Familiares de tres jóvenes cineastas desaparecidos en Jalisco en 2018 denunciaron que las autoridades de investigación en esa entidad crearon una “verdad histórica” para dar carpetazo al caso y pidieron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para reabrir las investigaciones y esclarecerlo.
“Sigue siendo un caso sin resolver”, subrayaron las familias de Salomón Aceves Gastélum, de 25 años al momento de desaparecer, Daniel Díaz, de 20, y Marco Ávalos, también de 20.
Los tres estudiaban cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara (CAAV) y fueron secuestrados tras regresar de una filmación el 19 de marzo de 2018 en la localidad jalisciense de Tonalá, a manos presuntamente de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La noticia del secuestro, y el posterior anuncio ese mismo año de la Fiscalía estatal de que habrían sido secuestrados, torturados y disueltos en ácido, causó una gran indignación y conmoción en el estado, llevando incluso a importantes cineastas y directores, como el jalisciense Guillermo del Toro, a condenar públicamente el suceso.
Poco más de un mes después de la desaparición, el 23 de abril de 2018, la Fiscalía estatal anunció que detuvieron a dos personas relacionadas con los hechos –presuntos integrantes del cártel—y que encontraron en una casa tres contenedores con productos químicos donde los delincuentes supuestamente habrían disuelto a los jóvenes cineastas.
Incluso, en aquel entonces las autoridades de investigación jaliscienses dijeron que los recipientes estaban distribuidos en distintas habitaciones de la casa, en las que también se encontraron manchas de sangre, y que tras revisarlos confirmaron que contenían restos humanos que podrían corresponder a los estudiantes.
La audiencia por este caso inició hasta el 1 de abril del año pasado y concluyó el 17 de mayo. Sin embargo, los familiares denunciaron ayer, martes, que encontraron múltiples inconsistencias en la investigación, lo que los lleva a considerar que todo “fue un montaje, una mentira”, para cerrarla lo antes posible.
“Nos presentaron una verdad histórica que hasta hoy ha sido una mentira histórica, una cortina de humo, porque ninguna de las versiones que presentó la Fiscalía tiene sustento en evidencias. No existen elementos de que nuestros hijos hayan sido asesinados de la manera como lo dieron a conocer a toda la sociedad mexicana y el mundo entero”, reclamaron los padres y madres de los cineastas en una conferencia de prensa virtual, justo cuando se cumplen siete años de la desaparición.
Por ejemplo, la señora Vicky expuso que, si bien la Fiscalía había dicho que los tres cineastas fueron disueltos en tambos con ácido, en la carpeta de investigación del caso existe un reporte del Instituto Forense en el que se asegura que “no se encontraron restos humanos en los tambos, solo diésel”.
“Y en el juicio también se presentó una testigo del Instituto Forense que, efectivamente, narró ante el juez que no se encontraron restos humanos en los bidones, solo aceite, diésel”, añadió la mujer, que recalcó que “no hay indicios, ni pruebas suficientes para acreditar la versión que la Fiscalía sacó ante los medios de que nuestros hijos fueron disueltos en ácido. Hasta hoy, siete años después, no hay ninguna prueba científica que asegure que eso fue lo que pasó”.
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Por su parte, el señor Miguel refirió que durante las audiencias del caso no fueron a declarar ante el juez al menos ocho testigos, entre ellos uno protegido que habría abandonado el país.
“El pretexto que nos dieron es que fueron a buscarlos y ya no se encontraban en sus domicilios”, señaló el hombre, que agregó que también han pedido en reiteradas ocasiones los videos de la zona cercana a las dos casas de seguridad donde supuestamente tenían retenidos a los tres estudiantes de cine.
“Nunca nos los mostraron con el argumento de que, según, no funcionaban las cámaras”, expuso Miguel.
Mientras que la señora Sofía refirió que en la carpeta de investigación hay otras inconsistencias, como que los baños que ellos vieron en un recorrido por las casas de seguridad “son muy distintos” a los que la Fiscalía mostró en fotografías que incluyeron en la carpeta de investigación del caso.
“Ellos mismos se enredaron en sus mentiras”, hizo hincapié la mujer.
Por todo lo anterior, los familiares de los jóvenes pidieron “ayuda” a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que se hagan “búsquedas en campo” de los tres estudiantes, “pues la Fiscalía estatal (en el mandato del exgobernador priista, Aristóteles Sandoval) nunca hizo esas búsquedas por falta de interés”.
Cabe recordar que en 2018 la ONU intervino en este caso, pidiendo a las autoridades mexicanas que incluyeran entre las actuaciones y actos de investigación la búsqueda en terreno y en vida de los tres cineastas, “en virtud de que no existen datos científicos fehacientes que indiquen con certeza que hayan fallecido”.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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