En México, cada 24 horas hasta 38 personas dejan sus hogares a causa del crimen organizado, los proyectos mineros, y los efectos climáticos, llegando a un total de al menos 379 mil desplazados en el país al corte de 2021. 

De acuerdo con organizaciones civiles como Serapaz, estas cifras, que fueron documentadas por el Observatorio de Desplazamiento Interno, dan cuenta de “una crisis humanitaria” en México; país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar oficialmente en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo. 

Se trata de una iniciativa de ley que prevé una respuesta integral para un problema que apenas fue reconocido por el Estado mexicano desde el pasado 2019, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Entre otros puntos, proyecta que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas, y además el reconocimiento de quienes huyen como víctimas de desplazamiento a las que el Estado debe atender con ayuda humanitaria, acceso a vivienda digna, trabajo, y educación para los niños. 

“No sabemos ni entendemos por qué no se aprueba. Para ellos, la excusa es que no hay presupuesto suficiente para atender una crisis humanitaria. Pero para nosotros eso no tiene sentido, porque el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y ahí ya se aprobó esta iniciativa de Ley porque ya la revisaron y ya dijeron que sí podría haber un presupuesto suficiente para operarla”, expuso el activista, que consideró que el motivo por el que no avanza la ley puede ser de falta de voluntad política. 

“El Estado no lo está manejando como una crisis humanitaria, no lo está reconociendo como tal, porque hacerlo implica aceptar que has perdido el control en muchos territorios indígenas y rurales, y también en las poblaciones urbanas. Y no sé si, aprobando esta ley, se estaría reconociendo esta crisis, y quizá por ello los senadores no quieran aprobarla en este momento”, apuntó León Pérez. 

“A este gobierno ya no le interesan los desplazados”

Teodomira Rosales es directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos, con sede en Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Y es también desplazada por la violencia desde 2020, cuando, como resultado de su activismo en las comunidades expulsoras de personas por la violencia, autoridades municipales y el crimen organizado la amenazaron hasta el punto que tuvo que abandonar su lugar de residencia en la costa chica de Guerrero. 

Por ello, los colectivos de víctimas consideran fundamental dos cosas, además de la aprobación de la ley: primero, la tipificación del delito de desplazamiento forzado, para que las personas sean, formalmente, reconocidas como víctimas directas o indirectas de violencia. “Esto ayudaría mucho a reconocer la crisis humanitaria del desplazamiento forzado como una situación de violencia generalizada, sin que las personas hayan tenido que ser agredidas directamente, pues hay muchos casos en los que la gente huye después de que amenazaron, secuestraron o mataron a sus vecinos o familiares”, señaló el activista León Pérez. 

Mientras que el otro punto es la creación de un carnet de personas víctimas de desplazamiento, que ayude, por ejemplo, a que, ante la pérdida de documentación como actas de nacimiento o boletas escolares, los hijos de personas desplazadas puedan volver a las escuelas, o que las personas desplazadas puedan acceder a trabajos sin necesidad de contar con todo el papeleo burocrático. 

Pero, de nuevo, nada de lo anterior se ha materializado a cinco años de que el Estado mexicano admitió la situación de desplazamiento forzado interno que viven miles de personas en el país, y a casi tres de la aprobación en Diputados. 

Hasta el momento, solo se han dado algunos pasos. Por ejemplo, en estados como Guerrero, Michoacán, o Oaxaca, ya tienen leyes estatales, o las están discutiendo, en materia de desplazamiento forzado, mientras que otras entidades como Chihuahua tienen protocolos de actuación. 

“Sin embargo, esto no es suficiente. Se necesita un protocolo federal, porque lo que pasa ahora es que muchas personas acuden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o a la Comar, y ahí les dicen que no tienen competencia para ayudarlos, y los van rebotando de un lado para otro porque no hay claridad de quién debe atender y resolver la situación de estas personas”, explicó el activista de Serapaz. 

La activista y desplazada Teodomira Rosales, no obstante, no se mostró optimista de que esta ley o protocolo federal vaya a ver la luz antes de que termine este sexenio el próximo año. 

“Yo perdí la esperanza”, lamentó. “Porque si este gobierno, que yo lo vi sensible al inicio, y en el que hay personas que vienen de la lucha social, como (el subsecretario de Derechos Humanos) Alejandro Encinas, o el propio presidente López Obrador, no pudieron o no han querido hacer nada con este problema tan grande, que nos rebasa, pues ahora no sé en manos de quién vamos a dejar esta lucha por las víctimas de desplazamiento forzado”, agregó la activista guerrerense, que concluyó diciendo: “Falta mucha voluntad para atender esta crisis humanitaria, y sin eso, no se puede hacer nada”. 

Presupuesto para una ley que atienda a personas desplazadas

Por otra parte, este martes se realizó un foro en la Cámara de Diputados sobre los retos del desplazamiento forzado interno. Durante su intervención, la senadora Néstora Salgado dijo que este “es un tema principalmente de recursos”. 

“Sí hay intención política, pero es un tema de presupuesto. Y necesitamos que esto se mire desde abajo, desde los pueblos, y no desde los escritorios”, señaló la legisladora, que pidió públicamente una reunión con la Secretaría de Gobernación, al frente de la cual ahora está Luisa María Alcalde, la Secretaría de Hacienda federal, los legisladores, junto con los activistas y las víctimas. 

“La parte del presupuesto es muy importante”, abundó. “Pero los derechos humanos también lo son, y ya no podemos argumentar un retraso (en la aprobación de la Ley) por falta de presupuesto, pues el propio presidente López Obrador ha dicho que no hay tope de gasto cuando se trata de defender derechos humanos. Por eso, tenemos que encontrar una ruta para que esta Ley se haga ya realidad”. 

Por su parte, Ramón Coria, activista e integrante del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento, recordó que cuando se desplaza a una comunidad indígena, “no solo se rompe su patrimonio, sino que se rompe toda su visión biocultural. Hay un etnocidio, aunque la gente siga viva”. 

Además, advirtió que “el Estado mexicano no controla muchas partes del país”, lo que está generando cientos de miles de desplazados, a pesar de lo cual, criticó, el gobierno de López Obrador ha sido muy crítico con las organizaciones civiles que atienden en su mayoría a esas personas que no tienen respuesta del Estado. 

“Este gobierno ha sido muy ingrato con la sociedad civil. Hizo tabla rasa y a todos nos metió en el mismo saco de saqueadores del erario”, criticó.