Tiene censo de AMLO otros datos… equivocados sobre desaparecidos en México
Antonio Díaz Valencia, líder comunal de Aquila, se encuentra registrado como “persona ubicada” en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, presentada el 14 de diciembre en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso del profesor nahua, desaparecido hace un año junto con el abogado Ricardo Lagunes Gasca, adquirió relevancia internacional por la lucha legal que mantenían contra la empresa Ternium, que opera la mina Las Encinas. Pese a que no han sido localizados, ahora el Gobierno federal asegura tener “indicios” sobre el paradero del defensor.
“El hecho de que a mi papá lo tomen en esa categoría es totalmente mentira porque no hay indicios. ¿Qué significa eso? ¿Hay un carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el caso de mi papá? ¿Qué va a pasar? Genera mucha incertidumbre, da bastante coraje”, dice su hijo Keivan Díaz.
Díaz Valencia es una de las 269 personas desaparecidas registradas con una categoría errónea en el censo de la Estrategia Nacional, una versión pública para consulta elaborada a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La cifra fue obtenida por este equipo tras hacer una revisión de casos que han sido documentados por la prensa o que figuran en bases de datos públicas.
Bajo las categorías de “Personas ubicadas”/”Con indicios”, “Se requiere información de identidad” y “Con identidad sin datos adicionales”/“Se busca reportante” se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, emitidas por los comités contra la Desaparición Forzada (CED) y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también casos mediáticos sobre los que las familias buscadoras han hecho declaraciones durante años, según pudo constatar este medio.
El “nuevo censo” anunciado por López Obrador el pasado junio se dio a conocer en diciembre con el nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Su objetivo es demostrar que este no es el sexenio con mayor número de desapariciones, aunque, hasta el pasado agosto, el 40 por ciento de los reportes del RNPDNO correspondían a esta administración.
Díaz Valencia figura como ubicado –sin prueba de vida– porque, según la metodología hecha pública por el Gobierno, su nombre habría surgido después de que compararon el RNPDNO con bases de datos administrativas de programas sociales, vacunación por covid, IMSS, entre otras, sin que se haya informado en cuál se halló el indicio.
María Herrera busca a cuatro de sus hijos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, desaparecidos en Guerrero en 2008, y Gustavo y Luis Armando, ausentes desde 2010. En 2011, Herrera confrontó al presidente Felipe Calderón durante un diálogo entre autoridades y víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”, y el año pasado, la revista Time la eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su labor como buscadora. Pero en el censo de López Obrador, la denuncia de tres de sus hijos no está confirmada.
El registro de Jesús Salvador indica que “Se busca reportante”. En esta clasificación están personas identificadas, pero de las que no se tienen indicios suficientes para su búsqueda debido a que los datos de quienes hicieron la denuncia “no han resultado útiles” para contactarlos. Sobre Raúl y Gustavo, el censo arroja que “se requieren datos” para confirmar su identidad. Las cuatro desapariciones son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuentan con fichas de búsqueda que la institución difunde en medios de comunicación y en el transporte público.
Solo Luis Armando figura con una denuncia confirmada. Esta categoría implica que la persona está “en investigación y búsqueda activa”, o que los familiares corroboraron su desaparición –tras surgir su nombre en el cruce masivo de datos–, ya fuera en las visitas “casa por casa” que realizaron integrantes de las comisiones de búsqueda estatales y servidores de la nación —que operan los programas sociales de la Secretaría de Bienestar— o en las llamadas telefónicas que se llevaron a cabo desde instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las jornadas de búsqueda en todo el país. Según las definiciones de la Estrategia Nacional, estos casos son objeto de un “seguimiento prioritario” por parte de las fiscalías y comisiones locales.
Lee también: Orfandad por desaparición: 159 mil niñas y niños afectados por la crisis de desaparecidos en México
Para Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, desaparecido en Nuevo León en 2011, las categorías del censo de López Obrador son “totalmente absurdas, incoherentes e incongruentes”, además de que no están incluidas en la Ley General de Víctimas ni en la Ley General en Materia de Desapariciones. Tampoco se encuentran en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que define los pasos que las autoridades deben seguir para buscar a las personas desaparecidas y oficializar las localizaciones.
Juan Enrique Martínez, encargado de Litigio y Estrategia Internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que acompaña a colectivos de búsqueda en Coahuila, considera que estas categorías están generando “una crisis” en las familias porque no tienen una explicación clara y precisa sobre qué significan.
Las denuncias confirmadas, señala, crean la idea falsa de que los familiares tienen que ir al Ministerio Público a corroborar que no ha sido localizado su ser querido, lo cual no es necesario. De hecho, desde 2016 se eliminó en el país el proceso legal conocido como ratificación de la denuncia.
“El rubro de denuncias confirmadas dice que son a los que se les está dando seguimiento [por las autoridades]; entonces, ¿es que a los demás no se les está dando seguimiento a la investigación?”, cuestiona Martínez.
De acuerdo con los resultados de la Estrategia Nacional, que generó protestas y el rechazo de los colectivos de familiares por considerar que busca “desaparecer a los desaparecidos”, de las 110,964 desapariciones registradas en el RNPDNO hasta el pasado agosto –actualmente la cifra supera las 114,000 víctimas–, solo 12,377 son “denuncias confirmadas”. Pudieron localizar, además, por informes de autoridades locales, o por contar con una prueba de vida o un acta de defunción, a 16,681 personas.
Reportaron también la ubicación de 17,843 personas, de quienes se conoce su paradero, pero las autoridades no cuentan con una prueba de vida, o bien sus nombres surgieron durante el cruce de datos sin que hayan sido localizadas. De 26,090 personas no tienen datos suficientes para identificarlas, y de 36,022, aunque han podido confirmar su identidad, requieren información para poder continuar la búsqueda.
Te puede interesar: Nuevos casos de personas desaparecidas superan por más del doble a las localizadas con censo de AMLO
¿En busca de reportantes?
Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala, Guerrero, y Miguel Armando Mata Villa, desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, ambos en 2012, y el hondureño Wilder Ubaldo Murillo, una de las víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, ocurrida también en 2012, figuran en el censo de la Estrategia Nacional bajo la categoría de “Con identidad sin datos adicionales”, pero en los tres casos sus familiares fueron contactados, como parte de las jornadas de búsqueda masivas, para preguntarles si habían regresado.
Según las clasificaciones de la Estrategia Nacional, sus registros deberían indicar, en los casos de Flores Román –que cuenta con una resolución internacional del CEDAW– y Mata Villa, que la desaparición está confirmada, mientras que Murillo, cuyo cuerpo pudo ser identificado, debería figurar como localizado.
Bajo la categoría de “Se busca reportante”, este medio encontró el mayor número de casos clasificados de forma errónea: 166. Así fueron registrados Marco Antonio Amador y Javier Soto, hondureños desaparecidos en México en 2013 y 2003, respectivamente. María Elizabeth Martínez, madre del primero, y Jéssica Soto, hermana del segundo, afirman que periódicamente tienen reuniones con las autoridades mexicanas, pero nadie les avisó del nuevo censo y no se explican por qué no habrían de poder comunicarse con quien reportó el delito.
Para el Gobierno federal no debería resultar difícil contactar a los y las familiares que dicen buscar, como no lo fue para este equipo. Una es Hidalgo, madre de Roy Rivera; el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió en 2021 un dictamen en el que estableció la responsabilidad del Estado en la desaparición de su hijo. También se entrevistó a Grace Fernández Morán, hermana de Dan Jeremeel, de quien no se sabe su paradero desde 2008; el mismo comité de la ONU evalúa el caso. Fernández Morán dice que el seguimiento del expediente por parte de las autoridades y el cruce de información con otros registros federales, como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debería evitar que haya datos desactualizados al buscar contactar a los familiares.
“Tienen vinculado mi nombre con el de mi hermano y el número de expediente. ¿Por qué no hacer esas confrontas administrativas antes de ir a joder a la familia más de lo que emocionalmente ya lo estamos? ¿Que a quince años [de la desaparición de Dan Jeremeel] resulte que no saben a quién están buscando? No me jodas”, reclama la buscadora.
En la misma categoría están tres personas de una misma familia: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos por el Ejército en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, en 2009. El caso cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2018 que responsabiliza al Estado mexicano.
Este medio revisó más de 350 casos con Acciones Urgentes activas, un mecanismo humanitario del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que solicita tomar de manera inmediata las medidas necesarias para buscar a una persona desaparecida. A pesar de que las autoridades deben informar periódicamente a este comité sobre las acciones que realizan, en 93 de estos casos figura la categoría de “Se busca reportante”, mientras que 31 están clasificados como “Se requiere información de identidad”.
Esta última categoría se refiere a casos que no cuentan “con el nombre completo o datos suficientes” para establecer la identidad de la persona desaparecida, o en los que se desconoce quién realizó la denuncia. Además, podría incluir a personas que no están en registros administrativos o cuyos nombres arrojan múltiples coincidencias.
Indicios desconocidos
“Se me hace muy injusto que estén nuevamente revictimizando a mi hija, caray. O sea, si tienes un indicio, pues lo primero, antes de lanzarlo a una base, creo que es ir y ver a la familia y ponerle las pruebas de frente tanto con la fiscalía federal como con la fiscalía estatal, y después salir a hablar”, dice molesta Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, quien figura como “persona ubicada” en el censo.
Al buscar su nombre, junto al folio único de búsqueda se lee únicamente: “Información reservada por Fiscalía General de Veracruz”, y el resto de datos solo incluyen la palabra “Confidencial”. La buscadora asegura que ella no pidió que se ocultara la información sobre su hija y tampoco sabía, hasta el momento en que este medio la contactó, que las autoridades federales tenían indicios sobre Fernanda Rubí.
Sergio Rivera Hernández, defensor nahua desaparecido en la Sierra Negra de Puebla en 2018, figura también como ubicado y sus datos han sido reservados por la fiscalía estatal. Omar Esparza, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, del que forma parte Rivera, pide que, si realmente tienen una pista del paradero de su compañero, lo localicen con vida de manera urgente.
Te puede interesar: El “censo” de las personas desaparecidas y la perversión
Este medio identificó 44 casos bajo la clasificación de “Persona ubicada”, incluidas seis personas desaparecidas durante la Guerra Sucia: en 1974, Fidel Serrano Barrientos, Fidel Serrano Zamora, Leonardo Bello Ramos y Mario Alberto Ortiz Vallejo, y en 1976, Rebeca Padilla Rivera y Roque Armenta Sotelo.
Los registros de Antonio Verástegui González y su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo muestran un error inexplicable en las categorías del censo. Aunque se inició una sola averiguación previa por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila tras su desaparición en 2009, tienen distinta clasificación. Solo el padre, Antonio, figura como denuncia confirmada, mientras que su hijo es uno de los casos en que se busca al reportante.
Jorge Verástegui González, hermano y tío de las víctimas, cree que revisar las denuncias de desaparición para actualizar el RNPDNO “no era una mala idea” y que se podría haber aprovechado para entender las circunstancias en que ocurrieron los hechos. También habrían podido localizar, agregó, a personas que siguen desaparecidas, y no a quienes han regresado a sus casas y su reporte no fue actualizado, además de identificar los lugares donde se les privaba de la libertad o estaban inhumadas. En lugar de eso, el buscador prevé que el sexenio acabará sin que se sepa el número real de personas desaparecidas en México.
“Me parece que cualquier número que vayan a dar [en el Gobierno federal] va a estar rodeado de mucha desconfianza, y vamos a regresar al punto donde los desaparecidos van a ser reducidos a números, no personas”, dijo el abogado, quien es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
La Secretaría de Gobernación (Segob) no respondió a una solicitud de entrevista para aclarar el porqué de las categorías erróneas en el censo.
Suma de incógnitas
No hay certeza de cuál es la base de datos de personas desaparecidas que fue cruzada con registros administrativos para obtener los llamados “indicios”. La versión para consulta del RNPDNO que publicó la Segob el pasado 14 de diciembre en la página de la Estrategia Nacional contaba con poco menos de 97,000 registros, al corte del 22 de agosto de 2023. En las semanas siguientes, la Segob cargó una nueva base de datos, que fue revisada por este medio en los primeros días de enero. A diferencia de la anterior, en esta se especificaban las categorías en cada caso, pero reportaba menos desapariciones: 94,283.
No todos los casos están incluidos en el censo. Alicia de los Ríos Merino, guerrillera de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978, no se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Nacional, pero su nombre sigue inscrito en la plataforma de consulta pública del RNPDNO, en la que se pueden realizar búsquedas por nombre. Su hija, la abogada e historiadora Alicia de los Ríos, tramitó la denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República en 2002. No se explica por qué en una lista aparece y en la otra, más reciente, no.
Te puede interesar: Relegan al Sistema Nacional de Búsqueda del censo de personas desaparecidas; colectivos y organismos exigen convocarlo
Algunos registros no cuentan con la fecha de desaparición de la persona en el censo de la Estrategia Nacional, pero sí en el RNPDNO. Ocurre con José Nicanor Araiza Hernández, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, en 2018, y en los casos anteriormente citados de Miguel Armando Mata Villa, Dan Jeremeel Fernández Morán, Roy Rivera Hidalgo, y Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, que también cuentan con fichas de búsqueda en el programa “¿Has visto a..?”, en las que se consigna cuándo desaparecieron.
Para el abogado Martínez, del Fray Juan de Larios, el gobierno de López Obrador “ha pasado de noche” sobre la petición que el CED incluyó en su informe tras visitar el país en 2021: definir una estrategia de prevención de las desapariciones.
“Una de las cosas más graves”, lamenta Verástegui, “es que, sin ningún pudor, [las autoridades federales] dijeron que la gran estrategia era esa: hablarle a las familias para preguntarles si habían encontrado a su familiar desaparecido. Me parece que debería ser un escándalo que un gobierno reconozca que en cinco años de su administración no se les había ocurrido hacer eso y que ahora es lo único que se les ocurre hacer y no otra cosa”.
Pasos para una búsqueda
Si quiere revisar la categoría en la que se encuentra registrada una persona desaparecida, estos son los pasos:
2. En el buscador, escriba el nombre de la persona sin acentos. Puede haber errores en la captura, por lo que se sugiere intentar varias combinaciones; por ejemplo, escribir primero solamente los dos apellidos, sin el nombre.
3. Puede verificar la información de la persona que busca –si es el caso, para ayudarle a descartar homónimos– en la plataforma de consulta del RNPDNO en https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/Home/Index.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Relacionado
El juicio de Gisèle Pelicot ya ha comenzado a cambiar las conversaciones sobre el consentimiento en Francia y más allá de sus fronteras.
Advertencia: Esta historia contiene descripciones de abusos sexuales.
Cada mañana, las colas empezaban a formarse antes del amanecer. Grupos de mujeres –siempre mujeres– esperaban en el frío otoñal en una acera junto a una transitada carretera de circunvalación, frente al tribunal de hormigón y vidrio de Aviñón.
Acudían día tras día. Algunas llevaban flores. Todas querían estar en su sitio para aplaudir a Gisèle Pelicot mientras subía con determinación los escalones y atravesaba las puertas de cristal. Algunas se atrevieron a acercarse a ella.
Algunas gritaban: “Estamos contigo, Gisèle” y “sé valiente”.
La mayoría se quedó, con la esperanza de conseguir asientos en la sala de espera para el público desde donde podían ver el proceso en una pantalla de televisión.
Estaban allí para dar testimonio del coraje de una abuela, sentada tranquilamente en el tribunal, rodeada de docenas de sus violadores.
“Me veo reflejada en ella”, dijo Isabelle Munier, de 54 años. “Uno de los hombres que están siendo juzgados fue amigo mío. Es repugnante”.
“Se ha convertido en una figura representativa del feminismo“, dijo Sadjia Djimli, de 20 años.
Pero también vinieron por otros motivos.
Por encima de todo, parecía que buscaban respuestas. Mientras Francia digiere las implicaciones de su mayor juicio por violación, que finalizará esta semana, está claro que muchas francesas -y no sólo las que están en el tribunal de Avignon- están reflexionando sobre dos cuestiones fundamentales.
La primera pregunta es visceral. ¿Qué puede decir sobre los hombres franceses –algunos dirían que sobre todos los hombres– el hecho de que 50 de ellos, en un pequeño barrio rural, aparentemente estuvieran dispuestos a aceptar una invitación informal para tener relaciones sexuales con una mujer desconocida mientras ella yacía inconsciente en un dormitorio?
La segunda pregunta surge de la primera: ¿hasta qué punto este juicio contribuirá a combatir una epidemia de violencia sexual y de violaciones por sumisión química, y a desafiar los prejuicios y la ignorancia profundamente arraigados sobre la vergüenza y el consentimiento?
En pocas palabras, ¿cambiará algo la valiente postura de Gisèle Pelicot y su determinación –como ella misma lo ha expresado- de hacer que “la vergüenza cambie de bando” de la víctima al violador?
Acusados con los rostros tapados
Un proceso largo como este crea su propio microclima y, durante las últimas semanas, se ha ido creando una extraña normalidad en el Palacio de Justicia de Aviñón.
Entre las cámaras de televisión y los grupos de abogados, la visión de decenas de presuntos violadores, cuyos rostros no siempre se ocultaban tras máscaras, ya no provocaba el impacto inicial.
Los acusados paseaban, charlaban, bromeaban, tomaban café de la máquina o regresaban de un café al otro lado de la calle y, en el proceso, de alguna manera enfatizaban el argumento central de sus diversas estrategias de defensa: que se trataba de tipos normales, una muestra representativa de la sociedad francesa, que buscaban una aventura “sexual” en Internet y se vieron envueltos en algo inesperado.
“[Ese argumento es] lo más impactante de este caso. Es desgarrador pensar en ello”, dice Elsa Labouret, que trabaja para un grupo activista francés, “Atrévete a ser Feminista”.
“Creo que la mayoría de las personas que tienen relaciones a largo plazo con hombres piensan que su pareja es alguien confiable. Pero ahora existe una sensación de identificación [con Gisèle Pelicot] entre muchas mujeres. Es como decir, ‘bueno, eso me puede pasar a mí'”.
“No son mentes criminales”, continúa. “Simplemente se han metido en Internet… Por lo tanto, es posible que ocurran cosas así en todas partes”, dice Labouret.
Esta es una opinión muy extendida en Francia, pero también muy controvertida.
El Instituto de Políticas Públicas de Francia publicó en 2024 cifras que muestran que, en promedio, el 86% de las denuncias de abusos sexuales y el 94% de las violaciones no fueron procesadas o nunca llegaron a juicio, en el período comprendido entre 2012 y 2021.
Labouret sostiene que la violencia sexual ocurre cuando ciertos hombres saben que “pueden salirse con la suya. Y creo que esa es una de las principales razones por las que está tan extendida en Francia”.
“No son mounstros pero tampoco gente normal”
Durante los cuatro meses que duró el juicio, al final de cada receso en la sala, los acusados se reunían junto al detector de metales antes de abrirse paso entre la prensa, en su mayoría femenino, que también esperaba para entrar en la sala.
Una vez dentro, uno a uno, los hombres fueron compartiendo sus testimonios.
Un psiquiatra designado por el tribunal, Laurent Layet, testificó que los acusados no eran ni “monstruos” ni “hombres corrientes”. Algunos lloraron. Unos pocos confesaron.
Pero la mayoría ofreció una serie de excusas, y muchos dijeron que eran simplemente “libertinos” -como dicen los franceses- que se entregaban a las fantasías de una pareja y que no tenían forma de saber que Gisèle no había dado su consentimiento.
Otros afirmaron que Dominique Pelicot los había intimidado.
Hay muy pocos patrones claros o características compartidas entre los 51 hombres juzgados. Representan un amplio espectro de la sociedad: tres cuartas partes tienen hijos.
La mitad están casados o tienen una relación. Un poco más de la cuarta parte de ellos dijeron que habían sido abusados o violados cuando eran niños.
No hay una agrupación discernible por edad, trabajo o clase social. Los dos rasgos que todos ellos comparten son que son hombres y que establecieron contacto en un foro de chat ilegal en línea llamado Coco, conocido por atender a swingers, así como por atraer a pedófilos y traficantes de drogas.
Según los fiscales franceses, el sitio, que fue cerrado a principios de este año, ha sido citado en más de 23.000 informes de actividad criminal.
La BBC ha descubierto que 23 de los procesados -o el 45%- tenían condenas penales previas. Aunque las autoridades no recopilan datos precisos, según algunas estimaciones eso es aproximadamente cuatro veces el promedio nacional en Francia.
“No hay un perfil típico de los hombres que cometen violencia sexual”, concluyó Labouret. Una de las personas que ha seguido el caso más de cerca que la mayoría es Juliette Campion, una periodista francesa que ha estado presente en el tribunal durante todo el proceso para informar para la cadena pública France Info.
“Creo que este caso podría haber ocurrido en otros países, por supuesto. Pero creo que dice mucho sobre cómo los hombres ven a las mujeres en Francia… sobre la noción de consentimiento”, afirma.
“Muchos hombres no saben qué es realmente el consentimiento, así que [el caso] dice mucho sobre nuestro país, lamentablemente”.
La violencia masculina “no es una cuestión de monstruos”
El caso Pelicot está contribuyendo sin duda a definir los contornos de las actitudes frente a la violación en toda Francia.
El 21 de septiembre, un grupo de hombres franceses destacados, entre los que había actores, cantantes, músicos y periodistas, escribió una carta pública que se publicó en el periódico Liberation, en la que sostenían que el caso Pelicot demostraba que la violencia masculina “no es una cuestión de monstruos”.
“Es una cuestión de hombres, de todos los hombres”, decía la carta. “Todos los hombres, sin excepción, se benefician de un sistema que domina a las mujeres”.
También esbozaba una “hoja de ruta” para los hombres que intentan desafiar al patriarcado, con consejos como “dejemos de pensar que hay una naturaleza masculina que justifica nuestro comportamiento”.
Algunos expertos creen que el enorme interés público en el caso Pelicot podría estar produciendo ya beneficios.
“Todo este caso es muy útil para todos, para todas las generaciones, para los jóvenes, para las jóvenes, para los adultos”, dice Karen Noblinski, abogada con sede en París especializada en casos de agresión sexual.
“Ha despertado la conciencia entre los jóvenes. Las violaciones no siempre ocurren en un bar o en una discoteca. Pueden ocurrir en nuestra casa”.
“Lo que le ha pasado a Gisèle se ha exagerado”
Pero es evidente que queda mucho por hacer. Al principio del juicio me reuní con Louis Bonnet, alcalde de Mazan, el pueblo natal de los Pelicot.
Aunque condenó rotundamente las presuntas violaciones, afirmó claramente y en dos ocasiones que le parecía que se había exagerado la experiencia de Gisèle Pelicot y argumentó que, como había estado inconsciente, había sufrido menos que otras víctimas de violación.
“Sí, lo estoy minimizando, porque creo que podría haber sido mucho peor“, dijo en aquel momento.
“Cuando hay niños de por medio o mujeres asesinadas, es algo muy grave porque no se puede volver atrás. En este caso, la familia tendrá que reconstruirse. Será duro, pero no murió nadie. Así que todavía pueden hacerlo”.
Los comentarios de Bonnet provocaron indignación en toda Francia. El alcalde emitió más tarde un comunicado en el que expresaba sus “sinceras disculpas”.
En Internet, muchos de los debates en torno al caso se han centrado en la controvertida sugerencia de que “todos los hombres” son capaces de violar.
No hay pruebas que respalden tal afirmación. Algunos hombres han rechazado el argumento utilizando el hashtag #NotAllMen (No todos los hombres).
“No pedimos a otras mujeres que carguen con la ‘vergüenza’ de las mujeres que se comportan mal, ¿por qué el mero hecho de ser hombres debería calificarnos para soportar la vergüenza?”, preguntó un hombre en las redes sociales.
El hashtag de NoTodosLosHombres
Pero la reacción fue rápida. Las mujeres reaccionaron al hashtag #NotAllMen con ira y, a veces, con detalles de su propio abuso.
“El hashtag ha sido creado por hombres y utilizado por hombres. Es una forma de silenciar el sufrimiento de las mujeres“, escribió la periodista Manon Mariani.
Más tarde, un músico e influencer, Waxx, agregó su propia crítica, diciendo a los usuarios del hashtag que “se callen de una vez por todas. No se trata de ustedes, se trata de nosotros. Los hombres matan. Los hombres atacan. Punto”.
Elsa Labouret cree que las actitudes francesas aún necesitan ser cuestionadas. “Creo que mucha gente todavía piensa que la violencia sexual es sexy o romántica o algo que forma parte de la forma en que hacemos las cosas aquí [en Francia]”, argumenta.
“Y es muy importante que lo cuestionemos y que no aceptemos este tipo de argumento en absoluto”.
En su pequeña oficina, justo detrás del edificio del parlamento francés en el río Sena, la diputada Sandrine Josso tiene un cartel con una palabrota de cuatro letras junto a su escritorio.
Capta el espíritu de desafío y determinación que impulsa su campaña contra lo que en Francia se conoce como “sumisión química”, o drogar para violar.
Hace un año, en noviembre de 2023, estaba en una fiesta en el apartamento de París de un senador llamado Joël Guerriau. Ella afirma que él puso una droga en su champán con la intención de violarla.
Guerriau ha negado haber intentado drogarla, culpando a un “error de manipulación” y diciendo a los investigadores que el vaso había sido contaminado un día antes.
En un comunicado, su abogado dijo: “Estamos muy lejos de la interpretación obscena que se podría inferir de la lectura de los primeros informes en la prensa”. Se prevé que el juicio se celebre el año que viene.
Josso está haciendo ahora campaña, como ella misma dice, para “facilitar el camino de las víctimas” en lo que respecta al sistema judicial francés.
“Hoy en día, es un desastre. Porque muy pocas víctimas que presentan denuncias pueden tener un juicio, debido a la falta de pruebas. [No hay] suficiente apoyo médico, psicológico o jurídico. Encontramos deficiencias en todas partes cuando se trata de violencia sexual”.
Josso ha unido fuerzas con la hija de Gisèle Pelicot, Caroline, para crear un kit de análisis de drogas que podría estar disponible en farmacias de toda Francia. Ahora cuenta con el respaldo del gobierno para su lanzamiento en fase de prueba, ayudado por la publicidad generada por el caso Pelicot.
“Soy optimista. El mundo médico y los franceses quieren que la vergüenza pase de la víctima al acusado“, afirma Josso, citando la frase que hizo famosa Gisèle Pelicot.
Pero la doctora Leila Chaouachi, química y experta del Observatorio de las Adicciones de París, afirma que el juicio de Aviñón es sólo un paso en una larga lucha para concienciar a la gente sobre las drogas y la violación.
“Tiene que convertirse en un verdadero problema de salud pública que todo el mundo se tome en serio y que obligue a las autoridades a abordar urgentemente estas cuestiones para mejorar la atención a las víctimas”, añade.
“Es importante que todos pensemos en el tema, que lo consideremos un problema de salud, no sólo un problema de justicia. Nos concierne a todos“.
El consentimiento
En la actualidad, la palabra “consentimiento” no está incluida en la definición de violación en las leyes francesas, por lo que algunos han argumentado que debería modificarse para hacerla más explícita.
Pero Noblinski cree que el foco debería estar en otra parte. “Debería estar en la policía, en las investigaciones, en financiarlas adecuadamente, no en retocar la ley”, dice.
“No tienen suficientes recursos. Tienen demasiados casos, y ese es el verdadero problema. Cuando tienes demasiadas cosas que manejar, es muy difícil encontrar pruebas”.
En su trayecto diario al juzgado, durante las primeras semanas del juicio, Gisèle Pelicot caminaba con los hombros encorvados y una postura defensiva.
Parecía desconcertada por el gran interés que despertaba el caso. Sin embargo, en los alegatos finales, su actitud era completamente diferente y se sentaba perfectamente serena.
Eso ha coincidido con un cambio mayor: a medida que avanzaba el juicio, la fiscalía, los espectadores –y la propia señora Pelicot– llegaron a comprender el extraordinario impacto de su decisión de optar no solo por un juicio abierto, sino por que se mostraran todos los detalles en el tribunal.
“Nos está demostrando que… si eres una víctima… haz lo posible por no avergonzarte. Mantén la cabeza en alto”, dice Elsa Labouret.
“Como mujer, empiezas siendo puesta en duda. Empiezas siendo una mentirosa y tienes que demostrar que es verdad. No dudo de que todas las mujeres han pasado por algo. Algo, ya sabes. En ese sentido, ella representa a todas las mujeres del mundo.
“[Gisèle Pelicot] decidió hacer que esto fuera más grande que ella misma. Hacer que esto se refiera a la forma en que nosotros, como sociedad, tratamos la violencia sexual”.
Al salir de otro día más en la sala del tribunal, la periodista francesa Juliette Campion se detuvo a reflexionar sobre el impacto que podría tener el caso. “Fue difícil ver todos esos videos… Como mujer, es complicado y me siento cansada”, dice.
“Pero al menos hicimos nuestro trabajo y hablamos de ello. Es un paso muy pequeño. No será algo importante. Lo único que puedo esperar ahora es que sea un cambio radical para algunos hombres. Y para algunas mujeres también, tal vez”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Nuevo apellido y sin fotos del pasado: cómo Gisèle Pelicot eliminó todo rastro de su marido, el hombre que la drogó para que otros la violaran
- Condenan a 20 años de cárcel al exesposo de Gisèle Pelicot por drogarla, violarla y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella
- Quiénes son los 50 hombres acusados de violar a Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada por su esposo y abusada durante más de una década
