México suma 379 mil desplazados por violencia, pero la ley para atender a esta población lleva tres años congelada en el Senado
En México, cada 24 horas hasta 38 personas dejan sus hogares a causa del crimen organizado, los proyectos mineros, y los efectos climáticos, llegando a un total de al menos 379 mil desplazados en el país al corte de 2021.
De acuerdo con organizaciones civiles como Serapaz, estas cifras, que fueron documentadas por el Observatorio de Desplazamiento Interno, dan cuenta de “una crisis humanitaria” en México; país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar oficialmente en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo.
Sin embargo, todo lo anterior no ha sido suficiente para que los legisladores del Senado de la República aprueben el proyecto de Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que sí recibió luz verde por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados desde el 19 de septiembre de 2020, día en el que se turnó al Senado. Desde entonces, hace ya prácticamente tres años, el proyecto ha permanecido en la congeladora, a pesar de la gravedad de la situación que enfrentan cientos de miles de mexicanos.
Se trata de una iniciativa de ley que prevé una respuesta integral para un problema que apenas fue reconocido por el Estado mexicano desde el pasado 2019, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre otros puntos, proyecta que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas, y además el reconocimiento de quienes huyen como víctimas de desplazamiento a las que el Estado debe atender con ayuda humanitaria, acceso a vivienda digna, trabajo, y educación para los niños.
Pero años después, nada de eso está sucediendo, denunció en entrevista León Alberto Pérez, integrante de Serapaz y del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado, que aseguró que las comisiones en el Senado de Gobernación, Hacienda y de Estudios Legislativos, son las que “están frenando la iniciativa”.
“No sabemos ni entendemos por qué no se aprueba. Para ellos, la excusa es que no hay presupuesto suficiente para atender una crisis humanitaria. Pero para nosotros eso no tiene sentido, porque el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y ahí ya se aprobó esta iniciativa de Ley porque ya la revisaron y ya dijeron que sí podría haber un presupuesto suficiente para operarla”, expuso el activista, que consideró que el motivo por el que no avanza la ley puede ser de falta de voluntad política.
“El Estado no lo está manejando como una crisis humanitaria, no lo está reconociendo como tal, porque hacerlo implica aceptar que has perdido el control en muchos territorios indígenas y rurales, y también en las poblaciones urbanas. Y no sé si, aprobando esta ley, se estaría reconociendo esta crisis, y quizá por ello los senadores no quieran aprobarla en este momento”, apuntó León Pérez.
“A este gobierno ya no le interesan los desplazados”
Teodomira Rosales es directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos, con sede en Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Y es también desplazada por la violencia desde 2020, cuando, como resultado de su activismo en las comunidades expulsoras de personas por la violencia, autoridades municipales y el crimen organizado la amenazaron hasta el punto que tuvo que abandonar su lugar de residencia en la costa chica de Guerrero.
“Este gobierno va de salida y pues está claro que ya no le interesa este tema, ni hacer acuerdos con las víctimas ni los colectivos, pero nosotros seguiremos luchando para que las víctimas tengan un lugar digno para vivir y para morir, y para que los niños tengan acceso a la educación y a las becas”, subrayó en entrevista la activista, que además denunció que, debido a que miles de personas tienen que huir de sus lugares de residencia “solo con lo puesto”, éstas tampoco pueden acceder a las becas y apoyos gubernamentales porque no tienen documentos.
Por ello, los colectivos de víctimas consideran fundamental dos cosas, además de la aprobación de la ley: primero, la tipificación del delito de desplazamiento forzado, para que las personas sean, formalmente, reconocidas como víctimas directas o indirectas de violencia. “Esto ayudaría mucho a reconocer la crisis humanitaria del desplazamiento forzado como una situación de violencia generalizada, sin que las personas hayan tenido que ser agredidas directamente, pues hay muchos casos en los que la gente huye después de que amenazaron, secuestraron o mataron a sus vecinos o familiares”, señaló el activista León Pérez.
Mientras que el otro punto es la creación de un carnet de personas víctimas de desplazamiento, que ayude, por ejemplo, a que, ante la pérdida de documentación como actas de nacimiento o boletas escolares, los hijos de personas desplazadas puedan volver a las escuelas, o que las personas desplazadas puedan acceder a trabajos sin necesidad de contar con todo el papeleo burocrático.
Pero, de nuevo, nada de lo anterior se ha materializado a cinco años de que el Estado mexicano admitió la situación de desplazamiento forzado interno que viven miles de personas en el país, y a casi tres de la aprobación en Diputados.
Hasta el momento, solo se han dado algunos pasos. Por ejemplo, en estados como Guerrero, Michoacán, o Oaxaca, ya tienen leyes estatales, o las están discutiendo, en materia de desplazamiento forzado, mientras que otras entidades como Chihuahua tienen protocolos de actuación.
“Sin embargo, esto no es suficiente. Se necesita un protocolo federal, porque lo que pasa ahora es que muchas personas acuden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o a la Comar, y ahí les dicen que no tienen competencia para ayudarlos, y los van rebotando de un lado para otro porque no hay claridad de quién debe atender y resolver la situación de estas personas”, explicó el activista de Serapaz.
La activista y desplazada Teodomira Rosales, no obstante, no se mostró optimista de que esta ley o protocolo federal vaya a ver la luz antes de que termine este sexenio el próximo año.
“Yo perdí la esperanza”, lamentó. “Porque si este gobierno, que yo lo vi sensible al inicio, y en el que hay personas que vienen de la lucha social, como (el subsecretario de Derechos Humanos) Alejandro Encinas, o el propio presidente López Obrador, no pudieron o no han querido hacer nada con este problema tan grande, que nos rebasa, pues ahora no sé en manos de quién vamos a dejar esta lucha por las víctimas de desplazamiento forzado”, agregó la activista guerrerense, que concluyó diciendo: “Falta mucha voluntad para atender esta crisis humanitaria, y sin eso, no se puede hacer nada”.
Presupuesto para una ley que atienda a personas desplazadas
Por otra parte, este martes se realizó un foro en la Cámara de Diputados sobre los retos del desplazamiento forzado interno. Durante su intervención, la senadora Néstora Salgado dijo que este “es un tema principalmente de recursos”.
“Sí hay intención política, pero es un tema de presupuesto. Y necesitamos que esto se mire desde abajo, desde los pueblos, y no desde los escritorios”, señaló la legisladora, que pidió públicamente una reunión con la Secretaría de Gobernación, al frente de la cual ahora está Luisa María Alcalde, la Secretaría de Hacienda federal, los legisladores, junto con los activistas y las víctimas.
“La parte del presupuesto es muy importante”, abundó. “Pero los derechos humanos también lo son, y ya no podemos argumentar un retraso (en la aprobación de la Ley) por falta de presupuesto, pues el propio presidente López Obrador ha dicho que no hay tope de gasto cuando se trata de defender derechos humanos. Por eso, tenemos que encontrar una ruta para que esta Ley se haga ya realidad”.
Por su parte, Ramón Coria, activista e integrante del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento, recordó que cuando se desplaza a una comunidad indígena, “no solo se rompe su patrimonio, sino que se rompe toda su visión biocultural. Hay un etnocidio, aunque la gente siga viva”.
Además, advirtió que “el Estado mexicano no controla muchas partes del país”, lo que está generando cientos de miles de desplazados, a pesar de lo cual, criticó, el gobierno de López Obrador ha sido muy crítico con las organizaciones civiles que atienden en su mayoría a esas personas que no tienen respuesta del Estado.
“Este gobierno ha sido muy ingrato con la sociedad civil. Hizo tabla rasa y a todos nos metió en el mismo saco de saqueadores del erario”, criticó.
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De acuerdo a los resultados oficiales habrá segunda vuelta el 13 de abril entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, una reedición del balotaje de hace 14 meses.
El presidente Daniel Noboa obtiene una ligera ventaja sobre su rival Luisa González en las elecciones presidenciales de Ecuador de este domingo.
De acuerdo al resultado del 66 % de las actas escrutadas, Noboa suma el 44 % de los votos, lo que no le serviría para ganar ya la presidencia. Si los datos se mantienen, el 13 de abril habrá un balotaje entre Noboa y Luisa González, que obtiene el 43 % de votos.
Ambos ya se enfrentaron en las elecciones de 2023, hace casi 15 meses, y entonces ganó Noboa para terminar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, y convertirse en el presidente más joven de la historia del país.
Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), tuvo la violencia en el país como principal reto en estos meses que ha sido como presidente.
Aplicó el estado de excepción, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles y dentro de las cárceles, lo que, junto a otras medidas de seguridad, redujo las muertes violentas en un 15 % y llevó a una caída de la violencia en las prisiones y a la captura de importantes líderes criminales.
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Noboa, de 37 años y heredero de una fortuna empresarial, aspiraba a ganar en la primera vuelta, para lo que necesitaba más del 50 % de los votos válidos o diez puntos de ventaja sobre su rival más cercano.
Tras alcanzar altos niveles de popularidad al inicio de su mandato, la imagen de Noboa, sin embargo, se fue desinflando a lo largo de los meses.
Los resultados de su anunciado proyecto de seguridad, denominado Plan Fénix, quedaron lejos del giro radical que muchos auguraban.
“A nivel de indicadores hay algunas pequeñas mejoras, pero no ha sido un cambio significativo”, dijo a BBC Mundo antes de las elecciones el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.
El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024, según datos oficiales, una variación que muchos consideran insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de la campaña contra el crimen, financiada en parte con una subida de 3 puntos del IVA del 12 % al 15 %.
La criminalidad repuntó, además, con fuerza en enero de 2025, el mes más violento de los últimos tres años, con 731 asesinatos, un promedio de 23.5 por día, casi uno cada hora.
Ese es el principal argumento contra Noboa de González, una protegida del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y líder del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Para ella, el crimen se debe combatir con operaciones militares y policiales permanentes, equipamiento de la fuerza pública, sanciones a jueces y fiscales supuestamente corruptos y con un plan de gasto social en las zonas más violentas del país.
“No se puede hablar de control a la violencia sin pensar en la justicia social, en construir un Ecuador de paz, no de guerra”, dijo González en su cierre de campaña el jueves en Guayaquil.
En lo económico, Ecuador sufrió en 2024 una recesión económica atribuida, entre otros factores, a una grave crisis energética que provocó apagones en todo el país.
En el cuarto trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 1.5 % interanual, uno de los peores datos desde la pandemia.
En esta situación, el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobó en mayo de 2024 un préstamo de US$4.000 millones a 48 meses con un desembolso inmediato de US$1.000 millones, algo que dio un respiro al país y se interpretó como una victoria del gobierno de Noboa.
La tasa de pobreza aumentó del 26 % en diciembre de 2023 al 28 % en el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Como dato positivo, la inflación se mantuvo a raya en la dolarizada economía ecuatoriana: en diciembre los precios variaron un 0.5% interanual.
Lo que sí es un gran problema, no solo económico sino también político y social, es la crisis energética.
Desde el pasado septiembre, Ecuador sufrió apagones programados que, en algunos casos, superaron las 12 horas diarias, una situación atribuida a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país, y a la falta de inversión en infraestructuras en años anteriores.
Noboa anunció al final de la campaña varias políticas de último momento que parecían diseñadas para atraer la atención de los votantes, incluida la ayuda económica a los inmigrantes que regresen de Estados Unidos, aranceles a las importaciones mexicanas y un acuerdo comercial con Canadá.
