Conahcyt deja sin becas a estudiantes de posgrado: hay 450 afectados solo en CDMX
Cientos de estudiantes de posgrado que tramitaron su beca ante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt) fueron notificados recientemente de que no recibirán el apoyo porque los programas que cursan no son prioritarios.
Giovanni Jiménez, docente y estudiante de posgrado en la UAM-Iztapalapa, explicó en entrevista que las personas afectadas han comenzado a elaborar un censo para saber cuántos alumnos han resultado afectados por esta decisión.
Hasta el momento, tienen conocimiento de más de 140 programas implicados en todo el país (maestrías y doctorados), y de que tan solo en la CDMX hay 450 estudiantes perjudicados en 15 planteles, de acuerdo con los datos del movimiento #SinBecaConahcyt.
“Esto no es un rollo individual, no es por mí, es por mis alumnos y por mis compañeros (…) Yo acabo de graduar a 50 alumnos de licenciatura y, de ellos, 20 quieren aplicar a un posgrado. Si yo no estoy peleando para que ellos tengan becas, soy un hipócrita porque yo soy producto de la educación pública”, sostuvo.
“La afectación es principalmente con áreas vinculadas a los negocios, a la administración, actuaría, matemáticas aplicadas a negocios porque, según, no son líneas estratégicas de investigación para el país, para la nación, para el pueblo, pero por eso digo, a qué hora se echaron un clavado a revisar los 146 posgrados que están eliminando”, agregó.
Stefany Moreno, estudiante del Posgrado Integral de Ciencias de la Administración (PICA) en la UAM-Iztapalapa y vocera del movimiento #SinBecaConahcyt, dijo que, por ejemplo, dicho programa era considerado de calidad, lo que garantizaba el acceso a una beca de manutención, ya que el mismo programa tiene como requisito que los estudiantes lo sean de tiempo completo.
“Pero como cambió la ley (de Ciencia), ahora entran todos los posgrados y nos ordenan por prioridades; entonces, nos ponen a nosotros en una prioridad 5 y dicen que está sujeta a cuestiones presupuestales y hay que esperar a que nos den una respuesta”, señaló la joven.
“La situación es que, cuando nos remitimos a los textos, a los reglamentos, pues nosotros somos una institución pública y gratuita y son las instituciones a las que se les debe dar prioridad”, subrayó.
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Hace un año, en junio de 2022, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, dio a conocer los lineamientos que regirían la entrega de becas, los cuales tenían como base la entrega de los apoyos a través del nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que sustituiría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Con este cambio, se explicó, se abriría la puerta para que todos los programas de posgrado pudieran recibir apoyo y se eliminarían los indicadores cuantitativos para la asignación de becas, mismos que, afirmó Álvarez-Buylla, eran “productivistas, excluyentes, tortuosos y burocráticos”.
Dado que los programas de posgrado ya no serían sometidos a una evaluación del Conahcyt, se establecieron cinco categorías de acuerdo con las cuales se priorizaría la entrega de apoyos.
Con esto, se privilegiarían áreas en instituciones públicas como física, matemáticas, ciencias de la Tierra, biología, química, medicina, ciencias de la salud, artes y humanidades, ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias e ingenierías de atención prioritaria. Según dijo la funcionaria, si los planteles no podían becar a los estudiantes, el Conahcyt les garantizaría un apoyo siempre y cuando hubiera presupuesto.
“Estuvimos esperando por seis meses (…) y al final nos dicen que no porque no tenemos la prioridad”, reclamó la joven. Agregó que, en caso de no recibir una beca, se vería obligada a abandonar sus estudios: “Sabíamos que era de tiempo completo y que íbamos a tener este apoyo para solventar nuestras necesidades personales y académicas”.
Tonatiuh Torres, estudiante de doctorado en Estudios Organizacionales en la UAM-Iztapalapa, relató su sorpresa al recibir el correo en el que le negaban la beca, pues el programa que cursa ha recibido apoyo al menos desde hace 20 años.
“Este posgrado, incluso, era considerado de competencia internacional, la categoría más alta que tenía el Conahcyt, y ahora nos dejaron sin la beca”, dijo.
La UAM asegura que habrá becas
Para aclarar dudas y mostrar su rechazo a la decisión de Conahcyt, un grupo de estudiantes de distintas universidades públicas acudió a la sede de la institución el viernes para manifestarse y exigir una explicación de lo sucedido.
De acuerdo con lo que refirieron cuatro estudiantes presentes en el encuentro, luego de escuchar sus demandas, los funcionarios que los recibieron les aseguraron que se reconsiderarían sus casos y en próximos días se les daría una respuesta.
“Uno de los argumentos que les dimos es que generaciones pasadas tienen el apoyo (…) Entonces, les dijimos: ‘Oye, si nos apoyaste en otros años, ¿por qué ahora no?, ¿por qué nos quitan el apoyo?, porque es una regresión’”, compartió Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
El sábado 24 de junio, y ante las inquietudes de cientos de estudiantes sobre la negativa por parte de Conahcyt para otorgarles una beca, la UAM aseguró en un comunicado que “los apoyos económicos otorgados por este consejo serán cubiertos en todas las áreas y programas de la UAM reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados”.
Según las autoridades de la UAM, representantes de ambas instituciones sostuvieron diálogo y determinaron que los alumnos del área Económico-Administrativa que se vieron afectados por los nuevos lineamientos que consideraban “no prioritarias” a estas disciplinas sí recibirán becas.
Esta decisión beneficiará a 47 estudiantes de cuatro programas de posgrado.
Aunque la respuesta fue satisfactoria para la UAM, Guillermo Aldair, estudiante de doctorado en la UAM, aseguró que el movimiento #SinBecaConahcyt continuará en resistencia.
“El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es ‘becas para todos’, y porque el compromiso de la doctora Buylla es ‘que toda persona aceptada en un posgrado en una institución de educación superior pública obtendría una beca’”, dijo.
Agregó que uno de los compromisos del movimiento es que todos los posgrados de las instituciones públicas de educación superior sean reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados, a fin de que puedan tener todos los beneficios de ello.
“La UAM emprendió un compromiso de trabajo y de diálogo con el Conahcyt, por lo que invitamos a otras instituciones que sustenten y demuestren compromiso, validación y respuesta a las necesidades de la sociedad. Que las instituciones le demuestren al Conahcyt que nuestro trabajo desde los posgrados resuelve y aporta a los conflictos de nuestra realidad”, pidió el estudiante.
Hasta el cierre de esta edición, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM adelantaron que de manera informal habían sido notificados de que sus casos habían sido reconsiderados y se les entregaría la beca; sin embargo, aún no se les ha notificado oficialmente.
Diálogo y amparo
Para ejercer presión y obtener una respuesta lo más pronto posible, los alumnos afectados se han organizado en distintas acciones, las cuales incluyen diálogo directo con el Conahcyt, solicitud de diálogo a través de los directores de sus posgrados e, incluso, la presentación de un amparo.
“Esa línea del amparo solo algunas universidades la están considerando como opción, al menos la UNAM no lo está considerando al momento pues tenemos entendido que las autoridades de nuestro posgrado enviaron un escrito para que se reconsidere nuestro caso”, dijo Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones.
Quienes han optado por sumarse a la presentación de un amparo colectivo están en proceso de entregar sus perfiles. Al momento, 20 estudiantes se han sumado a esta acción, informó Jesús Martínez Rojas, abogado que encabeza esta acción.
“El rechazo parece un tanto arbitrario porque, cuando uno ve las listas de los programas prioritarios, hay disciplinas donde estos programas bien podrían caber”, dijo.
De acuerdo con lo que han podido advertir, el Conahcyt omitió revisar a detalle los contenidos y las líneas de investigación de los posgrados que se han dejado fuera de los apoyos. Se trata, sostuvo el abogado, de un rechazo por el prejuicio al nombre del programa, lo que genera discriminación entre los estudiantes.
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Nayib Bukele es el último presidente de la región autorizado a postularse a tantos mandatos consecutivos como quiera. Él defiende el cambio; los expertos encienden alarmas.
La reelección presidencial indefinida aprobada en El Salvador parece validar un aforismo que suele atribuirse a Mark Twain: “la historia no se repite, pero a menudo rima”.
En este caso, la historia es sobre un presidente popular, que concentra poder y es habilitado por un cambio constitucional a postularse para seguir en el cargo cuantas veces quiera, en nombre de la soberanía popular.
La reforma en El Salvador se realizó vía exprés el jueves en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Nayib Bukele tiene amplias mayorías.
El cambio de Constitución, aprobado por 57 legisladores en un total de 60, extendió además el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta en las elecciones.
Por más drástica y novedosa que resulte esta reforma para El Salvador, está lejos de ser algo inusitado en América Latina, donde distintos países permitieron la reelección presidencial indefinida en tiempos recientes.
Y la evidencia regional muestra, según expertos, que el permiso de continuidad a voluntad de los mandatarios en un régimen presidencial implica serios riesgos para las democracias.
“La reelección indefinida es sinónimo de autocratización”, dice Mario Torrico, un politólogo que ha estudiado el fenómeno, a BBC Mundo.
“Un tecnicismo”
Bukele fue electo inicialmente en 2019 y reelecto el año pasado por amplio margen, con mayoría absoluta de su partido en la Asamblea Legislativa, con base en el apoyo popular que tiene su política de seguridad de mano dura.
Bajo un estado de excepción, su gobierno encarceló a decenas de miles de personas acusadas de vínculos con las pandillas, una estrategia que según organizaciones de derechos humanos implica distintos abusos de poder.
El mandatario de 44 años puede ahora buscar seguir en el cargo sin plazo de salida obligatoria.
Ante las críticas a esta reforma, Bukele respondió el domingo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de pronto es el fin de la democracia”, agregó en la red social X.
El presidente incluyó en ese comentario tanto a los sistemas de gobierno parlamentarios de países desarrollados como a los presidenciales de América Latina, y sostuvo que distinguirlos es “un tecnicismo” y “un pretexto”.
Sin embargo, los expertos creen que esa diferencia es crucial.
“En un régimen parlamentario, la elección del primer ministro o presidente proviene de un acuerdo en el Parlamento de fuerzas políticas diversas”, dice Agustín Grijalva, un exjuez de la Corte Constitucional de Ecuador, a BBC Mundo.
“En un régimen presidencial (hay) dos elecciones separadas e independientes: la del Parlamento por un lado y la del presidente por otro, que no depende de la elección del Parlamento. Y cada uno tiene un período fijo”, agrega. “Es otra estructura institucional totalmente distinta, que exige que esos períodos fijos se cumplan”.
Según este docente de la Universidad Andina que investigó el tema, “el planteamiento de Bukele sería creíble si nos diera ejemplos de países con regímenes presidenciales que tienen reelección indefinida: ahí va a ver que son los autoritarios, (como) el caso de Venezuela o Nicaragua”.
De hecho, estos dos países así como Ecuador y Bolivia permitieron la reelección ilimitada de sus presidentes en este siglo, años antes que El Salvador.
El cambio se mantiene vigente en Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos pasaron a ser considerados autocráticos por buena parte de la comunidad internacional, mientras Ecuador y Bolivia volvieron luego a limitar la permanencia en el poder.
Una paradoja es que estos cuatro países habilitaron la reelección sin límites bajo gobiernos de izquierda, supuestamente en las antípodas ideológicas de Bukele, estrella de la derecha continental.
Y el modo en que lo hicieron también guarda llamativas semejanzas.
“Hagámoslo rápido”
La reelección indefinida en América Latina siempre se aprobó bajo presidentes que llevaban más de un mandato y se acercaban al límite constitucional que los obligaba a retirarse del poder.
Es decir, se ha hecho con nombre y apellido.
Esos presidentes tenían mayorías en el Legislativo, en la Justicia o en ambos poderes a la vez para cambiar las reglas de juego.
Bukele y el nicaragüense Daniel Ortega son los primeros que gobernaron por dos mandatos consecutivos en sus países desde la década de 1980, con base en dictámenes judiciales que desactivaron la prohibición de reelección inmediata en sus constituciones.
Después, en ambos casos (así como en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa) mayorías legislativas oficialistas cambiaron las constituciones para permitir la reelección indefinida. Hoy Ortega gobierna Nicaragua desde hace más de 18 años.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional autorizó al entonces presidente Evo Morales a buscar la reelección sin límites cuando terminaba el tercero consecutivo, aunque la Carta Magna decía que sólo podía ser reelecto una vez y a que la ciudadanía rechazó en un referéndum su intento de cambiarla.
Las elecciones de ese año en Bolivia acabaron en una crisis mayor, y Morales abandonó el país denunciando un golpe en su contra.
Así como El Salvador aprobó la reelección indefinida con un trámite exprés, Venezuela también lo hizo a contrarreloj cuando el entonces presidente Hugo Chávez se lo pidió a su mayoría legislativa a fines de 2008. “Si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido”, dijo.
La votaron en menos de dos meses y ratificaron en un referéndum poco más de un año después de que esa posibilidad fuera rechazada también por voto popular.
Chávez sostenía que los electores debían determinar si un presidente debe seguir o no, porque “el pueblo es el dueño de un país”.
Es un argumento similar al que maneja el oficialismo de Bukele.
“El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”, dijo la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, al votar la enmienda la semana pasada.
Pero Grijalva también rechaza esa idea.
“No es que se le está devolviendo a la mayoría un derecho”, sostiene. “La mayoría se expresa en la Constitución y las leyes para que haya un régimen democrático, (y) lo que está sucediendo es que se invoca a esa mayoría para tener un régimen autoritario”.
Consecuencias
La advertencia de que El Salvador de Bukele transita “el mismo camino” que la Venezuela de Chávez también fue hecha por Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch.
“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió Goebertus en la red X cuando El Salvador aprobaba la reelección indefinida la semana pasada.
Chávez presidió Venezuela durante 14 años consecutivos, hasta su muerte en 2013. Su delfín, Nicolás Maduro, sigue en el poder hasta hoy.
Los expertos creen que aprobar una reelección indefinida en un país es más factible cuando hay flexibilidad para cambiar las constituciones o los jueces están subordinados al Poder Ejecutivo.
Como ejemplo inverso, señalan el caso de Colombia cuando la Corte Constitucional cerró en 2010 la posibilidad de que el entonces presidente Álvaro Uribe aspirase a un tercer mandato.
“Es importante que las instituciones construyan una reputación y sean muy profesionales. La Corte Constitucional (colombiana) era todo eso y pudo frenar a Uribe”, afirma Torrico, investigador en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Así como desconocemos si la frase sobre la “rima” de la historia pertenece realmente a Twain, tampoco sabemos hasta qué grado El Salvador se parecerá de ahora en más a los países de la región que autorizaron la reelección indefinida de sus presidentes.
Los casos de Bolivia y Ecuador, al revertir la regla después que Morales y Correa dejaron el poder, sugieren que en esto también hay marcha atrás.
Pero los expertos observan razones suficientes para preocuparse sobre los signos vitales de la democracia de El Salvador.
“La reelección consecutiva ya nos mete en problemas, porque los presidentes para reelegirse tuercen reglas y acumulan poder”, dice Torrico.
“Pero cuando además les metes la reelección indefinida, intentan controlarlo todo”, agrega, “y lo que se vive ya es un régimen autocrático”.
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