En lo que va de noviembre, dos mujeres se han suicidado al interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16 de Morelos; con estos suman 19 casos en los últimos tres años.
La primera mujer se quitó la vida el pasado 3 de noviembre, alrededor de las 23:35 horas. Personal médico de la institución la encontró con una sábana atada y se le diagnosticó sin signos vitales por un paro cardiorrespiratorio secundario por asfixia por ahorcamiento.
La mujer, originaria de León, Guanajuato, contaba con seguimiento médico y psicológico, además, había sido reubicada de su estancia en nueve ocasiones.
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El segundo ocurrió la mañana del 5 de noviembre, cuando personal del Cefereso 16 la encontró sin vida y suspendida en las regaderas de un módulo. Se le realizaron maniobras de RCP; sin embargo, finalmente se declaró la muerte por paro cardiorrespiratorio secundario por asfixia por ahorcamiento.
De acuerdo con una tarjeta informativa, la mujer, originaria del Estado de México, recibió una última llamada el 2 de noviembre, sin embargo, autoridades no tienen registro de visitas de familiares o de su abogado.
Ambos hechos están siendo investigados por agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con tarjetas informativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ordenó brindar atención psicológica y médica adecuada a las personas privadas de su libertad que se encuentren en los módulos donde se presentaron los hechos.
En los últimos tres años han muerto por suicidio 19 mujeres al interior del Cefereso 16, ya contando los últimos dos decesos, de acuerdo con información de Mexiro A.C.
El pasado septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) al determinar que se vulneraron los derechos humanos a la reinserción social, a la igualdad y a la no discriminación de cinco mujeres al interior del Cefereso 16.
De acuerdo con el documento, en visitas realizadas entre el 27 y 29 de septiembre de 2023, la CNDH observó que las cinco mujeres “estaban en riesgo debido a la falta de atención médica especializadas en salud mental y la ausencia de actividades que favorecieran su estabilidad emocional y reinserción social”.
Esta situación, indica la Comisión, agravó los síntomas presentados por las personas privadas de la libertad, quienes presentan trastornos mentales, y aumentó el riesgo de conducta suicida.
La CNDH también detectó escasez de actividades deportivas, culturales y de socialización, así como falta de reconocimiento como personas con discapacidad psicosocial y consideración a factores de riesgo asociados a su encarcelamiento.
En el mismo sentido, en el mes de junio más de 60 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos exigieron justicia por las14 mujeres que hasta ese momento habían muerto en el Cefereso 16.
A través de un comunicado, organizaciones exigieron a las autoridades salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de su libertad y generar procesos de justicia para aquellas que perdieron la vida en manos del Estado.
Luego de confirmar la muerte de dos mujeres en el Cefereso 16, en Morelos, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) externó su preocupación por las condiciones de internamiento e hizo un llamado a generar cambios estructurales en la política penitenciaria que permitan garantizar la vida e integridad de las mujeres.
Respecto a los dos casos confirmados, el IFPD señaló que ambas mujeres, quienes habían recibido su sentencia, fueron entrevistadas por personas defensoras para conocer sus condiciones de internamiento y una de ellas presentó peticiones administrativas para recibir atención en temas de salud.
“Ante esta grave situación, el IFDP mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad”, indicó el instituto en un comunicado y añadió que ha promovido medios de defensa para que se investiguen y sancionen denuncias de tortura y violencia de género.
Asimismo, dijo que ha dado seguimiento diversos juicios de amparo, entre ellos el de 21/2024 por el que se mantiene una suspensión vigente para garantizar atención en materia de salud, especialmente mental.
Por último, el IFDP señaló que entre noviembre de 2023 y octubre de este año han realizado 22 brigadas carcelarias, donde entrevistaron a alrededor de 320 mujeres privadas de la libertad.
Como resultado de dichas brigadas se presentaron 273 peticiones administrativas respecto a atención médica, dotación de medicamentos y 29 controversiales judiciales.
En octubre de 2023, Animal Político -en alianza con CEA– publicó el reportaje “El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos” en el que se documentó cómo una intoxicación masiva de 404 mujeres privadas de la libertad en este penal exhibió graves violaciones a los derechos humanos de las internas.
La intoxicación ocurrió dos días después de que el Gobierno Federal trasladó, sin previo aviso de forma irregular, a mujeres de distintos centros penitenciario de Sonora, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
El 5 de agosto de 2023, Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP publicó en Animal Político el artículo “El cementerio de las vivas: Mujeres privadas de libertad en el CEFERESO 16 ” en el que dio a conocer que mientras las mujeres esperan su sentencia dentro de este penal sufren condiciones indignas por falta de atención médica, alimentos insalubres, escasez de agua potable, ausencia casi total de oportunidades laborales y aislamiento de sus familias y redes de apoyo.
Analizamos las similares estrategias de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, calificados como regímenes autoritarios por países y organismos internacionales.
Nicolás Maduro vio cómo en 2024 se erosionó su relación con Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, entre otros, por los resultados de las elecciones de julio, en las que fue declarado vencedor pese a que nunca se mostraron las actas oficiales de la votación.
No le falló, sin embargo, un fiel aliado: Daniel Ortega.
“No hay vuelta atrás, no hay paso atrás, Nicolás es el presidente legítimo”, dijo el mandatario de Nicaragua, cuya legitimidad internacional es tan discutida como la de Maduro.
El año que termina profundizó la relación entre ambos países y al mismo tiempo los parecidos sobre cómo ambos gobiernos refuerzan su poder y se enfrentan a la disidencia.
Venezuela y Nicaragua, aliados ideológicos junto a Cuba con llamados gobiernos revolucionarios de izquierdas, son considerados regímenes autoritarios por organismos internacionales y países occidentales y han sido en los últimos años importantes focos de crisis política y social en América Latina.
“Ambos están entre los gobiernos más represivos de la región y utilizan prácticas y políticas de represión similares, incluyendo detenciones arbitrarias sin debido proceso, torturas, y la censura generalizada”, le dice a BBC Mundo el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
Ortega acaba de promover una reforma de la Constitución para concentrar todos los poderes del Estado en su figura y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que pasará a ser “copresidenta”.
Maduro, por su parte, renovó su mandato tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por buena parte de las democracias del mundo.
Las actas oficiales publicadas por la oposición mostraban un claro triunfo de Edmundo González, el desconocido diplomático que sustituyó a la popular líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse.
A la inestabilidad derivada del proceso siguieron denuncias de arrestos arbitrarios, juicios irregulares, torturas y la anulación de pasaportes a críticos del gobierno, entre otras medidas.
González, acusado por la Fiscalía venezolana -próxima al gobierno- de “instigación a la insurrección”, tuvo que exiliarse en España, mientras que Machado ha sido acusada de “traición a la patria” y permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Algo parecido sucedió en Nicaragua en 2023, cuando el Ejecutivo expulsó a Estados Unidos a 316 opositores que mantenía presos y les retiró la nacionalidad.
Antes, en 2021, Ortega había sido elegido por quinta vez como presidente con 75% de los votos en unos comicios en los que prácticamente no tuvo rivales, después de que la Justicia -controlada por el oficialismo- ordenara el encarcelamiento de siete precandidatos además de 32 líderes opositores y empresarios.
Los acusaban, como ahora pasa en Venezuela, de “conspiración y traición a la patria”.
Ambos países padecen, además, un pronunciado éxodo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos, que ofrece protección especial a sus solicitantes de asilo.
Expertos señalan que, desde el modo en que enfrentan la disidencia hasta cómo operan sus procesos electorales, Nicaragua y Venezuela exhiben numerosos paralelismos que se han reforzado este 2024.
Si bien tanto en Venezuela como en Nicaragua se realizan elecciones, “los dos gobiernos lograron desmantelar de forma similar los frenos y contrapesos propios de la democracia, cooptando el poder judicial y en la práctica anulando el ejercicio libre del derecho al voto“, indica Pappier.
Los estándares internacionales no se cumplen, explican analistas, lo que ha servido para consolidar a ambos gobiernos.
“Probablemente Maduro le preguntó a Ortega sobre los procedimientos que ha utilizado y sigue utilizando para suprimir o inhibir, por un lado, la formación de una voluntad mayoritaria de cambio que amenace su régimen político, y por otro lado, cómo garantizar la estabilidad de su gobierno”, afirma el politólogo venezolano John Magdaleno.
Según él, “las inhabilitaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en parte del repertorio de procedimientos que las autocracias del siglo XXI implementan para evitar cualquier cambio político”.
Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aseguran que esas medidas son decisiones legales tomadas por órganos independientes a la presidencia y obedecen a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.
Otras de las medidas utilizadas por ambas administraciones para neutralizar a opositores políticos. son el exilio y la cancelación de pasaportes.
Aunque lo han hecho de forma diferente y el caso de Nicaragua es más extremo.
En 2023, Managua desterró en dos tandas a 316 opositores, entre ellos líderes políticos opositores como Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez e intelectuales como la escritora Gioconda Belli o Sergio Ramírez.
Los despojó de sus bienes, sus pasaportes y la nacionalidad nicaragüense tras una resolución judicial que los condenaba “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
En Venezuela, las denuncias sobre anulación de pasaportes se multiplicaron en los últimos meses tras las elecciones del 28 de julio.
Algunos de los afectados, como el dirigente político Andrés Caleca residen en el país, por lo que la medida les impide salir legalmente, mientras otros están en el exilio y, en ese caso, se les veta el regreso.
De acuerdo a analistas, al bloquear la movilidad de los disidentes dentro y fuera del país el gobierno busca, por un lado, evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y, por otro, prevenir que los exiliados regresen para agitar la oposición interna.
El caso más notable ahora es el de Edmundo González, refugiado en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.
“El exilio de figuras de la oposición en Nicaragua fue el resultado de un acuerdo con los EE. UU. y sirvió para aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega neutralizando a los alborotadores. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, explica a BBC Mundo Michael Paarlberg, investigador del centro de estudios Institute for Policy Studies y profesor de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos.
Sin embargo, remarca una diferencia fundamental entre ambos: mientras en Venezuela aún hay una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha eliminado cualquier atisbo de resistencia.
“El gobierno de Ortega sigue un enfoque más totalitario al reprimir a toda la sociedad civil, las organizaciones religiosas y la oposición, mientras desmoviliza a la población mediante la promesa de cierto grado de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer”, apunta.
Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de emplear sus sistemas judiciales y Fuerzas Armadas para perseguir a opositores y disidentes.
“Los dos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia y a la oposición”, le dice a BBC Mundo el politólogo John Magdaleno.
Ambos gobiernos defienden la imparcialidad de su sistema judicial y alegan que sus acciones contra opositores buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.
Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela ha habido centenares de detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organismos locales e internaciones que defienden el debido proceso.
También se han denunciado desapariciones, torturas y ha habido varias muertes de disidentes que estaban en custodia policial.
Para Amnistía Internacional, el control del poder Ejecutivo sobre el sistema Judicial y la Fiscalía se traduce en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos con escasas garantías para la defensa y sentencias determinadas de antemano.
Otras organizaciones como HRW (Human Rights Watch) señalan que en ambos países se han instrumentalizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para combatir las protestas.
Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y enjuiciamientos que, de otra manera, no contarían con un respaldo legal claro.
El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras de la oposición y líderes sociales bajo los cargos de terrorismo y conspiración.
Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, precandidatos a la presidencia en 2021, a quienes se imputó el cargo de conspiración en procesos judiciales que, según Amnistía Internacional, estuvieron plagados de irregularidades, como la ausencia de una defensa adecuada o el veto a observadores internacionales.
Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, “ambos gobiernos emplean el exilio forzado, la persecución judicial, normalmente por delitos vagos y abstractos como ‘traición a la patria’ o ‘terrorismo’, para amedrentar a críticos”, apunta el representante regional de HRW, Juan Pappier.
En Venezuela, la traición a la patria se basa en el artículo 130 de la Constitución, que obliga a sus ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
El gobierno venezolano suele usarla para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones atribuye conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.
Entre los que han sido afectados están Juan Guaidó, Leopoldo López, y María Corina Machado, además de los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Esta figura legal ha sido aún más recurrente en Nicaragua.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que solicite sanciones extranjeras o “incite la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua”.
El gobierno usó esta figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, a quienes consideró agentes al servicio de intereses extranjeros.
Más recientemente, Ortega acusó de “traición a la patria” a su hermano menor Humberto, que murió en septiembre de 2024 tras meses de arresto domiciliario por calificar como “dictatorial” al gobierno que lideran su hermano y su cuñada, Rosario Murillo.
Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su mayor aliado político e ideológico: Cuba.
“La inteligencia cubana aún tiene mucha influencia y, al menos en Venezuela, se le atribuye haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier tipo de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo la administración pública, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, asegura John Magdaleno.
El experto destaca que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, y se aproxima más a una autocracia cerrada”.
No obstante, advierte, “en Venezuela también se empiezan a ver señales de avance en esa dirección”.
En términos similares se expresa el subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier.
“Mientras el gobierno de Maduro se turna entre estrategias de represión más dura y generalizada y otras más selectivas, al menos desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de forma generalizada, brutal y constante”, sentencia.
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