Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
CDMX, la entidad con más registros de desaparecidos borrados
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
El resto de las entidades redujeron sus cifras de desaparecidos entre 6% y 20%, borrando nombres de víctimas.
Desapareciendo a desaparecidos
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
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Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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