Nueva termoeléctrica en Los Cabos ignora el impacto al ambiente y a la salud, alertan expertos
El anuncio de construcción de una Central de Ciclo Combinado de gas fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Los Cabos no consideró el impacto ambiental ni la salud de las personas, aseguró el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA).
“Por un lado se toma en cuenta la necesidad eléctrica que es visible en todos lados… pero creo que es el único elemento que se toma en cuenta…. Los elementos que faltan aquí son los de la parte ambiental”, dijo Jaqueline Valenzuela, directora de CERCA.
La CFE anunció a través de un comunicado la construcción de la central en Los Cabos, que contará con una capacidad de generación de 240 megawatts junto a otros 11 proyectos que integran el Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Esto cobra relevancia en el marco de la atracción de industrias a México a través de la reducción de costos de producción derivados de la relocalización, estrategia conocida como nearshoring.
De acuerdo con Valenzuela, el plan de la CFE puede potenciar las actividades productivas o frenarlas, de ahí la importancia de la energía no solo en el sector doméstico, sino en el industrial, cuyos impactos al ambiente deben ser valorados.
Dependencia de La Paz y del gas fósil
La construcción de una termoeléctrica que funcionará con gas fósil indica que la propuesta es que el noroeste siga funcionando con combustibles fósiles, señaló Valenzuela.
La CFE tiene experiencia con el ciclo combinado; el acceso a diésel con combustóleo y a gas en la región; por lo que optó por una tecnología que le permita operar la central en 2028.
El impulso turístico de Los Cabos estuvo acompañado de un crecimiento del 47.2 % de la población entre 2010 y 2020. El crecimiento urbano que inició en Cabo San Lucas y avanzó por San José del Cabo, ahora está extendiéndose a la zona de Cabo del Este.
Para Valenzuela la decisión de construir en Los Cabos está respaldada por una reducción de los costos de transmisión de la electricidad. Desde 1979 La Paz ha sido el corazón energético de Baja California Sur, ya que la mayor parte de la generación de energía del estado se produce ahí y se transmite a otros municipios, como Los Cabos.
“Depender de La Paz para la generación de electricidad, sobre todo, cuando hablas de Los Cabos, un municipio pujante, que los planes de crecimiento van en expansión a un nivel muy acelerado, no sería soportable”, señaló Valenzuela.
Contaminación del aire en Los Cabos
Actualmente, no hay un monitoreo oficial de la calidad ambiental en Los Cabos, solo uno ciudadano que realiza CERCA. En ninguna sede de monitoreo, desde que inició este seguimiento, ha habido registro de buena calidad del aire.
Sin embargo, debido a que no hay datos oficiales que confirmen la contaminación ambiental, la Semarnat no puede intervenir en la instalación de la central.
“No se tiene información local porque no se mide la calidad del aire en el municipio de Los Cabos de manera normativa. Entonces, no tenemos un componente para que la Semarnat manifieste que hay que poner atención a este proyecto. Mientras que la CFE sólo necesita conocer en qué tecnología va a invertir, el presupuesto que tiene, de dónde va a sacar el suministro del combustible, tener los permisos de operación y el uso de suelo”, dijo Valenzuela.
De construirse, la calidad ambiental podría deteriorarse en Los Cabos por la suma de la central a la motorización, el tránsito por caminos no habilitados, la extracción de material pétreo, las emisiones del transporte marítimo, aéreo y terrestre; y los incendios del relleno sanitario y del estero de San José del Cabo.
“Como ciudadanía, y en particular el Ayuntamiento de Los Cabos, debe levantar la voz y gestionar con la Federación las condiciones más sustentables para generar electricidad porque ya hay un problema, no causado por la generación de electricidad, pero ya hay un problema”, señaló Valenzuela.
Actualmente, el proyecto de la central de Los Cabos está en una etapa de gestión política y ciudadana. Posteriormente, se abrirán las licitaciones públicas para que sea asignada a una empresa que llevará a cabo las obras y que tendrá que conseguir los permisos, entre ellos, la autorización de impacto ambiental por parte de la Semarnat.
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Valenzuela señaló que la Semarnat debe evaluar de forma integral este proyecto y, a su vez, valerse de un ordenamiento territorial para atacar las otras fuentes de contaminación del aire.
“Aquí hay una oportunidad con el municipio de Los Cabos como interlocutor y con la Federación; de que se analicen los proyectos eléctricos desde un enfoque multisectorial y de cuenca; de que se considere la capacidad de carga de la cuenca atmosférica. Hay mucho que hacer en cuanto a ordenamiento territorial, si no se avanza en eso, no va a ser factible (la realización del proyecto)”, señaló Valenzuela.
*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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