Tocaron a su puerta con censo de AMLO y le aseguraron que su hijo se vacunó, pero sigue desaparecido
El hijo de Blanca Patricia Torres desapareció en 2017. Hace seis meses, la esperanza tocó a su puerta, pero después no hubo noticias.
Jesús Abel Jiménez Torres desapareció el 21 de mayo de 2017 en Apaseo el Grande, Guanajuato, cuando tenía 24 años. A seis años de su desaparición, las autoridades llegaron hasta su casa con la presunción de que su hijo estaba ahí porque supuestamente se había vacunado.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido que la cifra de personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se ha reducido, Blanca Patricia sigue sin saber nada de su hijo.
Eso fue lo que la motivó a asistir a la velada que colectivos y familiares convocaron este jueves en el Ángel de la Independencia, donde colocaron mantas y velas para recordarle al presidente que hasta hoy el registro oficial sigue contabilizando más de 110 mil personas desaparecidas, pese a que el pasado jueves 14 de diciembre López Obrador afirmó que más de 16 mil personas habían sido localizadas mediante su “censo casa por casa” y 17 mil más estaban “ubicadas”.
“El motivo de nuestra velada aquí, es porque nos quieren volver a desaparecer a nuestros desaparecidos. O sea, están bajando la cifra cuando es mentira, cuando no es verdad… Yo tengo casi siete años buscando a mi hijo Jesús Abel Jiménez Torres”, reclama Patricia.
La mamá de Jesús Abel relata que desde la desaparición del joven hay una denuncia en la fiscalía local sin que hasta hoy existan líneas de investigación o avance alguno. Sin embargo, fue a mediados de año, en junio, cuando dos elementos de seguridad la buscaron en la puerta de su casa.
“La camioneta era de gobierno, bajaron dos personas de policía, tocan mi puerta y me dicen que si Jesús seguía viviendo ahí. Les dije ‘cómo que si sigue viviendo aquí’; ‘sí —me dijeron— porque Jesús aparece que fue vacunado’, y yo les digo ‘dónde, quiero saber dónde fue vacunado”, recuerda Blanca Patricia.
“Nos pusieron a toda la familia peor de cómo ya estábamos”, agrega.
Los representantes del gobierno insistieron en que no tenían más detalles, que solo seguían órdenes y que su hijo Jesús había sido vacunado. Ante la confusión de ella, incluso le dijeron que acudiera al ministerio público para saber más.
En la fecha en que supuestamente fue vacunado, Jesús tenía ya cuatro años de desaparecido. Ahora, su mamá sigue esperando saber más detalles o conseguir la confirmación de que su hijo está vivo y realmente se vacunó. Pero no ha obtenido más información.
Para ella, el presidente López Obrador quiere tapar el sol con un dedo y no acepta lo que están viviendo las víctimas, porque él no tiene ningún desaparecido. Desde hace casi 5 años, Patricia pertenece al colectivo Proyecto de Búsqueda.
“Sr. Presidente: ¡No nos los vuelva a desaparecer!”; “No son sólo 13,000. Son más de 110,000”; “Los buscamos porque los amamos. Hasta encontrarles” y “Que la fuerza del latido encuentre nuestros corazones”, eran las frases que se leían en las vallas que rodean el Ángel.
Familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas colocaron mantas, fichas de búsqueda y rotafolios al pie del Ángel de la Independencia.
Todo ello para refrendar el comunicado nacional difundido el lunes 18 de diciembre, que rechaza los resultados informados por el gobierno federal, específicamente en el hecho de que se reduzca a 12 mil las personas cuya desaparición se dice “confirmada”, que no se tengan datos suficientes para identificar a 26 mil y que no haya indicios para buscar a 36 mil.
“El presidente López Obrador y su administración desconocen la obligación legal que tienen, como estado y gobierno, para investigar, a través de las fiscalías, todos los datos e indicios, así como para buscar, identificar y encontrar a las personas desaparecidas mediante las atribuciones de las comisiones de búsqueda”, señalaron en su pronunciamiento las familias y colectivos que mantuvieron una jornada de protesta ese día.
“Yo creo que esto ya sobrepasó los límites de ser víctimas y estarnos victimizando; lo que estamos pidiendo ahorita es que digan la verdad, cuál es la cifra verdadera, no es verdad que redujo. Necesitamos que nos ayuden a encontrar a nuestros desaparecidos”, agrega Patricia.
Se suman posicionamientos en rechazo del “censo casa por casa”
Luego de la protesta de familiares y colectivos del pasado lunes, el martes 19 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se sumó a los posicionamientos públicos en rechazo a los resultados del “censo casa por casa” del presidente López Obrador.
“Demandamos la publicación de la metodología nacional utilizada en el denominado censo de personas desaparecidas, así como la evidencia recolectada, para asegurar la precisión y veracidad de los datos. La identificación de nuestros seres queridos no puede esperar. Instamos a las autoridades a fortalecer de manera urgente la institucionalidad forense del Estado”, se lee en el documento que titularon “Nuestra lucha no se borra; exigimos transparencia y diálogo sobre el registro de personas desaparecidas y toda política que nos impacte”.
Lee: Nuevos casos de personas desaparecidas superan por más del doble a las localizadas con censo de AMLO
Ahí expresaron su preocupación y decepción ante la respuesta del Estado. Señalaron que comparten con otras plataformas de víctimas el enojo y la indignación por la falta de rigurosidad y transparencia en un proceso de vital importancia para la búsqueda de verdad y justicia.
“No queremos dejar de mencionar el dolor y la indignación que nos produce a las familias que los resultados de este ejercicio que han denominado censo concluya que solo hay confirmación de 12,377 personas desaparecidas. Las familias sabemos que este dato es incorrecto y nos preocupa que ello suponga una justificación para que ninguna autoridad busque los miles de casos de los registros donde falta información, pero persiste la desaparición”, abunda el pronunciamiento.
Al mismo tiempo, el consejo ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda emitió un comunicado este 20 de diciembre para rechazar los resultados del censo.
“Exigimos que el gobierno federal publique las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones, principalmente la que identifica a las personas que supuestamente fueron encontradas, a efecto de que las familias puedan revisar y verificar en qué subclasificación colocaron a su ser querido”, se lee en el documento.
Añadieron que los datos del registro nacional se agregan mediante claves personalizadas que se asignan a cada institución, principalmente las 33 fiscalías y las 33 comisiones de búsqueda, con lo que es posible saber quién subió la información incompleta o perfeccionarla, por lo que no debe trasladarse esa responsabilidad a las familias o la sociedad en general.
Denunciaron igualmente la falta de transparencia, revictimización a las familias, la falta de responsabilidad del Estado en asumir su obligación legal de investigar y recabar datos e indicios, la carencia de sensibilidad y la ausencia de respeto al derecho de participación amplia de las víctimas indirectas de desaparición.
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Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Ciudadanos sin voto en Puerto Rico
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
Cuál es la situación actual en Puerto Rico
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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