En el quinto año de gobierno de López Obrador las detenciones de personas migrantes en México batieron el récord absoluto desde que se comenzó a llevar registro de la estadística en 2001, hace más de dos décadas: el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo este año a 413 mil 563 migrantes que no contaban con documentación, de los cuales ya deportó a 175 mil a sus países de origen, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria.
La estadística oficial de 2023, que aún no está completa, pues falta recabar los datos de noviembre y diciembre, ya es la más alta nunca antes registrada en México y un 31% superior a la de 2022, año que con 314 mil casos tenía el récord de capturas.
Asimismo, aunque faltan aún de dos meses, el dato de este año es 123% superior a los 185 mil 319 migrantes detenidos por las autoridades mexicanas en 2021; 402% más que en 2020 (aunque hay que matizar que fue año de pandemia y que el flujo migratorio cayó en picado); 126% más que en 2019; y 214% más que en 2018, el último año de la administración de Peña Nieto.
Para encontrar una cifra similar de detenciones hay que remontarse a 2015, cuando durante el gobierno priista se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur; una iniciativa que, básicamente, fue la precursora del uso del Ejército, la Marina, y de todas las corporaciones policiacas para detener migrantes, además de los agentes del INM. Ese año fueron detenidas casi 200 mil personas; un boom. Aun así, el dato se encuentra lejos de los más de 400 mil detenidos en este 2023.
Este nuevo récord histórico puede explicarse por varios factores.
Uno de los más llamativos es el aumento sobresaliente de la migración venezolana, que está abandonando por miles el país sudamericano dirigido por el régimen de Nicolás Maduro. Las imágenes de miles de personas cruzando por la selva de El Darién, entre Panamá y Colombia, donde la mayoría son de nacionalidad venezolana, corrobora el éxodo venezolano hacia Estados Unidos, así como también lo corrobora las cifras en México: el INM detuvo en 10 meses de este 2023 a un total de 168 mil 639 personas venezolanas.
Para dimensionar este dato: en menos de un año, fueron detenidos más venezolanos en México que todos los migrantes de todas las nacionalidades juntas en 2018.
Este aumento de la migración venezolana puede apreciarse claramente en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2019 sólo 452 migrantes de esa nacionalidad fueron detenidos. En 2020, 183; en 2021 se produce el primer pico, con 4 mil 360 casos; y ya en 2022 se dispara a casi 100 mil, hasta llegar a los 168 mil 639 de este 2023.
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Otro factor que explica el récord histórico es el aumento de la migración haitiana que huye de las malas condiciones económicas y de la inestabilidad política del país, luego de que en julio de 2021 el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera asesinado y el país caribeño quedara sumido en una profunda crisis de inestabilidad. A lo anterior, hay que sumar además un nuevo desastre natural, como lo fue el terremoto de 2021 que dejó más de 2 mil haitianos muertos, 12 mil heridos, y millonarias pérdidas económicas.
En ese 2021 se aprecia claramente el aumento de la migración haitiana pasando por México para solicitar asilo, o para llegar a Estados Unidos: si en 2019 fueron detenidos 3 mil 891 haitianos, en 2021 fueron 13 mil 591 (un 246% más), mientras que en este 2023 suman casi 23 mil. Es decir, en solo cuatro años, la migración de Haití se ha multiplicado por cinco.
Y otro factor del ‘boom’ tiene que ver con el aumento del control migratorio en México. Si bien el gobierno de López Obrador inició con la promesa de que habría un cambio en la política migratoria, tradicionalmente plegada más a los intereses del gobierno de turno en Estados Unidos que al cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y de que gracias a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida se atacaría las raíces del fenómeno de la migración indocumentada en países de origen como Honduras, Guatemala y El Salvador, lo cierto es que muy pronto esa promesa se quedó en el olvido.
En concreto, desde que el entonces gobierno de Donald Trump amenazó en mayo de 2019 con imponer aranceles a los productos mexicanos si el Ejecutivo federal con López Obrador no detenía a la migración indocumentada en su frontera sur. Como resultado, el gobierno obradorista anunció el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo policiaco-militar, a la frontera sur entre Tapachula y Guatemala para detener migrantes. Y esos solo fueron los primeros elementos policiacos destinados a tal fin.
En septiembre de 2022, Animal Político publicó que en el cuarto año de gobierno de López Obrador la cifra de soldados del Ejército mexicano, marinos y elementos de la Guardia Nacional ascendió a 46 mil 916, y que éstos participaron en operativos de “contención” que derivaron en la captura de 345 mil 584 personas migrantes indocumentadas; otra cifra récord.
De acuerdo con las estadísticas publicadas durante el Cuarto Informe de Gobierno presidencial, el Ejército mexicano es el más activo en tareas de detención de migrantes: 256 mil 325 migrantes fueron interceptados por elementos castrenses, aún y cuando migrar no es un delito.
En cuanto a la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad participó en la detención de 60 mil 861 migrantes sin documentos, 9 mil 216 más que el año previo. Y la Marina detuvo a 28 mil 668 migrantes, 160% más que en el tercer año de López Obrador.
Asimismo, el número de elementos de la Guardia Nacional destinados a tareas de control migratorio casi se cuadruplicó en el cuarto año de gobierno obradorista: de 2 mil 386 elementos desplegados por el país, la cifra escaló a 9 mil 445 elementos, casi un 300% al alza.
El número de soldados del Ejército también aumentó, auque ligeramente: 2.5%; de 13 mil 663 militares, pasó a 14 mil 013.
En cuanto a la Marina, se pasó de 16 mil 049 elementos a 23 mil 458, un 46% más.
Esta militarización de las detenciones de migrantes también se ve reflejada en el perfil de los altos funcionarios del INM. En diciembre de 2021, este medio publicó que al corte de noviembre de ese año, un total de 43 funcionarios del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, eran militares, exmilitares, tienen carrera militar, o tenían un perfil policiaco.
De hecho, hasta 19 comisionados estatales de migración -los jefes del INM en los estados- fueron sustituidos entre 2019 y 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad. Incluso, cabe recordar que el perfil del mismo comisionado del INM, Francisco Garduño, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país. Sustituyó en el cargo a Tonatiuh Guillén, cuyo perfil es claramente académico tras su paso por el Colegio de la Frontera Norte.
Por otra parte, al margen de las detenciones, otras estadísticas que están batiendo todos los récords son las de solicitudes de refugio y asilo en el país.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) proporcionados a este medio, al corte de noviembre de este 2023 suman 136 mil 934 personas solicitantes de asilo; estadística que ya supera los 119 mil del año pasado, y los 129 mil de 2021, que ostentaba el récord. La COMAR espera cerrar este año con más de 150 mil solicitudes.
Para también dimensionar este dato: en 2015, se registraron 3 mil 423 solicitantes de asilo. Hoy, esa cifra es 40 veces más grande.
De hecho, fue a partir de la llegada del gobierno de López Obrador, en 2019, cuando se produjo un ‘boom’ en las solicitudes de asilo: de 29 mil 741 en 2018, se pasó a 70 mil 300 en 2019. Esto, en parte, también se debe al aumento de las oficinas que la COMAR, que dirige Andrés Ramírez Silva, ha abierto en diferentes partes del país. Ello, a pesar de que la Comisión ha mantenido prácticamente congelado su presupuesto en este sexenio, lo que ha llevado a sus dirigentes a buscar alternativas a través de convenios con la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, que ha aportado dinero y personal para apoyar la atención a las solicitudes de asilo.
Otra dependencia con problemas de presupuesto es el propio Instituto Nacional de Migración. El pasado 5 de diciembre, un cable de la agencia estadounidense AP daba a conocer que el titular del Instituto, Francisco Garduño, ordenó suspender temporalmente las deportaciones y traslados de migrantes por la falta de recursos económicos en medio de un año que está batiendo todos los récords.
Para este 2023, el INM tiene un presupuesto aprobado de más de 1 mil 700 millones de pesos. La COMAR, unos 50 millones.
Todas las cifras anteriores se están traduciendo en imágenes que hacía años que no se daban en México. Por ejemplo, el regreso del uso del tren conocido como ‘La Bestia’ por parte de los migrantes, especialmente los de nacionalidad venezolana. En octubre de este año, Animal Político fue testigo en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, de cómo miles de personas con niños, niñas y adolescentes, trataban de abordar el tren, pese al asedio de las autoridades de migración que buscaban impedirlo.
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Mientras que en este diciembre, este medio publicó que, ante la falta de espacios y de albergues de la sociedad civil y de las autoridades capitalinas, cientos de migrantes se están organizando con algunos vecinos para instalar sus propios albergues improvisados, algo también insólito y que no se había visto antes, especialmente en la capital del país, no tan habituada a la presencia de migrantes como en el sur o en el norte de México.
Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo para la explotación de minerales. El presidente Donald Trump insistió en la necesidad del convenio mientras el país europeo lucha contra la invasión rusa de su territorio.
Estados Unidos y Ucrania firmaron este miércoles un esperado acuerdo para la explotación de minerales en la nación europea.
Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense, este acuerdo contribuirá a los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania tras la guerra.
El presidente Donald Trump insistió repetidamente en la necesidad de este convenio como requisito previo para ofrecer futuras garantías de seguridad a Kyiv, mientras Ucrania lucha contra la invasión rusa de su territorio.
En su comunicado, el gobierno de Estados Unidos dijo que el acuerdo “envía a Rusia una señal” de que la administración Trump está “comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera”.
El acuerdo firmado este miércoles implicará la creación de un fondo de inversión conjunto para buscar las llamadas “tierras raras” y establece cómo se dividirán los ingresos entre los dos países.
Este acuerdo demuestra la importancia de estos minerales, pero ¿para qué sirven y qué pueden ofrecer a Estados Unidos?
“Tierras raras” es un término colectivo para 17 elementos químicamente similares que se utilizan mucho en la tecnología y la industria modernas.
Estos elementos son cruciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos, entre otros.
Se trata del escandio (Sc), el itrio (Y), el lantano (La), el cerio (Ce), el praseodimio (Pr), el neodimio (Nd), el prometio (Pm), el samario (Sm), el europio (Eu), el gadolinio (Gd), el terbio (Tb), el disprosio (Dy), el holmio (Ho), el erbio (Er), el tulio (Tm), el iterbio (Yb) y el lutecio (Lu).
Estos minerales se denominan “raros” porque es muy poco habitual encontrarlos en estado puro, aunque existen yacimientos de algunos de ellos en todo el mundo.
Sin embargo, las tierras raras suelen hallarse con elementos radiactivos, como el torio y el uranio, y para separarlos se necesitan muchos productos químicos tóxicos, por lo que el proceso de extracción resulta a veces difícil y caro.
Ucrania posee 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea (UE) define como “materias primas críticas”, lo que representa alrededor del 5 % de las reservas mundiales.
Muchas de las zonas que contienen estos elementos se encuentran al sur de lo que es conocido como Escudo Cristalino ucraniano, principalmente bajo el mar de Azov. La mayoría de estos territorios están actualmente ocupados por Rusia.
Sin embargo, sigue habiendo proyectos prometedores en el Buzh Medio, así como en las regiones de Kyiv, Vinnytsia y Zhitómir.
Los expertos afirman que, aunque se han identificado varios centenares de lugares geológicos prometedores, sólo algunos de ellos podrían convertirse en yacimientos si su explotación se considera económicamente viable.
“Las estimaciones que se han publicado son muy aproximadas”, afirma Adam Webb, responsable de materias primas para baterías de Benchmark Mineral Intelligence.
“Hay que trabajar mucho más para demostrar que esos depósitos minerales se pueden convertir en reservas económicas”.
En cuanto a otros importantes recursos minerales ucranianos, cerca del 70 % de ellos se encuentran, según Forbes Ukraine, en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk. Es decir, muchos están en territorio invadido y aún ocupado por Rusia.
Además de los minerales de tierras raras, Ucrania también posee lo que se conoce como minerales esenciales, como el litio.
Según el gobierno ucraniano, el país tiene unas 450 mil toneladas de reservas de litio. No se están explotando, aunque ha habido planes para empezar a hacerlo.
Rusia ha ocupado al menos dos yacimientos de litio: Shevchenkivske, en la región de Donetsk, y el yacimiento del complejo de Kruta Balka, en la región de Berdyansk.
Los yacimientos de litio de la región de Kirovohrad siguen bajo control ucraniano.
El interés de Estados Unidos por controlar la producción de tierras raras y muy posiblemente de minerales esenciales se debe en gran medida a la competencia con China, que actualmente domina la oferta mundial.
En las últimas décadas, China se ha convertido en líder tanto en la extracción como en el procesamiento de minerales de tierras raras, con un 60-70 % de la producción mundial y casi el 90 % de la capacidad de procesamiento.
La dependencia estadounidense de China en esta cuestión preocupa a la administración Trump, tanto en términos de seguridad nacional como de economía.
Estos materiales son necesarios para tecnologías muy sofisticadas, desde coches eléctricos hasta equipos militares.
En diciembre, China prohibió la exportación de algunos minerales de tierras raras a Estados Unidos, tras haber limitado previamente las exportaciones de minerales a este país el año anterior.
Pekín impuso entonces más controles a la exportación de minerales de tierras raras como parte de una creciente guerra comercial con Estados Unidos, desatada por el anuncio de Trump de imponer aranceles muy elevados a los productos chinos en abril.
El republicano también ha sugerido que la presencia de contratistas estadounidenses en Ucrania actuará como garantía de seguridad para disuadir la agresión rusa en el futuro, pero Ucrania y los líderes europeos han insistido en que eso no sería suficiente.
Análisis de Navin Singh Khadka, corresponsal de Medio Ambiente del Servicio Mundial de la BBC.
A primera vista, parece una paradoja.
Trump ha ordenado la expansión de la producción de combustibles fósiles, abandonando las políticas de energías renovables. Pero, al mismo tiempo, quiere asegurarse minerales cruciales -que son clave para la transición a la energía limpia- de donde pueda.
Sin embargo, esos minerales son también los componentes básicos de la electrónica de consumo, los equipos militares y de navegación y, lo que es más importante, los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).
Trump ha anunciado un gran estímulo para la expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos. Para ello se necesitará un enorme suministro de minerales esenciales, principalmente cobre, silicio, paladio y elementos de tierras raras.
Y el suministro de minerales estratégicos ya ha empezado a disminuir, convirtiéndose en una de las principales causas de la ralentización del crecimiento mundial de las energías limpias.
Según los expertos, el principal factor es el dominio chino de los minerales esenciales, entre ellos las tierras raras, en gran parte debido a la geopolítica entre Estados Unidos y China.
Tras haber perfeccionado durante décadas sus técnicas de procesamiento, China controla actualmente el 100 % del suministro refinado de grafito natural y disprosio, el 70 % del cobalto y casi el 60 % de todo el litio y manganeso procesados, según la Agencia Internacional de Energías Renovables.
También produce mayoritariamente elementos de tierras raras y mantiene un férreo control sobre metales clave en todo el mundo, con la titularidad de importantes minas en África, Asia y Sudamérica.
“Para contrarrestar el creciente control de China sobre la cadena de suministro global”, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante la administración de Biden afirmó que “es esencial que Estados Unidos asegure su propio suministro innovador de minerales críticos y estratégicos”.
La administración Trump parece ver en lugares como Ucrania y Groenlandia zonas en las que utilizar métodos innovadores para añadir a su cadena de suministro.
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