CFE adquirirá el 49 % de las acciones de Altán; busca llevar internet a localidades más alejadas
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avaló la adquisición del 49 % de las acciones de Altán Redes, la empresa mexicana que se encarga de operar y comercializar la red compartida.
La operación se enmarca dentro del Proyecto Quetzal, el cual fue aprobado durante la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración, encabezado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
La decisión se tomó a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado 15 de enero en la que autorizó que la CFE adquiriera el 49 % de las acciones de Altán y el 24 % de los derechos corporativos.
Esta transacción asegura que el control de Altán pase a manos del gobierno mexicano de manera permanente y permitirá a CFE nombrar a dos miembros del Consejo de Administración de la empresa.
De acuerdo con la comisión, desde el inicio de su alianza con Altán en 2019 se han logrado desplegar 11 mil 383 torres que han beneficiado a 82 mil 178 localidades con más de 24 millones de habitantes.
Ambas empresas han tenido como objetivo proveer internet en zonas donde ningún otro operador tiene interés.
Ahora, con este proyecto, lo que se busca es reducir las barreras para el ingreso al mercado de telecomunicaciones, conectar a las localidades más alejadas, y garantizar el derecho a la conectividad.
Rescate de Altán
Altán Redes es una empresa mexicana responsable de diseñar, desplegar, operar y comercializar la Red de Todos, también conocida como red compartida, la cual se creó formalmente a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013.
Altán ganó la licitación de la red en 2016, lo que le permite actuar como mayorista, vendiendo el derecho de uso, su capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y empresas que deseen entrar al mercado de servicios móviles.
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En junio de 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rescató a la empresa de la bancarrota bajo el argumento de que ésta ayudaría a cumplir con el compromiso de llevar internet a todos los rincones del país.
Esto implicó que Altan tuviera acceso a un crédito por 388.1 millones de dólares, de los cuales el 41 %, es decir, 161 millones de dólares fueron aportados por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el resto por proveedores, accionistas y clientes.
A su vez, el gobierno firmó un acuerdo para que el Estado mexicano se convirtiera en socio mayoritario de la empresa, una acción ampliamente criticada por especialistas quienes advirtieron sobre la falta de experiencia para administrar una firma de telecomunicaciones.
De acuerdo con el sitio de Altán, su cobertura abarcaba más del 95 % del territorio en junio de 2024, mientras que más de 120 millones de mexicanos, es decir, alrededor del 90 % de la población tiene acceso a la red compartida.
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Un tratado firmado en 1944 entre Estados Unidos y México está detrás, una vez más, de tensos intercambios entre ambos países.
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La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
Ahora, en medio de la incertidumbre generada a nivel global por la política arancelaria del presidente Donald Trump, el mandatario estadounidense amenazó a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México le DEBE a Texas 1,3 millones de acres-pies (1.603 millones de metros cúbicos) de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero lamentablemente México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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