El caso Florence Cassez-Israel Vallarta, una historia que muestra las “capas de oscuridad” que cubren al sistema de justicia
Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomático entre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.
Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Luna acusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.
Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta.
Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.
En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información.
“Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.
Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.
Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza.
Una posibilidad que explora el documental es que el arresto fuera solicitado por el empresario Eduardo Margolis, en represalia por un supuesto negocio fallido con Vallarta y Cassez. Pero ante las cámaras, Margolis rechaza esa hipótesis.
“Las capas de oscuridad para encontrar la verdad son tan profundas que nunca lo sabremos. Ojalá sea algo tan sencillo que ni siquiera lo vemos, pero no lo creo”, señala el productor de la serie.
Florence e Israel
En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena.
La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.
El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.
“Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.
“Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.
Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.
17 años después
Volpi y Cruz no dejan pasar los giros que han dado las vidas de algunos de los protagonistas de esta historia a lo largo de 17 años. Genaro García Luna, por ejemplo, pasó de dirigir la hoy extinta AFI a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón y a ser detenido en Estados Unidos en 2019, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, entre otros delitos. Actualmente, espera un juicio previsto para comenzar en enero de 2023.
Luis Cárdenas Palomino, uno de sus hombres más cercanos, fue arrestado en México en 2021. En su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tortura, justamente en contra de familiares de Israel Vallarta.
Para Volpi, el hecho de que ellos y otros exfuncionarios hayan alcanzado tanto poder en sexenios previos, a pesar de las irregularidades que se les atribuyen, “ejemplifica en toda su maldad” los nexos ilegales que llegan a establecerse entre poderes políticos y económicos.
Como prueba, el escritor señala que la trayectoria de García Luna sobrevivió al escándalo del montaje televisivo en contra de Cassez y Vallarta, y un año después, en 2006, Calderón incluso lo nombró como su secretario de Seguridad.
“Es inaudito si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Cómo es posible? Ya con este caso, hubiera sido para que se hubiera acabado su carrera y, en vez de eso, fue promovido”, advierte el autor, quien también aprovecha el estreno del documental para llamar a que México construya un nuevo sistema de justicia.
“Se necesitaría una reforma completa, integral, drástica para que realmente pudiera funcionar”.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
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Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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