Cientos de estudiantes de posgrado que tramitaron su beca ante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt) fueron notificados recientemente de que no recibirán el apoyo porque los programas que cursan no son prioritarios.
Giovanni Jiménez, docente y estudiante de posgrado en la UAM-Iztapalapa, explicó en entrevista que las personas afectadas han comenzado a elaborar un censo para saber cuántos alumnos han resultado afectados por esta decisión.
Hasta el momento, tienen conocimiento de más de 140 programas implicados en todo el país (maestrías y doctorados), y de que tan solo en la CDMX hay 450 estudiantes perjudicados en 15 planteles, de acuerdo con los datos del movimiento #SinBecaConahcyt.
“Esto no es un rollo individual, no es por mí, es por mis alumnos y por mis compañeros (…) Yo acabo de graduar a 50 alumnos de licenciatura y, de ellos, 20 quieren aplicar a un posgrado. Si yo no estoy peleando para que ellos tengan becas, soy un hipócrita porque yo soy producto de la educación pública”, sostuvo.
“La afectación es principalmente con áreas vinculadas a los negocios, a la administración, actuaría, matemáticas aplicadas a negocios porque, según, no son líneas estratégicas de investigación para el país, para la nación, para el pueblo, pero por eso digo, a qué hora se echaron un clavado a revisar los 146 posgrados que están eliminando”, agregó.
Stefany Moreno, estudiante del Posgrado Integral de Ciencias de la Administración (PICA) en la UAM-Iztapalapa y vocera del movimiento #SinBecaConahcyt, dijo que, por ejemplo, dicho programa era considerado de calidad, lo que garantizaba el acceso a una beca de manutención, ya que el mismo programa tiene como requisito que los estudiantes lo sean de tiempo completo.
“Pero como cambió la ley (de Ciencia), ahora entran todos los posgrados y nos ordenan por prioridades; entonces, nos ponen a nosotros en una prioridad 5 y dicen que está sujeta a cuestiones presupuestales y hay que esperar a que nos den una respuesta”, señaló la joven.
“La situación es que, cuando nos remitimos a los textos, a los reglamentos, pues nosotros somos una institución pública y gratuita y son las instituciones a las que se les debe dar prioridad”, subrayó.
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Hace un año, en junio de 2022, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, dio a conocer los lineamientos que regirían la entrega de becas, los cuales tenían como base la entrega de los apoyos a través del nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que sustituiría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Con este cambio, se explicó, se abriría la puerta para que todos los programas de posgrado pudieran recibir apoyo y se eliminarían los indicadores cuantitativos para la asignación de becas, mismos que, afirmó Álvarez-Buylla, eran “productivistas, excluyentes, tortuosos y burocráticos”.
Dado que los programas de posgrado ya no serían sometidos a una evaluación del Conahcyt, se establecieron cinco categorías de acuerdo con las cuales se priorizaría la entrega de apoyos.
Con esto, se privilegiarían áreas en instituciones públicas como física, matemáticas, ciencias de la Tierra, biología, química, medicina, ciencias de la salud, artes y humanidades, ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias e ingenierías de atención prioritaria. Según dijo la funcionaria, si los planteles no podían becar a los estudiantes, el Conahcyt les garantizaría un apoyo siempre y cuando hubiera presupuesto.
“Estuvimos esperando por seis meses (…) y al final nos dicen que no porque no tenemos la prioridad”, reclamó la joven. Agregó que, en caso de no recibir una beca, se vería obligada a abandonar sus estudios: “Sabíamos que era de tiempo completo y que íbamos a tener este apoyo para solventar nuestras necesidades personales y académicas”.
Tonatiuh Torres, estudiante de doctorado en Estudios Organizacionales en la UAM-Iztapalapa, relató su sorpresa al recibir el correo en el que le negaban la beca, pues el programa que cursa ha recibido apoyo al menos desde hace 20 años.
“Este posgrado, incluso, era considerado de competencia internacional, la categoría más alta que tenía el Conahcyt, y ahora nos dejaron sin la beca”, dijo.
La UAM asegura que habrá becas
Para aclarar dudas y mostrar su rechazo a la decisión de Conahcyt, un grupo de estudiantes de distintas universidades públicas acudió a la sede de la institución el viernes para manifestarse y exigir una explicación de lo sucedido.
De acuerdo con lo que refirieron cuatro estudiantes presentes en el encuentro, luego de escuchar sus demandas, los funcionarios que los recibieron les aseguraron que se reconsiderarían sus casos y en próximos días se les daría una respuesta.
“Uno de los argumentos que les dimos es que generaciones pasadas tienen el apoyo (…) Entonces, les dijimos: ‘Oye, si nos apoyaste en otros años, ¿por qué ahora no?, ¿por qué nos quitan el apoyo?, porque es una regresión’”, compartió Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
El sábado 24 de junio, y ante las inquietudes de cientos de estudiantes sobre la negativa por parte de Conahcyt para otorgarles una beca, la UAM aseguró en un comunicado que “los apoyos económicos otorgados por este consejo serán cubiertos en todas las áreas y programas de la UAM reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados”.
Según las autoridades de la UAM, representantes de ambas instituciones sostuvieron diálogo y determinaron que los alumnos del área Económico-Administrativa que se vieron afectados por los nuevos lineamientos que consideraban “no prioritarias” a estas disciplinas sí recibirán becas.
Esta decisión beneficiará a 47 estudiantes de cuatro programas de posgrado.
Aunque la respuesta fue satisfactoria para la UAM, Guillermo Aldair, estudiante de doctorado en la UAM, aseguró que el movimiento #SinBecaConahcyt continuará en resistencia.
“El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es ‘becas para todos’, y porque el compromiso de la doctora Buylla es ‘que toda persona aceptada en un posgrado en una institución de educación superior pública obtendría una beca’”, dijo.
Agregó que uno de los compromisos del movimiento es que todos los posgrados de las instituciones públicas de educación superior sean reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados, a fin de que puedan tener todos los beneficios de ello.
“La UAM emprendió un compromiso de trabajo y de diálogo con el Conahcyt, por lo que invitamos a otras instituciones que sustenten y demuestren compromiso, validación y respuesta a las necesidades de la sociedad. Que las instituciones le demuestren al Conahcyt que nuestro trabajo desde los posgrados resuelve y aporta a los conflictos de nuestra realidad”, pidió el estudiante.
Hasta el cierre de esta edición, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM adelantaron que de manera informal habían sido notificados de que sus casos habían sido reconsiderados y se les entregaría la beca; sin embargo, aún no se les ha notificado oficialmente.
Diálogo y amparo
Para ejercer presión y obtener una respuesta lo más pronto posible, los alumnos afectados se han organizado en distintas acciones, las cuales incluyen diálogo directo con el Conahcyt, solicitud de diálogo a través de los directores de sus posgrados e, incluso, la presentación de un amparo.
“Esa línea del amparo solo algunas universidades la están considerando como opción, al menos la UNAM no lo está considerando al momento pues tenemos entendido que las autoridades de nuestro posgrado enviaron un escrito para que se reconsidere nuestro caso”, dijo Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones.
Quienes han optado por sumarse a la presentación de un amparo colectivo están en proceso de entregar sus perfiles. Al momento, 20 estudiantes se han sumado a esta acción, informó Jesús Martínez Rojas, abogado que encabeza esta acción.
“El rechazo parece un tanto arbitrario porque, cuando uno ve las listas de los programas prioritarios, hay disciplinas donde estos programas bien podrían caber”, dijo.
De acuerdo con lo que han podido advertir, el Conahcyt omitió revisar a detalle los contenidos y las líneas de investigación de los posgrados que se han dejado fuera de los apoyos. Se trata, sostuvo el abogado, de un rechazo por el prejuicio al nombre del programa, lo que genera discriminación entre los estudiantes.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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