Suprema Corte de Justicia ordena al Congreso de Yucatán despenalizar el aborto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles al Congreso de Yucatán despenalizar el aborto en ese estado.
Al conceder un amparo a la organización civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR), la cual que promueve derechos sexuales y reproductivos, la Primera Sala determinó que la Legislatura de Yucatán derogue cuatro artículos -389, 390, 392 y 393- del Código Penal de la entidad que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en el estado.
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Entre los artículos derogados se encuentra el 392, el cual establece sanciones de tres meses a un año de cárcel “para la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Durante la sesión, la ministra a cargo del proyecto, Margarita Ríos Farjat, dijo estar a favor pero señaló que se habían propuesto “efectos acotados”, es decir, que la inaplicación de las normas solo aplicaría para la organización civil. No obstante, tres ministros votaron a favor de conceder el amparo con efectos extensos.
“Yo estoy a favor del sentido del proyecto, pero cuanto a los efectos, se habían propuesto unos efectos acotados. La mayoría determinó que fueran extensos con relación con precedentes. Se están presentando entonces extensos y yo estoy en contra de eso, me parece que deben ser acotados”, mencionó.
“Yucatán está a dos pasos para la despenalización del aborto”
Tras decisión de la Suprema Corte, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva adelantó que el proyecto “retoma argumentos de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que se reconoció que el derecho a decidir sobre la vida reproductiva es un derecho humano vinculado al derecho a la salud”.
De tal manera, indicó que las legislaciones penales deben reformarse para permitir el acceso al aborto voluntario.
Por ello, una vez que la sentencia sea notificada dentro de varias semanas, el Congreso de Yucatán debe comenzar el proceso legislativo y votar a favor de la derogación de las normas que penalizan la interrupción del aborto voluntario.
La asociación añadió que la nueva sentencia de la Suprema Corte permitirá eliminar obstáculos “para que las personas puedan ejercer con libertad su autonomía reproductiva”, pues a pesar de que los Servicios de Salud estatales ya se encuentran obligados a otorgar servicios de aborto voluntario sin la necesidad de esperar la reforma al Código Penal, las autoridades se excusan en la falta de reforma para no brindarlos.
“Conforme a los alcances del artículo 4 constitucional definidos por la SCJN en la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, actualmente los Servicios de Salud estatales ya tienen la obligación de dar servicios de aborto voluntario sin necesidad de esperar la reforma al Código Penal; sin embargo las autoridades han invocado la falta de reforma como excusa para no brindarlos. En este contexto esta nueva sentencia de la SCJN permitirá eliminar este obstáculo para que las personas puedan ejercer con libertad su autonomía reproductiva”, señaló.
Asociación promovió amparo por normas que penalizan el aborto
De acuerdo con el proyecto avalado en sesión, la organización civil que se dedica a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad para gestar en Yucatán promovió un juicio de amparo indirecto en el señaló que la cláusula que protege la vida desde el momento de la fecundación y el sistema normativo que penaliza el aborto en la entidad vulneran el derecho humano a decidir.
La asociación añadió que las normas le impiden cumplir con libertad su objeto social, pues “la amenaza de criminalización influye en las condiciones en las que desarrolla su labor”.
Un juez consideró que la organización no demostró que se dedicara a practicar abortos, por lo que apuntó que las normas no la afectaban “ni siquiera indirectamente”. No obstante, la asociación civil combatió la decisión y señaló que durante más de veinte años ha centrado su labor en proteger a decidir por medio de la prestación del servicio médico de aborto.
“A petición del Tribunal Colegiado, la Suprema Corte reasumió su competencia para conocer del asunto”, indicó el proyecto.
De esta manera, la propuesta de la ministra Ríos Farjat concluyó que la asociación civil podía “reclamar el sistema normativo que e prohíbe la práctica del aborto en Yucatán, ya que demostró que durante más de 24 años ha desempeñado numerosas actividades relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre las que se destaca la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo”.
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Asimismo, apuntó que los artículos reclamados sí vulneran el derecho humano a decidir, pues por un lado, el Congreso de Yucatán no tenía competencia para adoptar una cierta noción de persona y otorgar dicho estatus desde la fecundación y, por otro, “impiden que las mujeres y personas gestantes decidan sobre su procreación, aún en la primera etapa del embarazo”.
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Las autoridades estadounidenses han estado informando a miles de migrantes que usaron esta app que sus permisos de permanencia y trabajo han sido cancelados y que deben marcharse “inmediatamente”.
Miles de migrantes que ingresaron a EU durante el gobierno de Biden usando una aplicación especial para programar citas de asilo están recibiendo la orden de abandonar ese país “inmediatamente”.
A los aproximadamente 900,000 migrantes que ingresaron por la frontera sur usando la aplicación CBP One se les permitió, en general, permanecer en EU durante dos años y se les otorgó un “permiso condicional” para trabajar legalmente.
Ahora, a muchos de ellos se les informa que sus permisos condicionales han sido revocados y que si permanecen en EU pueden ser sometidos a enjuiciamiento.
El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo prometiendo aumentar las deportaciones de EU. Su gobierno recientemente renombró la aplicación como CBP Home y la está utilizando para “autodeportaciones”.
En un correo electrónico visto por la BBC, se le dijo a un migrante: “Es hora de que salgas de EU”.
“Si no sale de EU de inmediato, estará sujeto a posibles medidas policiales que resulten en su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí”, añade el mensaje.
Un “abuso”
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que “la Administración Biden abusó de su autoridad para permitir la entrada de millones de extranjeros indocumentados a EU, lo que agravó aún más la peor crisis fronteriza de la historia del país”.
“La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, añade el comunicado.
No se sabe con certeza cuántas personas recibieron las notificaciones, aunque funcionarios de inmigración han confirmado que se enviaron a “algunas” de las personas que ingresaron a EU por esta vía.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las cancelaciones y la presión para salir inmediatamente no se aplican a los migrantes en dos programas de libertad condicional diseñados para algunos ucranianos y afganos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que entre quienes recibieron las notificaciones se encuentran migrantes mexicanos, hondureños y salvadoreños.
El aviso también informa a los migrantes que cualquier beneficio recibido como parte de su permiso de entrada a Estados Unidos, incluyendo la autorización de trabajo, ha sido cancelado.
“Estará sujeto a un posible proceso penal, multas civiles y sanciones, y a cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, indica.
CBP One
CBP One, lanzada originalmente en 2020, se amplió durante la administración Biden para permitir a los posibles migrantes programar citas para presentarse en un puerto de entrada.
En aquel momento, los funcionarios reconocieron que la aplicación había contribuido a reducir las detenciones en la frontera y presentaron la tecnología como parte de un esfuerzo mayor para proteger a los solicitantes de asilo que realizan un viaje, a menudo peligroso, a EU.
Sin embargo, en marzo, la aplicación cambió su nombre a CBP Home.
Ahora permite a los migrantes indocumentados identificarse y declarar su intención de salir del país.
La aplicación también pregunta a los migrantes si tienen “suficiente dinero para salir de EU.” y si tienen un “pasaporte válido y vigente de su país de origen”.
A finales de febrero, el gobierno anunció la creación de un registro nacional para migrantes indocumentados. Quienes no se inscriban podrían enfrentar un proceso penal.
El registro exige que cualquier migrante indocumentado mayor de 14 años proporcione al gobierno estadounidense su dirección y sus huellas dactilares.
Los expertos señalaron que el sistema de registro enfrentará obstáculos, ya que es difícil de implementar y presenta numerosos desafíos logísticos.
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