De 7 solicitudes de amparo contra cambios al Nevado de Toluca, van 6 rechazadas
De siete amparos que han sido interpuestos por comunidades rurales en contra del decreto presidencial que, el pasado 1 de octubre, modificó el estatus legal del Nevado de Toluca –con lo cual dejó de ser ‘parque natural’ para convertirse en ‘zona de protección de flora y fauna’–, seis han sido rechazados y sólo uno, el promovido por el comisariado ejidal de San Juan de las Huertas, fue “aceptado a trámite”, y ahora se aguarda que un juez federal determine si hay elementos o no para iniciar un juicio, informó Misael Toledo, abogado de dicho núcleo agrario.
Esta petición de amparo –con número de expediente 1403/2013– fue interpuesta desde el 13 de octubre, es decir, dos semanas después de que el decreto de Peña Nieto fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, “y aunque en ese momento fue aceptado a trámite, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales, con sede en el Estado de México, nos hizo un apercibimiento para que señaláramos qué autoridades eran directamente responsables del acto que reclamamos como inconstitucional, todo lo cual fue cumplido el pasado viernes, 29 de noviembre”.
[contextly_sidebar id=”50fe800b827571a38a5fc74cc0fa5f7f”]En el caso de los otros seis amparos, señaló el abogado, “fueron rechazados porque se tramitaron extemporáneamente, después de que habían transcurrido los 30 días que la ley otorga”, aunque, advirtió, “existe la posibilidad de que esas comunidades (cuyo nombre se reservó, por no ser su representante legal) se adhieran a nuestra solicitud, para lo cual ya estamos en pláticas”.
Los ejidatarios de San Juan de las Huertas, abundó, “interpusimos un amparo indirecto contra el decreto del 1 de octubre de 2013, toda vez que no se nos consultó sobre esta medida antes de que se llevara a cabo, violando así nuestro derecho de audiencia, estipulado en el artículo 27 Constitucional, párrafo 9 fracción 8”.
El representante legal del ejido, fundado en 1935 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas y ubicado dentro del exparque nacional, explicó que para modificar el estatus legal del Nevado de Toluca “se debió consultar a los comisariados ejidales, siguiendo un procedimiento que la ley establece claramente: se debió realizar una asamblea, que es el órgano supremo del ejido, con la participación de tres cuartas partes de sus integrantes, y cuya acta debió inscribirse en el Registro Agrario Nacional, nada de lo cual fue acatado por las autoridades”.
Luego de que el apercibimiento fuera desahogado, añadió Toledo, “estamos en espera de que esta misma semana el Juzgado determine si procede el juicio de amparo y, en consecuencia, se determine la suspensión temporal del acto reclamado (la emisión del decreto) en tanto dure el juicio”.
Sin embargo, reconoció, “existe también la posibilidad de que el Juzgado manifieste que no hay elementos para iniciar el juicio de amparo, en cuyo caso contaríamos con diez días para presentar un recurso de revisión, ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa”.
Así, concluyó, “estamos optimistas en cuanto al trámite, contamos con sustento legal para nuestra reclamación, pero aún en caso de que intentaran alguna argucia para rechazar la petición, contamos con más herramientas legales para defender nuestro derecho”.
“¿Eso es una consulta pública?”
En la primera semana de octubre, en Santiago Tlacotepec –poblado comunal que fue reconocido por mandato real en 1558–, una asamblea del comité de aguas fue la válvula por la que comenzó a escapar la preocupación de los pobladores, ante el decreto de cambio de estatus del Nevado de Toluca, y en ese momento fue creado un “comité ciudadano” en defensa de esta área natural.
En este poblado, narra Agustín Bernardo Ávila Morán, uno de los vecinos organizados contra el decreto, “nunca se realizó una consulta pública, sino que las autoridades municipales, estatales y federales, se confabularon con el comité de bienes comunales y, a espaldas de la población, simularon la consulta”.
En el marco de una asamblea ciudadana realizada el pasado 23 de noviembre, en la que académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México opuestos al decreto presentaron una exposición ante cerca de 300 pobladores, en torno a las “consecuencias negativas” de esta medida, don “Berna”, como le apodan los vecinos, explica la forma en que las autoridades procedieron.
“En mayo pasado, las autoridades federales, por medio de Probosque, convocaron a una asamblea del comité de bienes comunales, supuestamente con el objetivo de signar un acuerdo para acordonar áreas boscosas y, así, darles protección contra la tala. Sin embargo, la población nunca fue informada de que en esa asamblea sería presentado el proyecto de modificación del estatus legal del Nevado, y fue de esa manera que, sin consentimiento de la población, los integrantes del comité dieron su aval al proyecto de decreto, cuya única intención es darle entrada a los inversionistas que, desde hace 50 años, quieren explotar nuestras tierras, aguas y bosques”.
En Santiago Tlacotepec, explicó, “habitamos entre 25 y 30 mil personas, pero sólo alrededor de mil están reconocidas como ‘comuneros’, y son ellos los únicos con voto en ese tipo de decisiones. Sin embargo, de esos mil comuneros empadronados, sólo quedan con vida alrededor de 100, y son gente muy anciana en la mayoría de los casos, y es gente a la que fácilmente le ocultaron las consecuencias de este decreto, mientras que el resto no sólo fuimos ignorados, sino que intencionalmente las autoridades nos hicieron a un lado, ni siquiera participaron de esa decisión todos los comuneros, sino únicamente los integrantes del comité, ¿eso es una consulta pública?.”
Tlacotepec, cabe destacar, es una de las comunidades rurales cuyos vecinos promovieron una solicitud de amparo, finalmente rechazada.
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