Sofía trabaja en una zapatería, en donde debe aguantar jornadas largas sin pagos por horas extra en las que lidia con un jefe mandón, y aunque no tiene contrato prefiere quedarse ahí que buscar un nuevo empleo, ya que necesita el dinero y es un lugar en el que le dan permisos cuando los requiere.

En México, 22 millones de mujeres se encuentran fuera del sistema laboral, y el 80 % de ellas está excluida por realizar labores domésticas y de cuidado, mientras que entre quienes cuentan con un empleo, 8 de cada 10 deben aceptar condiciones precarias y salarios de pobreza.

Además, casi 2 de cada 10 mujeres asalariadas trabajan jornadas excesivas de más de 48 horas, y cerca de la mitad (47 %) no cuenta con un contrato estable que les dé certeza laboral, tal como señala el reporte “La justicia económica pendiente“, elaborado por la asociación.

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Mujeres, entre la informalidad laboral y empleos formales sin salario suficiente

Tras concluir sus estudios, Ana tuvo varias entrevistas de trabajo, hasta que fue aceptada como asistente en una empresa donde le comentaron que contaría con seguridad social, aunque con un salario bajo, el cual le prometieron que con el tiempo iba a aumentar, aunque después de casi cinco años eso no ha ocurrido.

El reporte de Acción Ciudadana Contra la Pobreza encontró que hay 10.8 millones de mujeres que, como Ana, se encuentran trabajando en un empleo formal, aunque 5.2 millones de ellas (58 %) carecen de un ingreso salarial digno. De ellas, 37 % viven con salarios de pobreza y 21 % perciben salarios de supervivencia.

La asociación también señaló que las mujeres en trabajos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganan en promedio 2 mil 248 pesos menos que los hombres.

Estos trabajos “pueden ser una fuente de ingresos para las mujeres, pero casi siempre son estigmatizados, perseguidos y, por supuesto, son también precarios”, subrayó el reporte. A esto se suma que en el 82 % de los casos en esta situación, las mujeres perciben salarios de pobreza y sin acceso a instituciones de salud por la falta de seguridad social.

El caso de las trabajadoras del hogar -que son 91 % mujeres- en el 97 % de los casos continúa siendo una labor informal, y 85 % perciben salarios de pobreza.

Ser indígena aumenta exclusión de las mujeres

En el documento también se incluyó el caso de Nayeli, una mujer indígena oaxaqueña que se dedica a vender tamales en la puerta de su casa, lo que no genera ingresos suficientes para pagar los estudios de sus hijos, pero en ningún lado le dan empleo por su bajo nivel educativo, ya que sólo terminó la primaria.

Aunque ha considerado la opción de limpiar casas, como hace su comadre, Nayeli sabe que la paga es poca, por lo que prefiere continuar con la venta de tamales mientras encuentra otra alternativa. Este caso retrata que el ser mujer e indígena es una de las principales razones de exclusión laboral, que afectó a 3.4 millones en 2022.

Según el reporte, para este año más del 80 % de las mujeres indígenas de 15 años o mayores tenían un nivel de escolaridad de secundaria o menos, lo que, aunado a las barreras estructurales y la discriminación que viven cotidianamente, afectan sus posibilidades de conseguir un trabajo digno.

Esto, a su vez, ocasiona que muchas de ellas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, ya que 7 de cada 10 mujeres indígenas se encuentra en pobreza multidimensional, que considera el ámbito de la educación, la salud, el trabajo, las condiciones de vivienda, así como las de la niñez y la juventud.

En materia de exclusión laboral, el análisis subrayó que las mujeres indígenas enfrentan condiciones de precariedad e informalidad, ya que el 82 % no está afiliada a alguna institución de salud.

Las limitaciones laborales de las mujeres por cuidados y maternidad

En 2024, en México hubo casi 22 millones de mujeres fuera del sistema laboral, de las cuales hay más de 17.7 millones que no están disponibles para trabajar por estar dedicadas a las labores de cuidado dentro de su hogar, sin remuneración.

Entre las mujeres jóvenes, 8 de cada 10 están excluidas de la escuela y el trabajo por realizar labores domésticas o de cuidado, como Susana, quien a los 16 años tuvo que abandonar su sueño de ser ingeniera para cuidar a su abuela, doña Carmen, quien enfermó gravemente y quedó postrada en cama.

De los 15.6 millones de jóvenes oportunidad -que están fuera de la escuela y el trabajo, o que cuentan con empleos precarios, o estudian y viven en situación de pobreza-, hay 8.2 millones de mujeres.

Para las mujeres con hijos, el panorama de desigualdad laboral aumenta, sobre todo cuando tienen más de uno.

Del total de las mujeres que reportan no trabajar, el 40 % tenía más de tres hijos, 20 % tenía al menos 2, y el 12 % era madre de uno. Esto se explica porque las labores de cuidado resultan incompatibles con un empleo, o las limitan a aceptar aquellos en los que perciben menos ingresos.

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La urgencia de un Sistema Nacional de Cuidados

Ante estas condiciones de desigualdad, la asociación enfatizó que la creación de un sistema de cuidados en el país es una necesidad urgente para que se redistribuyan las responsabilidades que actualmente se sobrecargan en las mujeres.

Para ello, recomendó que se considere que este sistema reconozca el derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio de las cuidadoras; infraestructura pública de servicios de cuidado suficientes, particularmente estancias infantiles y de atención a personas con discapacidad, personas mayores o enfermas; escuelas de tiempo completo; acceso universal y de calidad a estos servicios, así como un aumento de la remuneración y la inclusión de seguridad social para quienes se encargan de cuidar.

Asimismo, consideró necesario que haya un equilibrio en los permisos y licencias de maternidad y paternidad, junto con modelos alternativos de cuidado y subsidios públicos.

Otras recomendaciones son la eliminación de la discriminación por género en los procesos de contratación laboral; el fomento de la participación de las mujeres en otros sectores de la economía; incrementar los ingresos de las mujeres, y que las empresas asuman el compromiso voluntario de tomar medidas para que ninguna persona, especialmente las mujeres que laboren en ellas, ganen menos de un ingreso digno de 12 mil 500 pesos netos al mes.