“Es histórico para todas las víctimas”: 26 años después, Corte IDH condena al Estado mexicano por desaparición de zapatista
El Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada del zapatista Antonio González Méndez, ocurrida en 1999 en el marco de la guerra contrainsurgente en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Lo estableció por unanimidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con una sentencia que la familia del militante chiapaneco de etnia chol recibe con sentimientos encontrados, tras casi 26 años de lucha por verdad y justicia.
“Estamos felices y a la vez tristes. Tristes porque nos tocó crecer sin papá, y porque han sido muchos años de lucha y búsqueda, pero todavía no hay rastro de él. Además sabemos que, aunque lo encontremos, será triste”, dice Magdalena González López, hija de Antonio.
Corte IDH reconoce la existencia de una “política estatal contrainsurgente”
“La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del EZLN”, escribe la Corte IDH en su comunicado.
“En ese marco, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Plan Campaña Chiapas de 1994. Tales grupos operaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN”.
Antonio González vivía en la comunidad El Calvario del municipio de Sabanilla, en la zona norte de Chiapas, una región donde la guerra contrainsurgente fue especialmente dura. Allí operaba una de las 13 agrupaciones paramilitares que se formaron en la entidad en los ’90: se llama Desarrollo, Paz y Justicia, de afiliación priista y a partir de la década sucesiva algunos de sus integrantes ocuparon cargos públicos en el gobierno municipal y estatal.
Entre sus miembros estaba Juan Regino López Leoporto, un joven de 17 años que era cliente de la tienda cooperativa Arroyo Frío del EZLN, donde la base de apoyo zapatista trabajaba. Fue con él que Antonio salió de su casa el 18 de enero de 1999, y nunca más regresó.
Una sentencia histórica en el caso de desaparición de zapatista
Al reconocer que la desaparición de Antonio González Méndez no fue un hecho aislado sino parte de una política contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano, la sentencia es importante para todas sus víctimas.
“El Estado siempre dijo que no tenía relación con los paramilitares y que la violencia de los ’90 fue generada por conflictos intercomunitarios, pero ya no puede recurrir a esta narrativa falsa”, dice Emiliano Vergara Muñoz, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“El fallo de la Corte IDH ordena al Estado mexicano desclasificar los archivos del caso de Antonio, y esclareciendo estos hechos se hace también luz sobre los modos de operación entre el Ejército y los paramilitares. De este modo se amplían las posibilidades para esclarecer otros casos de esa época”.
La sentencia de la CorteIDH obliga al Estado a continuar las acciones de búsqueda del zapatista y a seguir las investigaciones penales para esclarecer y sancionar a los responsables. Según la representación legal de la familia de González Méndez, las investigaciones deben abarcar no sólo las responsabilidades de los antiguos miembros de grupos paramilitares, sino también las de los actores militares y políticos que, de alguna manera, colaboraron con estos grupos o permitieron su actuación con impunidad.
El fallo establece, además, que el Estado implemente un programa de formación de agentes del estado de Chiapas sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición, y que cree un registro único y actualizado de personas desaparecidas. Sin embargo, no menciona explícitamente la posibilidad de conformar una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico sobre la guerra contrainsurgente de los años ’90 en Chiapas, que era una de las demandas de la familia peticionaria.
Búsqueda del zapatista Antonio González: una lucha de 26 años
La búsqueda de Antonio empezó inmediatamente después de su desaparición por parte de su pareja, Zonia López Juárez. Acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, luego viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez. Nadie le hizo mucho caso y en 2000, apoyada por sus tres hijas, su hijo y los abogados del Frayba, decidió acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio, y la falta de investigación de los hechos.
Para la hija del zapatista, Magdalena González López, estos 26 años de lucha han sido años de viajes, de esperas, de cansancio. “Pero nunca nos desanimamos, siempre tuvimos fuerza para buscar. Seguiremos caminando y buscando a mi papá, hasta encontrarlo”, asegura.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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