Romeo tenía apenas tres años de edad cuando se quedó sin su madre y su padre, la madrugada del 28 de enero de 2017 en Torreón, Coahuila. A ella, la perdió porque murió tras ser atropellada por un automóvil, y a él, porque fue el responsable de arrollarla intencionalmente, lo que hoy lo tiene en la cárcel acusado de feminicidio.
[contextly_sidebar id=”OAnG59dpVyPgE9CXqrKy4f5qZ49AgjtP”]Huérfano, Romeo quedó a cargo de sus abuelos y del apoyo que, a veces, le dan otros familiares. Del Estado Mexicano (que ha firmado múltiples tratados internacionales en los que se compromete a proteger los derechos de la infancia) recibe mensualmente… 300 pesos. Y eso gracias a que el gobierno de Coahuila le tramitó a la madre de Romeo – irregularmente por cierto – un seguro de vida de un programa federal después de que ya había muerto.
“Para que el niño tenga algo”… le dijeron las autoridades a Sandra Soto, la tía del menor.
La situación de Romeo es uno de ocho casos de “niños huérfanos de feminicidios” denunciados en las últimas semanas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y en los que se acusa al Estado de abandonar a su suerte a menores de edad que pierden abruptamente su núcleo familiar y, con ello, el soporte económico fundamental para su desarrollo.
Los ocho casos corresponden al estado de Coahuila. Sin embargo, en las próximas semanas se presentarán 24 quejas más por menores que se encuentran en idéntica situación de indefensión, en los estados de Tamaulipas, Estado de México, Chihuahua, Durango, Nuevo León y la Ciudad de México. En total, serán 32 casos.
“Hoy en día existe un vacío legal que los deja (a los niños) en estado de indefensión, desde el momento del feminicidio, en que pierden a sus madres… y sin que haya un mecanismo para que un juez ordene protección inmediata al menor”, dice una de las ocho quejas ya presentadas ante la CDNH, y de las que Animal Político tiene copia.
Las quejas han sido promovidas por Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, la madre de Romeo asesinada a los 21 años de edad. Fue a través de una campaña en Facebook, para dar con el homicida de su hermana, como Sandra descubrió que detrás de la tragedia de los feminicidios hay otra tragedia: la del abandono de los niños.
Por cierto, Sandra ha intentado hasta ahora y sin éxito que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, la reciba para atender el problema.
A Serymar, como es frecuente en los casos de feminicidio, la asesinó su pareja. Su victimario, Jorge “N”, fue el hombre con el que ya se había comprometido – tras casi tres años de relación – y con el cual se casaría, pero nunca pasó.
Cerca de las 3 de la mañana del 28 de enero de 2017, Jorge y Serymar discutieron. Esto luego de que habían acudido a una reunión con amigos. Serymar decidió salir de la casa acompañada de su amiga Nayeli, para caminar unas cuadras. Unos minutos después, a mitad de la calle, Jorge alcanzó a su prometida en su vehículo, y puso el pie del acelerador en su dirección.
Nayeli salvó su vida porque alcanzó a correr hacia un costado. Serymar no tuvo oportunidad, y fue golpeada directamente. El impacto la aventó varios metros de frente. Luego Jorge perdió el control, y se impactó con la fachada de un establecimiento. Después huyó.
Las semanas pasaron y Jorge no aparecía. La policía no tenía pistas sólidas del paradero del presunto feminicida. Sandra, desconfiada del trabajo de las autoridades, creó una página de Facebook denominada “Los Machos Nos Matan en México”, donde subía fotos de su hermana, a la par que pedía datos que le ayudaran a dar con paradero del presunto feminicida.
El día que Serymar y Jorge habían programado para su boda – unos seis meses después del homicidio – Sandra subió a la página una foto del que sería el vestido de novia de su hermana. Minutos después, recibió datos que indicaban que Jorge estaba escondido en Chihuahua. Los datos eran totalmente precisos, y permitieron la detención unos días más tarde. Hoy Jorge enfrenta un juicio por el delito de feminicidio.
Aunque el objetivo principal de la página en Facebook era detener a este individuo, Sandra decidió dejarla abierta porque recibía un número importante de menciones y de historias de familias, que también habían perdido a alguien en un feminicidio.
Entre esas historias había un común denominador: niños pequeños que habían quedado a cargo de abuelos o tíos, como Romeo, los cuales no recibieron ni el ofrecimiento de algún apoyo por parte de las autoridades.
En México no hay un registro oficial de cuantos niños han quedado huérfanos y en situación económica precaria luego de un feminicidio. “Son víctimas colaterales e invisibles” señala Sandra.
El incremento de feminicidios en el país permite presumir que la cantidad de huérfanos va en aumento. Del primer bimestre de 2015 al primer bimestre de 2018, la tasa de ocurrencia de este delito se ha incrementado en más del 122 por ciento.
Y de acuerdo con datos de la organización no gubernamental Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en el 70 por ciento de los feminicidios el agresor es la pareja de la víctima. Si hay un niño de por medio, un caso de estos significa perder a los dos padres, como fue el de Romeo.
“Son niños con varios duelos, son los más afectados en un feminicidio y los menos atendidos: pierden a su mamá, pierden al papá porque muchas veces él es el feminicida, pierden a una de las familias porque se vuelven enemigas (…) son niños que quedan huérfanos y se ven afectados y pierden el sentido de la pertenencia porque habían crecido en un núcleo familiar y de pronto ya no tienen nada” dijo Sandra.
Lo que pasó en el caso de Romeo y en los casos que se están denunciando ante la CNDH es que el gobierno de México, pese a convenios internacionales firmados en materia de derechos de la niñez, y pese a la labor de protección de los menores que trae consigo tanto la Constitución como la Ley General de Víctimas, no recibieron apoyo de algún programa o estrategia en el mediano y largo plazo que les ayude a solventar el grave vacío de perder a sus padre.
De hecho, subraya Sandra, las autoridades ni siquiera se preocupan por darles a conocer a las víctimas que existe alguna posibilidad de apoyo. Cuando se les reclama alguna responsabilidad, como ocurrió con Romeo y el gobierno de Coahuila, lo que ofrecen son recursos mínimos que en nada benefician a un niño sin sustento económico.
“Cuando mi hermana muere (y eso la hacen con todas las familias de feminicidio) la inscriben muerta en un programa federal de jefas de madres de familia que es un seguro para cuando te mueres como mujer (por cualquier causa), y desde ahí se nota la falta de seriedad con este tema y te lo disfrazan como ayuda. El protocolo de ese programa no es para cuando ya estén muertas”, dijo Sandra.
¿Cuánto es el apoyo que se da con ese programa federal? 330 pesos mensuales, de acuerdo con los recibos que mostró la hermana de Serymar a Animal Político. Y es todo. No hay recursos para alimentación, para apoyo sicológico o jurídico del niño, para educación, vestido… nada.
Lo que se busca ahora con las quejas que se están presentando ante CNDH, explica Sandra, es que los gobierno estatales y la propia federación tomen conciencia de los niños huérfanos de feminicidios, y que haya una estrategia real y seria para apoyarlas, ya que esperar a que sea un juez el que tome la decisión de fijar una reparación del daño, significa aguantar un proceso que puede durar años, y donde además no hay garantía de que el sentenciado cubra ese pago.
“Se busca que haya un programa exprofeso para los niños que son víctimas de feminicidio. Porque como te digo le matan a la mamá pero, ¿qué hace el Estado para protegerlos? Tienes que esperar un año o dos años, lo que dure la sentencia, para ver si sentencian al culpable, y eso si incorporan la reparación porque a veces los vinculan sin eso”, dijo la tía de Romeo.
Los casos por los cuales ya se presentaron las 8 denuncias iniciales ante la CNDH por la situación de vulnerabilidad de los menores que corresponden a los feminicidios de Serymar Soto Azúa; Cecilia Aide Eguia de la Fuente; Danna Milagros Cigarroa Ochoa; Dalia Yazmín Orozco Martínez; Ana Karen Aguilar Félix; Daisy Viridiana Martinez Soto; Sharon Niño Quiñones y Berenice Escobedo Palacios.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.