La ausencia de un Registro Único de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México (CDMX) y de otras herramientas tecnológicas que contempla la Ley de Búsqueda de Personas local, así como la falta de coordinación y colaboración entre las instituciones, como la Comisión de Búsqueda, son algunos de los principales obstáculos para lograr la localización, identificación y restitución de personas desaparecidas.

Así lo señala el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, designado por el Congreso capitalino para el periodo de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2023. En el informe que dan a conocer este miércoles previo al cierre de su encargo, destacan que del total de reportes de desaparición que registran la comisión de búsqueda y la fiscalía diariamente, entre un 40 y 45% de personas siguen sin ser localizadas.  

El consejo señala, entre otras cosas, que las instancias que conforman el Sistema de Búsqueda local en los hechos no actúan como tal, sino como entes aislados que cumplen solo con las tareas unitarias que les corresponden, cuando el artículo 21 de la ley de búsqueda local establece la obligatoriedad de funciones conjuntas. 

“Particularmente, identificamos que existen problemas serios de coordinación entre los servicios periciales de la FGJ y el INCIFO, este último adscrito al Poder Judicial de la CDMX, que impiden el intercambio de información para la efectiva y pronta identificación de personas fallecidas que cuentan con un reporte por desaparición”, indica el documento. 

“Cuando las familias acuden a reportar alguna desaparición, sea a la fiscalía, a la comisión de búsqueda o a los servicios forenses, no siempre reciben la atención, el apoyo y las muestras de solidaridad que requieren ante una circunstancia tan grave, además de que no siempre se aplican los protocolos especiales y el sentido de urgencia”, reclama el consejo ciudadano. 

Apenas en septiembre pasado, tras una reunión de gobernadores en Palacio Nacional, Marti Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que ahí se había compartido la estrategia de la administración capitalina para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el fin de que otros estados la replicaran.

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Tres años de deficiencias en la búsqueda en CDMX

En el informe que presentan este miércoles los 13 consejeros ciudadanos de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México –Martín Villalobos, Juana Garrido Ibarra, Ana María Panales Delgado, Patricia Manzanares Ochoa, Teresa Vera Alvarado, Elena Azaola, Jorge Ruiz Reyes, Antonio Rueda Cabrera, Margarita Guillé Tamayo, Iliana Ruvalcaba López, Natalia Pérez Cordero, Omaira de Jesús Ochoa Mercado y Valentina Peralta Puga— presentan también un recuento histórico de los informes que recibieron en estos tres años. 

El consejo, cuyas funciones están detalladas en el artículo 37 de la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX, tuvo su primera reunión con el entonces comisionado Fernando Elizondo en mayo de 2020, a un año de creada la comisión local. Desde entonces –documenta el organismo– se hablaba de las limitaciones de recursos, sobre todo humanos, del ente local, que para entonces solo contaba con 10 personas. 

Para enero de 2021, el consejo documentó que la ciudad tenía únicamente a cuatro personas para hacer búsquedas. Para abril de ese año, según la comisión local, había 529 personas por localizar mientras la comisión estaba conformada por 11 en total. Desde ese momento, se planteó que no existía una base de datos única donde la comisión local y la fiscalía compartieran registros.

Más tarde, el consejo pediría un micrositio informativo que nunca se concretó, y tampoco recibió claridad de si sus observaciones al plan de trabajo de la comisionada Lizeth Hernández –que siguió tras la renuncia de Elizondo– habían sido incorporadas. Para ese momento, mayo de 2021, se documentó además la existencia de más de 10 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, cifra que después se actualizó a 14 mil.

Para abril de 2022, un nuevo comisionado de búsqueda ocupó el cargo: Enrique Camargo Suárez. En mayo de ese año, se admitió ante el consejo una cifra de casi 3 mil personas desaparecidas. Más tarde, durante julio, los consejeros ciudadanos manifestaron su preocupación porque el comisionado no había hecho llegar el diagnóstico de la institución y no se habían realizado las búsquedas suficientes. 

Desde julio de ese año, se diagnosticó que el 45% de las personas que estaban desapareciendo eran mujeres, por lo que se requería de una estrategia especial para ese grupo. “En tres de cada 10 casos se trata de delitos diversos, y en otros casos lo que predomina es la violencia familiar”, consigna el consejo ciudadano en su informe. 

Para mediados de 2022, también había señalamientos sobre la lentitud en materia de crisis forense: de las 5 mil muestras que tenía el INCIFO solo había logrado procesar mil 500. Para septiembre de ese mismo año, las muestras habían crecido a 7 mil 110 pero solo había 3 mil 487 perfiles genéticos, por lo que el rezago era de aproximadamente la mitad. En octubre, el INCIFO argumentó que no contaba con personal suficiente. 

En una reunión del consejo con el comisionado de búsqueda, el 10 de enero de 2023, el primero consigna una situación más grave: “Se mencionó que muchas de las personas que la comisión está buscando fueron enviadas a fosas comunes, pero INCIFO no proporciona informes completos y cambia las cifras”, documenta el informe. 

La trazabilidad de los cuerpos y la necesidad de crear una base única de datos, así como compartir información, empiezan a ser preocupaciones centrales para el consejo ese año, que señala: “La Agencia de Innovación de datos debería ser el organismo que resguardara la información en lugar de que se hagan las solicitudes a través de oficios, como se ha hecho hasta ahora”. 

Más pendientes para la Comisión de Búsqueda de CDMX

Entre los desafíos que señala el consejo ciudadano hacia el cierre de su labor, agrega también que no siempre son claros los criterios mediante los que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) brinda o niega el apoyo a familiares de personas desaparecidas.

Por otro lado, ni el gobierno central ni las alcaldías –afirman los consejeros– brindan información ni reconocen a la desaparición de personas como un problema importante que atañe a quienes viven o transitan en la capital. “Ello impide que se adopte una política de prevención”, alertan. 

Aunado a ello, las unidades de análisis de contexto no han generado el conocimiento suficiente para entender el fenómeno de desaparición en zonas específicas de la ciudad, ni los patrones que siguen los tipos de desaparición, por lo que difícilmente podría avanzarse en la búsqueda de personas. Del mismo modo, como problema recurrente destacan la falta de recursos suficientes, humanos, técnicos y tecnológicos, en la comisión de búsqueda, la fiscalía y el INCIFO, además de una falta de interés del gobierno por incrementarlos. 

Ante ello, a unos días de concluir su encargo, el consejo ciudadano urge a las autoridades capitalinas a crear el registro único de personas desaparecidas, con el apoyo de la ADIP, que forma parte del Sistema de Búsqueda; a agotar todos los medios posibles para la identificación forense; y a cumplir los mandatos legales de crear un registro de personas fallecidas no identificadas, y de fosas comunes y clandestinas, así como el programa de búsqueda de la capital –los tres aún pendientes–, con énfasis en mujeres e infancias.