Colectivos exigen a la Comisión Nacional de Búsqueda contratar peritos independientes; falta profesionalismo a su personal, acusan
Familiares de víctimas de desaparición denunciaron “la evidente falta de pericia y de profesionalismo demostrado” por el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ante lo cual exigieron a la nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, que se contrate a peritos y expertos independientes mientras los funcionarios de la institución se capacitan.
Los colectivos Luciérnaga, Hasta Encontrarlos y la Red Regional de Familiares Migrantes subrayaron la necesidad de que las personas que realicen labores de búsqueda e identificación de cuerpos cuenten con el conocimiento para el uso adecuado de las herramientas, tecnología y una metodología acorde con estándares internacionales, ya que actualmente “falta capacitación, hay desconocimiento y desinterés”.
En conferencia de prensa, reclamaron que son las familias quienes buscan e investigan, debido a que los servidores públicos responsables de ello no cumplen con su función, y cuando la realizan “cometen las mismas fallas y errores en la metodología y el uso de tecnologías”.
“En contadas ocasiones, la CNB ha tenido un papel activo. Esto implica realizar un buen análisis de contexto y planes integrales de búsqueda que permitan establecer parámetros, patrones y zonas sin tener que esperar a que las familias sean las que les proporcionen los lugares y el equipo que necesitan”, se pronunciaron las familias.
Peritaje independiente revela fallas en la labor de la CNB
Como evidencia de las fallas en la labor de la CNB presentaron un peritaje independiente elaborado por el experto Miguel Nieva, quien evaluó la búsqueda de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en Oaxaca en 2007.
De acuerdo con el análisis de Nieva los integrantes de la CNB utilizaron una herramienta incorrecta, una metodología inapropiada por ausencia de mapas o croquis, se generaron datos que no tuvieron post procesamiento, además de señales detectadas en los radargramas que no tuvieron explicación y fueron ignoradas.
Con este análisis concluyó que “el informe de la CNB carece de rigurosidad científica y sus conclusiones deben ser descartadas en su totalidad”. Alertó que estas omisiones se repiten en otras jornadas e informes de búsqueda realizados por la comisión.
También lamentó que a través de diversos medios las familias intentaron hacer llegar estas conclusiones a la CNB, con el fin de que pudieran cambiar sus prácticas, sin que haya aceptado dialogar. La única respuesta que tuvieron ha sido “desvirtuar y desprestigiar el informe”.
Ante esto, Nieva enfatizó que “garantizar la rigurosidad de estos procedimientos no es un mero formalismo técnico, es una condición estratégica indispensable para ofrecer respuestas fiables y certeras a las familias que esperan la verdad”.
Ana Enamorado, de la Red Regional de Familiares Migrantes, explicó que los colectivos han recurrido a peritajes independientes después de que las autoridades les entregaron cuerpos que no eran de las víctimas que buscan.
“Afortunadamente, con el peritaje de Miguel Nieves no se nos entregó el cuerpo que decían que era de mi papá, y es por eso que la mayoría de los familiares no tenemos confianza en las instituciones”, señaló.
Nueva titular de la CNB, “adecuada para Gobernación, pero no para las familias”
Acerca de la nueva titular de la CNB, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 11 de septiembre, Gabriela, integrante del colectivo Luciérnaga, afirmó que “desde el primer momento nosotros nos dimos cuenta que era el perfil adecuado para la Secretaría de Gobernación, pero no para las familias”.
A consideración de las familias de personas desaparecidas, Pérez Gumecindo “deja mucho que desear desde el perfil que tiene, con el que buscan contener a las familias y administrar lo poco que tienen en la CNB”.
“Son muchas situaciones las que nos tienen aquí exigiendo al gobierno, en especial a la nueva comisionada, que queremos resultados, que se ganen la confianza de las familias. Hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento (con nosotras)”, expresó Enamorado.
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Indicó que ella, como ocurre en otros casos, con recursos propios tuvo que acercarse a peritos independientes y a las personas que supieron de las últimas ubicaciones conocidas de su hijo, Óscar, pese al riesgo que implicó a su seguridad, por lo que dijo, es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y lleven a cabo estas tareas.
“No vemos una Comisión Nacional de Búsqueda con puertas abiertas, aunque tendría que ser así. Percibimos que todo está mal, porque actúan sin análisis de contexto, sin líneas de investigación, y a la mera hora siempre faltan materiales en campo, cuando tendrían que contar con lo suficiente”, apuntó Nadin Reyes, del comité de familiares de desaparecidos Hasta Encontrarlos.
Más de 88 organizaciones firmaron el pronunciamiento para exigir la contratación de peritos independientes y esperan encontrar respuesta de la CNB a sus demandas para que se realicen las búsquedas de sus familiares.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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