Si bien colectivos de familias de personas desaparecidas y activistas califican como una buena noticia que desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya puesto énfasis en acciones para atender el fenómeno de la desaparición en México, la mayor parte de estas no son nuevas, pues están contempladas en la ley general en la materia desde su publicación en 2017, y más bien se adeuda su implementación. 

Las afirmaciones de la mandataria –señalan– incluso traslucen desconocimiento en torno a los mecanismos ya existentes y a las fallas que han tenido las propias autoridades para ponerlos en marcha, como el Banco Nacional de Datos Forenses, responsabilidad rezagada de la Fiscalía General de la República (FGR), y el Centro Nacional de Identificación Humana, desmantelado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Luego de publicar un posicionamiento en X, en entrevista Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, quien busca a su hermano y su sobrino, precisa que para empezar, en el caso de ese órgano, un primer guiño importante sería remover a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular actual, cuyo nombramiento fue sumamente cuestionado por colectivos y organismos internacionales tras la separación del cargo de Karla Quintana. 

“Creo que era lo primero que se tenía que haber hecho, o sea, removerla, llamar a una verdadera consulta y colocar a una persona con el conocimiento. Ahora lo que tenemos es una CNB donde la comisionada no solo llega muy cuestionada, sino que su trato con las familias ha dejado mucho que desear, ha sido prepotente, poco sensible; deja ya las cuestiones técnicas, estamos hablando de la interacción con las personas”, sostiene. 

Además, tras la estrategia de búsqueda generalizada, llamada “nuevo censo”, que emprendió el expresidente López Obrador para reducir cifras –y a la que obedeció la salida de Quintana–, la propia comisionada admitió que ninguna de las personas presumidas como localizadas estaba, de hecho, con sus familiares. 

¿Qué dice la ley general en contraste con las propuestas de Sheinbaum?

Sin embargo, en el texto vigente, el artículo 4 la Ley general ya incorpora que se entenderá por Banco Nacional de Datos Forenses a la herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que concentra las bases de datos de las entidades federativas y de la federación, así como otras que tengan información forense relevante. Además, se estipula que el banco debe estar a cargo de la Fiscalía General de la República y conformarse con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y las entidades, incluidos los de información genética. 

El reclamo de familias y organizaciones ha sido, de hecho, que ese banco no se ha puesto en operación desde que lo indicaba la ley, por omisión de la propia Fiscalía. No solo eso: la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero impugnó durante más de un año un amparo de 2017 mediante el que una familiar exigía la puesta en marcha del banco, hasta que finalmente anunció su arranque para mayo de 2023, sin que hasta ahora se conozcan los avances. 

De acuerdo con María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Prodh, el problema es que las autoridades han encontrado la forma de escapar a sus responsabilidades. Tal y como no se han visto resultados por parte de la CNB en mecanismos extraordinarios, subraya, la FGR ha incumplido lo que mandata la ley general para concentrar toda la información y registros de los distintos estados que podrían ayudar a la identificación de cuerpos o fragmentos en casos como el hallazgo del campo de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán.

“Es imposible abordar una crisis de esta magnitud si no es posible consultar una base generalizada y unificada de datos forenses como lo establece la ley, y que la Fiscalía General de la República está a cargo de crearla y no lo ha hecho”, puntualiza.  

En su cuenta de X, el Centro Prodh precisó que el anuncio de Sheinbaum es positivo, pero será esencial dar seguimiento a cada medida y asignar al tema el nivel de prioridad que hasta ahora no había tenido. “Estas medidas no se habrían decidido sin la respuesta de la sociedad frente a los hallazgos de Teuchitlán, que aún deben esclarecerse”, indicaron. 

Por otro lado, una segunda reforma propone crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido el registro electoral del Instituto Nacional Electoral para cotejo de huellas dactilares. 

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Si bien no usa ese nombre, la ley ya contempla, de hecho, que el resguardo de dicha información esté a cargo del Centro Nacional de Identificación Humana. Además, el texto vigente ordena la existencia de un Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y reclamadas, que debe concentrar la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de restos tanto de la federación como de las entidades. 

La presidenta propuso igualmente fortalecer el CNIH, que estará a cargo de la plataforma e intercambiará información con fiscalías y comisiones de búsqueda. El resguardo y cotejo de información por parte del centro también están contemplados en la ley vigente. Además, pese a que el Centro estaba en marcha, fue desmantelado durante la gestión de la actual comisionada de búsqueda. En febrero de 2024, en respuesta a una acción urgente, la ONU instó a reactivarlo. 

Las reformas presentadas en la conferencia mañanera enlistan igualmente la incorporación a la ley general de “nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país y abrir carpetas de investigación por desaparición sin esperar 72 horas”. Sin embargo, el artículo 89 de la versión vigente ya señala que la búsqueda de una persona desaparecida debe iniciarse de inmediato e informarse sin dilación a la fiscalía especializada competente. 

Por otro lado, la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, otra de las propuestas de Sheinbaum. Como puntos adicionales a lo ya existente está la publicación mensual de las cifras de desaparición en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento de familiares y la reforma a la Ley General de Población para consolidar el CURP como fuente única de identidad de las personas. 

Buena noticia, pero “es logro de las familias y falta mucho por hacer”

Luego de no abordar de manera amplia el tema durante el tiempo transcurrido desde que tomó posesión, el hallazgo en Teuchitlán, pero sobre todo la movilización de familias, activistas y solidarios en diversas plazas públicas el sábado pasado, finalmente orilló a la presidenta a hablar de acciones específicas. Aunque en principio es una buena señal, los colectivos consideran que al mismo tiempo denota falta de conocimiento sobre el tema. 

“De entrada es preocupante en términos generales la respuesta de la presidenta, porque da a entender que no conoce del tema, pero tampoco conoce la institucionalidad que existe en materia de personas desaparecidas. Lo central de su propuesta ya existe, quizá con otro nombre, pero tenemos muchos años con esas propuestas y eso muestra por un lado el desconocimiento, y por otro, caer en en lugares comunes donde al final no se resuelve nada”, apunta Verástegui. 

Otro aspecto preocupante, dice, es que no tiene la capacidad de entender que en este tipo de procesos, particularmente en el de búsqueda de personas desaparecidas, la participación de las familias ha sido central. La institucionalidad que existe es, de hecho, resultado de su empuje. Por lo tanto, muestra que es una persona no abierta a dialogar y sí a imponer sus ideas, señala.

Por separado, Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se congratuló de que finalmente Sheinbaum haya hecho un pronunciamiento importante sobre las desapariciones, pues desde la campaña había quedado a deber. Sin embargo, el decir que el tema será importante en su administración debe comprometerla a darle más peso al trabajo de diversas instituciones para búsqueda e identificación de personas. 

Reconoció que la mayoría de los puntos que se mencionaron en la conferencia mañanera ya están considerados en la ley general, pero al mismo tiempo hay un rezago desde su entrada en vigor. Impulsar la coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, por ejemplo, le parece un aspecto a destacar, pero señala la falta de definición para consultar y acercar las propuestas a las víctimas, y que puedan avalar y legitimar el esfuerzo. 

“No deja de preocupar que las iniciativas que dice que van a presentar no se han platicado, no se han discutido con las víctimas, y que quieran hacerlo sin nosotros, cuando algo que hemos dejado bien claro es que ‘sin las familias, no’. Ha habido unos acercamientos con Secretaría de Gobernación, pero estamos hablando de que es con el subsecretario, pero falta el acercamiento directo con ella y por lo menos con la secretaria de Gobernación”, apunta Fernández. 

Precisa que en esas pláticas no se había mencionado nada sobre las propuestas anunciadas hoy, y añade que si bien el Movimiento hace incidencia, no abarca a todas las víctimas organizadas del país, por lo que debe generarse un mecanismo de diálogo con más plataformas y más colectividades para que todas estén informadas, participen y puedan hacer aportaciones importantes antes de considerar cualquier iniciativa de reforma. 

“Qué bueno que empiecen por los pendientes de la Ley general; qué malo que no haya un pronunciamiento sobre sanciones a autoridades responsables de buscar, de investigar, que no lo han hecho, que han sido omisas, que hay complicidad… Cierto que muchas de las desapariciones son perpetradas por crimen organizado, pero también hay que reconocer que es con ayuda, apoyo y aquiescencia de las autoridades. Eso no nada más se tiene que investigar, se tiene que sancionar y esa parte es la que todavía me sale debiendo la presidenta”, enfatiza.

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En tanto, Verástegui remarca que hay que estudiar la ley para saber lo que existe, al tiempo que recuerda que el reclamo de las familias es que el tema de las personas desaparecidas ya no es de leyes e instituciones, sino de voluntad política, corrupción e impunidad. Al final, el problema son los operadores del sistema. Además, lamenta que el pronunciamiento solo se haya dado tras el malestar social por Teuchitlán, sin haber declarado un luto nacional ni acudir al lugar de los hechos cuando recién se dio el hallazgo.

Aunado a ello, criticó que las propuestas se hayan entremezclado con agendas políticas, pues hoy se enuncian los puntos, pero se dedicarán otros dos días a explicar cómo la oposición ataca a la presidenta. “Eso es lo único importante; no sé si queriendo o no, demuestran que este tipo de problemáticas no son una prioridad para el gobierno, más bien que la prioridad para el gobierno es cuidar su imagen”, concluye.