Cop 16: Latinoamérica es la región con más defensores ambientales asesinados en los últimos años
Para entender mejor
Para conservar la biodiversidad del planeta es indispensable y urgente garantizar la seguridad de quienes se han transformado en sus defensores, de quienes habitan los territorios naturales y de quienes advierten de las consecuencias del avance de aquellas actividades que amenazan la existencia de miles de especies de flora y fauna.
Precisamente, ese es el objetivo de la meta 22 del Marco Mundial Kunming Montreal, aprobado en 2022 durante la Conferencia de Biodiversidad (COP15). Allí se plantea la participación y representación plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, y su acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, pero también que todo esto ocurra “asegurando la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales”.
Ahora, durante la COP16 que se realiza en Cali, Colombia, los temas de la justicia ambiental y los derechos humanos atraviesan muchas de las conversaciones y de las negociaciones.
Estos temas son vitales para Colombia, como anfitriona de este evento internacional y, en general, para toda Latinoamérica, una región que lleva varios años cargando con las cifras más altas de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, según los reportes anuales de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estos crímenes.
El último informe no deja lugar a dudas: de los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región. Colombia ocupó el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012.
Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), asegura que América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad y es precisamente allí donde se concentra actualmente el accionar de los crímenes ambientales por parte de grupos organizados. “Por eso es nuestra región la que viene liderando, en distintos escenarios internacionales, las discusiones para que estos temas se instalen en la agenda”, señala.
Para Schulmeister, es necesario aprovechar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial para combatir los crímenes ambientales, entre los que destaca la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna. “La tecnología debe estar incorporada en el sector público, en los estados y en los organismos multilaterales. Temas como la georreferenciación espacial y las imágenes satelitales, potenciadas por la inteligencia artificial, resultan fundamentales para tener un mapeo de cómo hoy nuestro planeta está sufriendo por los crímenes ambientales y pensar en acciones para combatirlos”, dice.
Inteligencia artificial, nueva arma contra defensores ambientales
Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente, asegura que hay un patrón creciente de ataques contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, “utilizando medios tecnológicos cada vez más sofisticados y a los que no estábamos acostumbrados en el pasado”.
Forst también le dijo a Mongabay Latam que no sólo la justicia está recurriendo a la inteligencia artificial, sino que los criminales la están usando para fabricar videos, audios y demás información falsa para desprestigiar a los defensores ambientales. “Es un tema al que todavía no sabemos cómo hacerle frente eficazmente”.
Schulmeister coincide con Forst en que no se debe perder de vista que la tecnología “está también al servicio y a disposición de los delincuentes, por lo tanto, los estados deben estar preparados para enfrentar esa adaptación constante de la criminalidad que siempre está preparada para eludir nuestras acciones”.
Impunidad en los crímenes
A Forst le ha sorprendido ver los compromisos asumidos por el gobierno de Colombia para poner énfasis en la defensa del medio ambiente y de sus líderes, tratando de promover su participación en la COP16, además de que se ha invitado a los líderes de otras naciones.
“Claramente hay una voluntad de Colombia de ser percibida en la COP16 como uno de los principales actores en términos de apoyo a los defensores ambientales, pero al mismo tiempo, las decisiones principales las toman los estados en salones cerrados a los que esos líderes no tienen acceso”.
Para el relator especial, uno de los puntos más críticos es que las decisiones en la COP se toman por consenso y si un Estado decide que un párrafo no puede ser aceptado dentro del documento, este debe ser literalmente destruido.
Forst considera que hace falta que en las COP se cuente con documentos donde haya una redacción clara sobre los derechos humanos.
“Por ejemplo, si a pesar de los esfuerzos realizados por Colombia, Brasil y otros aliados de los defensores, algunos Estados son reacios y dicen que no, el documento final no contendrá nada sobre los derechos de los defensores ambientales, lo cual para mí es un fracaso. Pero no un fracaso de Colombia, sino de actores poderosos que podrían tener la posibilidad de influir en otros para incluir un lenguaje y una redacción claros sobre los derechos humanos en el documental final”, afirma.
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Otro punto importante para los expertos es que los estados deben trabajar en sus sistemas judiciales para eliminar la impunidad.
“Muchos Estados dicen que van muy bien y han mejorado sus investigaciones, pero cuando miras las cifras con observadores independientes, te das cuenta que no es así. La impunidad en muchos países de Latinoamérica está en 95 o 96%, lo que demuestra que no hay investigaciones, que no se captura a los perpetradores de los crímenes”, y agrega que si el mundo no logra entrar en un acuerdo sobre qué es impunidad y cómo combatirla, “entonces la batalla estará perdida”.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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