Desigualdad económica de las mujeres: enfrentan desempleo por cuidar, informalidad laboral y empleos con salarios de pobreza
Sofía trabaja en una zapatería, en donde debe aguantar jornadas largas sin pagos por horas extra en las que lidia con un jefe mandón, y aunque no tiene contrato prefiere quedarse ahí que buscar un nuevo empleo, ya que necesita el dinero y es un lugar en el que le dan permisos cuando los requiere.
En México, 22 millones de mujeres se encuentran fuera del sistema laboral, y el 80 % de ellas está excluida por realizar labores domésticas y de cuidado, mientras que entre quienes cuentan con un empleo, 8 de cada 10 deben aceptar condiciones precarias y salarios de pobreza.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el caso de Sofía es el de 24.3 millones de mujeres que tienen un empleo con salario, no obstante, estos empleos son precarios al no contar alguna prestación establecida por la ley. Entre ellas, el 80 % no gana lo suficiente ni para comprar dos canastas básicas, lo que limita sus posibilidades de una vida digna y las deja fuera de la justicia y la equidad laboral.
Además, casi 2 de cada 10 mujeres asalariadas trabajan jornadas excesivas de más de 48 horas, y cerca de la mitad (47 %) no cuenta con un contrato estable que les dé certeza laboral, tal como señala el reporte “La justicia económica pendiente“, elaborado por la asociación.
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Mujeres, entre la informalidad laboral y empleos formales sin salario suficiente
Tras concluir sus estudios, Ana tuvo varias entrevistas de trabajo, hasta que fue aceptada como asistente en una empresa donde le comentaron que contaría con seguridad social, aunque con un salario bajo, el cual le prometieron que con el tiempo iba a aumentar, aunque después de casi cinco años eso no ha ocurrido.
Con este ingreso, Ana debe vivir al día: gana lo justo para pagar la renta y comer más o menos bien, pero no lo suficiente como para ahorrar o invertir en un hogar propio, y aunque ha pensado en cambiar de trabajo, sabe que en esa empresa ha ganado experiencia, por lo que ha decidido aguantar un poco, mientras encuentra una mejor opción.
El reporte de Acción Ciudadana Contra la Pobreza encontró que hay 10.8 millones de mujeres que, como Ana, se encuentran trabajando en un empleo formal, aunque 5.2 millones de ellas (58 %) carecen de un ingreso salarial digno. De ellas, 37 % viven con salarios de pobreza y 21 % perciben salarios de supervivencia.
La asociación también señaló que las mujeres en trabajos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganan en promedio 2 mil 248 pesos menos que los hombres.
En el sector informal se identificaron a 13.4 millones de mujeres, es decir, el 55 % de las que se encuentran ocupadas, lo que significa que son más que aquellas que se encuentran en el mercado laboral formal.
Estos trabajos “pueden ser una fuente de ingresos para las mujeres, pero casi siempre son estigmatizados, perseguidos y, por supuesto, son también precarios”, subrayó el reporte. A esto se suma que en el 82 % de los casos en esta situación, las mujeres perciben salarios de pobreza y sin acceso a instituciones de salud por la falta de seguridad social.
El caso de las trabajadoras del hogar -que son 91 % mujeres- en el 97 % de los casos continúa siendo una labor informal, y 85 % perciben salarios de pobreza.
Ser indígena aumenta exclusión de las mujeres
En el documento también se incluyó el caso de Nayeli, una mujer indígena oaxaqueña que se dedica a vender tamales en la puerta de su casa, lo que no genera ingresos suficientes para pagar los estudios de sus hijos, pero en ningún lado le dan empleo por su bajo nivel educativo, ya que sólo terminó la primaria.
Aunque ha considerado la opción de limpiar casas, como hace su comadre, Nayeli sabe que la paga es poca, por lo que prefiere continuar con la venta de tamales mientras encuentra otra alternativa. Este caso retrata que el ser mujer e indígena es una de las principales razones de exclusión laboral, que afectó a 3.4 millones en 2022.
Según el reporte, para este año más del 80 % de las mujeres indígenas de 15 años o mayores tenían un nivel de escolaridad de secundaria o menos, lo que, aunado a las barreras estructurales y la discriminación que viven cotidianamente, afectan sus posibilidades de conseguir un trabajo digno.
Esto, a su vez, ocasiona que muchas de ellas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, ya que 7 de cada 10 mujeres indígenas se encuentra en pobreza multidimensional, que considera el ámbito de la educación, la salud, el trabajo, las condiciones de vivienda, así como las de la niñez y la juventud.
En materia de exclusión laboral, el análisis subrayó que las mujeres indígenas enfrentan condiciones de precariedad e informalidad, ya que el 82 % no está afiliada a alguna institución de salud.
Las limitaciones laborales de las mujeres por cuidados y maternidad
En 2024, en México hubo casi 22 millones de mujeres fuera del sistema laboral, de las cuales hay más de 17.7 millones que no están disponibles para trabajar por estar dedicadas a las labores de cuidado dentro de su hogar, sin remuneración.
Entre las mujeres jóvenes, 8 de cada 10 están excluidas de la escuela y el trabajo por realizar labores domésticas o de cuidado, como Susana, quien a los 16 años tuvo que abandonar su sueño de ser ingeniera para cuidar a su abuela, doña Carmen, quien enfermó gravemente y quedó postrada en cama.
De los 15.6 millones de jóvenes oportunidad -que están fuera de la escuela y el trabajo, o que cuentan con empleos precarios, o estudian y viven en situación de pobreza-, hay 8.2 millones de mujeres.
Para las mujeres con hijos, el panorama de desigualdad laboral aumenta, sobre todo cuando tienen más de uno.
Del total de las mujeres que reportan no trabajar, el 40 % tenía más de tres hijos, 20 % tenía al menos 2, y el 12 % era madre de uno. Esto se explica porque las labores de cuidado resultan incompatibles con un empleo, o las limitan a aceptar aquellos en los que perciben menos ingresos.
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La urgencia de un Sistema Nacional de Cuidados
Ante estas condiciones de desigualdad, la asociación enfatizó que la creación de un sistema de cuidados en el país es una necesidad urgente para que se redistribuyan las responsabilidades que actualmente se sobrecargan en las mujeres.
Para ello, recomendó que se considere que este sistema reconozca el derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio de las cuidadoras; infraestructura pública de servicios de cuidado suficientes, particularmente estancias infantiles y de atención a personas con discapacidad, personas mayores o enfermas; escuelas de tiempo completo; acceso universal y de calidad a estos servicios, así como un aumento de la remuneración y la inclusión de seguridad social para quienes se encargan de cuidar.
Asimismo, consideró necesario que haya un equilibrio en los permisos y licencias de maternidad y paternidad, junto con modelos alternativos de cuidado y subsidios públicos.
Otras recomendaciones son la eliminación de la discriminación por género en los procesos de contratación laboral; el fomento de la participación de las mujeres en otros sectores de la economía; incrementar los ingresos de las mujeres, y que las empresas asuman el compromiso voluntario de tomar medidas para que ninguna persona, especialmente las mujeres que laboren en ellas, ganen menos de un ingreso digno de 12 mil 500 pesos netos al mes.
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La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100 mil habitantes, cuatro puntos por sobre la tasa de fallecimientos por homicidios en ese mismo periodo. Pero, ¿cómo se caracteriza este complejo problema de salud pública en el país sudamericano?
“No sé si ustedes saben que en Chile hay más suicidios al año que homicidios. En Chile se suicida más gente que la que muere en condiciones o víctima de la delincuencia”, dijo el presidente Gabriel Boric semanas atrás.
La afirmación, que podría ser simplemente un dato de salud pública, no lo es si se considera el contexto en el que se dijo: una campaña electoral donde la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad.
“Los dos, por cierto, son terribles, no se trata de que una valga más que la otra, pero de una se habla mucho, de la otra se habla poco. Y por eso es importante hablar muy firme y muy fuerte de salud mental, es para cuidarnos, es para cuidarnos entre todos”, agregó Boric.
La sensación de inseguridad ha aumentado en los últimos años en ese país, entre otros factores, por el incremento de los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y la reciente presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La contracara de aquello es que las cifras de delitos violentos han ido a la baja respecto del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile.
La agenda de seguridad ha estado en el centro del debate nacional en el marco de las elecciones presidenciales, cuyo balotaje se celebrará el próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannete Jara y el derechista ultraconservador José Antonio Kast.
Y, aunque en mucha menor medida, el tema de la salud mental también ha sido parte de la discusión. Jara ha puesto especial énfasis en el tema. Ella tiene una historia personal al respecto: su primer marido se suicidó poco después de haberse casado.
“Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, ha dicho.
En su programa de gobierno propone justamente fortalecer la estrategia de prevención del suicidio y la implementación de un nuevo modelo de atención de salud mental en urgencias.
Kast, por otro lado, tiene entre sus propuestas fortalecer el plan nacional de salud mental y dar apoyo principalmente a adultos mayores.
Una tendencia sostenida
La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10,5 muertes por 100.000 habitantes.
El número es un poco mayor al promedio mundial (≈9,0), pero se encuentra entre los más altos de América Latina, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud de 2019.
Chile está por debajo de Uruguay, país que tiene de las tasas más altas de la región (21,35), pero por sobre países como México, Colombia o Brasil.
A la vez, tiene una tasa similar a las estimaciones para Europa, pero menor a la de Estados Unidos, la que ronda entre los 14 y 16 suicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Más allá de la comparativa global, hace años y ya de manera sostenida se ha observado que el suicidio representa una mayor cantidad de muertes que los homicidios en el país, siendo la primera la principal forma de muerte violenta entre el 2018 y el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile.
“Esto implica que, pese a la creciente preocupación pública por la violencia interpersonal y el crimen, la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio”, se lee en el Informe violencia autoinfligida e interpersonal, elaborado por el gobierno del país sudamericano.
En 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios, lo que equivale a una tasa de 6,0 muertes por 100.000 habitantes.
“Eminentemente masculino”
De acuerdo a un estudio de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que indagó en la evolución histórica del fenómeno del suicidio en Chile (1920-2020), este ha ido aumentando significativamente en el porcentaje total de muertes en el país.
Si a inicios del siglo XX ocupaba una parte casi insignificante en el porcentaje total de decesos (0,2%), hoy se ubica en torno a un 2%.
El perfil de quienes más se suicidan hoy en Chile se concentra en la población masculina, algo que coincide con las tendencias mundiales.
Manuel Alberto Llorca, uno de los investigadores a cargo del estudio historiográfico del suicidio en Chile, explica a BBC Mundo por qué este es un fenómeno “eminentemente masculino”.
“En Chile el suicidio afecta principalmente a hombres. De cada cinco suicidios, aproximadamente cuatro los cometen ellos”, sostiene.
Llorca explica que esta brecha se da, por un lado, porque “los hombres tienden a ser más violentos, pero también tienen más acceso a armas letales, es decir, son más efectivos al momento de intentarlo, mientras que las mujeres lo son menos”.
“También los hombres consumen mucho más alcohol que la mujeres, lo que normalmente es un gatillante. El hombre recurre menos a atención psicológica y tiene menor tolerancia a la frustración, sobre todo, en países machistas donde se espera que sea el proveedor”, agrega.
Según el Ministerio de Salud de Chile, los hombres de 65 y más años se han mantenido como el grupo con mayor tasa de mortalidad desde 2004, con excepción de los últimos dos años, donde de acuerdo a números preliminares los hombres de los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 se suicidaron más.
En contraste con aquello, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile, la prevalencia de trastornos depresivos, por ejemplo, es mayor en mujeres que en hombres. Lo mismo si se mira el riesgo de tener una lesión autoinfligingida con intención suicida, la que es el doble en la población femenina respecto de la masculina.
En Chile también se ha reportado una disminución del suicidio entre adolescentes, aunque sigue encontrándose entre las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años, según el Ministerio de Salud.
La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Andrea Albagli, explica a BBC Mundo la importancia que ha tenido la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que desde 2013 ha permitido institucionalizar una política específica a nivel estatal.
Bajo ese marco el país se fijó como meta sanitaria disminuir la mortalidad por suicidio entre los jóvenes, algo que dio resultados positivos.
“Tenemos una disminución general de la mortalidad por suicidio y, por sobre todo, una disminución mayor en la población joven”, señala Albagli.
Mayor riesgo en la vejez
A la vez, el país ha registrado un aumento en el riesgo de fallecimiento por suicidio entre la población masculina adulta y adulta mayor, y en particular en mayores de 80 años.
“Si uno mira la tasa de mortalidad por suicidio según sexo y según edad, que es otra manera de medir el riesgo específico, ahí te surge interesantemente otro grupo poblacional prioritario -y esto no solo ocurre en Chile sino que a nivel mundial- y es que es mucho mayor en población adulta mayor entre hombres”, explica Albagli.
La subsecretaria y psicóloga de profesión recalca que “la cifra es muy elocuente: para el periodo 2018-2022, la tasa de mortalidad acumulada en mujeres sobre 80 años fue de 1,4 por 100.000 habitantes, en el caso de los hombres de ese mismo tramo de edad fue de 31,1”.
“Si evalúas por sexo y por edad, no hay riesgo más alto que el riesgo de muerte por suicidio en población adulta mayor masculina”, agrega.
De acuerdo a la autoridad, uno de los factores de riesgo significativos entre la población de hombres adultos mayores es una mayor tendencia al aislamiento, la soledad, la ausencia de red de apoyo y la precariedad económica.
Si se mira el fenómeno desde una perspectiva geográfica, en tanto, se puede ver que las regiones del sur del país como Aysén, La Araucanía y Los Ríos exhiben tasas consistentemente superiores al promedio nacional en las últimas dos décadas, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Salud Pública.
El estigma y otros determinantes
“Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno.
Está bien documentado en la experiencia comparada que las tasas de suicidio son mayores en países menos desarrollados.
A nivel mundial, se cometen unos 720.000 suicidios por año, y más de tres cuartas partes ocurren en países de ingreso bajo o medio, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS).
En el caso de los países de ingresos medios y altos, como ese el caso de Chile, la OMS ha informado sobre una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, “en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio”.
El organismo destaca que, sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis derivadas de problemas económicos, desempleo, desigualdad, dolor crónico, suicidio de una persona cercana, exposición a la violencia, falta de acceso a los servicios de salud mental y el estigma.
Sobre ese estigma es que la administración del presidente Gabriel Boric ha enfocado su estrategia de prevención.
De hecho, en octubre pasado se lanzó la primera campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental. Con el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, el gobierno chileno busca justamente generar mayor conciencia sobre la prevención del suicidio en ese país.
El mandatario chileno ha jugado un rol activo en hablar del tema, haciendo público su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) e incluso abordando abiertamente una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico antes de llega a la presidencia.
“Durante mucho tiempo el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población. Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar lo cuenta sin ningún problema…Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor”, dijo en septiembre pasado en la inauguración de un centro de salud primaria especializado en salud mental en la capital chilena.
Los desafíos pendientes
Pese a que en sectores del mundo académico y de la salud mental se ha valorado que el gobierno chileno tenga entre sus prioridades este tema, también advierten que hay muchos desafíos pendientes.
A la administración actual se le ha cuestionado por poner demasiado énfasis en el relato y no así en políticas públicas concretas.
“Aquí no ha habido ningún aumento significativo en inversión en términos de salud mental durante este gobierno. Y la atención psiquiátrica en el sector público sigue siendo bien miserable. Eso no ha cambiado en absolutamente en nada”, dice Llorca.
Esto último coincide con las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el que detectó que “en el sistema público de salud una mujer o un hombre adulto deben esperar 236 días -en promedio- para recibir atención psiquiátrica. Mientras que un niño, niña o adolescente tiene que esperar 292 días”.
“Se trata de situación que afecta la accesibilidad a ayuda, algo fundamental para garantizar el derecho a la salud mental”, agrega un reporte del organismo.
En su informe el INDH también advierte sobre el hecho de que “pese a los esfuerzos y compromisos del Estado de aumentar el presupuesto destinado a salud mental, existe poca claridad respecto de su progreso en relación con las necesidades existentes”.
En el 2025 el Estado de Chile destinó un 4,5% de su gasto público en salud a la salud mental, por debajo del 6% recomendado por la OMS, aunque por sobre lo que destinan en promedio los países a nivel mundial.
La académica de la Universidad de Chile y Directora del Centro Colaborador OPS/OMS para el Desarrollo, Capacitación e Investigación en Salud Mental, Olga Toro, ha advertido sobre los desafíos pendientes.
“Aun cuando se reconoce que hay más conciencia, persisten la barrera del estigma, el limitado reconocimiento de la participación de personas con experiencia vivida y los débiles mecanismos de coordinación intersectorial que disminuyen la efectividad de los esfuerzos públicos”, afirmó en octubre pasado.
Otro de los desafíos pendientes que reportan expertos es la falta de especialistas en el sistema de salud pública.
La subsecretaria Albagli asegura que la estrategia adoptada por el gobierno chileno ha tenido buenos resultados.
Para ella, poner el foco en el relato va en línea con la primera prioridad en materia de salud mental: terminar con el estigma social que lo rodea y que así las personas no teman a pedir ayuda.
De hecho, destaca que entre 2021 y 2025 la red pública de salud mental experimentó un aumento histórico en su actividad asistencial, con las prestaciones ambulatorias pasando de 3,2 millones en 2021 a 6,3 millones en 2024.
Asimismo, las hospitalizaciones psiquiátricas se incrementaron de 34.000 en 2021 a más de 50.000 en 2024.
Por otro lado, la autoridad recalca que el gobierno ha impulsado políticas específicas que han tenido resultados concretos. Entre otros, el establecimiento en 2023 de la Línea de prevención del suicidio *4141, la que opera 24 horas al día y ya suma más de 227.000 llamadas gestionadas y miles de personas conectadas con atención de salud.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.
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