth
AFP via Getty Images
El indulto de Trump a Hernández ha levantado cuestionamientos desde su propio Partido Republicano.

Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.

Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.

“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.

“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.

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