El caso Florence Cassez-Israel Vallarta, una historia que muestra las “capas de oscuridad” que cubren al sistema de justicia
Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomático entre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.
Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Luna acusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.
Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta.
Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.
En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información.
“Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.
Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.
Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza.
Una posibilidad que explora el documental es que el arresto fuera solicitado por el empresario Eduardo Margolis, en represalia por un supuesto negocio fallido con Vallarta y Cassez. Pero ante las cámaras, Margolis rechaza esa hipótesis.
“Las capas de oscuridad para encontrar la verdad son tan profundas que nunca lo sabremos. Ojalá sea algo tan sencillo que ni siquiera lo vemos, pero no lo creo”, señala el productor de la serie.
Florence e Israel
En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena.
La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.
El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.
“Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.
“Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.
Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.
17 años después
Volpi y Cruz no dejan pasar los giros que han dado las vidas de algunos de los protagonistas de esta historia a lo largo de 17 años. Genaro García Luna, por ejemplo, pasó de dirigir la hoy extinta AFI a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón y a ser detenido en Estados Unidos en 2019, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, entre otros delitos. Actualmente, espera un juicio previsto para comenzar en enero de 2023.
Luis Cárdenas Palomino, uno de sus hombres más cercanos, fue arrestado en México en 2021. En su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tortura, justamente en contra de familiares de Israel Vallarta.
Para Volpi, el hecho de que ellos y otros exfuncionarios hayan alcanzado tanto poder en sexenios previos, a pesar de las irregularidades que se les atribuyen, “ejemplifica en toda su maldad” los nexos ilegales que llegan a establecerse entre poderes políticos y económicos.
Como prueba, el escritor señala que la trayectoria de García Luna sobrevivió al escándalo del montaje televisivo en contra de Cassez y Vallarta, y un año después, en 2006, Calderón incluso lo nombró como su secretario de Seguridad.
“Es inaudito si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Cómo es posible? Ya con este caso, hubiera sido para que se hubiera acabado su carrera y, en vez de eso, fue promovido”, advierte el autor, quien también aprovecha el estreno del documental para llamar a que México construya un nuevo sistema de justicia.
“Se necesitaría una reforma completa, integral, drástica para que realmente pudiera funcionar”.
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Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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