Desapariciones ignoradas: autoridades de Chiapas obstaculizan que familias de indígenas desaparecidos denuncien sus casos
Antonia Hernández López se arrodilló frente al alcalde de Sabanilla, Chiapas, alzó las manos al cielo y, mirándolo de abajo hacia arriba, le suplicó en chol que le dijera dónde denunciar la desaparición de su hijo, Genaro Pérez Hernández, quien dejó de comunicarse en 2012 cuando migró a Estados Unidos. Sin embargo, la mujer indígena fue ignorada.
Semanas antes, había recorrido el municipio, ubicado al norte de Chiapas, sin encontrar alguna oficina de la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición.
No era su obligación saber qué hacer. Las leyes estatales establecen que esta información debe llegar a las comunidades indígenas en su lengua materna, pero esto no ocurre en Sabanilla, de donde es Antonia, ni tampoco en los municipios de San Juan Chamula, Palenque, San Juan Cancuc y Ocosingo, de acuerdo con los testimonios de familias de personas desaparecidas.
Esta investigación periodística documenta que en Chiapas ninguna institución implementa programas de difusión efectivos para informar a las comunidades indígenas qué hacer ante la desaparición de sus migrantes.
De acuerdo con las solicitudes de información realizadas a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, el Congreso local, la gubernatura y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB), esta última es la única que difunde las leyes sobre desaparición de personas, pero solo en dos lenguas de las 12 que existen en la entidad.
Además, señala que durante 2020 y 2021 difundió por internet la legislación, pero siete de cada 10 viviendas del estado no tienen acceso a la red, según el INEGI.
Genaro dejó su pueblo cuando tenía 25 años con la ilusión de construir una casita de cemento porque en su barrio abundan las de tabla, pero el 2 de mayo de 2012 dejó de comunicarse. En esa época, trabajaba en un campo agrícola de Sonora.
Seis meses después, un hombre que aseguró ser su compañero informó por teléfono a Antonia que un cuerpo degollado encontrado en los matorrales se parecía a su hijo.
Cada vez que Antonia contaba esta pista a los funcionarios de la alcaldía, le sugerían ir a Sonora a denunciar.
Pero la mujer ni siquiera pudo imaginar cómo era buscar a un hijo en otro estado, hablando una lengua diferente y sin dinero.
Con las ganancias de la venta de pulseras de ámbar, Nashely, una de sus hijas, viajó a Tuxtla Gutiérrez, capital chiapaneca, a preguntar qué hacer ante una desaparición.
Llegó hasta el Palacio del Gobierno estatal y a la Torre Chiapas, un edificio con varias oficinas gubernamentales, pero las trabajadoras le decían que “ese caso no les interesaba”, que “fuera a denunciar a Sonora” o, simplemente, que “estaban ocupadas”.
Un manual construido por estas reporteras —y sustentado en los protocolos de búsqueda estatal, nacional y de la ONU— señala que cualquier autoridad mexicana debe tomar conocimiento de estas desapariciones, y cuando los denunciantes hablen lengua materna, brindarles un intérprete.
Si estas autoridades no son competentes para iniciar una búsqueda inmediata, deben canalizarla a la Comisión Estatal o Nacional de Búsqueda, a las autoridades ministeriales, de seguridad pública o a los juzgados.
Nashely pudo denunciar hasta seis años después, el 23 de abril de 2018, en la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares de Tuxtla Gutiérrez, asesorada y acompañada por la asociación civil Voces Mesoamericanas.
Ese día, llegó junto con otros indígenas que como ella buscaban reportar la desaparición de sus migrantes, pero no había intérpretes para sus declaraciones y la organización tuvo que llevar los suyos.
Los traductores, médicos forenses, abogados, defensores o agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado no están capacitados ni profesionalizados para intervenir en asuntos jurídicos de comunidades indígenas.
Esta investigación encontró que antes de 2018, el mismo año en que Nashely logró denunciar, la Fiscalía General de Chiapas admitió que no tenía intérpretes contratados; aunque a la fecha hay 11, únicamente hablan tres de las 12 lenguas que hay en la entidad.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) ha certificado a 143 personas que hablan algunas lenguas de Chiapas. Sin embargo, la fiscalía solo emplea a seis.
A la fecha, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no hay registro de quejas contra servidores públicos por discriminar a estas familias de migrantes desaparecidos.
Esta investigación documenta que hay pocas posibilidades de que puedan denunciar, mientras que las cifras extraídas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) confirman un incremento de chiapanecos desaparecidos en la última década.
Hay más casos
“Hay muchos lugares, por ejemplo, Los Naranjos, Chachalaca, Barrio Cerrillo, Frontera. Hay muchas colonias donde los jóvenes van a migrar y ya no regresan”, dice Eva, la otra hermana de Genaro, quien por hablar castellano y vivir en la capital asumió la búsqueda.
La fiscalía de Chiapas informó que, de 2012 a 2021, 51 personas de pueblos originarios desaparecieron, mientras que el Registro Nacional reporta solo una.
Una base de datos construida a partir de las cifras de los boletines estatales del programa ¿Has visto A?, cruzadas con el catálogo de municipios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), confirma parte del hallazgo de esta investigación: se encontró que al menos 25 indígenas desaparecieron en México migrando, pero sus familias lograron denunciar hasta años después de su última comunicación.
Los datos revelan que la desaparición de un migrante indígena se registró hasta 19 años después; en otros casos, pasaron 14, 12, seis, cuatro y un año.
Sin embargo, hay indígenas que ni siquiera saben si existe un reporte de desaparición, como el tsotsil Fortunato Hernández Gómez, hermano de Carmela, que fue vista por última vez en mayo de 2019.
La mujer dejó el municipio de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, para ir a Estados Unidos, pero cuando atravesaba el desierto de McAllen, en Texas, desapareció.
Según el ‘pollero’, ya iban para “el otro lado” cuando Carmela fue abandonada porque ya no podía caminar. Con esa información, Fortunato llamó a la embajada mexicana en Texas para saber qué hacer.
Un funcionario le solicitó que enviara por correo electrónico la foto de la desaparecida, una copia de su acta de nacimiento y otra de la CURP, pero semanas después, cuando el hombre acudió a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tuxtla Gutiérrez a preguntar si con eso ya existía una búsqueda, no había intérprete y solo le contestaron “Sí”.
Pero cuando la denuncia la recibe una embajada, como le sucedió a Fortunato, la institución debe ofrecer un traductor e informar de los avances, según el manual de protocolos de búsqueda construido para esta investigación. No obstante, a la fecha, a Fortunato nadie le ha informado si se busca o no a su hermana.
No hay respuesta para Eva
Han pasado casi siete meses desde que en la Fiscalía de Desaparecidos de Tuxtla Gutiérrez le dijeron a Eva que un cuerpo hallado en Sonora se parecía a su hermano Genaro. Le pidieron que se fuera a casa porque ahí investigarían, pero a la fecha no le han dicho nada.
Este medio accedió a la recomendación CEDH/004/2019-R, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo a la Fiscalía de Chiapas en el 2019, derivado de una queja que presentaron familiares de siete indígenas migrantes desaparecidos, por la violación al derecho de acceso a la justicia.
El organismo encontró que, durante un año, esta institución mantuvo paradas las investigaciones y no buscó en otro estado a los desaparecidos porque la documentación enviada por los ministerios públicos de Chiapas estaba incompleta.
Las denuncias fueron iniciadas entre 2014 y 2015 como acta administrativa y fue hasta 2019 que se elevaron a averiguación previa.
Por estas violaciones al derecho de acceso a la justicia no hubo servidores públicos sancionados penalmente, de acuerdo al seguimiento que hizo la CEDH.
Desde el 19 de julio hasta el 10 de agosto, estas reporteras buscaron entrevistar al fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, pero su director de comunicación social, Ezequiel Gómez García, no contestó las llamadas ni la solicitud que se hizo por correo electrónico.
A la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda fue imposible localizarla, mientras que Emilio Ramón Ramírez Guzmán, titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas, no atendió la solicitud de entrevista. Para saber la versión del ayuntamiento de Sabanilla, se buscó al actual alcalde, José Darwin González Cabello, pero no respondió a los mensajes.
La activista Sandybell Reyes, integrante de Voces Mesoamericanas, señala que las omisiones hacia las familias de personas desaparecidas ocasionan que la problemática no sea visibilizada.
“Es como si no quisieran que se sepa, lo único que hacen las mamás es llorar la ausencia de sus hijos desaparecidos”, lamenta Eva.
El de Genaro no es el único caso en Chiapas. En una segunda entrega, esta investigación documenta otras historias de migrantes desaparecidos que siguen sin ser localizados por el Estado.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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El grupo islamista que lideró la ofensiva que derrocó al régimen de Al Assad, HTS, utiliza una bandera muy similar a la que usan los talibanes en Afganistán desde hace décadas.
El nuevo primer ministro interino sirio, Mohamed al Bashir, presidió el martes su primera reunión en Damasco.
Detrás de Al Bashir ondeaban dos banderas: la “bandera de la revolución” siria, que es verde, blanca y negra con tres estrellas rojas en el centro, y una bandera blanca con el juramento musulmán de fe transcrito en negro.
Esta segunda bandera, que es la que utiliza oficialmente el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que controla partes de Siria, se parece a la bandera de los talibanes, que fue reinstaurada en Afganistán cuando el grupo islamista retomó el control del país en 2021.
HTS y otros grupos armados de la oposición tomaron el control de Siria cuando el régimen de Bashar al Assad cayó el 8 de diciembre.
El grupo había avanzado hacia el sur desde su bastión en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, a fines de noviembre.
Desde entonces, el líder del grupo, Abu Mohammed al Jolani (ahora conocido como Ahmed al Sharaa), ha estado tratando de tranquilizar a los sirios diciendo que habrá un gobierno unificado que represente a todas las diversas facciones minoritarias dentro del país, y que ningún grupo será perseguido.
También ha estado tratando de tranquilizar a la gente diciéndoles que no deben temer a un sistema de gobierno islámico.
Sin embargo, la aparición de esta bandera blanca ha suscitado un debate entre los sirios sobre qué mensaje envía sobre el futuro político de Siria.
“Furia” y miedo en las redes sociales sirias
El incidente “dejó a mucha gente en estado de shock”, informa el corresponsal especial del Servicio Árabe de la BBC, Feras Kilani, desde Siria.
“Esto sugiere que el nuevo gobierno podría seguir el modelo talibán y crear un Estado islámico gobernado por la ley sharía”, dice Kilani.
La sharía es el sistema legal islámico que, en su conjunto, es un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes.
Algunas personas expresaron su “decepción” por la aparición de la bandera en las redes sociales.
El activista político y periodista sirio Rami Jarrah dijo que la exhibición de una bandera islámica detrás de Al Bashir cuando se dirigía a los sirios es “un insulto”.
“Se supone que este hombre representa a los sirios de todos los orígenes religiosos, esto es un insulto escandaloso para todos nosotros”, escribió en X.
Otros han expresado su oposición a que se enarbole “cualquier bandera junto a la bandera de la revolución” en las instituciones gubernamentales.
“Hemos terminado con el partido Baaz y no queremos entrar en otro ciclo de agitación”, afirmó el periodista Nedal al Amari en X.
Pero otros sirios no tienen ningún problema con la bandera blanca, pues creen que no significa necesariamente que el gobierno talibán vaya a ser el modelo a seguir en Siria.
Algunos dicen que podría considerarse como la bandera de su partido, “siempre que permitan que otros partidos políticos estén representados” en Siria.
La “bandera del Talibán” plantea interrogantes
Los talibanes en Afganistán siguen una ideología sunita y yihadista extrema.
El grupo ha estado usando la bandera blanca con el juramento musulmán de fe escrito en negro desde que llegó al poder por primera vez en Afganistán en 1996.
HTS también ha estado usando esta misma bandera durante algún tiempo, y aparece en instituciones civiles que brindan servicios en la ciudad de Idlib.
Si bien la bandera de HTS y los talibanes es similar, un alto funcionario del gobierno talibán le dijo a la BBC que los dos grupos “no la han copiado el uno del otro”.
El gobierno talibán en Afganistán ha estado celebrando los logros políticos y militares de HTS en Siria, y expresó la esperanza de que esto conduzca al establecimiento de un “gobierno islámico” en el país.
Los partidarios de los talibanes y algunos de sus aliados distribuyeron dulces en reuniones en muchas provincias para celebrar la salida de Al Assad del poder.
La “conexión ideológica” entre los talibanes y HTS es una de las razones por las que los primeros se identifican con los segundos en Siria.
Un alto funcionario talibán, que trabaja en la oficina presidencial, escribió en su cuenta X: “La historia de Kabul y Damasco es la misma, ambas cayeron un domingo, ambas fueron capturadas en 11 días y los líderes de ambos países huyeron”.
Esa misma bandera apareció detrás de Al Jolani en su entrevista con CNN la semana pasada, junto a la “bandera de la revolución”.
Durante la entrevista, dijo que la gente no debería temer a un sistema de gobierno islámico, asegurando que todas las diversas facciones de la sociedad siria estarían representadas.
El experto en grupos islamistas en Siria, incluido el llamado Estado Islámico (EI), Aymenn al Tamimi, le dice a la BBC que el uso de la bandera muestra que HTS quiere representar “un proyecto de gobierno islámico” en Siria.
“Esta bandera es coherente con la posición de larga data [de HTS], mostrándose como representante de los sunitas de Siria”, añade.
Sin embargo, Al Tamimi explica que “sería muy difícil para HTS imponer el mismo modelo de gobierno que los talibanes, ya que la sociedad [siria] en general no aceptaría restricciones como privar a las niñas de la educación superior o el establecimiento de un gobierno autoritario que impida las elecciones populares”.
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